Si las tangentes describen las respuestas judiciales a los cuestionamientos a la deuda externa macrista y el ajuste con el que Javier Milei pretende pagarla, togas y estrados alojan en cintas de Moebius la pretensión de las universidades de recomponer becas y salarios. Cuando no es posible negar legitimación al demandante, lo que amenaza es un laberinto circular donde toda estación es penúltima, volver al primer casillero siempre resulta posible y no hay más existencia que el mero rodar.
El jueves 15, el ámbito académico concretó en varias ciudades la quinta Marcha Federal por la educación superior pública. Con inmejorable oportunidad, el mismo día la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió al gobierno nacional la enésima apelación contra la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Aprobada por el Congreso contra la voluntad oficial y ratificada con mayorías especiales tras el veto presidencial, fue promulgada y al mismo tiempo suspendida por un decreto ya declarado inconstitucional en primera instancia.
Como la ley incluye dos ítems de urgencia alimentaria —salarios y becas—, las universidades solicitaron una medida cautelar que ordene cumplir con la actualización estipulada, según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. El gobierno apeló cada resolución favorable. Con la cautelar ya firme y tras sucesivas postergaciones, el juez Martín Cormick intimó al Ejecutivo el último día de septiembre y, verificado el incumplimiento, el miércoles 14 dispuso una multa diaria contra el jefe de gabinete Diego Santilli. La sanción no importaba por su cuantía, de cien mil pesos por día, sino como posible antesala de una imputación penal.
El gobierno de Milei había sumado ya a la colección de recursos uno de queja, protestando la negativa de Cormick a considerar una apelación previa a la intimación y la multa. Además de objetar elementos formales, el oficialismo pretende abrir una nueva ramificación: sostiene que ya implementó, incluso algunas décimas por sobre lo exigido, la actualización salarial ordenada en una cautelar cuya aplicación resistió con apelaciones ante cada instancia judicial.
La Cámara aceptó el recurso de queja y habilitó el camino para discutir ese punto, aunque no clarificó si la multa sobre Santilli sigue o no vigente. El curso del expediente sí deja en claro que incluso ante una acción de amparo, cuya velocidad anida en la misma definición, el gobierno sabe aprovechar el cansino paso judicial. En el camino, las demandas devienen abstractas o se abre al oficialismo la oportunidad de sostener que cumplió lo que la inapelable matemática aún reclama.
Calculadoras y almanaques
El recorte audiovisual resurgió en la semana. Corría octubre de 2024 y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, precisaba ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que en las universidades “no hubo un recorte de salarios, sino una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria”. Es difícil imaginar una mejor definición del modo en que se redujeron los ingresos reales del sector.
Dos años después, la alquimia se cuece en la prestidigitación de calculadoras y almanaques. Como la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria fue aprobada en agosto de 2025, el oficialismo sostiene que la recomposición obligada es computable hasta ese mes. Sumando todos los incrementos que dispuso desde el inicio del mandato anarcocapitalista, postula que ya cumplió con lo ordenado por la ley que aún desconoce y la cautelar que apeló una y otra vez. Incluso marca que los aumentos estuvieron unas décimas por encima de la acumulación inflacionaria.
El único problema del cálculo es que, como detalló El Cohete, compara periodos convenientemente distintos: la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 frente a los aumentos porcentuales otorgados entre el mismo mes de inicio y julio de 2026, cuando se aplicó el último incremento acordado. La diferencia entre ambos lapsos, de casi un año, no tiene otro origen que la resistencia del propio gobierno a aplicar la ley, lo que entregó sus efectos a los insondables calendarios judiciales. Si todos los aumentos de Milei a docentes y no docentes compensasen el alza de precios relevada hasta agosto de 2025, la pérdida salarial real equivaldría ―sin contar retroactivos― a la inflación registrada desde entonces. De acuerdo al INDEC, para agosto último era de 33,55%. En septiembre la distancia entre los acumulados de inflación y los aumentos porcentuales del salario se contrajo mínimamente, porque el gobierno reconoció un alza de precios de 1,9% y aplicó unilateralmente un aumento de 3% en los sueldos, sin previo aval en las paritarias del sector.
En cambio, el ofrecido en junio sí fue aceptado por los gremios de docentes y no docentes y las universidades. La oferta suponía un 21,33% en los pagos de julio, con un 3% adicional a cobrar en noviembre. Resultó sorpresiva porque, como había descrito Álvarez, el Ejecutivo venía imponiendo porcentuales inferiores a los de la inflación reconocida. Cuando la supo aceptada, presentó públicamente al acuerdo como una superación del conflicto y lo introdujo como novedad al expediente judicial, en busca de tornar abstracta la cautelar, que quedaría firme una quincena después tras la intervención de la Corte Suprema.
De acuerdo a la interpretación oficial, que ahora deberá revisar la Justicia, los salarios universitarios se encuentran en los niveles que debieron tener en agosto de 2025 y la inflación que los erosionó desde entonces demandaría discusiones a resolver en negociaciones paritarias. Sin embargo, la última oferta que el Ministerio de Capital Humano puso sobre la mesa fue de 3%, la décima parte del alza de precios oficialmente reconocida en el mismo periodo.
Si los estrados convalidan la lectura anarcocapitalista, la puja salarial perderá el contexto de un litigio en curso y la demora del expediente no habrá servido sino para obsequiar tiempo a un nuevo despojo, mientras se da por compensado el anterior.
Retrocede al primer casillero
El 27 de octubre cumplirá un año la demanda de amparo colectivo con que medio centenar de universidades públicas solicitaron, con carácter de urgente dada la naturaleza alimentaria de los deteriorados salarios, la cautelar todavía en entredicho. El juez de primera instancia la concedió a fines de diciembre, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la ratificó en marzo y llamativamente abrió al gobierno el camino de apelar ante la Corte, que sin embargo la dejó firme en junio. Tras cumplir íntegro el recorrido, retrocedió ahora a una ubicación difusa entre el primer y el segundo casillero.
La resolución de la Cámara que acaba de permitirlo fue encabezada por el voto del juez Sergio Fernández. Como varios medios advirtieron, fue uno de los integrantes de la comitiva de Milei en el viaje a París, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.
El abogado Francisco Verbic, especialista en litigios de interés público y procesos colectivos, detectó que los camaristas ni siquiera dejaron una definición clara sobre lo destacado por la mayor parte de los titulares periodísticos: no establecieron expresamente si la apelación ha sido concedida con efectos devolutivos o suspensivos, con lo que no explicitaron si la multa diaria a Santilli continúa vigente. El marco normativo, concluyó Verbic, induce a una respuesta positiva.
Como él, su colega constitucionalista Andrés Gil Domínguez coincidió en que la última decisión de la Cámara es contraria a la ley que regula las acciones de amparo contra actos de una autoridad pública. La normativa restringe sus apelaciones posibles a las que vayan contra sentencias definitivas, rechazos por inadmisibilidad de la acción, medidas de no innovar o suspensión de efectos de un acto impugnado.
Lo resuelto por Fernández y sus colegas subrogantes Jorge Morán y José Luis López Castañeira no se encuadra en ninguno de esos casos. Para Gil Domínguez, la determinación de apartarse de la letra estricta de la ley el día en que se concretó la quinta Marcha Federal Universitaria obedece al intento de evitar que Santilli y Milei “quedaran a tiro de una declaración indagatoria en sede penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y desobediencia”.
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