Hasta octubre de 2028 está inhabilitada para operar en jurisdicción argentina la empresa Harbour Energy plc, la británica continuadora de Premier Oil plc, sancionada en 2013 por el Estado nacional por operar ilegalmente en la plataforma marítima adyacente a las Islas Malvinas. Por lo tanto, son irregulares todas sus operaciones en las provincias de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. También lo son las certificaciones de exportación emitidas por la Secretaría de Energía y la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Ministerio de Economía en favor del proyecto de licuefacción de gas natural en la costa atlántica rionegrina, ya que la empresa sancionada tiene una participación accionaria. Una petrolera de capitales alemanes fue la llave imprescindible para que la empresa sancionada volviera a operar en la Argentina.
Sergio Leonardo Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), culminó su investigación y desplegó una serie de acciones institucionales ante la situación jurídica de Harbour Energy plc y de las sociedades vinculadas a ella. En setiembre radicó una denuncia penal que se tramita en el Juzgado Federal 11, por las actuaciones de funcionarios y ex funcionarios públicos, a partir de la presentación ante la PIA que hizo en agosto del año pasado Magdalena Odarda, legisladora provincial de Río Negro del bloque Vamos con Todos.
El procurador afirmó que la inscripción de Harbour Energy Argentina Limited Sucursal Argentina en 2024 es incompatible con los términos de la ley 26.659 sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina; la Resolución SE 481/2013 que declaró ilegales las operaciones de Premier Oil en el área Malvinas; y la reglamentación del Registro de Empresas Petroleras. Por lo tanto, son irregulares los certificados de libre exportación de gas natural licuado que extendió la Secretaría de Energía de la Nación en favor de Southern Energy S.A. (SESA), consorcio del que participa Harbour con un 15% del capital accionario. También resultan viciadas sus participaciones en las operaciones de áreas hidrocarburíferas en la cuenca marina Austral (Tierra del Fuego) y en otras dos en Neuquén, que obtuvo por la compra de activos a terceros.
La misma investigación determinó irregularidades por parte de Wintershall Dea Argentina S.A., la alemana que vendió sus activos a Harbour en las áreas en explotación en Tierra del Fuego y Neuquén. Los gobiernos y sus socios globales omitieron identificar a la británica hasta que resultó imposible sostener la ficción. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reconoció hace un mes que era un escollo que demoraba la adjudicación de un área a Total Energy, socio mayoritario en dos áreas. El conflicto por las operaciones de la empresa energética inglesa sobrevoló buena parte de las gestiones empresariales de Argentina Week en París, a principios de octubre.
Notificaciones
“La documentación societaria analizada demuestra que la fusión realizada en 2021 entre Premier Oil plc y Chrysaor Holdings Limited no implicó la extinción de Premier Oil ni la creación de una persona jurídica distinta. La operación fue estructurada como una adquisición inversa y, una vez completada, Premier Oil plc cambió su denominación por Harbour Energy plc, conservando su personalidad jurídica, su número de registro, su identificador internacional y su historial de cotización bursátil. En consecuencia, el cambio de denominación y de composición accionaria no produjo efecto alguno sobre la sanción administrativa firme impuesta en 2013 por las autoridades argentinas”, sostuvo la investigación de la PIA.
El organismo informó sus resultados y solicitó “la apertura de sumarios disciplinarios respecto de los funcionarios que intervinieron en los distintos actos identificados durante la investigación para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas del dictado de los actos irregulares”, los que se concatenan entre Energía, Economía, Personas Jurídicas, enlazándose con las legislaturas provinciales, Hidrocarburos y Energía de las provincias.
Rodríguez le pidió a Luis Caputo, ministro de Economía, que revise y eventualmente revoque los actos administrativos dictados en contradicción con la ley 26.659 y con la inhabilitación de Harbour Energy plc vigente, de acuerdo a una copia del documento del organismo fechada el 3 de noviembre. Es decir, apuntó a la Resolución 559 de abril de 2025 por la que aprobó la adhesión al RIGI solicitada por SESA.
A Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, como autoridad de aplicación de la ley 26.659, le requirió que “actualice la nómina pública prevista en el artículo 6° de dicha ley, de modo que refleje adecuadamente que Premier Oil plc actualmente se denomina Harbour Energy plc y que la inhabilitación impuesta a esa persona jurídica continúa vigente”.
Finalmente, informó a los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur precisándoles “la situación jurídica de Harbour Energy plc y de las sociedades vinculadas a ella para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, evalúen la procedencia de adoptar las medidas que correspondan en los términos de la ley 26.659”. Las adjudicaciones de las áreas hidrocarburíferas son competencia provincial. Además, Río Negro firmó acuerdos con SESA, llamó a audiencias públicas medioambientales y aprobó leyes específicas, entre otras medidas.
Llave de ingreso
De interés directo para los gobiernos de Neuquén y Tierra del Fuego resulta el análisis sobre la operación por la que en 2024 Harbour adquirió los activos globales de la petrolera alemana Wintershall Dea AG, en una operación valuada en aproximadamente en 11.200 millones de dólares. El mecanismo confirma el pleno conocimiento de las restricciones vigentes en la Argentina para la operación.
El documento de PIA aseguró que “el contrato de adquisición, firmado el 21 de diciembre de 2023, incluyó una condición denominada por las propias partes “Argentine Pardon Condition” (“Condición del Perdón Argentino”), que supeditaba el cierre de la operación a que Harbour Energy Argentina Limited Sucursal Argentina obtuviera su inscripción en el Registro de Empresas Petroleras de la Secretaría de Energía y acreditara el cumplimiento del artículo 18.1 de la Disposición 337/2019. En ese contexto, se verificaron irregularidades en la inscripción de Harbour Energy Argentina Limited Sucursal Argentina en el Registro de Empresas Petroleras. La sociedad fue inscripta el 14 de febrero de 2024 y reinscripta el 26 de diciembre de ese año pese a que su controlante final, Harbour Energy plc, se encontraba alcanzada por la inhabilitación vigente. La investigación concluyó que esos actos resultaban incompatibles con la ley 26.659, con la Resolución SE 481/2013 y la reglamentación del Registro de Empresas Petroleras”.
Ese proceso empresarial y administrativo fue decisivo para que Harbour desembarcara en el mercado hidrocarburífero argentino. A través de Wintershall Dea Argentina S.A., pasó a participar en concesiones ubicadas en las provincias del Neuquén y Tierra del Fuego y en áreas costa afuera de jurisdicción nacional.
El juego de pantallas con Wintershall se vio con claridad en la sesión del 7 de octubre en la Legislatura de Neuquén, cuando se trató y aprobó por mayoría una ley de financiamiento de las operadoras petroleras para obras viales, sin que el oficialismo reconociera la presencia efectiva de Harbour en dos áreas que la misma empresa informa en su página web.
A pesar de haber vendido sus activos, la alemana mantiene activa su inscripción en la Argentina. La PIA constató irregularidades vinculadas con la continuidad de la inscripción de Wintershall Dea Argentina S.A. en el Registro de Empresas Petroleras. Precisó que “su reinscripción para el período 2024-2025 había sido otorgada antes de que Harbour Energy plc adquiriera el control indirecto de la sociedad. Sin embargo, una vez perfeccionada la operación, Wintershall informó expresamente a la Secretaría de Energía que Harbour Energy plc se había convertido en su controlante final. Pese a ello, no se exigió una nueva declaración jurada sobre el cumplimiento de la ley 26.659, no se evaluó la incidencia de la inhabilitación vigente y tampoco se promovió la revisión de la inscripción. De ese modo, Wintershall Dea Argentina S.A. continuó registrada y desarrollando actividades bajo el control de una empresa legalmente inhabilitada”. Imposible imaginar que los estudios de abogados de estos gigantes no hubieran prestado atención al detalle.
Denuncias archivadas
El año pasado, en Río Negro, Odarda denunció ante organismos locales la presencia de Harbour y pidió a la Legislatura que integra que no aprobara ningún proyecto del que formara parte la empresa británica. Dolores Cardell, fiscal de Investigaciones Administrativa, archivó la denuncia por las eventuales responsabilidades del gobernador Alberto Weretilnek; del ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y de la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, en el incumplimiento de la ley nacional 26.659 durante los convenios con SESA que ratificó la Legislatura local.
En cambio, la PIA impulsó la denuncia con alcances que se articularon este año con el sorpresivo arrebato nacionalista del Presidente Milei.
El análisis de la PIA cuestionó las resoluciones de la Secretaría de Energía 165/2025 y 353/2025 que otorgaron a SESA certificados de autorización de libre exportación de GNL, ya que las áreas intervinientes de la Secretaría de Energía omitieron analizar los efectos de la inhabilitación de Harbour Energy plc y la aplicación de la ley 26.659. Esa omisión fue decisiva para que “una empresa alcanzada por una inhabilitación vigente participara y obtuviera beneficios económicos en un proyecto de exportación de GNL de gran magnitud”.
Paulo Freire, el gran maestro y pedagogo brasileño, insistió en “la distancia entre el discurso y la práctica”.
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