La maquinaria estadounidense para intervenir en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre en Brasil ya está activada. La estridencia y vulgaridad de Javier Milei el sábado pasado en Sao Paulo para ungir la candidatura de Flávio Bolsonaro a la presidencia de Brasil es, por escandalosa y ridícula, la arista más difundida de la ofensiva construida por Estados Unidos para hundir la candidatura del Presidente Lula y lograr el alineamiento total del subcontinente sudamericano con Washington. Sin embargo, es solo una anécdota de mal gusto.
Tres días antes de los insultos propinados por Milei al Presidente Lula y a un magistrado del Supremo Tribunal Federal, en territorio brasileño, el gobierno estadounidense prorrogó por un año más la orden ejecutiva que considera a Brasil una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ello permitió reactivar los aranceles del 25% que le impuso a Brasil al terminar la Cumbre de los BRICS realizada en Río de Janeiro en julio del año pasado. A este 25%, impuesto el 22 de julio último, le añadió un 12,5% dos días después, por no haber combatido de manera efectiva el trabajo forzado en sus cadenas de producción, lo que afectó a otros 60 países, incluidos 18 latinoamericanos, tal como señalamos en El Cohete la semana pasada.
Keiko Fujimori, consolidada en el poder en el Perú el martes pasado —su canciller ha sido director de comunicaciones de la embajada estadounidense en Lima durante quince años (2008-2023)—, y Abelardo de la Espriella, alistándose para asumir el poder el 7 de agosto en Colombia, suman fichas para la Casa Blanca. Pero su estrategia para imponer el triunfo de Flávio Bolsonaro en la presidencia de Brasil no parece ir por buen camino.
Los pecados originales
El origen de esta imposición arancelaria fue el audaz discurso de Lula en la Cumbre de los BRICS en julio del año pasado en Río de Janeiro, así como el desacuerdo de Trump con el juicio que se llevaba a cabo contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y liderazgo de una organización criminal tras las elecciones de 2022.
Durante sus intervenciones en aquella Cumbre, Lula advirtió que el sistema de salud mundial era blanco de ataques sin precedentes (Trump y Milei se retiraron formalmente de la Organización Mundial de la Salud a principios de 2026) y que requisitos absurdos de propiedad intelectual seguían restringiendo el acceso a los medicamentos. Señaló que el derecho internacional se había convertido en letra muerta, que nos enfrentamos a un número de conflictos sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y que es más fácil asignar el 5% del PIB al gasto militar que el 0,7% prometido a la ayuda oficial al desarrollo. Esto pone de manifiesto que los recursos para implementar la Agenda 2030 existen, pero no están disponibles debido a la falta de prioridad política. Siempre es más fácil invertir en la guerra que en la paz, señaló.
Añadió que la instrumentalización de la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pone en peligro la reputación de un organismo fundamental para la paz. “El miedo a una catástrofe nuclear ha vuelto a la vida cotidiana”. Y como cereza del postre, dijo que el bloque de los BRICS está trabajando por sistemas de pago transfronterizos más rápidos, baratos y seguros, que incentivarán los flujos de comercio y servicios. Tampoco se hizo problema en encargarle al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) la creación de una moneda comercial que evite que el dólar sea la única con validez para dichos intercambios.
El 9 de julio del año pasado, dos días después de culminada la Cumbre de los BRICS, un furibundo Presidente Trump le impuso a Brasil un arancel de hasta un 50% a gran parte de sus importaciones. Los factores que Washington esbozó para aplicar dichos aranceles fueron:
- La utilización del sistema de pagos instantáneos y transferencias electrónicas, PIX, de uso gratuito, desarrollado y gestionado por el Banco Central de Brasil, que rompió las comisiones de monopolios estadounidenses como Visa y Mastercard, y permitió su expansión internacional evitando parcialmente el sistema SWIFT.
- El “trato vergonzoso” que se le daba al ex Presidente Jair Bolsonaro, al estar siendo investigado por el Poder Judicial brasileño por intentar dar un golpe de Estado en enero de 2023.
- El déficit comercial que tenía Estados Unidos con Brasil, hecho absolutamente falso.
- Las tensiones derivadas de las regulaciones sobre contenidos en las plataformas tecnológicas de Estados Unidos. (X, Meta, Google) por el control de la desinformación electoral, catalogado por Washington falsamente como “censura”.
Los aranceles impuestos a Brasil aquel 9 de julio del año pasado fueron congelados poco después debido a un freno judicial ordenado por los propios tribunales estadounidenses, que establecen un período obligatorio de 12 meses para recopilar pruebas y realizar audiencias y descargos cuando se abre una investigación por “prácticas desleales”. Así, un año después estos se reactivaron con el objetivo político de golpear la economía y las fábricas brasileñas tres meses antes de los comicios de octubre, dándole la narrativa perfecta a su aliado Flávio Bolsonaro para acusar a Lula de haber destruido la relación comercial con la principal potencia mundial. Para Washington, el intento del gobierno brasileño de ejercer un manejo soberano de su economía es visto como una insubordinación intolerable, por lo que el gobierno utiliza la “amenaza a la seguridad nacional” como lo hace con Cuba o con cualquier país por el simple hecho de no alinearse a sus designios, para imponerle sanciones o aranceles.
La respuesta de Brasil y el efecto búmeran
El miércoles último el gobierno brasileño emitió una nota oficial que rechazó la medida y calificó como infundadas las alegaciones de que el país representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional a la economía de Estados Unidos. Asimismo defendió la independencia de sus poderes frente a los cuestionamientos sobre procesos judiciales y decisiones de su Corte Suprema.
El gobierno está estructurando una respuesta legal que considera la aplicación de aranceles recíprocos a productos estadounidenses. Sin embargo, los aranceles son un arma de doble filo porque, de aplicarse masivamente, se corre el riesgo de encarecer los propios insumos industriales que usa Brasil.
Para mitigar el impacto interno, Lula sancionó de urgencia una ampliación del Plan Brasil Soberano, inyectando más de 3.500 millones de dólares en líneas de crédito para rescatar y subsidiar a las industrias nacionales golpeadas por el “tarifazo” de Washington. Los sectores afectados son los industriales medianos y manufactureros que Washington busca desplazar para favorecer a sus propias fábricas: maquinaria pesada, equipos industriales, calzado de cuero, muebles de madera, confecciones textiles y aceites industriales. Estados Unidos dejó fuera del castigo al café, la carne de res y el petróleo crudo brasileño, demostrando que cuando un producto es vital para su propia economía las “preocupaciones éticas” de Washington desaparecen por completo.
Asimismo, el gobierno brasileño presentó formalmente una solicitud de consulta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) argumentando que ambos aranceles (el 25% por “prácticas desleales” y el 12,5% por no tomar en cuenta el “trabajo forzado” en sus encadenamientos productivos) violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
El problema es que la OMC es hoy un cuadro pintado en la pared, debido a que Estados Unidos lleva años utilizando su derecho de veto para bloquear sistemáticamente el nombramiento de los siete jueces del Órgano de Apelación del Mecanismo de Solución de Diferencias de ese organismo. Al no haber quorum, el tribunal está técnicamente desmantelado, con lo cual las apelaciones quedan en un limbo legal. El propio gobierno de Lula reconoce internamente que ir a la OMC no busca una resolución judicial rápida, sino emitir una señal política internacional y construir legitimidad moral para justificar sus propias medidas de reciprocidad comercial ante la comunidad global.
La puesta en escena de Milei y la agresión económica estadounidense han terminado activando el nacionalismo defensivo del electorado brasileño, por lo que el tiro les ha salido por la culata. Los últimos sondeos de peso (AtlasIntel/Bloomberg, Datafolha) indican que Lula mantiene y amplía su ventaja (más de 8 puntos en segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro) y su nivel de aprobación ronda el 48%. Asimismo, el electorado prefiere priorizar el comercio con China (52%) frente a Estados Unidos (35%).
Conclusión
El intento de asfixiar económicamente a Brasil parece haber convertido la agresión en combustible para el apoyo local en la defensa de la soberanía brasileña. Poco antes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre tendrán lugar dos eventos en los que el Presidente Lula denunciará el doble rasero que utiliza Estados Unidos para doblegar a los países que pugnan por su desarrollo independiente. El primero será la 18ª Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, el 12 y 13 de septiembre. El segundo, el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 del mismo mes en Nueva York.
Por una tradición que se remonta a 1947, Brasil es siempre el país encargado de pronunciar el discurso de apertura en el debate general de la Asamblea. Esto significa que, en vísperas de las elecciones presidenciales del 4 de octubre el Presidente Lula habrá tenido la atención en dos foros internacionales que captan la atención mundial. Es muy probable que denuncie en ambos el uso punitivo del comercio como arma política para castigar tecnologías soberanas como el sistema PIX o para interferir en decisiones judiciales de otros Estados. La defensa de los intereses de la industria y de la soberanía digital de su país, así como las de los países emergentes, tendrá un enorme impacto doméstico en plena campaña electoral y reforzará la narrativa del gobierno, que enfatiza que Brasil no es el patio trasero de nadie, sino un jugador de las ligas mayores de la política internacional.
En este contexto, la elección presidencial mostrará con total claridad el contraste entre la estatura de un estadista que se mueve en las altas esferas de la geopolítica mundial frente a una candidatura de corte hereditaria y tutelada, que depende de los insultos a su contrincante por figuras externas como Milei para intentar levantar vuelo. La soberanía de una nación no se defiende con invitados que gritan en tarimas ajenas, sino articulando respuestas económicas internas y alianzas estratégicas internacionales.
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