El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) elevó su voz ante la Cámara Federal porteña contra el sobreseimiento de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista que entre 2017 y 2018 auscultó a casi medio millar de periodistas. En la Radio Nacional de Córdoba, un esquema de censura con control previo de contenidos y restricciones a entrevistas con funcionarios públicos fue denunciado por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Una emisora con 35 años en el Conurbano bonaerense acaba de ser emplazada por una jueza para que desmonte su antena.
El caso más urgente –la jueza fijó un plazo de diez días– se debe a que un transeúnte denunció su temor de que una antena de radio le cayera encima. El caminante, que en lugar de mirar por dónde pisaba iba auscultando en las alturas, está ligado a un empresario detenido por su participación en actividades delictivas por millones de dólares, de las que dio cuenta El Cohete en razón con una maniobra que benefició al grupo Techint.
En el de mayor alcance, media docena de provincias ven limitadas sus posibilidades de expresión y de desempeño profesional en las filiales provinciales de la Radio Nacional, dependiente del gobierno nacional.
El más tenebroso es el que sobreseyó a los directivos del espionaje vernáculo.
Espías federales
Una forma sutil de imponer la autocensura consiste en dejar trascender que se espía a los cronistas de la actualidad. A la directora del Buenos Aires Herald la citaron para mostrarle su carpeta de datos, entre otras 402 que llenaban una mesa, algo propio de 1976. Su ficha atesoraba datos como si era “feminista”, algo imprescindible para mantener la “seguridad nacional” en los términos en que lo entendió el juez Marcelo Martínez de Giorgi hace semanas, al sobreseer –sin indagatoria– a los imputados de espionaje ilegal en el marco de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el G20 en Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri.
Contra el sobreseimiento de Silvia Majdalani, Gustavo Arribas y otros dos directivos de la AFI apeló el SiPreBA, representado por abogados del CELS, ante la Cámara Federal integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes debieron oír el detallado relato de Estefanía Pozzo.
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Radio Nacional
En la filial Córdoba de Radio Nacional, sus trabajadores denunciaron control de contenidos, restricciones a entrevistas con funcionarios y hasta listas negras de artistas; algo que para las autoridades de la emisora es mera “línea editorial”.
El CISPREN expresó su preocupación por tales restricciones y por los recortes de programación propia.
En una resolución con la firma de su presidente provisorio, Facundo Torres Lima, la Legislatura de Córdoba sostuvo que “no puede permanecer ajena cuando se denuncian situaciones que podrían afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la de prensa y el acceso a la información”.
La denuncia fue nacionalizada por la FATPREN, desde donde señalaron que Lali Espósito encabeza la lista de artistas cuya difusión es coartada en la emisora dirigida por Fernando Subirats, quien responde a Carlos Curci, interventor de los Medios Públicos.
También FOPEA denunció el esquema de censura al señalar que las autoridades de la emisora prohibieron entrevistas con funcionarios y establecieron que los productores deben someter a aprobación una planilla diaria con las propuestas de notas, temas y fuentes. Afirman que tales instrucciones fueron informadas por la Gerencia de Emisoras, a cargo de Gabriela Mambretti, por vía virtual a los profesionales de la Radio. Por caso, rechazaron una nota acerca de una vacuna pediátrica incorporada al calendario provincial.
Al congelamiento salarial señalado por FATPREN y la reducción de la programación local que bien conoce el Círculo, FOPEA agregó que las restricciones no se limitan a Córdoba, ya que verificó reclamos similares en otras cinco emisoras de Radio Nacional, lo que calificó como episodios de “censura”.
Fuentes oficiales dejaron trascender a medios locales que tales decisiones partían de la reestructuración impulsada por Javier Milei: desde su asunción dieron de baja 600 contratos de conductores, columnistas y productores, lo que, sumado a los retiros voluntarios y la culminación de contratos, redujo la dotación de 2.100 trabajadores a 950.
Apriete conurbano
Una jueza ordenó desarmar la antena de una emisora en un plazo de diez días, en coincidencia con el interés de un empresario apresado por delitos en varias provincias, acusado de haberse quedado de forma indebida con quince millones de dólares.
Al empresario José Rossi le molesta la FM del Este (con más de 35 años en Berazategui), que funciona en un predio enorme que incluye a los viejos galpones de Miguel Miranda (asesor de Juan Perón, en cuyo primer gobierno presidió el Banco Central). Rossi se presenta ora como dueño, ora como administrador de ese lugar.
Ya en 2016, Rossi fue acusado por dos sobrinos de vaciarles la metalúrgica DEPOFER. Carga con una pesada causa que incluyó allanamientos en varias provincias y secuestros de material siderúrgico con desvíos hacia firmas creadas por él y su hijo. Ambos fueron encausados por defraudación a bancos, a un prestamista y por amenazas de muerte contra una jueza.
Ya en esta década, los Rossi se vieron implicados en otro delito federal: el resonado robo de caños para gasoductos en el norte argentino, escondidos en depósitos de Quilmes y Berazategui, donde está la radio molesta y desde donde se hicieron eco constante de las actividades delictivas que llevaron a Rossi a prisión. Otro que terminó tras las rejas fue el intendente salteño de la ciudad donde levantaron los caños de la obra cuya reconstrucción sólo benefició a Techint, como relató El Cohete aquí.
Mientras Rossi estaba en una alcaidía, un allegado denunció que al pasar por la vereda donde está la FM Del Este le pareció que la antena podía caérsele encima. Tal caminante presentó una denuncia judicial en pos del desmonte de esa antena.
Ya a partir del Día del Periodista de 2019, el dueño de la emisora, Alberto Sabini, quedó amparado por una medida cautelar, ampliada hacia mayo de 2021. Las apelaciones trajeron la causa hasta el reciente 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista, en que la jueza María del Carmen Campodónico –del Juzgado Civil y Comercial 9 de Quilmes– resolvió dejar sin efecto las cautelares e insistir con la orden de demolición en menos de diez días. Esto fue apelado por el abogado de la radio, Dante Morini, quien cuestiona la demanda por varias razones.
El demandante presentó un dictamen en que recomendaba el “desarme inmediato” de la antena firmado por un “ingeniero laboral”. Tal especialidad –cuestiona Morini– es ajena al cálculo estructural, la resistencia de materiales y el diseño de estructuras. El mismo ingeniero reconoció: “Me veo en la situación de advertir a V.S. múltiples deficiencias (…) que me llevaron a consultar a un colega especialista”. Con semejante admisión, dejó servido en bandeja el remate de Morini: “el perito se tomó un café con quien él considera que es experto, de quien desconocemos la identidad y título habilitante. Ese supuesto tercero asesoró al perito, quien se supone es el especialista (?)”.
En su apelación, Morini señala el error de la jueza al considerar un dictamen que no realizó cálculos estructurales, ni accedió a planos, ni efectuó ensayos de materiales y que fundó una supuesta “leve inclinación” de la antena en la comparación visual con una pared. Tal cálculo a ojímetro había sido desechado en 2021 por el ingeniero civil Guillermo Palmieri y el arquitecto Claudio Prieto: “Si son estimativas, sin fuerza asertiva y soporte objetivo, no pasan de ser una conjetura”. Por todo eso, la Sala II de la Cámara de Apelaciones había considerado ya que el denunciante no demostraba el posible daño a sus bienes.
FM Del Este considera que la resolución de la jueza configura “censura previa y viola la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información”. Su abogado escribió que “ordenar el desarme de la antena de una radio equivale a impedir la emisión: no se censura un contenido, se suprime el medio”, cuando no hay declaración de ilegitimidad de la actividad radial ni se ponderó el derecho constitucional a informar y ser informado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) prohíbe la restricción del derecho de expresión. La actividad radial es de interés público, protegida por ley especial. La Corte Suprema ha recordado que la libertad de prensa es ‘una de las que poseen más entidad; sin su resguardo existiría tan sólo una democracia nominal’”.
Si voltean la antena, esa medida sería irreversible. La cautelar no puede otorgar lo que es materia de la sentencia. Al ordenar el desarme de la antena, “la medida no asegura el cumplimiento de una eventual sentencia favorable al actor: la ejecuta por adelantado. Aun si se admitiera la hipotética existencia de deficiencias en la antena, la respuesta proporcionada no era el desarme, sino intimar a realizar los ajustes y refuerzos que recomendaba el informe del antenista Ernesto Oscar Riveros (18/2/2026), o disponer un nuevo peritaje por profesional idóneo.
La resolución apelada reconoce que el informe del antenista concluyó que “la torre se encuentra en condiciones” y “se recomienda no tocar ni mover”. Ese informe fue descalificado por la jueza, que lo consideró “escueto y falto de análisis científico”, pero valoró el del ingeniero laboral que no realizó cálculo alguno.
Además, Campodónico omitió la intervención del organismo nacional competente en radiocomunicaciones: el ENACOM, autoridad de aplicación de las leyes 27.078 y 26.522.
Por todo ello, en defensa de la FM, el Círculo Regional de Prensa adhirió a la solicitud de que se deje sin efecto el desarme de la antena; que intervenga el ENACOM; que se declare la nulidad de la pericia del ingeniero “laboral” y que, en caso de deficiencia, se ordene la medida menos gravosa.
Estos casos son sólo ejemplos –uno federal, uno provincial y uno municipal– de las nuevas formas adoptadas por la censura, ya desde el poder económico, el gubernamental o el de los sótanos de la democracia.
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