YO SÍ TE CREO

El juicio por delitos sexuales a la infancia contra el cura Carlos Eduardo José

 

El 4 de febrero comenzará en el Tribunal Oral Criminal 2 de San Martín el juicio contra Carlos Eduardo José, acusado de haber cometido delitos sexuales contra menores de edad durante el ejercicio de su trabajo como párroco en la escuela San José Obrero de Caseros. Siete mujeres denunciaron en la justicia haber sufrido abusos por parte de este hombre cuando eran niñas, pero se estima que son más de cien las sobrevivientes de estas violencias en todo el país: el cura gozó de impunidad y traslados bajo el amparo de la Iglesia hasta el año 2017, año en el que se ordenó su prisión preventiva.

La historia judicial había comenzado en abril de ese año con las primeras denuncias, pero la lucha llevaba ya su tiempo: Mailín Gobbo tenía 20 años cuando recordó haciendo terapia en 2008 lo que le había pasado. Y cuando puedo ponerle palabras, comprendió que Carlos José había abusado de ella a partir de sus cinco años. Inmediatamente se lo contó a su familia, y, con su apoyo, elevaron una denuncia eclesiástica que llegó al Obispo de San Martín, Guillermo Rodríguez-Melgarejo, cercano al entonces Arzobispo Jorge Bergoglio. Lejos de responder, Melgarejo resolvió trasladar al cura acusado de abuso a Tandil. Como en tantos otros casos, la respuesta de la diócesis fue silenciar y amedrentar a la sobreviviente de abuso, otorgándole protección al acusado mediante un traslado a otra jurisdicción.

Poco tiempo después Yazmín Detez, quien había crecido viviendo a 50 metros de la casa de Mailín y había ido al mismo colegio, pero no la conocía, se enteró de la historia. Fue una almacenera la que las puso en contacto y facilitó su primer encuentro. Yazmín tenía 16 años cuando le dijo a Mailín que ella había vivido lo mismo a sus diez. La alianza que crearon potenció su batalla y a mediados de 2017, fueron de la mano a la Comisaría 1 de Caseros a radicar la denuncia contra el cura, que se mantenía impune y protegido por la Iglesia, y luego declararon en la UFI 14 de San Martín. Fue entonces cuando su caso comenzó a hacerse viral y se sumaron dos nuevas denunciantes, Karen y Cecilia. Hubo tres denuncias más que no prosperaron, y se estima que son muchas más las personas que no se animaron a denunciar, pero se espera que testifiquen en la etapa oral.

De las cuatro denuncias originales se desprenden 13 hechos de delitos sexuales del cura contra mujeres menores de edad, pero se llegará a juicio solo por uno: para el resto se estableció la prescripción, contienda que continúa la Suprema Corte de la Provincia. Alejandro Stipancic y Hector Silveira, abogados de las denunciantes, se prometieron recurrir todas las veces que haga falta para asentar una jurisprudencia que reconozca como abuso al mismo hecho de un lado y otro de la General Paz. Stipancic fue quien logró el Fallo J.D.E. en 2016, mediante el cual la Cámara de Casación Federal dispuso la aplicación retroactiva de la llamada Ley Piazza, otorgando imprescriptibilidad a un delito de abuso sexual contra la infancia denunciado 17 años después de su comisión. Ahora, se proponen lograrlo en paralelo a la condena por el delito que llevará al sacerdote al Tribunal a comienzos del mes próximo: “Buscamos lograr un fallo para el Conurbano que garantice que las leyes que están se ejerzan: que los jueces se bajen de sus coches blindados y tomen el Roca y el Sarmiento, que apliquen los derechos que existen”, dice Silveira, expectante por el resultado de las audiencias del juicio y la resolución de la Suprema Corte de la Provincia. La carátula del delito que se juzgará es de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la calidad de sacerdote de José, cometido contra Mailín Gobbo. Se prevé una pena mínima de ocho años de prisión. Carlos José cumple prisión preventiva desde 2017.

 

 

La importancia de creer

Las organizaciones y redes contra el abuso en las infancias y el abuso en contextos eclesiásticos siguen esta lucha de cerca: no se trata solamente de lograr una condena —poco habitual en este tipo de causas—, sino también de que se logre el juzgamiento de aquellos hechos considerados prescriptos para la Justicia. Ambos movimientos podrían ayudar a continuar desterrando una problemática sistémica y persistente, que es el abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia. La página Bishop Accountability, que reporta estos casos a nivel global, registra casi 100 causas existentes en el país. Sin embargo, aclara que apenas hay registro de denuncias por delitos así previo a 1995. “Esta lista es una fracción del total de los clérigos acusados que serían conocidos si los obispos en Argentina fueran instados a reportar a las fuerzas legales, o si su sistema legal permitiera que las víctimas tuvieran más tiempo para hacer denuncias, o si las diócesis fueran investigadas por fiscalías o comisiones del Estado”, dice la página. “En Australia, Irlanda y Holanda, países con menos curas y menos católicos que la Argentina, los números de imputados por delitos así son varias veces mayores”. Julieta Añazo, miembro de Iglesias Sin Abusos (I.S.A. Derechos Humanos), explica que a partir de 2002 —cuando las denuncias contra el cura Julio Grassi se hicieron públicas— el tema comenzó a tener más visibilidad en el país. Pero, hasta entonces, la Iglesia lograba tapar y silenciar a las víctimas, desprovistas de una red social que permitiera que emprendieran sus denuncias».

Los abusos en los contextos escolares y en las Iglesias tienen un anclaje firme en la vida comunitaria: Carlos José, como muchos de sus pares, aprovechaba el vínculo con las familias y los círculos íntimos de las denunciantes para garantizar el silencio ante las violencias. “La particularidad que tienen estos abusos es que sus perpetradores aprovechan, por ejemplo, el momento de la confesión para atacar sexualmente. Dado que es un momento secreto y que todo lo que allí sucede no se puede contar, los sacerdotes muchas veces amenazan a los chicos para que no hablen”, dice Añazo.

Es por esto que las denuncias suelen tardar muchos años en llegar: se estiman, en promedio, entre 20 y 30 años hasta el momento que las personas pueden poner en palabras lo que sucedió y hacerlo visible. Y no son todas las historias que llegan a tener una denuncia penal y menos aún las que logran una condena. Pero el panorama, lentamente, está cambiando. “Gracias a que las y los sobrevivientes no bajan los brazos y siguen con las denuncias —penales, eclesiásticas y civiles— se está logrando que las monjas y sacerdotes denunciados sean apartados del contacto con menores, y también se está logrando en varios casos llegar a un juicio”, agrega Añazo, ejemplificando con el caso Próvolo en Mendoza, donde se lograron dos condenas sustanciales en 2019.

Integrantes del Colectivo Yo Sí Te Creo trabajan hace ocho años apoyando casos como el de Mailín y Yazmín. “Los abusadores saben el daño que hacen, son conscientes de las mentiras y manipulaciones que llevan a cabo cuando abusan de un niño o una niña. Los curas y los pastores no están exentos de esto: cuanto más importante sean las Iglesias en cuanto a miembros y status social, menos apoyo van a tener las familias denunciantes”, explican. “En las escuelas parroquiales nos encontramos con que la creencia hace que los silencios, el qué dirán, los secretos y ‘los pecados’ son mucho más difíciles de desarmar. Se supone que un cura es un hombre de Dios y guía por el buen camino”, agregan.

Hector Silveira, el abogado de las denunciantes, asegura que avanzar sobre estos casos logra destrabar esos silencios obligatorios. El juicio reencontrará a casi 100 testigos por ambas partes (48 por la fiscalía y particular damnificado, 47 por la defensa), muchos que convivieron en comunidad durante los años en los que se cometieron los abusos: alumnas y alumnos de la escuela, personal docente, vecinas y vecinos. Gente del barrio que conoció estas historias, muchas personas que lo sospecharon y no pudieron decir nada y tantas otras que lo intentaron y fueron amedrentadas. En un nivel más amplio, la Iglesia Católica continúa callando contra estas violencias. Cuando es posible, se resuelve con un traslado: ya lo demostró la decisión de Melgarejo, que provocó que el sacerdote abusador atacara a personas en los lugares a los que fue trasladado: el grupo de denunciantes conoció historias que sucedieron en Azul, Tandil, Loma Hermosa y Martín Coronado; los últimos lugares donde estuvo antes de su preventiva.

Si bien los avances en materia de derechos siempre acortan el alcance y la impunidad de estas violencias, el movimiento feminista tejió muchos de los espacios que hoy habilitan el hablar: falta muchísimo, y es urgente la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país. “Sigue habiendo mucho poder detrás de esto y esa es una de las causas principales por las cuales es tan difícil desarmar que esto siga pasando. Siguen sosteniéndose los abusos por silencio, por no creer en la palabra de les niñes, por estereotipos falsos y que ya quedaron viejos a través de los años”, dicen las integrantes del Colectivo Yo Sí Te Creo. El 4 de febrero comienza el fin de un recorrido para una parte de la historia de Mailín y las alumnas del colegio San José Obrero, que no terminará el día del veredicto, sino el día en que finalmente se erradiquen estas violencias de las comunidades educativas y religiosas.

 

 

 

 

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