MARTINIANO, DE CAÑO

Un entuerto para el candidato a primer diputado provincial por la Tercera

 

El ex cocinero mediático Martiniano Molina afronta un problema penal justo en medio de su campaña bicéfala: a la vez que encabeza la lista de Juntos para encaramarse como legislador provincial, impulsa la tira de concejales cuyo primer postulante es Ignacio Chiodo, protagonista de un escándalo por haber sido funcionario del municipio donde escondían caños robados y porque, además, es abogado defensor del empresario imputado.

Los caños robados de una obra de gas natural en Salta, colocados e instalados, fueron valuados en unos 15 millones de dólares. Una parte, con los números de serie limitados, fue hallada en depósitos de Quilmes y Berazategui.

Según la acusación, su traslado estuvo a cargo de la empresa CoMarfil SA, cuyo presidente Matías Rossi fue imputado por robo agravado y fraude a la administración pública por su presunta participación en el robo de 52 tubos del gasoducto.

Esos caños fueron escondidos en un predio habilitado por el subsecretario municipal de Coordinación Jurídica y Asuntos Penales, Ignacio Chiodo, en los últimos cinco días de la gestión del intendente Martiniano Molina, antes de ser reemplazado por Mayra Mendoza, hacia diciembre de 2019.

 

El concejal Chiodo junto a su padre como abogados de Matías Rossi.

 

A comienzos de este octubre, un prófugo de la causa salteña fue detenido en Quilmes, con lo cual se agitó de nuevo el tema. Martiniano salió a hablar esta semana en un canal porteño, donde concentró casi todas las referencias a su distrito, algo que no venía haciendo porque se dedicaba a reforzar su campaña por la diputación provincial en la Tercera Sección que perdió ante Mariano Cascallares, como ya detallara El Cohete.

Su redireccionamiento discursivo tendía a defender al concejal Chiodo, que va por su reelección: “Es un quilmeño que quiere a su ciudad”, dibujó Molina, quien le dijo al medio NuevaBA: “Él trabaja en el estudio Chiodo, que es del padre y, como ese trabajo, tienen otros”.

La excusa de Martiniano choca contra las filmaciones de la Fiscalía, donde su candidato local participa de las audiencias.

 

 

En la del 24 de junio se ve a Ignacio Chiodo (h) como codefensor a partir de la hora 2:17:

 

 

El 29 de septiembre, desde el comienzo, se menciona a “Chiodo hijo”, que aparece en primer plano para decir que deja como codefensor a su padre ya que él tiene “otro debate y no podría asistirlo” esta vez.

Tanto Matías Rossi como su papá José fueron eximidos de la prisión que pidiera la fiscal Ximena Santoro el 29 de marzo por considerar que entorpecían la investigación y que ocultaron pruebas de alguno de los tres predios en los que se encontraron caños y vehículos.

José Rossi está casado (según acta notarial BAA03862921 a la que accedió El Cohete) con Rosa Olinda Caracciolo, quien como titular de Presol tramitara la habilitación del predio para depósito. El abogado de esa empresa era Chiodo padre, uno de cuyos hijos le firmó el decreto, como se documenta aquí:

 

Las firmas de Chiodo y Martiniano Molina en la habilitación del depósito donde se hallaron los caños robados.

 

 

Hablarlo en sesión

El tema, a los gritos, fue central en la siguiente sesión del Concejo Deliberante de Quilmes cuando la concejala Eva Mieri (Frente de Todos) comentó la “conexión quilmeña” del “robo de caños”. Le contestó el edil Guillermo Galetto (Juntos), quien primero la consideró una “fake news” para después acusar del robo a “La Cámpora”, lo que motivó risas, audibles en la grabación.

 

 

Luego, el involucrado Chiodo chuceó: “Estoy en condiciones de asegurar que nadie del gobierno quilmeño anterior está involucrado en el caso de los robos de caños. Le voy a enviar a la concejal una copia del expediente que me remitió el fiscal del caso”.

Sin embargo, la concejal no recibió el expediente que Chiodo dijo tener en su celular, según Mieri confirmó durante la noche del jueves a El Cohete. Este medio se comunicó con Molina, quien derivó el caso a su jefe de prensa, también vocero de Chiodo en la campaña electoral. Su sector se niega “a responder operaciones; para nosotros es un tema viejo, cerrado”.

 

Concejales Guillermo Galetto (Juntos) y Eva Mieri (Frente de Todos).

 

 

 

Cronología

En 2013, el gobierno nacional adjudicó a la empresa Servicios Vertúa un tramo del Gasoducto Troncal del Noreste Argentino (GNEA), que preveía un tendido de 230 kilómetros de cañerías desde Salta hasta el límite con Formosa. La obra se vio interrumpida por conflictos con pueblos originarios. La empresa cobró pero pidió más por los “días improductivos” en que la obra estuvo parada.

Uno de los empresarios con interés en esa obra era Paolo Rocca, que perdió la licitación por haberla valuado más cara. Su grupo Techint fue aportante en la campaña de Mauricio Macri hacia la Presidencia.

Para septiembre de 2015, un grupo de desocupados bloqueó la entrada de un campamento de Vertúa en reclamo de puestos de trabajo. La Policía disparó balas de goma, hirió en la pierna al hijo de dos años de Pablo Moreno, quien con una botella de combustible dejó a dos policías envueltos en llamas. Moreno murió detenido seis meses más tarde.

A finales de ese año, cuando Macri se hizo del gobierno, “Techint colocó en la administración a Miguel Angel Ponte (ex Tenaris) en la Secretaría de Empleo, y a Mario Agustín Dell’Acqua (ex Ternium) en Intercargo y Aerolíneas Argentinas”, según recordó aquí Sebastián Premici.

Rocca aún no saltaría sobre EnArSA, que pasaría a llamarse Integración Energética Argentina S.A (IEASA), el ente estatal administrador de las obras de gas y petróleo que hacia agosto de 2017 llamó a licitación 01/17 para la construcción del GNEA, en el tramo entre Salta y la interconexión con el gasoducto de Formosa.

Ese ente, a través de un Pliego Borrador de mayo de 2018, convocó al mercado a mejorar el Pliego para el GNEA en Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe.

La segunda licitación, el 25 junio de 2018, fue previa a la contratación para el Tramo 1 desde Progresiva 17 de Salta hasta límite con Formosa: 230 kilómetros.

En agosto de 2018, a la dirección de EnArSA llegó el hombre de Techint, Dell’Acqua.

Diez días después, Raúl Vertúa fue preso, mencionado en los cuadernos del agente de inteligencia Oscar Centeno, y presionado para que mintiera sobre pagos de coimas por la obra pública.

En septiembre de 2018, IEASA presentó 19 denuncias de robos de caños. Las radicaron en seccionales de Coronel Juan Solá y Aguaray, del norte salteño.

“Lo hicieron en comisarías que no tenían recursos ni patrulleros, y nunca se recuperó un maldito caño. Estas indolentes denuncias, como las calificó el fiscal Eduardo Villalba, fueron una suerte de coartada, presentadas por inspectores de obras”, sostuvo el salteño Antonio Oieni, un periodista de investigación premiado desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por su descubrimiento de las minas antipersonales a lo largo de la cordillera. Oieni sigue el caso desde el diario El Tribuno.

A fin de aquel año Vertúa fue liberado, sin que le explicaran por qué.

El 7 de febrero de 2019 un abogado de Vertúa denunció que fue informado por los pobladores sobre el robo de caños, lo que motivó el accionar del fiscal de Orán y allanamientos en las petroleras Perterser SRL y Weatherford Internacional.

Pero como había otra denuncia de IEASA por robos similares, la investigación quedó en manos del juez de Tartagal, Carlos Alberto Martínez Frugoni, quien “no hizo nada desde mayo de 2019. Frugoni fue designado por Macri en 2017 a pesar de todas las impugnaciones”, publicaron aquí Félix Herrero y Juan Pablo Olsson.

Mientras, el 30 de abril, se había convocado a otra licitación, la 01/19, para Operación y Mantenimiento del GNEA, en Santa Fe y Chaco.

En uno de los distritos donde se daban los robos, el secretario de Ambiente municipal era el joven Jorge Enrique Prado, inminente jefe comunal de Aguaray.

El 10 de septiembre, hubo otra licitación, la 02/19, para Planos de Mensura de Zona de Servidumbre GNEA troncal y sus ramales en Salta, Formosa, Santa Fe y Chaco.

El 12 de noviembre de 2019 se robaron once caños más, según señaló el fiscal a la hora de su alocución en el primer video reproducido en esta nota.

El 10 de diciembre asumió la Intendencia Quique Prado. El día 23 dictó la controvertida resolución 1215, con la cual desafectó 35 kilómetros del gasoducto en su jurisdicción y cedió los tubos a la empresa OSYP SA. Se justificó en “evitar la contaminación ambiental y generar mano de obra local con los trabajos de remoción”. Fue desmentido por su ex intendente, quien recordó que cuando era secretario de Ambiente había afirmado que no había tal contaminación.

Esa sorprendente resolución se convirtió en una singularidad documentada que permitió la extracción. No se sabe quién inspiró al inexperto Prado (31 años), pero no lo hizo solo. Los caños atravesaron los controles de cinco distritos hasta Buenos Aires, donde fueron revendidos como comederos de animales. Al mal negocio de vender barato lo caro había que sumarle el costo de maquinaria y mano de obra.

Hacia marzo, Prado fue denunciado por fraude a la administración pública; el Concejo Deliberante elevó un pedido de juicio político y la Legislatura provincial empezó a considerar la intervención de Aguaray.

En mayo de 2020 habló Vertúa. Dijo que no pudo concluir los primeros 230 kilómetros del GNEA porque eran asediados por grupos armados, que serían “empleados de Techint”. Su abogado, el ex juez de la Corte Suprema Rodolfo Barra, agregó que recibió la sugerencia de que su representado cediera la licitación, formulada por directivos de IEASA, cuyo máximo directivo era Dell’Acqua, ex directivo de Techint.

 

Mario Dell’Acqua, ex directivo de Techint.

 

Dell’Acqua fue reemplazado por Claudia Mundo hacia mayo de 2019, el mismo día que ingresaba como coordinador de Políticas Interministeriales en la Jefatura de Gabinete Alejandro Fontán Balestra, quien había trabajado 16 años en Ternium, de Techint.

Los caños robados que debían ser reemplazados por nuevos, a un costo superior a los 5.000 dólares cada uno, son fabricados por Tenaris, una empresa de Techint.

El periodista Oieni evaluó en una radio local: “Hay responsabilidades que trascienden a la fuerza política a la que pertenece Prado. Basta ver el silencio ante los proyectos de intervención que duermen en la Legislatura desde marzo”. La intervención recién se concretó en octubre de 2020.

 

 

Quilmes, el sabor del encuentro

A finales de julio, el fiscal Eduardo José Villalba, con la auxiliar Roxana Gual, formalizó la imputación contra el empresario Matías Rossi, titular de CoMarfil SA, con asiento en Quilmes. Le endilgó fraude a la administración pública y robo agravado de 52 caños encontrados en instalaciones de su empresa. Contó para ello con un “imputado colaborador” a cambio de dejarle esperar el proceso en libertad.

 

El mendocino Adrián Vera.

 

Es Adrián Antonio Vera (27 años), quien había creado una empresa fantasma a la que tuvo la imaginativa idea de nombrarla Vera S.A. Su declaración posibilitó la detención del ex intendente Prado y la imputación de once personas, entre ellas el funcionario Céspedes y seis empresarios: Rossi, Christian Marcelo Buczeck (encargado de Vera SA), Diego Alos (OSYP SA, de Mendoza), Andrés Ayala (gerente de Peterser SRL), Milton René Saavedra y Bruno Raúl Degoy, socios de MyP, ex WeatherFor. También se involucró a las empresas Minera del Altiplano y Tubos Renard, de Buenos Aires. Todos deberían responder por el robo de 8 kilómetros de caños.

Pero además, el mendocino Vera estaba acusado de estafas en Tartagal y Mosconi (causa 83.034), contemporáneas al robo de caños, por lo que un fiscal había pedido su detención el 8 de junio de 2020.

Quince meses después, el pasado 29 de septiembre, un juez de Tartagal, Nelson Aramayo, libró la orden de detención, que dos días después concretó el juez Marcelo Goldberg en la romana Quilmes.

En Salta empezaron a mirarse con desconfianza y a suponer que la movida de Aramayo pudiera estar dirigida a modificar el testimonio de Vera para perjudicar la causa de los caños.

 

Juez Aramayo.

 

Hasta ahora está claro que algunos peronistas del norte se embarraron en negocios ímprobos (uno de sus intendentes acaba de ser detenido con 200 millones y autos de alta gama que no puede justificar). Luego, funcionarios del antiperonismo favorecieron su resguardo en Buenos Aires. ¿Lo hicieron para beneficiar a los justicialistas o al principal empresario del país que había cooptado espacios en el gobierno de Macri y le venía bien aquella destrucción norteña para ganar otra licitación en la que, de paso, podría ganar también con la fabricación de más caños sin costura?

 

Maru Sotolano, concejal quilmeña candidata a diputada nacional; Martiniano, Horacio Rodríguez Larreta y Chiodo.

 

 

 

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