La retracción de sus salarios en términos reales, los hechos de violencia que los ponen en riesgo en las escuelas, el “ahogo financiero” de la Nación a la provincia de Buenos Aires y “la falta de respuestas” de su gobierno al sector fueron los detonantes centrales del paro que las y los docentes bonaerenses concretaron el último día de junio, con un acatamiento que el frente gremial estimó en un 95%.
Antes de cumplirse 48 horas de la finalización de la huelga, la administración de Axel Kicillof ―que por primera vez enfrentó una medida de tales características, con la confluencia de cuatro gremios― citó a una reunión paritaria para el viernes 3. La repetición de episodios violentos en escuelas, cuyo más reciente ejemplo derivó en un paro distrital en Avellaneda ese mismo día, desplazó al segundo lugar entre los reclamos a la pérdida de alrededor de un cuarto del salario desde el inicio del ciclo lectivo de 2023. Al cierre de esta nota, el gobierno provincial había ofertado un incremento de 2,5%, y el rechazo de la parte sindical había motivado un cuarto intermedio. Cerrado el sexto mes del año, el sector docente de la provincia acumuló aumentos de 9,3%, licuados por el 14,7% de inflación reconocida por el INDEC hasta mayo. Dentro de nueve días el organismo informará su cálculo sobre el índice de precios de junio y podrá conocerse la cuantía total de la pérdida en la primera mitad de 2026.
La convocatoria al paro docente del martes 30 dejó en claro que los gremios no ignoran que la mayor parte de las urgencias por las que reclaman tiene una raíz común, el desfinanciamiento con el que el gobierno de Javier Milei agrava históricos modos de ajuste velado, pero también que protestaron por la ausencia de respuestas provinciales y añadieron la demanda de que la obra social bonaerense IOMA garantice la atención de la salud del sector.
La sobrecarga actual de tareas, el impacto de la menguante tasa de natalidad en las matrículas y el cálculo de cargos y la amenaza de una reforma previsional nacional son otras alarmas encendidas en el sector, que las colocó entre los disparadores de su convocatoria a la huelga. Además de los diagnósticos y reclamos sindicales, al panorama escolar se suma la interrupción del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (conocido como programa MESA), que desde 2022 entregaba alimentos a estudiantes del sistema público provincial en situación de vulnerabilidad. Anticipada por El Cohete el 19 de abril, la suspensión se inició el 1º de mayo, por al menos noventa días. La razón aludida fue el precario estado de las cuentas bonaerenses.
Sin Fondo
El economista Alejandro Morduchowicz, ex funcionario del Ministerio de Educación con Daniel Filmus, estimó que la provincia de Buenos Aires se ubicó en el sexto lugar entre las jurisdicciones con mayor retracción salarial en términos reales entre el inicio del ciclo lectivo de 2023 y el actual. Según Morduchowicz, la contracción en ese trienio alcanzó el 28,2% del salario neto para un docente bonaerense de jornada simple con diez años de antigüedad, dentro de un panorama federal de caídas con pocas excepciones, casos extremos y una decena de distritos con mermas superiores al 20%.
En ese plano, la última década no escapó a las tendencias generales de los indicadores que reflejan la vida asalariada. A comienzos del último ciclo lectivo, Murdochowicz calculó que el salario docente bonaerense había caído casi un tercio desde fines de 2015, con un retroceso paulatino pero notorio en la segunda mitad del macrismo y una recuperación bajo el gobierno del Frente de Todos. En ambos casos, los colores políticos que administraban la Provincia eran los mismos que vestía la Presidencia de la Nación. Cuando la coincidencia comenzó a mostrar que se rompería, con los economistas Milei y Kicillof, inició el más abrupto desplome del periodo.
Por esa razón, los gremios docentes AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA incluyeron dos destinatarios en el reclamo específicamente salarial: el gobierno provincial, por la reapertura de negociaciones paritarias; y el nacional, por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no prorrogó en enero de 2024. El FONID había nacido en 1998, como respuesta del menemismo a la Carpa Blanca que las entidades gremiales emplazaron frente al Congreso en abril de 1997, en protesta por los recortes de presupuestos y salarios de la actividad educativa. Recién se levantó el penúltimo día de 1999, ya bajo el gobierno radical de Fernando de la Rúa, cuando el FONID quedó presupuestariamente establecido por ley como un mecanismo de auxilio de recursos nacionales a las necesidades de las provincias en educación.
De ese modo, la década dejó un parche que mitigó los efectos del ajuste velado de los sucesivos ciclos neoliberales, que fueron transfiriendo responsabilidades educativas y sanitarias a las jurisdicciones subnacionales, sin una asignación correlativa de recursos para responder adecuadamente a las necesidades populares. El FONID fue prorrogado desde comienzos de siglo, hasta que Milei dejó vencer el último plazo el 31 de diciembre de 2023, eliminando por omisión el equivalente al 13,8% del presupuesto ejecutado en la materia en el ejercicio anterior. Pese a la presentación de varios proyectos en el Congreso, permanece sin resurrección.
Las consecuencias fueron críticas en todo el país, con impactos salariales de entre 5,9% y 12,3%, según la jurisdicción. La decisión nacional afectó en especial a la provincia de Buenos Aires, que en 2023 había recibido casi un tercio del total del FONID y arrastra los efectos de la disparidad inversa, al no embolsar transferencias automáticas de Nación equivalentes a su aporte, número de habitantes y problemáticas. Algo equivalente sucede con la eliminación de líneas específicas de financiamiento para las escuelas técnicas, otro de los ítems reclamados por el frente de gremios docentes en la convocatoria al paro del último día de junio.
A dos calendarios
El gobernador Kicillof apostó al litigio judicial por los recursos pendientes, pero durante la instancia de conciliación el gobierno central manejó los tiempos sin siquiera haber enviado a funcionarios de primera línea a las mediaciones. Los recortes descargados sobre las provincias no son originales como receta de socialización del pago de endeudamientos contraídos en beneficio de una minoría, por lo que es improbable que Milei retroceda. Menos posibilidades se vislumbran si a ese elemento se agrega el partidario, que convierte a las aspiraciones presidenciales del Movimiento Derecho al Futuro en un problema para la misma carrera que anuncian.
El financiamiento universitario, el único ítem superior al extinto FONID dentro del presupuesto educativo en la órbita nacional, puede obrar como botón de muestra de lo esperable de cada uno de los resortes previstos: pese a las multitudinarias manifestaciones en las calles y lo ordenado por los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo sigue sin reponer lo licuado. La última noticia es que sus representantes pretenden aprovechar el acuerdo por recomposiciones parciales que rubricaron con las universidades y los gremios el miércoles 10 para derribar la cautelar que, confirmada por la Corte el jueves 25, lo obliga a cumplir de una vez con dos artículos de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y actualizar los salarios a los valores que tenían en diciembre de 2023. Pese a todo el recorrido, el anarcocapitalismo transita ya su décimo mes de incumplimiento de una ley aprobada y ratificada por el Congreso.
Frente a tal ejemplo, hasta ahora el más exitoso intento de freno al desfinanciamiento de la educación pública por vía judicial, asoma como gran desafío del gobierno provincial el interrogante de qué hacer ante una marca que crece en el calendario de las urgencias impostergables. Que no siempre es coincidente con el electoral, al que —sin embargo— tiñe.
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