El pasado domingo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó 2000 efectivos de la Guardia Nacional y desplegó 300 de ellos en la ciudad de Los Ángeles, sin que el gobernador de California así lo hubiera solicitado. El Presidente estadounidense afirmó “[vamos a] tener tropas en todas partes. No vamos a permitir que esto le ocurra a nuestro país (…). Se trata de ley y orden”. En su red social Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que la citada ciudad ha sido “invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales” y agregó que las protestas eran “turbas violentas e insurreccionales”.
Las protestas se iniciaron el pasado viernes 6 de junio con motivo de las redadas que estaba realizando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en dicha ciudad. De acuerdo con la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes, 45 personas fueron detenidas solamente ese día, “sin ningún tipo de orden judicial que lo respaldara”, incluso en las escuelas.
Adicionalmente, el pasado lunes, el Departamento de Defensa movilizó a 700 infantes de marina para “proteger” al personal y a las propiedades federales. Al respecto, el gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo que las tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos "han servido honorablemente en múltiples guerras en defensa de la democracia (…). No deberían ser desplegados en suelo estadounidense, enfrentándose a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía demente de un Presidente dictatorial". Por lo expuesto, el martes 10 de junio, el gobernador de California, Gavin Newsom, y su fiscal general efectuaron “una solicitud de emergencia para que [la Justicia] impida que el Presidente Trump y el Departamento de Defensa amplíen” la federalización de la Guardia Nacional y el despliegue de los marines.
De acuerdo con el Presidente de Estados Unidos, la decisión de federalizar la Guardia Nacional se fundamenta en la Sección 12406 del Título 10 del US Code. Dicha sección establece que “siempre que:
- Los Estados Unidos, o cualquiera de las Commonwealths o posesiones, sea invadido o esté en peligro de invasión por una nación extranjera;
- exista una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno de los Estados Unidos; o
- el Presidente no pueda, con las fuerzas regulares, ejecutar las leyes de los Estados Unidos; el Presidente podrá convocar al servicio federal a miembros y unidades de la Guardia Nacional de cualquier Estado en la cantidad que considere necesaria para repeler la invasión, sofocar la rebelión o ejecutar dichas leyes. Las órdenes para estos fines se emitirán por conducto de los gobernadores de los Estados o, en el caso del distrito de Columbia, por conducto del comandante general de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia”.
Diferentes organizaciones civiles de abogados han manifestado que dicha Sección no es aplicable porque “las protestas en California no alcanzan el nivel de 'rebelión' y no impiden al gobierno federal ejecutar las leyes de Estados Unidos”. No obstante, debe quedar en claro que esta norma no autoriza a la Guardia Nacional ni a las Fuerzas Armadas a actuar en función policial o de aplicación de la ley (law enforcement).
Por último, también han manifestado su preocupación por que el Presidente invoque la Insurrection Act de 1807, porque los marines “están capacitados en combate y respuesta a crisis, con experiencia en zonas de conflicto como Siria y Afganistán. Pero eso es sumamente distinto al papel que enfrentarán ahora: podrían ser agredidos por manifestantes que llevan latas de gas y verse obligados a tomar una decisión rápida sobre cómo responder o proteger a un agente de inmigración de las multitudes”.
Antes de que algún funcionario argentino decida entusiasmarse con este antecedente para reprimir a los jubilados, médicos y docentes, analicemos las normas invocadas.
Posse Comitatus Act
La Posse Comitatus Act fue aprobada en 1878, luego del período denominado “Era de la Reconstrucción” (1865-1877), aunque otros historiadores la llaman “La era trágica”. Esto se debe a que, durante esta etapa, posterior a la guerra civil (1861-1865), y en el marco de la Ley de Reconstrucción de 1867, el sur de Estados Unidos fue dividido en cinco distritos militares administrados por generales norteños para garantizar el derecho de los afro-estadounidenses. Sin embargo, las Fuerzas Armadas realizaron tareas policiales y de control del orden público, y cometieron también abusos, actos de violencia, violación de derechos civiles e influyeron en la elección del Presidente Rutherford Hayes (1877-1881); todo lo cual produjo la organización de grupos paramilitares que lograron restablecer la supremacía blanca.
En consecuencia, la Posse Comitatus Act estableció que “excepto en los casos y bajo circunstancias expresamente autorizadas por la Constitución o ley del Congreso, utilice voluntariamente cualquier parte del Ejército, la Armada, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea o la Fuerza Espacial como posse comitatus o de otra manera para ejecutar las leyes, será multado bajo este título o encarcelado por no más de dos años, o ambas”.
Germán Montenegro realizó un profundo análisis de la normativa estadounidense —que reseñamos a continuación— en relación a la utilización o no de las Fuerzas Armadas dentro del territorio de Estados Unidos.
En primer lugar, y en cuanto al concepto Posse Comitatus, este se refiere al poder del municipio (county) para mantener el orden en la jurisdicción local, y la ley se refiere al principio de que las fuerzas federales —incluyendo las militares— no deberían ser utilizadas para ejercer ese poder, "salvo situaciones excepcionales y específicamente reguladas”.
En segundo lugar, la Military Support for Civilian Law Enforcement Agencies de 1981 establece rigurosamente los criterios bajo los cuales las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden brindar apoyo a la Policía y otras agencias federales. Estos son:
- a) no pueden socavar la capacidad militar de Estados Unidos;
- b) “los beneficiarios civiles de la asistencia militar (…) deben financiar la asistencia solicitada y entregada”, y
- c) la Secretaría de Defensa debe garantizar que las Fuerzas Armadas no realicen búsquedas, capturas y arrestos de ciudadanos.
En tercer lugar, el Congreso estadounidense aprobó en 1988 la Disaster Relief and Emergency Assistance Act. Esta ley autoriza el despliegue y utilización de las Fuerzas Armadas de este país para asistir a organismos que actúen en situaciones de catástrofes.
Por último, la Patriotic Act del 2001 autoriza al Congreso y al Presidente a no atenerse a lo establecido en la Posse Comitatus Act cuando sea necesario utilizar las Fuerzas Armadas de manera urgente en situaciones de guerra, insurrección o emergencia a la seguridad, “como un atentado terrorista de gran envergadura”.
En cuanto a la Guardia Nacional, su organización y funcionamiento están regulados por el Título 32 de US Code, que establece una doble dependencia, tanto del gobierno federal como estadual. Esta fuerza intermedia tiene capacidades para cumplir roles de seguridad que exceden los que realizan las policías y, por otro lado, forman parte de la reserva de las Fuerzas Armadas para efectuar actividades de combate en tiempos de guerra. En consecuencia, la Guardia Nacional se puede utilizar en:
- a) funciones militares en el contexto de una guerra en el marco de los poderes de guerra del Presidente; también, dentro de este contexto, pueden cumplir funciones de seguridad, ateniéndose a lo establecido en la Posse Comitatus Act;
- b) apoyo al Estado bajo órdenes del gobernador en materia de seguridad o catástrofes, bajo la regulación de las leyes estatales, y
- c) el cumplimiento de objetivos federales bajo el control del gobernador.
Finalmente, y en lo que respecta a la Insurrection Act de 1807, que es una amalgama de diferentes leyes dictadas en Estados Unidos entre 1792 y 1871, que fue incorporada como Secciones 251 a 254 del Título 10 del US Code, permite al Presidente estadounidense recurrir a las Fuerzas Armadas cuando:
- a) un Estado lo requiera —ya sea por pedido del gobernador o de la Legislatura estatal—;
- b) una rebelión contra la autoridad de Estados Unidos haga impracticable aplicar las leyes y considere que las Fuerzas Armadas son necesarias para resolver esa situación, y
- c) sea necesario proteger los derechos civiles cuando una insurrección, conspiración o situación de violencia doméstica dificulta el cumplimiento de la ley dentro de un Estado y su fuerza local no pueda proteger a los individuos y mantener el orden público, para lo cual no se requiere ni el pedido ni la autorización del Estado.
Joseph Nunn sostiene que la Posse Comitatus Act prohíbe a los militares realizar tareas policiales o law enforcement, lo cual refleja no solo lo ocurrido entre 1865 y 1877, sino también la convicción de los padres fundadores de Estados Unidos que consideraban que la interferencia de los militares en el gobierno era “inherentemente peligrosa para la libertad”. Si bien esta ley debería ser solo utilizada en situaciones excepcionales, la norma no define o limita adecuadamente cuándo puede ser invocada. En consecuencia, el límite está impuesto por la Corte Suprema de Justicia. Aunque en 1827, la Corte determinó que la decisión de desplegar tropas militares era una atribución presidencial, en fallos posteriores estableció que la Justicia puede revisar la legalidad de las acciones de los militares durante el despliegue. En un fallo de 1932, fue más asertiva: los militares no pueden violar las leyes ni los derechos constitucionales en el marco de la Insurrection Act. La invocación de esta ley no supone la declaración de la “ley marcial”; es más, el Presidente no tiene autoridad para declarar la ley marcial.
Pese a lo expuesto en el párrafo precedente, ningún Presidente ha utilizado la ley contra los deseos de los Estados; solo la utilizó unilateralmente Lyndon B. Johnson (1963-1969) para hacer respetar los derechos civiles y políticos de los afro-americanos.
Por todo lo expuesto, el Pentágono está trabajando contra reloj, frente a la actual situación, en las instrucciones que les darán a los militares. Ello se debe a que los militares estadounidenses actúan en el extranjero de acuerdo con las reglas de combate que no pueden ser utilizadas dentro de Estados Unidos. Por tal motivo, cada marine recibirá “una tarjeta explicativa con lo que pueden y no pueden hacer”. En el marco de una disputa política entre el Presidente y el gobernador, y el establecimiento de estas reglas sobre la marcha, el panorama no es halagüeño para los militares y el pueblo estadounidense.
Ni policías ni riñas de gallo
Al día de la fecha, el Presidente Donald Trump no ha violentado el marco normativo de Estados Unidos, pero debemos tener presente lo que nos enseña la historia reciente.
El 25 de mayo de 2020, George Floyd fue asesinado por la policía. Un día más tarde estallaron protestas en Minneapolis que rápidamente se extendieron por todo el país. Más de treinta Estados y Washington DC convocaron a la Guardia Nacional, y el Presidente Donald Trump (2017-2021) sostuvo, el 1º de junio de 2020: “Si una ciudad o un Estado se rehúsa a tomar acciones que son necesarias, entonces voy a desplegar el ejército de EE.UU. para resolver por ellos y de forma rápida el problema”. Pese a ello, el secretario de Defensa, Mark Espen afirmó que no apoyaría “la invocación de la Ley de Insurrección”. En una reunión entre el Presidente, su secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Mark Milley, que reproduce Luciano Anzelini, el Presidente Trump preguntó si los militares no podían dispararle a los manifestantes en las piernas. Ante la negativa gritó que eran “¡unos putos perdedores!”.
En esos días, el ex secretario de Defensa de Donald Trump (2017-2021), Jim Mattis, también sostuvo: “Cuando me uní al ejército, hace unos 50 años, juré apoyar y defender la Constitución (…). Nunca imaginé que a las tropas que prestaban ese mismo juramento se les ordenaría (…) violar los derechos constitucionales de sus conciudadanos”.
Por último, el por entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Mark Milley, publicó una carta dirigida a todos los militares, donde afirmó que "todo miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos jura apoyar y defender la Constitución y los valores que la enarbolan. Este documento se basa en el principio esencial de que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales, y deben ser tratados con respeto y dignidad. También otorga a los estadounidenses el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. En todas las ramas, componentes y rangos, mantenemos nuestro compromiso con nuestros valores y principios nacionales consagrados en la Constitución". También "es recordamos a todas nuestras tropas y líderes que defenderemos los valores de nuestra nación y actuaremos de conformidad con las leyes nacionales y nuestros altos estándares de conducta en todo momento”.
Los militares estadounidenses no quieren ser policías; la mayoría de los nuestros tampoco lo desean —ni antes ni ahora— pese a las presiones políticas y, valga la paradoja, de Estados Unidos. En los meses finales del año 2001, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, le consultó al jefe del Ejército Argentino, General Ricardo Brinzoni, si el gobierno “en caso de desborde podía contar con el Ejército”. La respuesta fue negativa: la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior no lo permitían. Días más tarde, en las aciagas horas del 21 de diciembre de 2001, el por entonces secretario de Asuntos Militares, Ángel Tello, junto a sus dos asesores carapintadas, contemplaba la Plaza de Mayo. Uno de ellos, un ex oficial de caballería, apartó la mirada de la ventana, a través de la cual se podía ver cómo la Policía Federal reprimía violentamente a quienes pedían la renuncia del Presidente De la Rúa (1999-2001), y dijo: “Una refriega sin la caballería es una mera riña de gallos”.
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