“Cuando los niños asisten a escuelas que confieren mayor valor a la disciplina y a la seguridad que al conocimiento y al desarrollo intelectual, están asistiendo a escuelas que los preparan para la cárcel”.
Angela Davis, en Democracia de la abolición, Prisiones, racismo y violencia.
Las escuelas no son siempre las mismas. Hay escuelas de primera y escuelas de segunda, algunas equipadas y otras precarias. La desigualdad social que se refuerza con la segregación espacial, se vigoriza y extiende con una educación cada vez más segmentada y fragmentaria. Las escuelas emplazadas en los barrios plebeyos suelen ser lugares experimentados como desbordados. Escuelas llenas de riesgos para los alumnos, pero también para sus docentes y no docentes. La gestión de las situaciones problemáticas riesgosas de la vida escolar está mereciendo cada vez mayor atención en el debate público y las autoridades. Un debate, muchas veces, tomado por el pánico moral, envuelto en una atmósfera de indignación que no colabora en la búsqueda de respuestas creativas y pacientes. Continuando las reflexiones publicadas en mayo en El Cohete a la Luna, en este artículo se revisará la literatura que llega desde el Norte Global que ha abordado este fenómeno. En la próxima nota, reflexiones sobre el problema en estas latitudes.
La securitización de las escuelas: el delito escolar
Hace tiempo, el criminólogo norteamericano, investigador de la Universidad de California, Jonathan Simon, en su libro Gobernar a través del delito (2007), llamó la atención sobre el policiamiento de la educación. Las escuelas están expuestas a la influencia que ejerce la gestión del delito. La centralidad que tienen otros fenómenos vinculados a los jóvenes abordados como problemas criminales, a saber, la asociación de la cultura juvenil con el uso de drogas y la vinculación entre experiencia temprana del delito y perfilamiento de trayectorias criminales, ha redefinido los marcos para abordar las situaciones problemáticas al interior de las propias escuelas.
Hay otros procesos sociales que también contribuyeron a la securitización de las escuelas: el creciente movimiento de las derechas contra la escuela pública, la identificación de las escuelas como lugares invadidos por la delincuencia, y el tratamiento sensacionalista que ensayan los medios sobre determinados acontecimientos que tuvieron a las escuelas como escenario principal.
El delito y la gobernanza del delito, esto es, la tolerancia cero y el discurso de la prevención elaborados alrededor de los delitos callejeros, las pandillas y las drogas, están reconfigurando las interacciones escolares. Dice Simon: “La sanción y la vigilancia compiten con la enseñanza (cuando no la reemplazan) en cuanto modos dominantes de socialización. Pero la violencia muy real de unas pocas escuelas concentradas en zonas de pobreza y carencias sociales pronunciadas ofrece una verdad del delito escolar que circula en todos los sistemas escolares”.
Poco a poco, los problemas de disciplina y convivencia fueron traducidos a otra retórica, presentados como “delitos escolares”. Esta figura no solo sobredimensiona la conflictividad escolar, sino que su tratamiento reclama la intervención de otras agencias. En efecto, instituciones que no formaban parte de la enseñanza –las policías y la justicia de menores– empezaron a cobrar protagonismo en la vida cotidiana de los alumnos. De ahí en más, y poco a poco, la enseñanza empezó a competir con la seguranza. Los alumnos se redefinieron como una población de víctimas y victimarios potenciales. Lo importante ya no es enseñar sino garantizar la seguridad de los alumnos y docentes.
Entre los problemas urgentes con los que se miden las escuelas se señala la presencia o el uso de armas blancas o de fuego, las peleas cada vez más violentas entre pandillas y grupos de pares al interior de los establecimientos, los ataques físicos, las agresiones sexuales, el uso ostentoso de drogas, pero también otros comportamientos menores que, supuestamente, tendrían la capacidad de desordenar y perturbar el proceso de aprendizaje y la convivencia pacífica.
La mayoría de las veces, los “problemas disciplinarios” constituyen eventos extraordinarios, son hechos aislados que, al inscribirse en una serie que junta acontecimientos que tuvieron lugar en distintos momentos y en diferentes establecimientos de ese país, se generalizan súbitamente hasta transformar a la escuela en un lugar inseguro, cada vez más peligroso. Otras veces –en realidad, la gran mayoría– se trata de transgresiones muy menores que se confunden con la vida cotidiana de las escuelas, puesto que forman parte de culturas juveniles, las maneras que tienen los alumnos de relacionarse entre sí o con sus docentes, de desafiar a la autoridad, hacerse ver, testear los límites de los maestros o poner a prueba su paciencia, llamar la atención de sus pares y ganar respeto, componer una identidad, etc. Como sea, estas faltas menores empezaron a ser identificadas como eventos que no hay que dejar pasar, toda vez que pueden ser el comienzo de infracciones mayores.
Por eso, cuando escuchamos “delitos escolares”, Simon está pensando en aquellos pequeños eventos que si bien no constituyen un delito están creando las condiciones para que el delito irrumpa o los jóvenes deriven hacia el delito. Dicho con las palabras de George Kelling, uno de los apólogos de este modelo: “Quien roba un huevo, roba una vaca”, es decir, quien puede lo menos puede lo más. O como decía el director de mi colegio secundario: “Hoy tiran una tiza y mañana ponen una bomba”. Si se quiere evitar futuros dolores de cabeza, hay que luchar paso a paso contra los desórdenes cotidianos. Conviene no subestimar esas pequeñas transgresiones, no ser blandos o indulgentes con sus protagonistas. Para que la lección tenga la capacidad de desalentar o detener una trayectoria criminal, el castigo tiene que ser oportuno y severo.
Todos estos lugares comunes invitan a transpolar prácticas y lógicas de otro campo al interior de la escuela: amplifican la vigilancia escolar sobre los alumnos, especialmente sobre aquellos identificados como quilomberos o productores de riesgo. A partir de entonces, situaciones que antes pasaban desapercibidas o se resolvían sin darle demasiada trascendencia, tal vez conversando entre el maestro y el alumno, o en todo caso con una citación a los padres, empiezan a ser referenciados como eventos inseguros que merecen un tratamiento especial.
Con todo, la tesis de Simon es que la gramática usada para pensar el delito comienza a usarse para abordar los conflictos escolares. Una gramática que generalmente no solo no guarda proporción con lo que realmente sucedió, sino que la reacción propuesta también resulta exagerada. Dice Simon: “El hecho de otorgar semejante importancia a la definición de un acto como delito escolar o de seguridad incide en los incentivos de casi todos”.
En definitiva, asistimos a un proceso criminalizador (“delitos escolares”) que habilita procesos de vigilancia exhaustiva (“policías tutores”) y de punición (“justicia penal escolar”). El resultado de la fusión de la escuela con el sistema penal es un aceleramiento del derrumbe del proyecto progresista en materia de educación y un acercamiento de la gestión de las escuelas hacia un modelo mecanicista con un alto nivel de autoritarismo.
Prisonización de las escuelas: tapadera del fracaso escolar
El profesor en Educación de la Universidad de Nueva York, John Devine, autor de Máxima seguridad, la cultura de la violencia en las escuelas de barrios marginales (1996), y coautor junto a Jonathan Cohen de Cómo hacer de tu escuela un lugar seguro: Estrategias para proteger a los niños y promover el aprendizaje (2007), señala que, durante los ‘90, los programas educativos destinados a abordar las violencias juveniles en los guetos de esa ciudad incorporaron dispositivos de vigilancia y control invasivos que introdujeron cambios en la infraestructura escolar. Devine cree que la reacción precipitada, mediante intervenciones cuasi-policiales, es ineficaz y, en ocasiones, provoca reacciones aún más violentas por parte de los estudiantes.
Su investigación se basa en su experiencia de diez años con el Programa de Colaboración Escolar entre la Universidad de Nueva York y las escuelas de la ciudad, centrado en estrategias de prevención del abandono escolar. En aquellos años empezaron a proliferar en las escuelas de los Estados Unidos escáneres y detectores de metales, se enrejaron los colegios, se levantaron muros cada vez más altos, dispusieron detectores de humo en los baños, se equiparon los establecimientos con sistemas de videovigilancia cada vez más sofisticados, comenzaron a realizarse exámenes de orina y sangre para constatar el uso de drogas, se munieron de perros antidrogas, se montaron aulas antipánico y salas de castigo apartadas de los lugares de circulación habitual de la escuela. Toda esta parafernalia convirtió a las escuelas marginalizadas en una experiencia cuasi carcelaria.
Más aún, en las escuelas de “máxima seguridad”, mientras los docentes se dedicaban a impartir sus contenidos, las cuestiones disciplinarias quedaron en manos de un personal técnico capacitado especialmente para ello. Son los policías tutores, que desempeñan tareas afines a cualquier policía, a saber: detener e interrogar a los alumnos, registrar sus pertenencias y requisarlos si es necesario, multarlos, amonestarlos, incluso, derivar el incidente hacia la justicia de menores. Cada vez son más las escuelas que contratan personal de seguridad privada o requieren policías ad hoc del Estado, que se distinguen del resto de los preceptores porque además de estar uniformados llevan radiollamados y a veces, incluso, portan armas no letales que producen descargas eléctricas o disparan postas de goma. Todos actores especialmente entrenados en tácticas de control paramilitar con hipótesis de conflictos violentos graves.
Pero hay algo más, porque para Devine las escuelas de “máxima seguridad” son la expresión de una escuela que renunció a su tarea y se abroquela, y para justificarse dice que no puede hacer su trabajo por los problemas de seguridad. La seguridad es una farsa para justificar una gestión represiva de un programa educativo fallido. Los conflictos escolares son un síntoma de una escuela que no funciona y que conviene desapercibir amplificando el problema de la inseguridad. Según Devine, resulta más fácil cargar las propias impericias a la cuenta de los problemas disciplinarios que revisar las propias prácticas docentes, los repertorios de acción educativa, los contenidos mínimos que vertebran las clases. El resultado es que las escuelas reciben a los estudiantes menos deseables y se convierten en escuelas menos deseables también. Devine demuestra que estas estrategias policiales no solo son ineficaces, sino que desvinculan a estudiantes y profesores de sus responsabilidades tradicionales.
Tolerancia cero
Entre paréntesis, y para que el lector se dé una idea de lo que estamos hablando, recomiendo ver el documental Tolerancia cero, de la directora Sara Gibbings, donde se repasan y analizan las experiencias en los estados de Texas, Florida, Michigan, Maryland y Massachussets, en los Estados Unidos, y en Madrid, España, desarrolladas en la década del ‘90 como parte de la “guerra a las drogas” y la “guerra a las pandillas”. Experiencias que se expandieron sobre todo después de las masacres en la Escuela Secundaria de Columbine en abril de 1999, donde a raíz de un tiroteo protagonizado por dos alumnos del colegio murieron doce alumnos y un maestro; la masacre en Virginia Tech en 2007, y la masacre en la Escuela Primaria de Sandy Hook en diciembre de 2012, en la que murieron veinte alumnos y seis docentes.
Allí las escuelas empezaron a usar la figura de “policías tutores”, que se dedican no sólo a reprender y sermonear a los alumnos sino a multarlos por el solo hecho de masticar chicles, escribir en las paredes, escupir al piso, usar pantalones semi caídos o vestimenta no adecuada, no sacarse la gorrita, hablar demasiado o demasiado alto, molestar en clase, correr por los pasillos, faltar a clase o llegar tarde a la misma, usar el celular en las aulas, hablarles mal a los profesores, besarse, fumar, etc. Estos policías tutores no sólo están facultados para interrogar a los alumnos en privado, sin la presencia de padres y maestros, y sancionarlos, sino también para detenerlos, esposarlos y trasladarlos a una comisaría o centro de detención para menores con una imputación criminal. La paranoia es tal que, en algunos colegios de los Estados Unidos, han llegado a disponer francotiradores en los techos para repeler a las pandillas que se acercan para amedrentar o agredir a los alumnos.
Ampliación del complejo de control juvenil
Finalmente es interesante traer al ruedo una de las tesis de otro profesor de sociología de la Universidad de California, Victor Rios, autor del libro Castigados: vigilando la vida de los jóvenes negros y latinos (2011), que acaba de ser traducido y publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
La investigación de Rios pretende arrojar luz sobre el complejo de control punitivo que se extiende sobre los jóvenes hasta sobrecriminalizar sus estilos de vida: “el complejo de control juvenil es un sistema omnipresente de criminalización moldeado por el castigo sincronizado y sistemático por las instituciones de socialización y control social. Este complejo es el todo único derivado de la suma de las partes punitivas a las que se enfrentan los jóvenes”.
No hay que acotar la vigilancia, el control y la estigmatización a las policías. Esas tareas involucran a otras instituciones arraigadas en el tejido de la vida cotidiana: los servicios sociales, las familias, los medios de comunicación, los centros comunitarios y, por supuesto, las escuelas. Todas estas instituciones tratan sistemáticamente a los comportamientos y estilos cotidianos de los jóvenes como actividades potencialmente delictivas, por tanto, como actores amenazantes, peligrosos o desviados. Esta híper-criminalización tiene un profundo impacto en las percepciones, visiones del mundo y resultados vitales de los jóvenes. De hecho, para cuando los jóvenes entran formalmente al sistema penal, muchos de ellos ya estaban atrapados en una espiral de criminalización y castigo. Este ciclo comenzó antes de su primera detención, cuando eran acosados, perfilados, vigilados a edades tempranas, antes de que cometieran su primer delito, por aquellas otras instituciones sociales como la escuela.
Un ejemplo, tomado la investigación de Rios: “Abandonando la esquina donde nos había parado la policía, Slick y yo continuamos caminando por su barrio. Mientras nos alejábamos de la avenida y atravesábamos un callejón hasta la casa de Slick, me contó que empezó a faltar a la escuela a los catorce años temiendo por su propia vida, amenazado por los mismos chicos que mataron a su amigo. Slick me contó que los profesores lo trataron de forma diferente tras la muerte de su amigo, como si él fuera el responsable del tiroteo. Cuando llegó tarde a clase unas semanas después del asesinato, su profesor levantó el teléfono y llamó al agente de policía destinado en la escuela. Le dijo al policía que Slick era una amenaza para ella y para otros estudiantes. El agente llevó a Slick a su despacho y le dijo que estaba a punto de morir, igual que su amigo. Slick fue enviado al vicedirector. ‘El vicedirector me dijo: «Tengo que echarte porque has faltado demasiados días a clase»’, explicó Slick”.
Esa es la manera como Rios descubrió que las escuelas expulsaban a los jóvenes que habían sido víctimas: “Los chicos creían que la escuela los consideraba conspiradores para cometer actos violentos como medio de vengar su victimización. Por ello, la escuela solía acusar a los chicos de ausentismo escolar por los días que faltaban para recuperarse de las agresiones violentas y lo utilizaba como justificación para expulsarlos. (…) Tras ser expulsado de la escuela, sintiendo que ‘no tenía adónde ir’, Slick pasaba la mayor parte de las horas lectivas con sus amigos frente a la misma intersección en la que mataron a tiros a su amigo, arriesgándose a ser víctima de nuevas agresiones”.
Con todo, el sistema penal –analiza Rios– se ha ido incrustando en las instituciones de la comunidad para resolver otros problemas sociales. La escuela toma a los estudiantes problemáticos o con problemas como delincuentes en potencia, contribuyendo con ello a crear aquello que dice estar resolviendo o queriendo resolver. Los constantes encuentros negativos con los referentes de las escuelas llevan a los jóvenes a volverse adversarios, a perder la fe en la escuela, incluso a desarrollar prácticas de resistencia para hacerle frente. Resistencias que, cuando la escuela las confunde con el delito, pone las cosas más difíciles para esos chicos en el presente y su futuro.
La tentación securitaria
No hace falta decir que todos estos análisis le quedan grandes a la escuela argentina. Sin embargo, hay sobradas razones para estar atentos. Algunos eventos graves pero aislados han merecido un tratamiento sensacionalista por parte de los medios, otros muy menores van caldeando los ánimos del plantel docente y sus directivos. Se debe tener en cuenta que la escuela argentina en las grandes ciudades, sobre todo en los barrios marginalizados, es una escuela desbordada, por tanto, tienden a subirle el precio a los conflictos con los que se miden. Y lo que es peor, muchos funcionarios que están arriba de las decisiones corren para donde disparan las encuestas e improvisan protocolos o medidas que le agregan más incertidumbre y enojo a la comunidad educativa. Mientras tanto, la seguridad ha comenzado a permear la narrativa de la enseñanza y la tentación de apelar a ella es muy grande, sobre todo cuando falta plata y no sobran ideas nuevas.
* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de sociología del delito en la Especialización y Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Temor y control; La máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil, Prudencialismo: el gobierno de la prevención; La vejez oculta y Desarmar al pibe chorro.
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