25 años igual

La CIDH decidirá en los próximos meses si eleva el caso AMIA para que se condene al Estado argentino

 

Veinticinco años después todavía no se sabe quién ni cómo voló la sede de la AMIA – DAIA. No hay una persona presa por el mayor atentado de la historia argentina. Los únicos condenados son quienes intervinieron en distintas maniobras para encubrir o desviar las investigaciones. Como las autoridades no hicieron nada para prevenir ni para averiguar la verdad, familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron esta semana que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que se condene al Estado argentino.

Fue durante una audiencia que se llevó a cabo el lunes pasado en Quito, Ecuador, en la que participaron los peticionantes y tres representantes del Estado argentino. Es probable que la resolución de la Comisión –que tiene que definir si hace un informe de fondo y remite el caso a la otra instancia del sistema interamericano– se postergue hasta los primeros meses del año próximo.

El atentado de la AMIA es uno de los casos más antiguos que circulan por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2005, el Estado reconoció su responsabilidad y se inició un proceso de solución amistosa con Memoria Activa, que había llevado la causa al sistema. Ante los incumplimientos, pidió que se le diera de baja al acuerdo y que haya una condena para las autoridades argentinas.

 

 

Dos historias, una tragedia

18 de julio de 1994. Faltan siete minutos para las diez de la mañana. Una bomba estalla en la mutual de la calle Pasteur. La onda expansiva se siente mucho más allá del barrio de Balvanera. Debajo de los escombros, 85 muertos, más de 150 personas heridas y decenas de familias tan destruidas como el propio edificio que se hizo añicos.

Diana Wasser estaba casada con Andrés Malamud. Tenían dos nenas: una de dos años y la otra de cinco. Andrés era arquitecto y estaba trabajando en unas refacciones en la mutual. Tenía 37 años y murió ese 18 de julio.

Eran jóvenes. Tenían una vida por delante y una hermosa familia. El atentado partió sus vidas de una manera difícil de explicar. Diana no puede ni siquiera imaginar cómo podría haber sido su vida y la de sus hijas si esa bomba no hubiese explotado.

Adriana Reisfeld se sentía una princesa. Tenía 38 años, tres hijos y una hermana menor. Noemí era trabajadora social y tenía dos hijas – una de nueve y otra de doce. No tendría que haber estado ese día en la AMIA. Fue para reemplazar a alguien. Estuvo desaparecida debajo de los escombros durante seis días – justo ella, que en 1976 se había exiliado para escapar de ese destino que se tragó a tantos de sus compañeros y compañeras.

El mundo de princesa de Adriana se rompió en mil pedazos. El asesinato de Noemí –la apasionada por la política– la sacó a ella a la calle, a buscar justicia. Mientras tanto, crió a sus hijos y a sus sobrinas. Fue difícil, muy difícil, dijo en la audiencia del lunes.

 

 

Nos unió el horror

Se conocieron en la búsqueda de justicia. No las unía ni un barrio, ni amigos, ni un club, sólo la necesidad de saber qué pasó, cómo pasó y quién fue responsable. Hoy las une también, de cierto, modo la certeza de que las sobrinas de Adriana y las hijas de Diana eligieron vivir lejos de Buenos Aires, donde todas esas preguntas siguen sin respuesta.

“Confiábamos en las instituciones en ese momento”, dijo Adriana, volviendo a 1994. “Confiábamos en la dirigencia de la AMIA. La dirigencia nos traicionó, nos defraudó muchísimo y nosotros veíamos que había una gran diferencia en la actitud que tenían el juez y los fiscales cuando nos acercábamos los familiares que cuando se acercaba la dirigencia comunitaria”, contó.

Primero fue el juicio por el atentado, que terminó naufragando en 2004 junto con la versión oficial que responsabilizaba a un grupo de policías bonaerenses por la bomba. “Estuvieron ocho años presos, eran grandes delincuentes, pero no tuvieron nada que ver con el atentado”.

Desde entonces, sólo pudieron enterarse de las maniobras de los servicios, de las fuerzas de seguridad y de los operadores judiciales para cubrirse las espaldas. “En la primera semana se decidió que no supiéramos qué pasaba con el atentado. El juez (Juan José) Galeano dijo que nos íbamos a caer de espaldas. Y nos caímos cientos de veces porque nunca hizo nada para que sepamos la verdad”.

 

 

Peticionarios: Margarita Trovato, Paula Litvachky y Rodrigo Borda.

 

“Lo que supimos en las primeras semanas no difiere mucho de lo que sabemos hoy, 25 años después”, agregó Diana ante los integrantes de la CIDH. “Esto lamentablemente no ocurrió por un tema de negligencia, sino que ocurrió por una decisión que tomó el Estado argentino para que nunca sepamos la verdad”.

Habló del juicio sobre el encubrimiento que comenzó 21 años después del atentado y que terminó en febrero de este año, en la víspera del cuarto de siglo. Las penas fueron bajas, pese a que el Tribunal reconoció las maniobras estatales para desviar las pistas y encubrir a los responsables. La marca distintiva del juicio fue la decisión del Ministerio de Justicia de no acusar a los dos fiscales que inicialmente tuvieron la causa, Eamon Müllen y José Barbaccia. Esa decisión derivó en denuncias penales y pedidos de juicio político para Germán Garavano.

“La situación empeora año a año”, describió Diana. Como ejemplo citó los cambios en la Unidad Fiscal AMIA. “Hasta hace poco estaba a cargo de tres fiscales, que empezaron a trabajar un poco más seriamente, pero los sacaron y pusieron al sobrino de una de las personas que debiera estar imputada en el encubrimiento del atentado”, dijo en referencia al fiscal Sebastián Basso, actualmente a cargo de la UFI-AMIA y sobrino de la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo. La Piru fue una de las que negoció con Carlos Telleldín para incriminar a un grupo de policías bonaerenses. El resto lo hicieron la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y sus fondos reservados.

“Queremos que se investigue, que haya gente idónea que pueda investigar –les dijo a los comisionados–. Sabemos que es muy difícil que haya justicia, pero todavía tenemos esperanza de que haya verdad. Queremos que cambien las leyes, queremos que se cumpla en su totalidad con el decreto 812 (firmado tras la solución amistosa de 2005). No queremos más secretos. Sabemos que los secretos solo sirven para cometer delitos”.

 

 

La respuesta estatal

Tanto Diana como Adriana hablaron de las decepciones con los distintos gobiernos que se sucedieron desde el atentado. El de Mauricio Macri tuvo su nadir cuando declinó recibirlos por cuestiones de agenda y al momento en que Garavano se confesó amigo de los fiscales, según recordó Adriana.

“Muchas veces me pregunto si al Estado argentino le importa o se burla en nuestra cara, la falta de empatía, de todo”, dijo Diana, y giró su cabeza hacia la derecha del salón. “De hecho, en esta sala, hoy está sentado en representación del Estado una de las personas que participó de la querella de DAIA y AMIA, que ha cometido ilegalidades dentro del juicio y ha sostenido la mentira oficial durante muchísimos años”. Se refería a Mariano Fridman, titular del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos.

Fridman estuvo en la audiencia junto con Ramiro Badía, de la cartera que dirige Claudio Avruj, y con Javier Salgado, de la Cancillería. El hilo argumental del Estado fue reconocer que fallaron muchos resortes –incluso, algunos casi por inexperiencia o juventud– y, por otro lado, desligar al gobierno de Macri de las acusaciones de un nuevo encubrimiento. Lo curioso, como se señaló en la audiencia, es que fueron funcionarios de la propia administración quienes así lo denunciaron: los abogados que participaron de la querella en el juicio de encubrimiento —a quienes le ordenaron no acusar a los fiscales— y el ex titular de la Unidad Especial de Investigación AMIA Mario Cimadevilla.

“Las deficiencias políticas, policiales, de seguridad, los servicios de inteligencia y del Poder Judicial quedaron al desnudo el 17 de marzo de 1992, y lo que es imperdonable es que continuaron así, habilitando que a dos años de ocurrido el primer ataque Buenos Aires sea escenario de un nuevo atentado”, dijo Fridman.

El representante de la Secretaría habló de un juez federal sin experiencia alguna en terrorismo internacional, de un Poder Judicial vetusto, de fuerzas de seguridad e inteligencia más preocupadas por encubrir sus delitos que en investigar y un Poder Ejecutivo que, en el mejor de los casos, no estuvo a la altura.

¿Por qué el gobierno no acusó a los fiscales? Fridman sostuvo ante los comisionados que la querella estatal no tenía por qué acusar porque ya lo había hecho la fiscalía, y que en todo caso no había sido una orden desde arriba, sino un consenso entre los abogados que participaron del juicio. “El TOF 2 tuvo incólume la potestad y la habilitación jurisdiccional para condenar o absolver, tan así que el 28 de febrero se dictaron las condenas, incluso condenando a los fiscales”, dijo.

También hizo referencia a que el gobierno impulsó una ley de juicio en ausencia –algo que fue rechazado por las dirigentes de Memoria Activa—, de los recursos que destina el Ejecutivo para el análisis de los documentos desclasificados por parte de la UFI-AMIA y de las causas que monitorea. Entre ellas mencionó de la del Memorándum con Irán y la muerte de Alberto Nisman.

 

Los representantes del Estado: Javier Salgado, Mariano Fridman y Ramiro Badía.

 

 

 

El caso de la mentira

Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, denunció que el Estado argentino se convirtió en un Estado encubridor en los alegatos ante la CIDH.

“El caso AMIA es el caso de la mentira, el secreto para tapar negocios y delitos, de la falta de empatía con las víctimas, de la manipulación política para defender a aliados, para esconder claudicaciones ante intereses extranjeros, para sacar rédito electoral”, dijo.

La abogada sostuvo que el Estado argentino tenía información que le permitía prever que iba a suceder un atentado contra una institución judía y la desatendió. Después del ataque, se movió la maquinaria para armar una versión oficial, que fue coordinada por Carlos Menem con Estados Unidos e Israel. “Dos sentencias –la de 2004 y la de 2019– corroboran que el Estado se organizó para encubrir y que el fracaso de las investigaciones no fue ni por la complejidad del tema, ni por mera negligencia”, resaltó.

El caso AMIA se caracteriza, al entender del CELS y de Memoria Activa, por cuatro rasgos principales:

– La investigación estuvo sometida a los intereses del gobierno de entonces, que desvió el caso para no hacer visible su involucramiento en negocios ilegales y para proteger a personas cercanas a la familia presidencial.

– Estuvo sujeto a los intereses geopolíticos de las agencias de inteligencia extranjeras que impulsaron una versión oficial del atentado, que responsabilizaba a Irán y Hezbollah.

– La lógica del secreto confluyó con funcionarios judiciales sin escrúpulos que estuvieron dispuestos a inventar culpables y a mostrar resultados falsos, dándoles la espalda a las víctimas.

– Hubo un muy deficiente funcionamiento de los organismos de inteligencia, de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial argentino. La cuestión del secreto y del uso de agentes de inteligencia como auxiliares de justicia requiere especial atención.

“Hoy, a pesar de tener probado el encubrimiento, no tenemos verdad sobre el atentado. La investigación quedó trunca y difícilmente pueda enderezarse”, dijo la representante del CELS, que pidió que la CIDH evalúe el caso como una grave violación a los derechos humanos, de la que se deriva el deber calificado del Estado a investigar y el derecho de las víctimas y de toda la sociedad argentina a obtener verdad.

 

 

Margarette May Macaulay, Diana Wasser de Malamud, Paula Litvachky, Adriana Reisfeld, Antonia Urrejola, Margarita Trovato y Rodrigo Borda.

 

 

 

En sus manos

—Está en sus manos– le dijo Reisfeld a los comisionados cuando terminó su declaración.

Antonia Urrejola Noguera, la vicepresidenta segunda de la CIDH, asumió el reto: “Sí, está en nuestras manos, pero también está en sus manos, porque siempre son las manos de las víctimas las que logran la verdad y la justicia. Lamentablemente es así la historia, pero nosotros vamos a acompañarlos en eso y hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a acompañarlos en nuestra lucha dentro de nuestro mandato”.

La Comisión se tomará unos meses para decidir la elevación del caso ante la Corte IDH, pero ante los ojos de sus integrantes quedó claro que el Estado argentino está lejos de haber investigado y de haber cumplido con lo que se comprometió en 2005.  “Es muy triste que esto haya sucedido”, agregó su colega Margarette May Macaulay.

Al volver a Buenos Aires, Comodoro Py los esperaba con un dictamen para mostrar que nada había cambiado. El fiscal Raúl Pleé decía que debe concederse un recurso para que el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy llegue hasta la Corte para que lo suspendan del juicio del encubrimiento – que ya terminó, pero cuya sentencia aun debe ser revisada.

El mismo Pleé —eterno candidato para la Procuración General— faltó a la audiencia cuando se trató el planteo de Anzorreguy y es el mismo que abrió la puerta el 27 de septiembre para desistir el recurso de Casación que interpuso el fiscal Roberto Salum contra las condenas bajas de Galeano, Müllen, Barbaccia y las absoluciones de Rubén Beraja y el abogado Víctor Stinfale.

 

La ayuda fiscal a Anzorreguy.

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