A su propio ritmo

Cárceles y tribunales siguen en alerta por la propagación del Covid-19

 

La velocidad con la que el coronavirus va avanzando es mucho más elevada que la que muestran los egresos de las cárceles argentinas. Pese a distintas medidas tomadas por los jueces – incluso del máximo tribunal penal del país –, las cárceles siguen exhibiendo una sobrepoblación que haría imposible el manejo de la epidemia si el virus traspasa los barrotes.

Cuando los jueces de la Cámara Federal de Casación afinaban precisiones para firmar la tercera acordada sobre las personas privadas de la libertad, una nota en Clarín empezó a circular por los teléfonos de los judiciales. Era la tarde del lunes pasado. El artículo confirmaba que había casos de trabajadores de la salud con Covid-19 dentro del único penal federal que está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, la cárcel de Villa Devoto. Uno de los peores miedos se estaba corporizando.

Entrada la noche, once de los trece casadores – con la excepción de Liliana Catucci y Eduardo Riggi – dieron a conocer una acordada en la que recomendaban conceder la prisión domiciliaria a un horizonte más amplio del grupo de riesgo detectado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) – de 1280 personas – y con especial cuidado en los casos de delitos graves o violentos. Era un mensaje que se había estado discutiendo durante semanas.

 

El impacto

Para el 13 de marzo, dos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al Covid-19 pandemia, había en las cárceles federales 13.768 personas – a las que debe sumársele otras 203 que estaban amontonadas en la Unidad 28 – que funciona bajo los pies de los jueces de la Corte Suprema. Hasta el viernes pasado, la población alojada en las cárceles – sin contar las alcaidías – llegaba a 12.976. En poco más de un mes, se habían producido unos 712 egresos, lo que representa un 5 por ciento aproximadamente de la población penitenciaria.

Las cárceles del SPF alojan casi 300 internos más de lo que el SPF declara su capacidad máxima. La Procuración Penitenciaria, por ejemplo, sostiene que la sobrepoblación está calculada por debajo, ya que el SPF utiliza espacios de recreación como pabellones de alojamiento o ha estado agregando camas o colchones.

Los expertos sostienen que la población carcelaria debería descender hasta el 70 u 80 por ciento para hacer manejable la situación ante el ingreso del virus. Como explicó Raúl Zaffaroni en El Destape Radio, no se trata únicamente del temor ante la propagación y el contagio, sino también a episodios de violencia – como se registraron en Santa Fe y terminaron con cinco muertos.

En el Ministerio de Justicia, calculaban que alrededor de un 15 por ciento del listado de las personas que integran los grupos de riesgo ante el Coronavirus había sido enviado a sus casas por los jueces. Allí también miran con preocupación dos complejos penitenciarios justamente por la cantidad de población alojada: Marcos Paz y Devoto.

 

Toda la atención en Devoto

Devoto, además, marca el ingreso del Covid-19 a las cárceles. El caso cero en Devoto corresponde a un enfermero que se contagió porque su pareja trabaja en una clínica privada. La explicación proviene de un oficio que circuló en los juzgados el martes pasado, después de que la noticia se conociera por Clarín, y que firmó el director del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Daniel Suárez.

Según el directivo, el enfermero trabajaba en la guardia del Hospital Penitenciario II y, por eso, se aisló a todo el personal que tuvo contacto con él. Tres médicos y dos enfermeros habrían presentado síntomas.

De acuerdo con Suárez, el caso cero se detectó el 25 de marzo y se dispusieron medidas de aislamiento. “No se notificaron casos sospechosos, probables ni confirmados en este Complejo”, escribió. En Devoto, hay alojadas 1730 personas. El SPF dice que tiene plazas para 1683. Hay, al menos, 47 personas más de las que la cárcel podría recibir.

En la justicia de instrucción, tramitaron Hábeas Corpus presentados por la Comisión de Cárceles de la Defensoría por la situación en este penal. Denunciaban que se habían agravado las condiciones de detención: que faltaban comida e insumos de higiene y de limpieza. Además, sostenían que la prohibición de visitas que rige hace que las familias no puedan llevarle a los detenidos los productos que generalmente reciben.

El juez Martín del Viso rechazó el planteo, pero la Cámara Nacional de Casación le ordenó que hiciera una audiencia oral antes de resolver. La hizo y refrendó lo hecho.

 

 

Responsabilidades

El viernes a la noche, el procurador interino Eduardo Casal hizo pública su respuesta a la Procuración Penitenciaria, que le reclamaba medidas para enfrentar la sobrepoblación en las cárceles frente a la pandemia. En pocas palabras, Casal le respondió a Francisco Mugnolo que no había ido al lugar correcto a buscar las respuestas, que en todo caso al Poder Ejecutivo le correspondía la responsabilidad por las cárceles y al Legislativo por las leyes.

Uno de los casos que había generado cierta crispación con el Ministerio Público fue cuando el fiscal Mario Villar apeló la decisión de Casación de mandar a su casa una mujer enferma y con un hijo menor. Villar no sólo es fiscal ante el máximo tribunal penal, sino que también dirige Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y el departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El episodio contado la semana pasada por El Cohete tuvo un correlato esta semana cuando la jurista Lucila Larrandart le envió al propio Villar una nota para la Facultad se involucre en el debate sobre qué hacer frente a la pandemia y con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. La misiva contó con las adhesiones de uno de los jueces que había firmado el fallo, Alejandro Slokar, y de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. También se sumaron Zaffaroni y Maximiliano Rusconi, entre otros.

Lo cierto es que la Casación tiene en agenda la situación de las mujeres privadas de la libertad desde antes de que se declarara la pandemia.  El 9 de marzo, once de sus integrantes firmaron una acordada en la que sostenían que para las mujeres con hijos pequeños o embarazadas la regla debía ser la excarcelación o la prisión domiciliaria.

Actualmente hay 778 mujeres privadas de la libertad en las cárceles federales, distribuidas en cinco unidades distintas. La más populosa es el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres. Allí había 574 internas a principios de marzo. El viernes, el número había descendido a 449, lo que significa que bajó un cuarto de su población.

 

 

En situación de vulnerabilidad

En el máximo tribunal penal están analizando la situación del colectivo trans. Hay 35 personas trans en las cárceles federales, que podrían verse alcanzadas por lo que los casadores resuelvan.

El jueves, el juez Adrián Grünberg otorgó el arresto domiciliario a una travesti condenada a cuatro años y tres meses por venta de estupefacientes. El juez dijo que se encontraba en el grupo especialmente vulnerable ante la expansión del Covid-19. Se trata de una persona migrante, que llegó a los 18 desde Ecuador y, desde entonces, se dedicó a la prostitución. Es portadora de VIH y tiene un consumo problemático de sustancias. Como no tiene ningún familiar en el país, por lo que el magistrado dispuso que cumpla su arresto domiciliario en un centro barrial, en el que la ayudarán a completar sus tratamientos.

 

 

Lesa en alerta

Gustavo Cacivio conserva algo de la voz fuerte que lo perdurar en la memoria y el terror de los sobrevivientes de varios centros clandestinos – como La Cacha o el Vesubio. Por muchos años, fue una voz y un aroma. El Francés lo llamaban. La semana pasada empezó a circular un audio de WhatsApp en el que sonaba la voz del Francés. Cacivio – en domiciliaria desde 2018 — contaba que había ido por un control al Hospital Militar y había terminado internado, cuando detectaron que tenía fiebre y tos. El relato decía que estaba aislado en una de las piezas.

Su defensa le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 4 – que lo juzgó y condenó por crímenes en el Vesubio – que había quedado internado con síntomas de Covid-19. La explicación también le llegó al TOF 1 de La Plata, que lo condenó en 2014 por su rol en La Cacha. Allí informaron que estuvo internado entre el 7 y el 15 de abril por bronquitis y que fue dado de alta con un resultado negativo del test de Covid-19. Los fiscales de La Plata pidieron que el Hospital envíe la historia clínica. Hay quienes desconfían todavía de las explicaciones dadas.

El de Cacivio fue el caso que más cerca rozó a los criminales de la última dictadura. En la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, ya contabilizan unos 140 pedidos de prisión domiciliaria. La mayoría de ellos fueron respondidos por la negativa. Al día de hoy, son 131 los represores que siguen presos.

Todos miran con atención qué pasará en Casación. Después de la acordada, dos de los jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, rechazaron los planteos de Miguel Osvaldo Etchecolatz y de Héctor Pedro Vergez. Etchecolatz seguirá preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza y Vergez en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

La Sala I también evaluó varios planteos de represores y denegó todos. La jueza Ana Figueroa, por ejemplo, citó en su voto la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pide a los tribunales requisitos más rigurosos a la hora de decidir las domiciliarias en casos de lesa humanidad.

Sin embargo, la señal de alerta provino de otra de las salas. El viernes, la Sala II – con los votos de Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, y la oposición de Slokar – anuló un fallo del TOF 2 de Rosario y le otorgó la prisión domiciliaria al policía Lucio Nast, condenado a 22 años por secuestros y torturas durante la dictadura.

Yacobucci y Mahiques dijeron que la resolución carecía de fundamentos, invocaron el principio de humanidad de las penas y dijeron que “el tiempo de detención que viene observando no exterioriza una expresión de impunidad”.

Slokar, por su parte, resaltó que Nast, de 66 años, está alojado en una celda individual en un pabellón que comparte con otros siete reclusos que están en las mismas condiciones que él dentro de la Unidad 31 de Ezeiza. El juez marcó que esa unidad no es justamente uno de los puntos de alerta que enfrenta el SPF, ya que tiene una tasa de ocupación del 55 por ciento. “Uno de los guarismos más bajos”, apuntó.

El otro costado que tiene lo que sucede en la Sala II es el impacto que puede tener en una de las causas más emblemáticas de lesa humanidad: la megacausa ESMA. Son Mahiques, Yacobucci y Slokar quienes tendrán que decidir si sostienen — como lo ha hecho el TOF 5 — que los represores de la Armada deben permanecer en prisión. Si el antecedente de Nast se vuelve la vara con la que la mayoría de la Sala medirá la cuestión, podrían verse beneficiados, entre otros, Jorge Acosta, Alfredo Astiz o Ricardo Cavallo.

 

 

El futuro

Ni las unidades de Ezeiza o de Campo de Mayo, donde están alojados los represores, tienen las mismas características que el resto de las cárceles federales – y mucho menos que las provinciales.

“No se ha determinado ningún supuesto de superpoblación de este grupo, ni tampoco casos de hacinamiento, de manera tal que, en la actualidad, está resguardado todo el carácter humanitario que debe tener el encierro y con ello el acceso a la salud”, dice la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Una de las grandes preguntas es qué pasará con los juicios de lesa mientras dure la pandemia. La gran mayoría de ellos quedaron suspendidos. La excepción Rosario. En la causa Saint Amant III, el tribunal dispuso que se realice el jueves una ampliación de indagatoria – que sucedió con el imputado desde su casa y junto a su defensor. Al juicio de la causa Feced le queda poco y es probable que concluya por medios digitales.

Hay otros juicios en sus instancias finales como el de ESMA IV, dos de Mar del Plata y el de la Brigada de San Justo, que tramita en La Plata. En esa jurisdicción, ya suspendieron el inicio del proceso por los crímenes de 1 y 60, y el Tribunal ya adelantó que es probable que se reprograme el juicio por los Pozos de Banfield y Quilmes.

La causa de Banfield – uno de los mayores campos de concentración del Circuito Camps – está elevada a juicio desde 2012. En ese tiempo fueron muriendo víctimas y perpetradores. La semana pasada hubo sorpresa entre los querellantes cuando recibieron una notificación de los jueces que, para acortar el juicio, sugerían que no prestaran testimonio algunos de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices o Elsa Pavón, una de las primeras Abuelas, y se incorporaran sus declaraciones por lectura. En el tribunal le dijeron al Cohete que revisarán la resolución y que nadie va a quedarse sin declarar – especialmente después de tantos años de espera.

 

 

 

 

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