Abrojados

Putrefacción judicial: de la convalidación del golpe contra Yrigoyen al intento de proscripción de Cristina

 

El 3 de junio pasado, durante un foro organizado por el Instituto Liberdade en San Pablo, Brasil, Mauricio Macri llamó a “luchar contra el populismo en forma global”. Situó su origen “en Latinoamérica, tal vez en la Argentina”, porque en su imaginario “fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo”. De ese modo dejaba en claro que “esa lucha” a la que convocaba, él ya la había iniciado y tenía todo un equipo encargado de llevarla adelante en nuestro país. El fiscal Diego Luciani, que acusó a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en la causa por obras viales en Santa Cruz, pidió que sea condenada a 12 años de cárcel e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, juega en el mismo equipo de fútbol que el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, y que el camarista Mariano Llorens, cuyas fotos en la cancha de la quinta Los Abrojos, de Macrì, reveló el periodista Raúl Kollman. Si el origen del populismo –según Macri– remite a Yrigoyen, el Poder Judicial abrojado a sus intereses debe hacer con CFK lo mismo que hizo con el caudillo. La historia se repite, y la corporación judicial juega otra vez su rol nefasto.

El 10 de septiembre de 1930, reunidos en acuerdo extraordinario los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, José Figueroa Alcorta –Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna– y el procurador general de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta (homónimo y tío bisabuelo del actual intendente porteño), decidieron legitimar el golpe de Estado contra Yrigoyen del teniente general José Félix Uriburu. Consideraron que “ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad”, y decidieron “dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados”. También expresaron que si “los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la Administración de Justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho”.

 

17 de septiembre de 1930. La Corte Suprema después del golpe a Yrigoyen. De izquierda a derecha: Antonio Sagarna, José Figueroa Alcorta (presidente), Ricardo Guido Lavalle, Roberto Repetto y el procurador Horacio Rodríguez Larreta (tío bisabuelo del intendente porteño).

 

El favor de la Corte de haber legitimado al gobierno de facto fue recompensado por el dictador Uriburu. Como contó Horacio Verbitsky, desde la Constitución de 1860 era el Poder Ejecutivo quien designaba a los presidentes de la Corte. A partir del golpe de 1930 y su convalidación por parte del máximo tribunal, el dictador dejó en manos de los supremos la decisión de designar a su presidente. Mientras tanto, el gobierno de facto se dedicó a juzgar a los hombres que habían formado parte del gobierno constitucional. Lo hizo a través de una comisión especial encargada de revisar ministerios y reparticiones en la búsqueda de alguna irregularidad. La Secretaría de la Presidencia de la Nación gratificaba las denuncias que se hicieran, asegurando reserva, sin disimular su ansiedad por demostrar que era cierto el relato urdido por aquella dictadura, de que el gobierno de Yrigoyen había cometido robos, exacciones y prevaricato. Pero la misión fracasó y la justicia debió sobreseer a los supuestos malversadores. Aunque todo ello vino después, porque el Poder Judicial tuvo sed de venganza con los caídos y su brazo ejecutor alcanzó también a Yrigoyen, a quien procesaron junto a sus ministros. Les hubiese encantado hacer lo que los unitarios hicieron 80 años antes –el 29 de diciembre de 1853– con su abuelo, el mazorquero Leandro Antonio Alén, a quien fusilaron y luego exhibieron su cadáver colgando en la plaza pública, por orden judicial. Como no podían hacer lo mismo con su nieto, que era todo un caudillo popular, metieron a Yrigoyen en un buque, lo mudaron cuatro veces de embarcación y lo confinaron en la isla Martín García por un año y medio.

Ya en aquel golpe de 1930 el Poder Judicial apestaba y llevaba adelante un proceso sin oír al acusado, tal como le pasó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad. Así lo expresaba Hipólito Yrigoyen dirigiéndose al juez federal: “Desde el encierro y absoluta incomunicación a que se me tiene sometido, recién he podido ver los diarios que me enteran que vuestra honorabilidad me está juzgando por supuestas irregularidades de gobierno. Con la simplicidad que sólo me es permitido expedirme, debo requerir a vuestra honorabilidad la nulidad de todo lo actuado por ser inconcebible que se haya llevado a cabo sin oírme, ni permitirme ejercer todos los recursos de defensa que las garantías constitucionales tienen consagradas como indispensables a la legalidad de toda sanción judiciaria”. “En consecuencia, suplico a vuestra señoría que me llame a sus estrados en la forma y procedimientos correspondientes”, exigió.

Yrigoyen tuvo mejor suerte que Cristina hoy, porque una semana después concurrió para indagarlo el juez federal con los fiscales y el secretario. Su abogado defensor, el doctor Armando Antille, sostuvo que los tribunales ordinarios no podrían juzgar a su defendido mientras el Congreso no lo hiciera previamente con el juicio político, puesto que su renuncia como Presidente no había sido todavía considerada por el único cuerpo que podía hacerlo, y en consecuencia seguía siendo el Presidente de la Nación. El planteo fue rechazado, se presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema. Su situación procesal y de prisión injusta no cambiaba, sólo lo cambiaban de buque: lo sacaron del Belgrano y lo llevaron al Buenos Aires. El juez federal Miguel Jantus decretó su prisión preventiva. La incomunicación se hizo más rigurosa y hasta su defensor se vio imposibilitado de comunicarse. Luego fue desembarcado en la isla Martín García. Ese fue su lugar de confinamiento. Isla destemplada en invierno, ardiente en verano, malsana y húmeda siempre.

Uno de los primeros decretos del dictador Uriburu, que explica la verdadera razón de tener en prisión a Yrigoyen y someterlo a un proceso judicial injusto, fue el que dispuso la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la separación del general Enrique Mosconi, a quien le iniciaron un sumario. El propio dictador sugirió a Mosconi que se fuera del país. Mientras su dictadura contaba de a centenares a los presos políticos, también imponía la ley marcial. Así, hubo fusilamientos, muchos obreros tildados de agitadores fueron deportados y algunos asesinados en su viaje. El Estado de sitio se impuso. Y el Poder Judicial hizo lo suyo con Yrigoyen. La Cámara Federal confirmó la prisión preventiva. Un empleado de la Corte Suprema le notificó a Yrigoyen que su defensor estaba detenido. Así, el viejo caudillo decidió ensayar su propia defensa en cuatro escritos que presentó ante el alto tribunal, entre abril y agosto de 1931.

En uno de ellos señala: “Es evidente que los jueces que tan intencionalmente han procedido son cuanto menos reos convictos y aún confesos por sus actitudes y resoluciones de lesa Constitución”. Los escritos eran recibidos muy morosamente por la Corte, que no enviaba a su empleado a retirarlos, una tortura más de ese Poder Judicial que se negaba a oír al líder radical. A fines de octubre de 1931, un agente fiscal acusó a Yrigoyen en primera instancia por violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales, y pidió contra él la pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación, cuidando que la inhabilitación al anciano caudillo no excediera su tiempo biológico. Antes de llegar a su fin, el gobierno de facto promulgó un decreto de indulto para Yrigoyen. En sus consideraciones expresaba que “la detención y proceso del ex Presidente don Hipólito Yrigoyen respondió a una penosa e inevitable necesidad, sin que en ningún momento se abrigaran contra él o sus colaboradores designios de persecución o de venganza”. Toda una humorada de Uriburu. Yrigoyen rechazó el indulto ni buen fue notificado. Pedía en consecuencia que se continuara con el procedimiento y se dictara oportunamente la absolución.

Pero la orden del dictador Uriburu se hizo cumplir, sin importar la decisión de Yrigoyen, que fue embarcado y llevado a la casa de su sobrino, donde lo esperaba gran parte de su pueblo, que vivaba incesantemente su nombre. La injusticia dictatorial hacia el líder radical es la misma que hoy sufre otra líder popular, CFK, por parte del actual y degradado Poder Judicial. Las excusas invocadas y las incongruencias jurídicas, en ambos casos, son disparatadas e insostenibles. Por lo que verdaderamente se culpó a uno y se culpa a otra es por un accionar político transformador. Y en ese sentido, Cristina hizo más que el caudillo radical, por lo cual la vendetta es mayor.

 

Yrigoyen saluda al pueblo desde el balcón de la casa de su sobrino Luis Rodríguez Yrigoyen, luego de ser liberado el 20 de febrero de 1932.

 

Por los 12 años de bienestar

Como los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola montaron en su show cuestiones que no figuraron en la acusación, la Vicepresidenta solicitó a través de su abogado Carlos Beraldi ampliar su indagatoria. El Tribunal Oral Federal 2 le negó ese derecho. Y CFK decidió a través de sus redes explicar por qué le prohibían hablar en el juicio. “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días”, sostuvo el martes. Mostró evidencia que fiscales y jueces prefirieron ocultar. En el teléfono del secretario de Obras Públicas José López, que revoleó en un convento un bolso con 9 millones de dólares, hay una pista significativa si el Poder Judicial se dignara a investigar su origen: 109 llamadas con el “hermano de la vida” de Macri, Nicky Caputo, y 177 con Eduardo Gutiérrez, del Grupo Farfallón.

 

CFK saluda al pueblo luego de su exposición demoledora contra el partido judicial que la desea condenar.

 

Por eso CFK, ante semejante atropello, evidenció la verdadera razón por la que el fiscal pidió 12 años de prisión. “Son 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, señaló. No se equivocó. Desde el Centro de Economía Política brindaron datos precisos bajo la pregunta “¿Sabés qué no le perdonan a Cristina?”. La inclusión de miles y miles de personas mayores en la Seguridad Social. Entre 2003 y 2015, más de 3,2 millones de jubilados y jubiladas que no podían acceder a su jubilación lograron el derecho. Más del 70% son mujeres. Además, en ese período, las jubilaciones y pensiones duplicaron su poder adquisitivo. La cobertura del sistema previsional con recursos propios de Aportes y Contribuciones se incrementó en torno a un 65%. Tampoco le perdonan la construcción de un país más justo. La distribución del ingreso mejoró entre 2003 y 2015, con una disminución de la brecha entre el primer decil y el último decil de ingresos de 33 veces a 18,7 veces, la menor alcanzada en todo el período.

Señalan también que no le perdonan que haya desendeudado al país y terminado con el sometimiento de la deuda. Entre 2003 y 2015 la deuda sobre el PBI de la Argentina pasó de 139,5 a 52,6%. Además, las provincias lograron reducir su deuda en relación con la recaudación en 8 de cada 10 pesos. Tampoco le perdonan que el Estado cuide a las mayorías populares y deje de ser un eslabón de los intereses del poder económico. La recuperación de empresas estratégicas para la soberanía nacional como YPF y Aerolíneas Argentinas, y la estatización de las AFJP, pusieron fin al negocio financiero de unos pocos. No le perdonan que trabajadoras y trabajadores tengan un lugar privilegiado en la economía argentina: se generaron 3,1 millones de puestos de trabajo en el empleo registrado privado y el salario real entre 2003 y 2015 mejoró 2,1 veces. Además, en ese período la tasa de desocupación se redujo de 20% al 5,9%, y la informalidad bajó del 49% al 33%. No le perdonan que paguen más los que más tienen: la progresividad impositiva pasó de 38% de la recaudación al 45% de la misma, señalaron desde el CEPA.

La confesión de cómo el macrismo cooptó al Poder Judicial la brindó quien decidió estar “del lado del más débil” (sic), porque le asegura una abundante recompensa económica que debe esconder en una sociedad offshore que comparte junto a su esposa en Miami. “Yo creo que Macri se equivocó el año pasado cuando decidió por una cuestión política partidaria que Cristina no tenía que ir en cana”, expresó Jorge Lanata con naturalidad el 1 de junio de 2017 en el programa televisivo Intratables. “Eso hubiera sido y lo escribí, se lo dije a él, hubiera sido un punto de inflexión en la historia Argentina”, agregó. Calificó la actitud de Macri de “miserable” por no hacerlo y, cuando María Julia Olivan preguntó “¿cómo hace el Presidente para decidir eso en la práctica?”, su respuesta fue naturalizar la injerencia sobre el Poder Judicial.

 

 

 

La Vicepresidenta también hizo mención a lo que escribió la biógrafa de Macri acerca de lo que significa jugar al fútbol en Los Abrojos. Laura Di Marco describió: “Una curiosidad en la cartografía del nuevo poder: Los Abrojos, que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche —en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Iván Pavlovsky— no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Ser invitado a ‘San Miguel’, como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti, Peña o el gurú ecuatoriano”. Se sabe: en ese lodo están todos abrojados.

El 10 de septiembre se cumplen 92 años de que Corte Suprema de la Nación convalidó el golpe de Estado contra Yrigoyen. Sería una buena fecha para que el pueblo ejerza la memoria en la calle y le haga saber a la actual Corte Suprema decrépita que no aceptará pasivamente que convaliden un nuevo atropello contra la lideresa política más importante que tiene el país.

 

 

 

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