Reír para no llorar
El pasado domingo 17 de mayo, el jefe de la Armada Argentina, almirante Carlos Romay, se desgarró las vestiduras —en el marco de la conmemoración del Combate Naval del Buceo [1]—. Sostuvo que “la vida y la grandeza de la República Argentina dependen principalmente de su intercambio comercial” y que, para ello, era relevante ejercer el control sobre los espacios marítimos que se extienden a lo largo de 4.725 kilómetros. “Sin estrategia, sin inversión y sin conciencia ciudadana, esa riqueza se pierde”, agregó. Afortunadamente, el ayudante de turno le preparó el uniforme de recambio para recibir a su inmediato superior un día más tarde.
Ese lunes, el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada de ese país anunciaron simultáneamente que ambos Estados habían lanzado el “Protecting Global Commons Program” para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur. La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina. Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas. La carta de intención fue firmada por el contralmirante Carlos Sardiello, en representación de nuestro protector hemisférico —el Comando Sur de Estados Unidos—, y por su delegado local, el ya mencionado almirante Romay. Los posteos culminan afirmando que esta es una “alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”.
El Ministerio de Defensa demoró hasta el miércoles para informar sobre la firma de este documento.
Algunos medios dijeron que el retraso del Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti, en brindar dicha información, se debió a que este tenía muchas cosas entre manos. En primer lugar, estuvo tuiteando que se había realizado el ejercicio combinado ilegal “Daga Atlántica”, donde se olvidó de mencionar la participación de efectivos militares de Estados Unidos. En segundo lugar, tuvo un comienzo de semana agitado porque tuvo que pedirle explicaciones al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, y al jefe de la Casa Militar, general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez —cuyo pliego de ascenso está en consideración del Honorable Senado de la Nación— por presuntas irregularidades. Al parecer, la Fuerza Aérea Argentina compró un avión Embraer ERJ-140LR por “4.085.000 de dólares, [siendo su valor de mercado de aproximadamente] 2.300.000 dólares, lo que supondría un sobreprecio de casi el 50%. Además, el presupuesto habría sido fijado en 3,9 millones de dólares para evitar controles obligatorios del Ministerio de Defensa sobre compras superiores a los cuatro millones de dólares” [2]. En cuanto al general de brigada Ibáñez, estaría compitiendo con los aeronáuticos porque gestionaría, “junto con otros miembros [de la Casa Militar], coimas en compras de repuestos y licitaciones de mantenimiento de aviones hechas a medida de proveedores amigos”.
Como adelantamos, todas fueron difamaciones del “95% de los periodistas delincuentes” porque, en realidad, los problemas eran más acuciantes: “ayuda humanitaria”, cubitos de hielo y membrillo.
Por un lado, nuestro país envió nuevamente dos aviones C-130 Hércules a Bolivia para colaborar “humanitariamente” con el gobierno de ese país. Por el otro, se informó que “efectivos del Ejército se sumarán a la Operación Nanook, un ejercicio que Canadá realiza en el Ártico” en el año 2027, donde la Argentina tiene “claros intereses estratégicos”. Por último, la ajetreada agenda del ministro estuvo concentrada en el expediente n.º EX-2026-24091786-APN-DRV#EA, por el cual se permutan 70.000 kilogramos de membrillo —que no eran para el F-16— por “un kit de embrague para una camioneta Chevrolet S10”.
Todo esto se produce en un contexto donde la política exterior está conducida por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno Cisneros. Este avaló el recorte de su presupuesto de 14.876 millones de pesos, que afecta, por un lado, al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos concurrentes, en tanto que impacta sobre “las acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas”, y, por el otro, se le recortaron dos millones al Museo Malvinas.
Por último, y para ponerle la frutilla final al desguisado libertario, el gobierno entregó la Hidrovía Paraná-Paraguay y está en proceso de hacer lo mismo con el Sistema Nuclear Argentino, la empresa AySA y la Ley de Tierras Rurales n.º 26.737.
En este contexto no sorprende que los marinos adopten acríticamente el concepto de global commons por dos motivos. En primer lugar, está en consonancia con la política exterior de occidentalización dogmática del Presidente Javier Milei. En segundo lugar, los antecesores del almirante Romay en esa Fuerza, y de sus pares en las otras, adoptaron las doctrinas de "guerra revolucionaria francesa" y de "seguridad nacional"; quisieron incorporar los conceptos de "nuevas amenazas" y de "guerra contra las drogas" a nuestro planeamiento militar. Más recientemente —en plena segunda década del siglo XXI— escribieron un documento estratégico sobre la amenaza de los soviets, y, en el año 2022, se reunieron algunos oficiales y civiles para cortar y pegar ideas de libros y manuales estadounidenses sobre operaciones asimétricas para perseguir pastores en Afganistán con el objetivo de elaborar una nueva directiva de planeamiento; pese a la oposición de algunos oficiales presentes en dicho encuentro [3].
Global commons
En este fárrago de destrucción que está asolando al país, el tema identitario de las Fuerzas Armadas Argentinas vuelve a hacerse presente con la firma de esta carta de intención con el Comando Sur de Estados Unidos. No es la primera vez. Ya el ex ministro de Defensa, Luis Petri —cuyo mayor logro fue destruir el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), dejando sin cobertura a cientos de argentinos—, había sostenido que una aeronave británica había sobrevolado aguas internacionales, cuando en realidad lo había hecho sobre el mar argentino. Ahora el citado jefe naval reconoce que esas aguas son patrimonio de la humanidad.
Este significante vacío tiene una larga genealogía en el mundo anglosajón —que no reproduciré en estas líneas—, pero que se encuentra desarrollada en detalle por Juan José Borrell. Simplemente, recordaré que un conjunto de ONG de los países del “viejo primer mundo” redactaron el documento “World Conservation Strategy. Living resource conservation for sustainable development” en 1980, en el cual introdujeron este concepto a los efectos de que se implementaran normas internacionales que protegieran estos bienes comunes. Años más tarde, durante el momento unipolar estadounidense, Barry Posen sostuvo en el 2003 que los global commons eran áreas (mar, espacio y ciberespacio) que no pertenecían a ningún Estado. Esta definición le permitía a Estados Unidos desplegar un mayor poderío militar y una capacidad de denegación de uso a otros Estados. El autor argumentaba que el comando de estos espacios constituía la base real de la hegemonía estadounidense, en tanto permitía amenazar con la denegación de su empleo a sus rivales en tiempos de conflicto. Al respecto, Juan José Borrell —analizando los argumentos de Zbigniew Brzezinski— considera que estos son “zonas de intersección entre esferas geoestratégicas; como espacios 'pegamento' que, si bien pueden ser cruzados por una potencia rival, son extremadamente vitales como nexo y andamiaje de una proyección de carácter global. No hay proyección de poder y hegemonía global sin el dominio de los vasos comunicantes”. Entonces, se pregunta Borrell, ¿tienen límites los global commons? La respuesta es negativa. Desde el punto de vista anglosajón, el concepto no coincide con los límites estatales y, menos aún, si los países periféricos no cuentan con la capacidad tecnológica para proteger dichos espacios. Por ello, Borrell concluye que estas “zonas de intersección entre espacios bajo jurisdicción estatal de países periféricos y espacios considerados global commons podrían ser vulnerados o verse sujetos a presiones por parte del accionar de potencias con intereses” en estos.
En definitiva, la securitización [4] del discurso ambiental, en este caso de los global commons, podría legitimar que una potencia, o que una coalición de ellas, intervenga militarmente en espacios soberanos o adyacentes de los países del Sur Global, cuando considerara que estos estuvieran siendo sometidos a la depredación y degradación ambiental. Por ejemplo, la insistencia de algunos medios argentinos, con el apoyo e impulso de las embajadas británica y estadounidense, con la falsa pesca ilegal china en el mar argentino; que en realidad es expoliado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, España, Corea del Sur y Taiwán con el apoyo logístico desde Montevideo y Punta Arenas. Es el mismo proceso de securitización que periódicamente acecha al Amazonas brasileño, cuando este es tratado como pulmón o patrimonio de la humanidad.
En síntesis, algunos académicos sostienen, desde la geopolítica crítica y las relaciones internacionales, que el concepto de global commons es un instrumento para legitimar la proyección imperialista y una justificación doctrinaria para la injerencia estadounidense. El argumento central es que Washington utiliza el principio de "espacio de todos" para disolver la soberanía de terceros países cuando esta interfiere con sus intereses comerciales, energéticos o de seguridad nacional. Asimismo, se considera que el Pentágono recurre a este concepto, originariamente ambiental y jurídico, para transformarlo en una herramienta de "acumulación por desposesión", al catalogar zonas adyacentes de terceros Estados como global commons. De esta manera, Estados Unidos se autoproclama el policía, juez y soberano unilateral de dichos espacios.
Por otro lado, autores chinos sostienen que esta doctrina sirve para justificar la intromisión estadounidense en zonas bajo disputas de soberanía regional (como el mar de China Meridional), vulnerando el principio de integridad territorial mediante el patrullaje militar agresivo de espacios que Estados Unidos define de forma unilateral como aguas internacionales libres. Por lo tanto, cabe preguntarse si esta carta de intención tiene por objetivo nuestras islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos concurrentes. Si esto es cierto, la Armada Argentina ha facilitado el trabajo de Estados Unidos. Ha renunciado —valga la redundancia— a ser una Armada.
Diplomacia desarmada
Estanislao Zeballos —ex canciller de nuestro país en tres oportunidades (entre los años 1889-1890, 1891-1892 y 1906-1908)— afirmaba que "la Argentina en materia internacional es la Nación menos preparada del universo. Su pueblo, sus hombres públicos, sus universidades, sus escuelas, no se ocupan de estas cosas sino al pasar (…). No sabemos negociar, no sabemos diplomacia (…); si la Argentina hubiera asumido una actitud más recia y de mayor carácter cuando negociaba con sus rivales, estos hubieran cedido" [5].
Este ex funcionario conservador consideraba en su libro La diplomacia desarmada [6] que “toda negociación diplomática seguida entre una nación armada y otra que confía en la providencia y en las amistades privadas de sus prohombres, más que en los aceros, es siempre desventajosa y puede ser humillante para la última”. Al respecto, Florentino Díaz Loza afirmaba que “sin [capacidades militares], la diplomacia carece de validez, las tratativas y los negocios exteriores se encuadran en una estrategia defensiva, débil y sin posibilidades” [7].
Más recientemente, Juan Gabriel Tokatlian argumentaba que “los progresistas denuncian que [hablar de defensa] es una excusa para frenar una política activa de derechos humanos y que deliberar al respecto tiene un potencial efecto nocivo sobre las relaciones [civiles]-militares. Los conservadores pretenden incrementar la influencia y el presupuesto de las Fuerzas Armadas, pero quieren a los militares participando en la guerra contra las drogas. El país rehúsa, en un entorno mundial muy complejo, repensar el vínculo entre política exterior y defensa” [8]. En efecto, ambas tienen una relación simbiótica: no hay maniobra diplomática sin apoyo de la defensa, y la maniobra militar debe estar apoyada por la política exterior. Además, existe un vínculo jerárquico [9]: es la política la que desencadena el uso de la fuerza, quien regula su intensidad y quien le pone fin [10].
La autolimitación en apoyar la política exterior con la política de defensa afecta nuestros intereses vitales y estratégicos; como así también lo hacen acciones, que pueden parecer simbólicas, pero que convalidan la usurpación de nuestro territorio y aceptan una posición subordinada al neocolonialismo. Algunos pocos ejemplos, además de la firma que hemos analizado:
- En la Argentina el Presidente o su ministro de Defensa reciben al jefe del Comando Sur o nuestro Presidente se embarca para jugar en el portaviones US Nimitz. En cambio, Brasil envía, como corresponde, a su viceministro de Defensa y funcionarios militares a dicha embarcación estadounidense.
- Mientras la seguridad china le impide a Scott Bessent ingresar a un edificio sin credencial, nuestros funcionarios le ponen la alfombra.
- Un gobernador, funcionarios nacionales y provinciales, y empresarios compartieron un brindis con representantes coloniales británicos en “Seafood Expo Global 2026” en Barcelona, sin efectuar ninguna declaración en defensa de nuestro territorio usurpado en el Atlántico Sur.
- En nuestras instituciones formamos —destinando cientos de miles de pesos— a un diplomático, Rafael Grossi, que se candidatea para ser secretario general de las Naciones Unidas (ONU). A tal efecto, y para conseguir el apoyo del Reino Unido de Gran Bretaña y de Estados Unidos, entre otros, afirmó que frente a la Cuestión Malvinas mantendrá una posición “imparcial”; ignorando —como muy bien lo analiza Guillermo Carmona— que la Resolución n.º 2065 (XX) de 1965 de la Asamblea General de dicho organismo reconoce la disputa de soberanía y que, como toda norma de la ONU, debe hacerla cumplir.
Por último, Juan Domingo Perón afirmó en 1944 que “los pueblos que han descuidado la preparación de sus Fuerzas Armadas han pagado siempre caro su error, desapareciendo de la historia o cayendo en la más abyecta servidumbre. De ellos la historia sólo se ocupa para recordar su excesivo mercantilismo; o los arqueólogos, para explorar sus ruinas, descubriendo bellas muestras de una grandiosa civilización pretérita que no supo cultivar las aptitudes guerreras de sus pueblos” [11].
No se trata sólo de sistemas de armas, capacidades y política de defensa, sino de dónde guardamos el orgullo. Hace unos días, y luego de la visita del Presidente de Estados Unidos a la República Popular de China, el gobierno de este último país sostuvo que "Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. Nunca ha sido un país, ni en el pasado ni en el futuro. La independencia de Taiwán y la paz a través del estrecho son tan irreconciliables como el fuego y el agua". Algunos tactical facts me dirán que esas palabras están respaldadas por su poderío militar, pero la postura de este país no se ha movido ni un renglón, al menos desde 1949. Tiene la voluntad (der Wille) [12] que parece ser que nosotros no tenemos. Por eso, permítanme soñar con que algún día digamos algo parecido con respecto a la cuestión Malvinas o, al menos, la Armada Argentina deje de llevar luto por la muerte del almirante británico Horatio Nelson (1758-1805) y lo haga por los héroes del crucero ARA General Belgrano.
[1] La Fuerza Aérea Argentina celebra su día el 10 de agosto en conmemoración de la creación de la Escuela de Aviación Militar bajo la órbita del Ejército Argentino en 1912. Sin embargo, fue creada el 4 de enero de 1945 por iniciativa de Juan Domingo Perón. La historia de la Armada Argentina es menos conocida. Esta Fuerza fue creada a fines de 1810 por el vocal de Marina de la Junta Grande Francisco de Gurruchaga y su bautismo de fuego de la flota de mar ocurrió el 2 de marzo de 1811, bajo la dirección de Juan Bautista Azopardo, que culminó en una derrota.
[2] Sobre este tema, puede leerse más aquí.
[3] Paralelamente, el Informe Rattenbach ha permanecido olvidado como objeto de estudio. Ver Gastaldi, Sol; Eissa, Sergio; Tessey, Héctor & Llaser, Gabriela (2026). ¿Punto de inflexión? El impacto de la Guerra del Atlántico Sur en la doctrina militar argentina. Resistencia: Ediciones de la Paz.
[4] Es un proceso por el cual una cuestión problemática es convertida en una amenaza existencial para un Estado o para la humanidad, legitimando, de esta manera, el uso de las Fuerzas Armadas. Ejemplos de esto son los conceptos de “nuevas amenazas”, “narcoterrorismo”, “guerra contra las drogas” o el etiquetamiento de la comunidad mapuche como terroristas. El concepto de securitización pertenece a Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde. Ver ejemplo sobre la comunidad mapuche en Sergio Eissa: “Construyendo el enemigo”.
[5] Paradiso, José (1993). Debates y trayectoria de la política exterior argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano (GEL), p. 9.
[6] Zeballos, Estanislao (1908), “Las Fuerzas Armadas y la posición internacional de la República”. En Zeballos, Estanislao (1974). Diplomacia desarmada. Buenos Aires: EUDEBA, p. 4.
[7] Díaz Loza, Florentino (1987). Geopolítica para la Patria Grande. Buenos Aires: Ediciones Temática, p. 287.
[8] Tokatlian, Juan Gabriel (2014, 12 de mayo), “Ejes de una política para Malvinas”. En el diario La Nación.
[9] Eissa, Sergio (2013), “Política exterior y política de defensa: dos caras de la misma moneda”. En Revista Perspectivas de Políticas Públicas, Año 3, n.º 5.
[10] Aron, Raymond (1987). Pensar la guerra. Clausewitz. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales.
[11] Decándido, Claudia (2022). Perón y la defensa nacional. Buenos Aires: UNDEF Libros, pp. 47.
[12] von Clausewitz, Carl (1999 [1832]). De la guerra. Madrid: Ministerio de Defensa del Reino de España.
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