Pedacitos rebeldes

El EAAF identificó restos de militantes asesinados en La Perla

 

—Mi hermano hace 49 años que estaba desaparecido. Cuando íbamos a preguntar por él, nos decían que si no hay cuerpo no hay delito, y no pudimos hacer nada. Por eso, con orgullo puedo decir hoy que hay justicia –logró expresar con voz quebrada Luis Navarro, hermano de Juan Carlos Navarro Moyano. Es uno de los nuevos nombres de restos recuperados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en la causa “Enterramientos clandestinos”, que lleva adelante el Juzgado Federal 3 de Córdoba, iniciada en 1998 con la denuncia de María Elba Martínez, Adolfo Pérez Esquivel y Horacio Verbitsky, a la que en abril de 2025 se sumaron 26 familias querellantes.

Oriundo de Deán Funes, obrero industrial y militante del Partido Comunista, Juan Carlos tenía 25 años cuando el 18 de octubre de 1977 fue secuestrado por una patota militar-policial. Torturado en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, fue trasladado y asesinado en el campo de concentración y exterminio La Perla, en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, comandando por Luciano Benjamín Menéndez.

Luis fue el primer familiar en tomar la palabra en la conferencia de prensa encabezada por el juez Hugo Vaca Narvaja, quien anunció la identificación de otras 17 víctimas del terrorismo de Estado –que se suman a las doce anunciadas en marzo–, cuyos huesos fueron rescatados al sur de la Loma del Torito, en los terrenos de La Perla.

 

Luis Navarro, hermano de Juan Carlos Navarro Moyano. Foto: Julio Pereyra, La Garganta Poderosa.

 

“Mi deseo es que encuentren más personas, porque hay más de 30.000 desaparecidos”, completó, abrazado por el aplauso del colmado auditorio de la Justicia federal de Córdoba. Si a los identificados este año se les suma el hallazgo de la medalla que llevaba el desaparecido Jorge Cazorla, son treinta nombres. El uno por mil de las víctimas de la dictadura; el 1% de los 3.000 prisioneros que se calcula pasaron por el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio del interior del país.

Y la búsqueda sigue. El 4 de mayo comenzó la segunda etapa de excavación y prospección arqueológica en cinco hectáreas cercanas a la Loma de Torito y la campaña 2026 se extenderá hasta fines de septiembre. “Hay una cantidad importante de restos y se van identificando a las personas. No podemos dar estadísticas ni probabilidades de cuántas personas más, pero sí podemos decir que con el ahínco que trabaja el EAAF y la parte genética es muy probable que tengamos más identificaciones”, anunció el juez Vaca Narvaja.

 

 

 

El crimen (im)perfecto

Los resultados indican que encontraron una fosa importante, ubicada gracias a una foto aérea de julio de 1979, aportada por Catastro de la Municipalidad de Córdoba, que permitió acotar la pesquisa a un sector de diez hectáreas entre las 14.000 de La Perla. En la imagen, Guillermo Sagripanti, geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, detectó una “intervención antrópica”, un “cambio sustancial en la morfología superficial del terreno” producido por la acción humana, explicó al informarse los primeros hallazgos.

 

El geólogo Guillermo Sagripanti, pieza clave en la investigación para dar con los restos.

 

El trabajo interdisciplinario permitió vincular el dato con una versión recabada durante la instrucción y juicio de la Megacausa La Perla (2012-2016): entre marzo y abril del 79, al enterarse Menéndez de que en septiembre visitaría la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó desenterrar los cadáveres de prisioneros fusilados y trasladarlos a algún lugar del desierto de sal entre Córdoba, Catamarca y La Rioja. Así fueron víctimas de un segundo secuestro post mortem.

Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Gustavo Daniel Torres, Guillermo Néstor Lellín D’Francesco, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Silvia del Valle Taborda, Víctor Carlos Ferreyra Linero, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, José Luis Goycochea Escudero, Nélida Noemí Moreno de Goycochea, Carlos Cayetano Cruspiere, Rosa Cristina Godoy de Cruspiere, Ester Silvia del Rosario Felipe, Luis Carlos Mónaco y otro nombre que la familia quiso preservar engrosan la lista de fugitivos de ese plan destinado a consumar un crimen perfecto.

Las seis últimas identidades corresponden a parejas, cuyos restos fueron encontrados “en una misma área”, explicó la antropóloga Silvana Turner. “Pedacitos rebeldes y maravillosos, se escurrieron a las máquinas del horror. Sortearon el tiempo, la inmensidad, y se rebelan luminosos ahora. Además, llegan juntos, permanecieron juntos. Ester y Luis se mantuvieron juntos en la oscuridad. Sigo tratando de descifrar qué significa ese mensaje de amor”, reflexiona Paula Mónaco Felipe en un párrafo del texto que leyó.

 

Paula Mónaco Felipe, hija de Luis Mónaco y Ester Felipe. Foto: Prensa Municipalidad de Córdoba.

 

 

Una detención “legal”

—Mamá, apagá el tele un ratito. Te vengo a traer una noticia. ¿Te acordás de Adrián, tu hijo mayor desaparecido? –le preguntó Carlos Ferreyra a Beatriz del Carmen Rivero, con 93 años y su memoria erosionada por el Alzheimer.

—Sí, claro.

—Han aparecido los restos de Adrián en La Perla.

—¿Y dónde está el cuerpo?

—Ya nos van a llamar, nos van a entregar y vamos a poder hacer una misa...

“¿Cómo le explico a mi mamá que lo que han recuperado de Adrián es un pedazo del maxilar superior derecho con cuatro piezas dentales?”, plantea Carlos a El Cohete. Su sobrino Ernesto, nacido once días después de la desaparición de su padre, volvió hace un año de Alemania. “Había algo que me llamaba. (…) Estoy aquí no para decirle chau a mi papá. Hoy, por primera vez pude decirle hola”, contó en la conferencia de prensa.

Nacido en Chilecito, La Rioja, Ferreyra estudiaba Psicología en Córdoba y militaba en los Grupos de Base del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Luego del golpe de Estado, se refugió con su esposa María del Carmen Pietri en Media Naranja, al noroeste cordobés. Ella estaba embarazada de ocho meses. El 29 de marzo del 76, un grupo armado y de civil los obligó a subir a un Chevy naranja, escoltado hasta la comisaría de Cruz del Eje por un jeep del Ejército conducido por el teniente Carlos Meira, interventor de la CGT local. Pietri fue liberada al día siguiente y Ferreyra interrogado por el capitán Arturo Grandinetti, comisionado a cargo de la Municipalidad, y luego trasladado a La Perla.

En el juicio Diedrichs - Herrera (2020-2021), Grandinetti y Meira estaban acusados por la privación ilegítima de la libertad de Ferreyra. A pedido del fiscal Maximiliano Hairabedián, el Tribunal Oral Federal 1 los absolvió por “dudas con respecto a la ilegalidad del procedimiento de detención y del dolo de ambos acusados”, quienes no tenían “otras imputaciones por delitos de lesa humanidad”, y por lo tanto se trataba de una “situación puntual” de “averiguación de antecedentes”. Paradójicamente, fue condenado por su asesinato y desaparición el staff de La Perla, pero no los responsables de su secuestro.

María del Carmen fue testigo en esa audiencia y murió de un ataque cardíaco poco después de la sentencia. Para su hijo, el resultado del juicio “la terminó de destruir”. Apodado por su histrionismo en Cruz del Eje “el hombre del rifle”, Grandinetti llegó a general de brigada y después de Videla y Menéndez fue el acusado de mayor rango en el banquillo de los acusados en Córdoba. Meira se retiró del Ejército con el grado de capitán, obtuvo el título de abogado y se dedica a defender a acusados por crímenes de lesa humanidad. “Ahora que aparecieron los restos de Adrián, se podrá reabrir una instancia judicial pero no va a cambiar su tremenda impunidad. Yo tengo el mismo rencor y el mismo dolor. Ni olvido ni perdón para esos asesinos”, alega Carlos.

 

 

Adolescentes y niños

En el mismo juicio fueron condenados los victimarios de Gustavo Torres, 16 años, militante de la Juventud Guevarista del PRT. Es una de las 26 víctimas del terrorismo de Estado en el colegio secundario Manuel Belgrano. Los represores asaltaron la casa de su familia en Alta Córdoba el 11 de mayo del 76. Cuando se llevaban a Gustavo, su hermano Carlos alcanzó a escuchar: “Yo tengo derecho a…”. “Cincuenta años después, creo que mi hermano recupera algo de sus derechos”, expresó en la conferencia de prensa.

 

Carlos Torres recibe una copia del legajo de su hijo Gustavo. Foto: Comunicación Secretaría de Extensión UNC.

 

—No, Tata, es mentira, la mamá está en un auto ahí en la esquina –dijo la niña de cuatro años, cuando los captores de su madre y su padrastro fueron a dejarla con su hermanito a la casa de sus abuelos maternos, alegando que una mujer se los entregó “en la calle”. A las 22 del 10 de diciembre de 1975, un comando había tomado por asalto la casa de barrio Altamira, donde Marta Taborda vivía con su madre Marta Ledesma, su padrastro Sergio Comba y Martín Comba, de tres meses.

Cuando declaró en la Megacausa, Marta contó que su abuelo los recibió solo, porque su esposa se había ido a Buenos Aires a buscar a otro de sus hijos, secuestrado tres días antes. Juan Eliseo Ledesma era el “Comandante Pedro”, un combatiente y estratega del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que murió resistiendo la tortura en Campo de Mayo. El padre de Marta, Juan del Valle Taborda, también fue militante del ERP. No lo pudo conocer porque lo mataron en abril de 1971, dos meses antes de que ella naciera.

Más de cincuenta años después, aquella niña se presentó: “Soy hija de una persona que ya no está desaparecida (…) Ahora apareció este huesito y me va a decir: ‘Hijita acá estoy. Ya no tengas miedo a las puertas cerradas, no duermas más con la luz prendida’. Muchas gracias, porque una se siente sola. En mi familia son nueve los muertos y desaparecidos. Acá me acompaña mi hija y no tengo más nadie por el lado de mi mamá. Ahora nos une la alegría de haber encontrado a nuestros familiares”.

 

Marta Taborda, hija de Marta Susana Ledesma, y el juez Hugo Vaca Narvaja. Foto: Prensa Municipalidad de Córdoba.

 

 

El arriero y el resentido

Un testimonio crucial fue el de José Julián Solanille, el arriero que presenció los fusilamientos colectivos en La Perla. Solanille atestiguó ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en 1984, en el Juicio a las Juntas en 1985 y en la Megacausa en 2013. Entonces relató: “Estaba con otro compañero en la Loma del Torito. Habíamos visto la fosa cavada. Unos cuatro metros por cuatro. Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos”.

Según el testigo, el propio Menéndez encabezó la masacre. “Él había llegado en un (Ford) Falcon blanco. Yo lo había visto, sabía que se venía algo grande –continuó–. Y ahí estaba, con su fusil. No lo vi disparar, pero él dio la orden. La gente estaba encapuchada o vendada o tenían anteojos... Los que no tenían nada, los que podían ver, gritaban. Unos corrieron. Pero los mataron por la espalda”.

Otro aporte surgió de lo más parecido a una ruptura del pacto de silencio entre represores. En 2004, la Junta Superior de Calificaciones de Oficiales del Ejército rechazó el ascenso al grado de coronel de Guillermo Bruno Laborda. En protesta, el oficial envió al jefe de la fuerza, Roberto Bendini, una carta donde relataba –como méritos durante la dictadura– operativos en los que había participado en Córdoba. Entre ellos, los fusilamientos “a sangre fría” de “cuatro condenados subversivos” en julio de 1978 y el de Rita Alés Dillon de Espíndola, secuestrada en diciembre de 1977 y asesinada luego de dar a luz a su hija.

En 2009, ya procesado por la Justicia, Laborda ofreció colaborar. Entonces reveló el plan de Menéndez para burlar la inspección de la CIDH y señaló los lugares donde con palas mecánicas desenterraron esos cuerpos que luego habrían trasladado a las salinas. Y sobre todo, confirmó la hipótesis del colectivo de querellantes: “Que el Ejército argentino siempre supo dónde estaban (y están): en terrenos de ellos. Que con su silencio siguen manteniéndolos secuestrados. Que el Estado argentino no los buscó lo suficiente”.

 

 

 

Despedida y regreso

La militante montonera Graciela “Monina” Doldán no quiso que le pusieran la venda y se fue haciendo la V de la victoria, contó en el juicio la sobreviviente Cecilia Suzzara, quien vio en La Perla al propio Menéndez interrogándola. Secuestrada el 26 de abril del 76, durante los diez meses que Doldán estuvo en el campo resistió la tortura, contuvo a sus compañeros e intentó enviar un mensaje al exterior para que se replegaran y cuidaran. “Las caídas no son aritméticas, son geométricas. Nos van a matar a todos. Hay que hacer algo”, citó sus palabras Graciela Geuna. En febrero del 77 se la llevaron. Días después, llegó a oídos de los prisioneros que Doldán enfrentó al jefe del pelotón de fusilamiento y le tendió su mano:

—Sos el último ser humano que voy a ver antes de morir. Aunque no lo sepas, sos un ser humano y para mí es importante, porque me estoy despidiendo de la humanidad.

En estos días, Ana Iliovich escribió: “Graciela, te llevaron, pediste ver el cielo antes de morir, pediste que no te ataran ni vendaran. Pediste hacer la V de la victoria cuando una ráfaga te segara el cuerpo. Pero tu alma, tu alma se quedó con nosotras, que cincuenta años después te encontramos”.

 

Conferencia de prensa en el Juzgado Federal 1 de Córdoba:

 

 

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