El pasado sábado 23 de mayo, en el marco de la conmemoración por los 204 años de la Batalla de Pichincha, la prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de esa provincia, Paola Pabón, pronunció un discurso que no solo impactó por su potencia retórica, sino por la crudeza de su diagnóstico sobre la realidad ecuatoriana [1]. Desde las faldas del volcán donde se selló la independencia colonial, Pabón interpeló al presente al aludir a la emergencia de “nuevas tiranías y nuevos colonialismos”.
En un pasaje que sintetiza la tragedia de una nación que supo tener —a mediados de la década pasada— muy respetables indicadores sociales, la prefecta fue categórica al afirmar que el país atraviesa una “crisis civilizatoria” en la que la desinstitucionalización ha alcanzado niveles terminales. Al recurrir a Gramsci para describir este claroscuro donde “el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer”, Pabón denunció que lo que hoy impera en Ecuador es un “neoliberalismo de la muerte” que ha convertido “los derechos en mercadería” y al Estado en un espectro ausente.
El punto más álgido de su intervención —de una densidad teórica poco habitual, que incluyó, además de Gramsci, referencias a los filósofos Giorgio Agamben y Marina Garcés— ocurrió cuando sostuvo que Ecuador se ha convertido en un “Estado fallido”. Esta afirmación no fue resultado de una extralimitación del lenguaje, sino la descripción de una realidad material que se manifiesta en una tasa de 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cifra que sitúa al país andino en el podio de la inseguridad hemisférica, solo por detrás de Haití. Pabón describió un escenario de horror cotidiano con “familias enteras que viven bajo la extorsión”, “adolescentes reclutados por el crimen organizado” y un abandono estatal que ha dejado a 450.000 niños y jóvenes fuera del sistema educativo.
Esta crisis se entrelaza con una deriva autoritaria que tiene en los presos políticos una de sus expresiones más elocuentes. Mientras Pabón pronunciaba su discurso en Quito, figuras centrales de la oposición como el ex Vicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanecen recluidos en la cárcel de máxima seguridad “Encuentro”, presidio construido bajo el paradigma de alto impacto del salvadoreño Nayib Bukele. El deterioro físico de Álvarez, quien ha perdido cerca de 30 kilos y sufre restricciones severas a las visitas, es denunciado por su defensa como una campaña sistemática de persecución para proscribirlo políticamente. Por su parte, la situación de Jorge Glas es calificada por sus abogados como un intento deliberado de “dejarlo morir”, con denuncias de tratos degradantes, falta de agua potable y negación de atención médica a pesar de las medidas cautelares de la CIDH.
La propia Paola Pabón no ha sido ajena a este tipo de arbitrariedades: en 2019 sufrió 71 días de privación de la libertad tras ser acusada en forma injusta de rebelión durante las protestas contra los ajustes económicos del gobierno de Lenin Moreno (2017-2021), experiencia que marcó su liderazgo y su compromiso con la defensa de las reglas democráticas.
El “Estado fallido” como construcción social y política
Para comprender la profundidad del diagnóstico de Pabón es imperativo recuperar la literatura académica sobre el concepto de “Estado fallido”, categoría que, como ha señalado Juan Tokatlian, ha sido social y políticamente construida [2]. La noción fue introducida originalmente en el debate de las Relaciones Internacionales (RI) por Gerald Helman y Steven Ratner a principios de los años ‘90 [3]. En su formulación inicial, el término describía a entidades nacionales incapaces de sostenerse como miembros de la comunidad internacional, lo cual ponía en peligro tanto a sus ciudadanos como a la estabilidad regional. Sin embargo, lo que nació como una preocupación humanitaria en la posguerra fría mutó rápidamente hacia una lógica securitaria.
Tokatlian argumenta que, a partir de mediados de la década de 1990, se gestó en Washington una “comunidad epistémica sui generis” compuesta por expertos, funcionarios y servicios de inteligencia que transformaron el concepto en una herramienta para legitimar intervenciones en los asuntos internos de países periféricos. Bajo esta óptica, el “Estado fallido” dejó de ser un problema de desarrollo para convertirse en un problema de seguridad nacional para las grandes potencias, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se parangonó la fragilidad estatal con la provisión de santuarios para el terrorismo global. Esta construcción conceptual tiende a imponer una jerarquía internacional donde los Estados en crisis son vistos como “periferias turbulentas” [4] que deben ser tuteladas o disciplinadas por el centro.
Jonathan Di John, por su parte, advierte que los índices agregados que intentan medir el fracaso estatal suelen ser engañosos, ya que omiten las variaciones significativas de capacidad entre los distintos sectores de un mismo Estado [5]. No obstante, la utilidad política del término para las potencias es innegable. En el caso colombiano, la caracterización de “Estado fallido” sirvió —como fue desarrollado por Tokatlian— para justificar la aplicación de una diplomacia coercitiva y la implementación de planes de asistencia militarizada que, de forma paradójica, a menudo terminan por exacerbar la fragilidad institucional de la nación intervenida.
En Ecuador, la apelación de Paola Pabón a esta categoría hoy no solo sirve para describir el estado de “turbulencia periférica” que atraviesa el país, sino también para llamar la atención sobre el riesgo que supone una soberanía cada vez más perforada por intereses foráneos que se presentan como la única solución posible ante el descalabro interno.
Noboa en manos del Comando Sur
Bajo las administraciones de Daniel Noboa (2023-presente), el vínculo entre la conceptualización de “Estado fallido” y la realidad política se ha estrechado de la mano de una creciente y solicitada intervención de los Estados Unidos en materia de seguridad. Noboa ha consolidado a Ecuador como un actor destacado de un bloque de países latinoamericanos dispuestos a respaldar sin ambages a Washington, al procurar de forma activa la intromisión “por invitación” de la administración Trump bajo una lógica de vasallaje.
Esta estrategia se despliega en un escenario donde el gobierno ecuatoriano, sin embargo, ha sufrido una derrota política no menor en su intento por formalizar la presencia militar extranjera. En noviembre de 2025, la ciudadanía rechazó contundentemente en una consulta popular la propuesta de Noboa para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. En Manta, donde los Estados Unidos operaron la Base Aérea Eloy Alfaro entre 1999 y 2009, la opción por el “No” —respaldada por la oposición— se impuso por un margen del 75%, casi 15 puntos por encima de la media nacional.
Sin embargo, la voluntad popular parece estar bajo asedio mediante lo que se presenta como “operaciones conjuntas”. Un ejemplo alarmante de esta dinámica fue la operación militar llevada a cabo en marzo de 2026 en la comunidad de San Martín (provincia de Sucumbíos), en la frontera norte. Mientras el gobierno ecuatoriano y el secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, promocionaban el bombardeo de lo que supuestamente era un campamento de entrenamiento de “narcoterroristas”, una investigación de The New York Times reveló que el ataque, en realidad, destruyó una finca lechera y ganadera de pobladores civiles.
Los relatos de los residentes de San Martín describen una secuencia de abusos por parte de las fuerzas militares, que incluyeron incendios de viviendas, interrogatorios bajo tortura con descargas eléctricas y asfixia de trabajadores rurales antes de que fueran expulsados hacia Colombia. A pesar de la evidencia de que se trataba de instalaciones civiles, Noboa defendió la operación sobre la base de supuesta información de inteligencia y negó cualquier ataque a la población.
Este incidente no es un caso aislado, sino el síntoma de una política que subordina la protección de los derechos humanos a las necesidades de una “guerra interna” agitada por Noboa, la cual no alcanza los resultados esperados en materia de pacificación. El papel de las fuerzas norteamericanas en territorio ecuatoriano es, en efecto, una realidad cotidiana que abarca desde la asesoría de inteligencia y el adiestramiento militar hasta la coordinación operativa en tareas de vigilancia, lo que ha llevado a una evidente pérdida de control soberano sobre espacios estratégicos.
La reversión de la “década ganada”
El camino de Ecuador hacia lo que Paola Pabón describe como un “Estado fallido” no es producto de una fatalidad del destino, sino el resultado de la reversión de los logros alcanzados durante el periodo 2007-2017. Como hemos argumentado en trabajos previos, la crisis actual solo puede explicarse a partir del desmantelamiento sistemático de las capacidades estatales y el retorno de un neoliberalismo radicalizado. Un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) de 2017 detalla cómo, durante la administración de Rafael Correa, Ecuador experimentó una estabilidad política y social sin precedentes en su historia contemporánea.
Las cifras de este think tank con sede en Washington son esclarecedoras: en el decenio transcurrido entre 2007 y 2017, la inversión pública aumentó del 4% al 14,8% del PBI, el gasto social se duplicó y la tasa de pobreza disminuyó en un 38%. Este fortalecimiento de lo público tuvo un impacto directo y positivo en la seguridad. El índice de homicidios intencionales, que en 2007 se situaba en 18 por cada 100 000 habitantes, fue reducido de forma sistemática hasta alcanzar un piso histórico de 5 en 2017. Estos resultados no fueron fruto del azar ni simplemente del auge de los commodities, sino de reformas que incluyeron la regulación estricta del sector financiero y un manejo estratégico del Banco Central que permitió implementar políticas contracíclicas incluso en un contexto de economía dolarizada y crisis global.
Sin embargo, a partir de 2017, con los sucesivos gobiernos de Moreno, Lasso y ahora Noboa, se inició un proceso que Pabón describe como de “necropolítica” —término acuñado por el intelectual camerunés Achille Mbembe—, caracterizado por la generalización del terror, la violencia y la muerte. El retiro del Estado de áreas clave como la salud y la educación públicas, sumado a la desregulación extrema del sistema financiero, creó las condiciones ideales para la penetración del crimen organizado. La dolarización, que durante el correísmo fue gobernada y regulada para proteger la balanza de pagos, se ha transformado hoy en un factor facilitador para el narcotráfico, al hacer que el lavado de activos sea inmensamente más sencillo y convierta al país en un paraíso para capitales espurios. El contraste estadístico es demoledor: de los 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, la tasa se disparó a 21 en 2021, a 45 en 2023 y hoy enfrenta la cifra estremecedora de 51.
El espejo argentino
Esta trayectoria ecuatoriana debe verse como un cristal en el que la Argentina comienza a reflejarse. El experimento libertario de Javier Milei, inaugurado a fines de 2023 con el DNU 70/23 y la denominada Ley Ómnibus, se ha erigido en la puerta de entrada a ese mismo neoliberalismo radical que ha conducido a Ecuador al borde del abismo. La visión de Milei sobre el Estado como “la base de todos los problemas” ignora las lecciones elementales de la ciencia política contemporánea y las advertencias de autores incluso conservadores como Francis Fukuyama, quien ha señalado con énfasis que, en el mundo en desarrollo, los gobiernos débiles son la fuente de los problemas más graves.
El paralelismo es inquietante: la ambición inicial de Milei por la dolarización de la economía argentina y el cercenamiento de las capacidades regulatorias del Estado nos comienzan a colocar en la misma senda de vulnerabilidad ante el narcotráfico y el lavado de activos que hoy asfixia al país andino. Al igual que en Ecuador, donde la militarización de la seguridad pública se presenta como la única respuesta ante el avance criminal, el gobierno de Milei se empecina en quebrar el consenso democrático para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior; e ignora la abundante evidencia empírica sobre el fracaso de tales estrategias y los riesgos de un instrumento militar policializado.
En esta clave es que debe leerse la reciente firma de la Carta de Intención entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para la implementación del Protecting Global Commons Program (Programa de Protección de los Comunes Globales). Este convenio, que autoriza a las fuerzas del Comando Sur a participar en el patrullaje del Atlántico Sur, representa una creciente pérdida de soberanía bajo una doctrina que disuelve la jurisdicción nacional en un concepto de “espacio de todos”. Al catalogar nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un “bien común global”, el gobierno nacional permite que potencias extranjeras asuman el control operativo y la supervisión de nuestros mares, de modo de transformarlos en un área de vigilancia, control e inteligencia para el Pentágono. Esta voluntad de alineamiento irrestricto con Washington, que replica el modelo de vasallaje de Noboa, despoja a la nación de sus recursos estratégicos y de su capacidad de decisión autónoma, lo que deja a las Fuerzas Armadas nacionales en una posición de absoluta dependencia técnica y subordinación doctrinaria.
Reflexión final
El juego de palabras entre la famosa Batalla de Pavón en la Argentina de 1861 y el liderazgo actual de la prefecta de Pichincha es algo más que una alegoría. La “Batalla de Pabón” que hoy se libra en Ecuador no es una disputa por fronteras y organización territorial como la que enfrentó a las fuerzas de la Confederación Argentina, comandadas por Urquiza, y las fuerzas porteñas, lideradas por Mitre. Según la interpretación de la propia Pabón en su discurso del 23 de mayo pasado, lo que está en juego es el sentido mismo de lo común y la “supervivencia de la dignidad colectiva”.
Frente al embate de gobiernos como los de Noboa y Milei, que han decidido entregar la soberanía y desmantelar el Estado protector en nombre de una libertad que termina por ser el privilegio de unos pocos, la figura de Paola Pabón —quien gobierna desde la adversidad y bajo la sombra de la persecución política— emerge como una de las esperanzas más concretas de la política sudamericana. Su papel será decisivo en el futuro próximo si los ecuatorianos pretenden evitar el camino ineluctable hacia el “Estado fallido”, por el que lo conduce la derecha neoliberal desde que Rafael Correa terminó su gobierno en 2017.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
[1] Invitado por la Red de Gobiernos Subnacionales para el Desarrollo Productivo (REDEPRO) para exponer sobre geopolítica y reconfiguración del orden global en el marco del Diálogo de Alto Nivel “Territorios frente a los desafíos actuales: nuevas rutas para el desarrollo desde lo local" (Quito, 22 de mayo de 2026), pude presenciar —al día siguiente de la actividad para la que fui convocado— la ceremonia que se desarrolló en la Sede Nacional de la Casa de las Culturas y que tuvo por oradora principal a la prefecta Paola Pabón. De allí surge la reconstrucción del discurso pronunciado por la mandataria provincial y dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana.
[2] Tokatlian, J. G. (2008). La construcción de un “Estado fallido” en la política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Análisis Político, (64), 67-104.
[3] Helman, G. B., & Ratner, S. R. (1992-1993). Saving failed states. Foreign Policy, (89), 3-20.
[4] Roberto Russell ha adaptado el concepto de John S. Galbraith de “fronteras turbulentas” para referirse a la dinámica que caracteriza a América Latina y su relación con la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos. Al respecto, ver: Galbraith, J. S. (1960). The ‘Turbulent Frontier’ as a Factor in British Expansion. Comparative Studies in Society and History. An International Quarterly, vol. 2, nº 2: 150-68; y Russell, R. y Calle, F. (2022). Periferias turbulentas y penetradas: su papel en la expansión de los intereses de seguridad de Estados Unidos en América Latina. CEBRI-Revista, Año 1, Número 1 (Jan-Mar): 167-189.
[5] Di John, J. (2011). ‘Failed States’ in Sub-Saharan Africa: A Review of the Literature (ARI 5/2011). Real Instituto Elcano.
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