El incipiente debate en torno a la Ley de Presupuesto para 2027 y el fracaso de las paritarias de docentes y no docentes confirmaron que el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales no quedó cerrado con la aceptación de la oferta de junio para recomponer sueldos y otros recursos en porcentajes inferiores a los fijados por el Congreso y la Justicia.
Como relató entonces El Cohete, la polisemia del término fue utilizada con astucia por el oficialismo, que presentó al acuerdo como la clausura de un conflicto casi tan antiguo como la aleación gobernante. No menor fue la picardía anarcocapitalista para acercar una oferta de 21,33% de incremento cuando la Corte Suprema debía resolver sobre una cautelar que obligaría a actualizar salarios y becas en un porcentaje mucho mayor, hasta equipararlos con los que regían cuando Milei estrenó su licuadora inflacionaria.
Los cortesanos no tenían muchas más opciones que dejar firme la cautelar, avalada por dos instancias judiciales previas, pero la incógnita por sus impredecibles tiempos jugó a favor del oficialismo. La mayoría de los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a seis decenas de universidades públicas, aceptaron la oferta. En cambio, no admitieron que se incluyese en el acta una cláusula por la que se daría por desistida a la cautelar que esperaba resolución.
La negativa a renunciar al litigio no impidió que el gobierno utilizase al acuerdo frente a la consideración de los estrados judiciales y la opinión pública. Con los primeros no tuvo éxito, porque la Corte dejó firme la cautelar dos semanas después, aunque desde entonces transcurrió ya un trimestre y la ejecución sigue demorándose. El respaldo popular podrá sondearse en menos de un mes, cuando el 15 de octubre se concrete una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada tras las últimas noticias del despojo y sus proyecciones para 2027. Será la quinta en tres años.
Ver esta publicación en Instagram
De moras
La demora en la ejecución de la cautelar anida en los despachos del juez Martín Cormick, el primero en responder favorablemente a la solicitud de las universidades y los gremios para que se obligue al gobierno a cumplir al menos los artículos de la Ley de Financiamiento a la Educación Universitaria que involucran necesidades alimentarias.
La ley ordenó actualizar salarios, becas y gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada seis semanas después, luego de que Milei repitiera el veto aplicado un año antes contra una normativa similar. Cuando las votaciones aseguraron el respaldo de dos tercios de los integrantes de ambas cámaras, el Presidente no tuvo más alternativa que promulgar la ley, pero en el mismo decreto suspendió su implementación bajo argumentos que las sucesivas instancias judiciales desestimaron. La obstinación presidencial derivó en la demanda de inconstitucionalidad planteada por universidades y gremios, todavía sin resolución siquiera de primera instancia.
La cautelar, que solicitó preservar los urgentes ítems de salarios y becas, por definición debería ser más veloz. Sin embargo, al cierre de esta nota el juzgado a cargo de Cormick no ha ordenado su ejecución ni fijado penalidades ante el incumplimiento. El magistrado se entregó en cambio a un ritmo postal de intervenciones, que pueblan el expediente con los cálculos forzados de una parte y las refutaciones de la otra, pese a que tanto los salarios universitarios como la medición oficial de inflación son datos de acceso público.
Sigamos en contacto
Cuando la Corte dejó firme la cautelar, Cormick quedó en posición de intimar al gobierno por su ejecución. Sin embargo, optó por una todavía inconclusa sucesión de pasos previos. El 21 de agosto se celebró una audiencia de mediación que naufragó, entre otras razones porque los representantes del oficialismo se negaron a dejar escrito su compromiso de actualizar el financiamiento de los hospitales universitarios de Capital Federal, La Rioja, Mendoza y Córdoba. Días después, a pedido de la Universidad de Buenos Aires, el propio juez amplió a ese rubro la cautelar concedida.
Ver esta publicación en Instagram
El Ejecutivo nacional pretendió que se fijase una nueva audiencia para fines de septiembre, lo que le hubiera permitido asegurar un mes más de postergación. Cormick se negó, pero a cambio volcó el litigio a un diálogo cuasi epistolar: antes de intimarlo a aplicar lo dispuesto, requirió al gobierno que informe el grado de cumplimiento dado a la medida hasta entonces, pese a haberla resistido ante tres instancias judiciales.
El Ejecutivo respondió que con el acuerdo del 10 de junio había otorgado un incremento salarial superior al ordenado por la cautelar. Como señaló el Consejo Interuniversitario Nacional en su refutación, el cómputo oficial forzó los calendarios. Para concluir que había aplicado aumentos superiores a la inflación, el gobierno calculó la acumulada entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 y la comparó con los incrementos registrados entre el mismo mes de inicio y junio de 2026, cuando fue acordado el último.
Si todos los aumentos otorgados por Milei a docentes y no docentes compensasen el alza de precios relevada hasta agosto de 2025, la pérdida salarial equivaldría ―sin contar retroactivos― a la inflación registrada desde entonces. De acuerdo al INDEC, el acumulado es de 33,55%. Esa es la cifra que arroja la estimación más módica, tomando por ciertos los aumentos salariales informados por el gobierno y sin poner en discusión el controvertido modo oficial de medir la inflación.
El CIN objetó también lo comunicado por el Ejecutivo nacional en materia de becas, ya que sólo se refirió a los aumentos en el programa “Manuel Belgrano”, cuya última convocatoria incluyó 36.000 cupos, a distribuirse únicamente entre estudiantes de carreras consideradas “estratégicas”. En cambio, no se informó el estado del resto de las líneas de acompañamiento estudiantil, explícitamente incluidas por uno de los artículos de la ley habilitados por la cautelar. El CIN denunció que sólo las becas que llevan el nombre del prócer tuvieron una actualización, aunque el gobierno calculó sus alcances apelando al mismo almanaque que utilizó para medir la evolución de los salarios. Las del programa “Progresar”, que llegan a unas 400.000 personas, fueron lisa y llanamente ignoradas en el informe elevado al magistrado.
Cormick dejó pasar ocho días desde elevado el escrito de refutación del CIN antes de requerirle al Ejecutivo nacional que se expida sobre las observaciones formuladas por el organismo. El principal interrogante ha pasado a ser qué tipo de colección de inconsistencias decidirá al juez a clausurar el intercambio de escritos, mientras cientos de miles de personas ven cada día más demorada la recomposición de sus salarios o becas.
Daño nuevo
El futuro inmediato no parece ofrecer caminos menos conflictivos. El jueves 17 fracasaron las paritarias de docentes y no docentes, cuyas representaciones rechazaron la repetición de la oferta que el gobierno había expuesto dos semanas antes, cuando se concretó la primera reunión luego del acuerdo de junio: un 3% de incremento sobre los sueldos de septiembre.
La insistencia del oficialismo en tan significativo porcentaje derivó en la convocatoria al paro que docentes y no docentes iniciaron el viernes 18 y continuarán el martes 22, completando 48 horas de huelga. El sector no docente anunció que un día más tarde comenzará un calendario de paros rotativos que se extenderá hasta el 14 de octubre, víspera de la Marcha Federal que pondrá a prueba el grado de adhesión popular a los reclamos, luego de cuatro convocatorias a protestar en las calles y un acuerdo con el gobierno.
Serán semanas cruciales también para vislumbrar el 2027. El miércoles 16, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó el cálculo de los recursos necesarios para que las universidades que lo integran puedan cumplir sus funciones. La estimación fue de once billones de pesos. El proyecto de Presupuesto que el oficialismo pretende aprobar les asignaría 7,3 billones. Nuevamente, 33% abajo.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí