Privatizar YPF fue una verdadera desgracia para la empresa y para las posibilidades de desarrollo de nuestro país. La gestión de Repsol llevó a reducir tanto su capacidad de producción de gas y petróleo como sus reservas de hidrocarburos. Como consecuencia, la Argentina perdió en 2011 el autoabastecimiento y nos convertimos en un país deficitario en materia energética.
La decisión de recuperar YPF se tomó en 2012 a partir de facultades e instrumentos legales que la Constitución Nacional le da al Poder Ejecutivo y al Congreso. Se decidió presentar como de interés público el control de YPF y luego se aplicó la ley de expropiación, lo que significaba conseguir una ley en el Congreso, que fue votada por una amplia mayoría de prácticamente todas las fuerzas políticas.
Desde que el Estado recuperó el control de YPF, no solo se recuperó la producción de petróleo y gas, sino que en 2024 el superávit energético alcanzó los US$ 5.696 millones, llegando casi a los valores de 2006. Todas las tendencias estrepitosas se han revertido y no sería inalcanzable en pocos años producir un millón de barriles por día en la Argentina. Sin la estatización de YPF no había Vaca Muerta, y sin Vaca Muerta no había puesta en marcha y recuperación de la producción de hidrocarburos en la Argentina.
Lo que estamos discutiendo hoy en torno al fallo de primera instancia de la jueza Preska es si tiene más valor el estatuto de YPF, una empresa privada, o la Constitución Nacional. Es escandaloso que esto se esté juzgando en Nueva York, que sea una actitud de fondos buitre contra la República Argentina y que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución nacional vale menos que un estatuto de una empresa. Desde el punto de vista jurídico esta opinión es casi unánimemente compartida, pero se agregan las cuestiones políticas. Es un fallo absolutamente insólito, por una cifra exorbitante, que, la verdad, es una agresión a la soberanía argentina. No tiene derecho una jueza de Nueva York a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas.
"Lo que están discutiendo es si tiene más valor el estatuto de YPF o la Constitución Nacional". Axel deja en claro que el fallo de la jueza Preska es "un disparate jurídico". pic.twitter.com/IHsaqXcG9L
— Yo Banco a Kicillof (@BancoAKici) July 1, 2025
Hoy quien gobierna la Argentina es Milei y su fuerza política, que están de acuerdo con privatizar todo, regalar todo. Y lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar, es decir que la Argentina está en contra, pero al mismo tiempo sostiene que la culpa la tengo yo o quienes participamos de la decisión de la expropiación. Es absolutamente contradictorio y peligroso: que el Presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional.
Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética, que ponga en riesgo a YPF, que abra negociaciones con fondos buitres cuando todavía no hay fallo firme. Estamos en un camino de apelación por sentencias ilegales, injustas, en contra del interés nacional. Lo que tendría que hacer el Presidente es defender a YPF, defender a la Argentina, pero sabemos que entró como un topo a destruir el Estado, así que esto probablemente forme parte de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina.
Desde el punto de vista de nuestra fuerza política y de la Provincia de Buenos Aires, que es la principal no en producción pero sí en el procesamiento y la industrialización de hidrocarburos, además de ser los principales consumidores de energía en la Argentina, reafirmamos que YPF no se vende. Se lo advierto a Milei: YPF no se vende, y, menos todavía, se entrega o se regala.
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