La noticia de la muerte de Raúl Guglielminetti exhumó un prontuario con varias singularidades, entre ellas un atípico ascenso dentro de una estructura represiva militar habitualmente cerrada en la superioridad castrense sobre civiles como él.
Antes o después del fallecimiento, un aspecto de esa biografía criminal con escasa repercusión porteña fue el de sus años iniciales en Neuquén y la región, adonde llegó con una experiencia como delincuente común que no conmovió la colección de elogios en su legajo como agente de inteligencia del Ejército.
Como refirió Alberto Moya en su reconstrucción para El Cohete, Guglielminetti actuó como ladero del nazi rumano Remus Tetu en la Universidad Nacional del Comahue (UNComa), con cabecera en la capital de Neuquén e influencia sobre todo el Alto Valle que esa provincia comparte con la de Río Negro.
Por el rol de Tetu en el sur argentino, más conocido por la intensidad que desplegó en Bahía Blanca, la pertenencia de Guglielminetti a su grupo neuquino de choque retrata con inusual nitidez la continuidad entre la Triple A y el dispositivo militar que sistematizó la represión clandestina tras el 24 de marzo de 1976.
De acuerdo a lo oído en el juicio que se realizó contra Guglielminetti en Neuquén en 2012, tanto él como Tetu participaban para 1975 de la “Comunidad Informativa”, órgano que durante la dictadura consolidaría su función de centralizar datos recabados por los diversos servicios de inteligencia.
La misión
Autotitulado hombre de la “misión Ivanissevich”, Tetu recaló en la UNComa en enero de 1975 y en marzo sumó también la intervención de la bahiense Universidad Nacional del Sur (UNS). De ese modo, concentró en sí la conducción universitaria de dos regiones históricamente vinculadas por su proximidad geográfica y los intereses de sus elites.
El vínculo docente de Tetu con la UNS databa de 1952, poco después de escapar de una condena penal en su Rumania natal. Nunca certificó los pergaminos académicos que inflamaba en cada presentación oral o escrita y exageraba méritos sin temor al ridículo, como al contabilizar que había escrito “unos 2.500 artículos como periodista”. De la UNS fue expulsado en 1973, durante el paso de Jorge Taiana padre por el Ministerio de Educación. Un año y medio más tarde, el desembarco ministerial de Oscar Ivanissevich le permitió un regreso triunfal, con ánimos de venganza. Ivanissevich le sumó el encargo de la UNComa.
Uno de los puntos en común de las intervenciones simultáneas fue la contratación de personal externo para tareas que denominó “de seguridad y vigilancia” en Bahía Blanca y de “custodia de los edificios” en Neuquén. Dentro del segundo grupo estaba Guglielminetti, originalmente asalariado bajo el encargo de llevar a cabo un supuesto “Plan de Trabajos Públicos” desde el primer día de marzo de 1975. Un trimestre después, al renovar el vínculo, Tetu modificó los términos y le asignó explícitas tareas de seguridad. En todas las resoluciones, Guglielminetti aparece con su nombre real y no con el de Rogelio Ángel Guastavino, que en diciembre de 1970 le había asignado el Ejército al admitirlo como agente de inteligencia. En Neuquén no servía, porque era un rostro conocido.
Las designaciones fueron coherentes con las palabras con las que Tetu abrió su intervención en la UNComa. “Vengo en son de paz, pero si alguien quiere guerra, va a tener guerra y le va a costar mucho, porque yo sé pegar fuerte”, había advertido en enero, en sus primeras declaraciones ante la prensa neuquina.
Filiales del sur
Rápidamente, el grupo de choque de Tetu quedó asociado a la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina, a la que se adjudicaron varios atentados perpetrados en la zona. Humberto Zambón, autor del libro La misión Tetu en el Comahue y docente de la UNComa cesanteado por el interventor, equipara el rol de Guglielminetti con el que Jorge Argibay ejercía en Bahía Blanca. También contratado como personal de vigilancia por Tetu, Argibay era para 1975 el jefe de la patota incorporada a la UNS.
En los últimos años, la Justicia dio por probado que Tetu comandaba la Triple A del sudoeste bonaerense junto al diputado nacional Rodolfo Ponce, que había llegado a conducir la regional de la CGT desde el sindicato de trabajadores de la Junta Nacional de Granos. De allí provenía buena parte de la mano de obra al mando de Argibay.
El psicólogo Daniel Argibay, que lo llama progenitor y no padre, testificó que de pequeño lo acompañó en al menos un viaje que incluyó una reunión en el Ministerio de Bienestar Social que encabezaba José López Rega. Ante los jueces que examinaron el accionar de la Triple A en el sur de la provincia de Buenos Aires, recordó que el grupo se definía como integrante de la organización criminal y que su hermano Pablo tenía amistad con Guglielminetti, quien lo alojó en su casa y durante la dictadura le consiguió trabajo en la fábrica de Terrabusi.
Pablo Argibay, también contratado en 1975 por Tetu para tareas “de seguridad y vigilancia” en la UNS, se recicló luego como médico cirujano. Quienes lo entrevistaban o leían como eminencia en trasplantes de órganos ignoraban un pasado oscuro que quedó impune, porque el ex director del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano murió mientras la fiscalía bahiense preparaba la acusación contra el grupo que integró.
La siembra del miedo
También en la UNComa el represor rumano logró el apoyo de la ortodoxia sindical, que las 62 Organizaciones y la CGT le expresaron en un asado servido en junio de 1975. Para entonces, el interventor ya había iniciado las cesantías de más de un centenar de docentes, expulsado estudiantes y diseminado acusaciones altisonantes contra las anteriores autoridades universitarias, también designadas durante el periodo peronista abierto en 1973. Con su habitual grandilocuencia, las responsabilizó de consumir litros de combustible equivalentes a un giro y medio alrededor del planeta y de utilizar un ómnibus universitario para apoyar una acción guerrillera en Catamarca, a quinientos kilómetros y varios controles policiales del lugar donde el vehículo realmente se encontraba. De acuerdo a Tetu, pese a los varios días transcurridos entre su designación y la puesta en funciones, sus antecesores habrían omitido además quitar el material explosivo que dijo encontrar en la propia sede del Rectorado.
Las afirmaciones eran absurdas, pero sirvieron para sembrar en la UNComa un estado de terror que el diario La Nueva Provincia reclamó para Bahía Blanca. Para el diario, estrechamente vinculado a la Armada, Tetu era propia tropa: aunque se presentaba como un peronista perseguido en los años de proscripción, en esa época había escrito para La Nueva Provincia, acaso el medio más antiperonista del país.
La pertenencia naval de Tetu fue denunciada por el dirigente estudiantil comunista David “Watu” Cilleruelo, que había nacido en General Roca, en el Alto Valle, pero cursaba Ingeniería en la UNS. Días antes de asumir la conducción de la Federación Universitaria de Bahía Blanca, explicó ante una asamblea que Tetu era un infiltrado de la Armada y el imperialismo en el peronismo. Fue asesinado el 3 de abril de 1975, en los pasillos del principal complejo universitario. Era el día de la inscripción a materias para la primera parte del año, por lo que el crimen se produjo ante gran concurrencia de estudiantes, con claro afán disciplinador. Los asesinos habían llegado en el auto oficial del Rectorado. Algunos testigos los identificaron: eran Jorge y Pablo Argibay y Raúl Aceituno, el único en recibir una condena por el homicidio, aunque casi medio siglo después.
Con Tetu como principal nexo, lo que sucedía en Bahía Blanca repercutía en Neuquén, y viceversa. Raquel Cilleruelo trabajaba en 1975 como no docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNComa y recordó a El Cohete el hostigamiento vivido bajo la intervención del autor intelectual del crimen de su hermano. Aunque siempre había sido conocida allí por su apellido de casada, quienes respondían al nazi rumano comenzaron súbitamente a llamarla por el que compartía con “Watu”. Comentarios como “cualquiera aparece ahogado en el río” poblaron de pronto su cotidianeidad, en lo que hoy define como “mucha presión psicológica”, agravada por las condiciones en que el asesinato de su hermano había dejado a su familia. Poco después del crimen, solicitó al decano Hugo Revol Molina un cambio de horario de trabajo, para cuidar a sus dos pequeños hijos. Revol Molina negó el pedido, y le sugirió:
–Que se los cuide su hermano.
Anticuerpos
El respaldo sindical otorgado a Tetu en el asado de junio no era unánime dentro del peronismo. A fines de marzo, su accionar había sido repudiado por el bloque del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) en la legislatura neuquina, que cuestionó las cesantías impuestas por aplicación de normativas de la dictadura previa y criticó la “lamentable situación” en que la UNComa había sido colocada por su intervención. Dos semanas después, se sumó la denuncia de la diputada provincial René Etelvina Chaves, que se había distanciado del Frejuli pero coincidió en las críticas a Tetu y pidió investigar la vinculación de personal designado por él en “hechos de terrorismo en la zona”.
Chaves se refería a los atentados perpetrados en la capital neuquina durante el mes anterior, cuando fue baleada la corresponsalía del diario Río Negro y una bomba destruyó la fachada de la librería Libracos, habitual espacio de encuentro para grupos militantes e intelectuales de la época. Ambos episodios se atribuyeron al grupo liderado por Guglielminetti, que tras la irrupción de la dictadura participó en los secuestros de dos personas vinculadas a Libracos.
Por el ataque a la corresponsalía de Río Negro fue detenido José Luis Cáceres, el primero de los miembros de la patota contratados por Tetu en la UNComa. Cáceres confirmó a la policía que para concretar los atentados se movilizaban en automóviles de la universidad, cuyo control Tetu se había reservado. Los indicios apuntan a que fue una interna con Guglielminetti la que llevó a Cáceres a permanecer en prisión hasta 1977.
La acumulación de hechos en Neuquén, el crimen de “Watu” en Bahía Blanca y las críticas crecientes que despertaba obligaron a Tetu a dar respuestas públicas. Lo hizo a mediados de julio, frente a una publicación de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) que conducían Juan Carlos Comínguez y Alfredo Bravo, a quienes calificó de “nazis y comunistas” y amenazó con querellas criminales y civiles.
Sin embargo, el párrafo más destacado entre sus declaraciones a la prensa neuquina llegó cuando fue interrogado por la Triple A. Tetu negó pertenecer a esa organización, pero acabó reconociendo su existencia y la justificó con la metáfora biologicista de los anticuerpos que rechazan agresiones externas. “Las ‘tres A’ no quieren vender el país a nadie, pero el marxismo sí”, destacó, con una certeza contradictoria con el desconocimiento absoluto que había asegurado un instante antes.
Ocho meses más tarde una bomba estalló en la casa de Carlos Arias, juez federal de Neuquén, que ese día cumplía años. Era la madrugada del 16 de marzo. Días después, Arias recibió una carta, fechada el 17 pero despachada el 23, horas antes del golpe de Estado. En la nota, un supuesto comando “Regional Comahue” de la Triple A se adjudicaba el atentado. Tetu ya no estaba en la UNComa, pero Guglielminetti conservaba incidencia y presencia. Desde el mismo 24 de marzo participó e incluso dirigió interrogatorios bajo tortura a personas secuestradas por el aparato local del Ejército.
La autoría del atentado contra el juez Arias nunca fue determinada. A poco de comenzada la dictadura, fue cesanteado. Como contó El Cohete, el casillero quedó vacante para la designación de Pedro Duarte, auditor del Ejército que conservó el grado militar de mayor tras asumir como juez. En esas condiciones, era impensable que tuvieran recepción favorable las denuncias o pedidos ante desapariciones. La impunidad, al menos de momento, estaría asegurada.
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