“Una mega central de inteligencia”

 

Se abrió la caja de Pandora. A casi un año del allanamiento a la Dirección Principal de Análisis de Información (DPAI) del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el sector de inteligencia conocido como Área 50, surgen más datos del seguimiento que se hizo a los presos del kirchnerismo entre 2015 y 2019: informes sobre los movimientos de los familiares de los detenidos (parejas e hijos) y sus abogados, relevamiento de los pedidos de medicación y/o alimentos y control de las visitas que les hacían integrantes de agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos.

Entre los espiados por agentes del SPF figuran Amado Boudou, Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi, Luis D’Elia (a quien los reportes llaman “interno mediático”), Carlos Kirchner, Atanacio Perez Osuna (ex intendente de Río Turbio), Lázaro Báez, Ricardo Jaime, César Milani, Cristóbal López y Fabián De Souza, entre otros detenidos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz entre 2017 y 2019.

En los WhatsApp enviados por los agentes hay un seguimiento de las actividades de los detenidos. El 20 de abril de 2020 se informa sobre una huelga de hambre. “Los internos IRIC continúan con la medida de no recibir el racionado” de comida y bebida, indica el mensaje. “Solicitan que se provea de computadoras para comunicarse con sus familiares”, añade.

Los penitenciarios les dicen presos del IRIC en referencia al Programa de Intervención para la Reducción de los Índices de Corruptibilidad, lanzado por el gobierno anterior como supuesto espacio de privilegio. Ahora parece un escaparate preparado con otra lógica.

Un investigador que trabajó con estos documentos de inteligencia aseguró que la DPAI fue allanada en dos oportunidades, en el marco de la causa por el espionaje ilegal montado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, que incluye el espionaje penitenciario. En la primera oportunidad, la pesquisa la dirigió la Gendarmería y luego la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “Nos dimos cuenta de que era una mega central de inteligencia”, dijo el funcionario judicial a El Cohete a la Luna.

La información que se colectó en la DPAI fue procesada por la fiscalía de Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona. Ambos tenían delegada la instrucción de la causa por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. En febrero, el magistrado procesó a 38 integrantes de la AFI, entre ellos, sus máximas autoridades Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y al ex titular del SPF Emiliano Blanco junto al responsable de la DPAI, Cristian Suriano. Augé consideró que el SPF le proveyó información propia a la AFI sobre los presos kirchneristas que estaban alojados en los pabellones del sistema IRIC.

La DPAI, ubicada en Varela 266 (en el barrio porteño de Flores), está pegada, pared mediante, a la casa donde nació Jorge Bergoglio. En Varela 268 aún vive la hermana del Papa Francisco, según reveló Alejandra Dandan en la nota Área 50. Desde allí también se hacía seguimiento a distintas agrupaciones que cuestionaban la violencia penitenciaria, como YoNoFui. En los documentos hallados hay imágenes de movilizaciones para denunciar estos abusos, con movimientos detallados de sus principales activistas. También hay información sobre charlas y debates vinculados a temas carcelarios.

Los agentes penitenciarios dirigidos por Suriano y su segundo Juan Carlos Silveira (también procesado por Augé) tenían un especial interés en el seguimiento de las actividades de los organismos de derechos humanos y sus principales referentes. En los “pendrive 8, 11, 13, 14, 15 16 y 17”, encontrados en las oficinas de inteligencia del SPF, hay “perfiles” de la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y del dirigente del SERPAJ y premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. También hay información y fotografías de las militantes políticas Diana Maffía y Claudia Korol.

 

 

 

Entre lo variopinta de la información hallada en la casa de Varela 266, aparece también la Iglesia como blanco del espionaje. De los documentos surge el seguimiento al "Hogar de Cristo", un programa de recuperación de la adicción a las drogas de la Parroquia Virgen Caacupé de Barracas.

El investigador que trabajó con esta información sostuvo que los documentos encontrados indican que la DPAI es “una AFI paralela, una AFI en sí misma”. De la información encontrada, surge que había dos “líneas” de trabajo: una inteligencia al interior de las cárceles, que habría estado en cabeza Suriano y otra inteligencia sobre el “exterior”, coordinada por Silveira. El funcionario judicial contó que, según documentos a los que accedió, el SPF tenía infiltrados en charlas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre posibles reformas al régimen penitenciario. “Ellos argumentan que querían saber si iba a haber un motín, pero qué se va a hablar sobre motines en una charla en un ámbito universitario”, señala con humor el investigador.

A fines de noviembre del año pasado, Suriano declaró ante los fiscales Eyherabide e Incardona en el marco de la causa por espionaje. Le preguntaron por qué se hacía inteligencia de temas que no tenían relación con el ámbito carcelario. “La cárcel es una institución total y por eso hay que tener un control total”, respondió, según indicaron fuentes con acceso a la causa.

 

“Nos investiga en vez de preocuparse por el transa”.

Los documentos a los que tuvo acceso El Cohete a la Luna revelan los chats entre dos funcionarios del SPF imputados en la causa. Miguel Ángel Perrotta era director de Asuntos Internos durante la gestión de Emiliano Blanco. A principios de junio de 2020 le mandó un mensaje a Fernando Carra, ex asesor de la Dirección del SPF y luego a cargo de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos. El momento coincide con el allanamiento ordenado por el juez Federico Villena (por entonces a cargo de la causa) de la sede del SPF en el barrio de Flores.

–¿Tenés buena relación con Villena?– pregunta Perrotta.

–Nooo, cero. –responde Carra vía WhatsApp.

Perrotta le dice en una serie de mensajes: “Desconfía de nosotros”, “Nos está pidiendo el historial de llamadas”, “Investiga nuestras denuncias”, “Quiere saber quién nos dio el dato”. También se queja porque los investiga a ellos “en vez de preocuparse por el transa”.

Dos meses antes, el 6 de abril de 2020, Carra le pide a Perrotta el teléfono de la oficina para que “una mujer haga una denuncia”. Perrotta se lo pasa. Carra le advierte sobre la denuncia: “Me dice que hay un interno que pagó 20.000 dólares a gente nuestra del CPF 1 (Complejo Penitencio Federal) para que no lo hagan pelota. Y la mina es la que le habría llevado la plata (SIC)”. Carra le pide a Perrotta que le diga “si es verídica la denuncia”. No hay respuesta, o al menos no aparece en las copias de los chats halladas en el Área 50.

Carra había sonado como reemplazante de Blanco, que renunció a su cargo de director del SPF en mayo de 2020. Un mes ante, la televisión mostraba las imágenes en vivo de los presos subidos a los techos de la cárcel de Devoto, en un motín que terminó con dos detenidos heridos por balas de plomo. Junto con Blanco, cayó Suriano, que renunció pocos días antes del allanamiento de mayo del año pasado a la sede de la DPAI.

En noviembre del año pasado Perrotta y Carra declararon ante los fiscales Eyherabide e Incardona. Admitieron que en sus teléfonos celulares había información sobre lo que ocurría en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, pero aseguraron que se trataba de intercambios vinculados a sus funciones y no a tareas de espionaje ilegal, según reconstruyó Télam de fuentes judiciales. Quedaron procesados.

Para los fiscales, los imputados “se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, de inteligencia política”, respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, el ex Vicepresidente Amado Boudou, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal.

Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a ex funcionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza, como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.

“Tras el caso D’Alessio, uno de los casos que quedó en la mira fue el de Mario Segovia, un narco detenido hacía varios años, del que se sospechaba que podía fugarse. En el año 2017, Villena ordenó escuchas en su pabellón y en septiembre de 2018 amplió las escuchas a otros tres pabellones donde ya estaban alojados los nuevos detenidos del IRIC. Las escuchas pasaban a la AFI por orden del juzgado y eso alentó en ese momento las sospechas de las filtraciones del Operativo Puf”, escribió Dandan en la nota de junio de 2020.

A principios de este mes, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó a cargo de la investigación de esta causa al aceptar la inhibición de la jueza María Eugenia Capuchetti, por ser una de las “personas cuyos datos personales habrían sido consultados a través de la Dirección Nacional de Migraciones” por la AFI. La causa está dividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria, el espionaje a dirigentes políticos, sociales, gremiales, religiosos y periodistas, y el espionaje penitenciario. Regresó a Comodoro Py tras un fallo de la Cámara de Casación. Salvo que la Corte Suprema se expida a favor de que vuelva a Lomas de Zamora –algo que descartan desde la fiscalía de la provincia de Buenos Aires– la causa quedará en los tribunales porteños.

 

Centro Universitario Devoto

A la dirección que comandaba Suriano le interesaba en particular el ámbito universitario. Al menos eso se desprende del documento titulado “Reportes económicos, documentos e imágenes”, extraídos de los “pendrive 2, 3, y 5” secuestrados en el primer allanamiento realizado en Varela 266, en el que aparecen las fotos de los docentes que dan clases en las cárceles federales. Entre los profesores que enseñan intramuros están los carnets –confeccionados por el Centro Universitario Devoto (CUD) – de la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño; la jueza de la Cámara del Trabajo, Diana Cañal y la la legisladora del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, Claudia Neira. Pero también de David Cohen, subsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO tiene abrumadora mayoría con el sello “Vamos Juntos”

Un investigador que trabajó con estos documentos aseguró que los carnets de los docentes del Centro Universitario estaban ordenados alfabéticamente, lo que revela que los espías penitenciarios estaban armando un archivo.

En los pendrive con información de los docentes del CUD hay un mapa con flechas que conecta a Leandro Halperín, ex director del programa UBA XXII y actual legislador porteño por el espacio UCR / Evolución que responde a Martín Lousteau, con el ex titular del SPF Víctor Hortel, el periodista Ernesto Castelnovo y su mamá, la abogada de derechos humanos Claudia Cesaroni y su papá, el también periodista Oscar Castelnovo. En el “perfil” que trazan sobre Halperín señalan que “las personas privadas de la libertad pueden acceder a carreras universitarias con el mismo sistema de enseñanza que en el medio libre”.

 

YoNoFui

En el “pendrive 4” hay imágenes tomadas el 20 de septiembre de 2016 a integrantes de la asociación civil y cultural YoNoFui. Desde un auto, los espías sacan fotos del momento en que las integrantes (en su mayoría mujeres) se saludan y del recorrido que hacen durante la movilización. Hay varias fotos de las pancartas con la consigna de la agrupación: “Lo único irreal es la reja”.

En otro documento hay copias de las publicaciones de Facebook de una conferencia de prensa para denunciar el “accionar violento y represivo” del SPF en el Complejo IV de Mujeres de Ezeiza durante las horas de la madrugada posteriores al 8 de marzo. También se acompañan notas periodísticas.

En este mismo documento aparecen imágenes de una marcha en contra de la reforma de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660). En una de las fotos se la ve a Ileana Arduino, quien fuera subsecretaria de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde esa función desarrolló un programa de seguimiento de casos de violencia institucional que involucraban a persona de fuerzas de seguridad federales que tuvo continuidad hasta junio de 2013.

En los documentos encontrados en la dependencia de Varela 266 había incluso un seguimiento detallado de la actividad de una agrupación anarquista. “Toda esta información es la escandalosa confirmación de la operación de inteligencia que se montó. Esto demuestra que no tienen límite”, concluyó el abogado de uno de los espiados.

 

Casación versus la Corte en materia sanitaria

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, confirmó el rechazo de un habeas corpus que reclamaba la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en materia sanitaria dictados por el Poder Ejecutivo. Es el primer fallo que contradice lo resuelto el 4 de mayo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que desechaba los argumentos del Ejecutivo y favorecía las aperturas al exigirle que “justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria” para la ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país y la instancia inmediatamente anterior a la Corte.

Los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques resolvieron declarar mal concedido el recurso de casación presentado por un particular, Luis Leonardo Luciani, quien reclamaba contra las restricciones a la circulación. Los jueces recordaron que “el objeto del recurso de habeas corpus previsto en la ley 23.098 consiste en reintegrar la libertad física a quien está ilegítimamente privado de ella”, circunstancia que no se cumple en este caso.

Los magistrados tuvieron en cuenta los argumentos de la Cámara Federal de San Martín que señaló que “la imposibilidad de circular por la vía pública durante el horario nocturno de 00:00 a 06:00 hs., conforme el DNU 287/2021 del 30-04-2021, no conlleva una violación de derechos tal que justifique la excepcionalidad y urgencia”. Y subrayaron que “más del cincuenta por ciento de los nuevos casos (de Covid-19) se han concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires, sitio en el que, precisamente, reside el presentante”.

En su voto, el juez Slokar expresó que las medidas decididas por el Presidente no resultan arbitrarias ni desproporcionadas, en tanto se establecieron por un plazo de tiempo determinado, de modo general, con distinción de zonas debido al “riesgo epidemiológico” que presenta (de acuerdo a datos empíricos, científicos y verificables por especialistas) y por un horario del día determinado –nocturnidad–. También por haber sido previstas excepciones relativas a ciertas actividades consideradas esenciales y por tener como base la salud pública.

Los jueces de Casación recordaron la Declaración 1/20 titulada “Covid-19 y Derechos Humanos” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dispuso : “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.

 

El peticionante

Tras la contundente derrota en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Mauricio Macri, los votantes de Cambiemos organizaron marchas en todo el país. Pocos días después de las PASO, en agosto de 2019, Luis Leonardo Luciani participó en unas de esas movilizaciones frente a la Casa Rosada. Allí se lo puede ver en un video subido a la plataforma YouTube en el que exige “la expropiación de De Vido hacia la Casa de la Moneda (sic)”. De fondo se escucha a otros manifestantes vociferando: “No queremos a La Cámpora”.

 

 

“No puede existir ese tipo de impunidad. Tiene no solamente que ir preso. Aquel que traiciona a la Patria, bien lo dice la Constitución, so pena de muerte. ¡Directamente! ¡So pena de muerte! (sic)”, continúa su diatriba. Quizá el abogado que lo patrocinó en la presentación de este habeas corpus, Matías Adolfo Rubio, no le contó a Luciani que la Constitución argentina no prevé la pena de muerte. Fue abolida para todos los casos desde la derogación del Código de Justicia Militar en agosto de 2008 y de la ratificación del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en septiembre de ese año.

 

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