Activar la mano visible

 

En una economía como la nuestra, con bajo nivel de actividad y alta tasa de desempleo, es vital impulsar la demanda agregada, cuyos componentes son: el Consumo de la población, el Gasto Público, la Inversión interna bruta fija (IBIF) y las Exportaciones.

En lo que va de 2021, en forma desigual y por sectores, se incrementó la IBIF. Claro ejemplo de ello fue el discurso de Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, principal productor de acero del país, en el pasado Día de la Industria y ante la demanda sostenida de las empresas que hacen máquinas para la agricultura, la línea blanca, las automotrices y la mayor construcción privada cuya estructura es de metal.

Las exportaciones son récord. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informan que en los primeros ocho meses del año ingresaron divisas por 23.229,2 millones de dólares, un 74,05% más que en igual lapso del año pasado, por la exportación de 74,32 millones de toneladas de productos agro-industriales. La estimación final es que se exportarán más de 110 millones de toneladas en el año y las proyecciones, tanto las nacionales como la que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, indican que seguirá siendo fuerte la demanda mundial de alimentos y que la Argentina incrementará sus exportaciones a una tasa del 5 o 6% anual en los próximos años.

Obviamente puede verse que el gobierno no incrementó los derechos de exportación del sector porque las grandes empresas se comprometieron y liquidaron y liquidan sus ventas por el mercado oficial de cambio, con lo que fijan un referente cambiario obligado por donde pasa la mayor parte de la operatoria comercial del país. Este hecho no pudo ser desacreditado por los capitales especulativos, que a su vez quedaron muy limitados por el control cambiario, mal llamado cepo.

El problema es que no crece globalmente (en algunos sectores sí, pero son los menos) el consumo y el gasto público, esencialmente en la obra pública, dos componentes esenciales porque en forma conjunta representan el 75% de la demanda agregada argentina.

Y allí hubo y hay una diferencia entre el plan económico diseñado y subyacente en el presupuesto de la Administración Nacional que proponía que los salarios crecieran más que los precios y que la obra pública se duplicara para ser del 2,2% del PIB con respecto a 2019 (fue del 1,1% del PIB). Ambos hechos no sucedieron. Por lo tanto no se estimuló ni se desarrolló suficientemente el mercado interno y sí fue preponderante la demanda externa. El país se integra hacia afuera pero no hacia adentro.

Y ello fue así porque el “mercado”, eufemismo que en la Argentina esconde la decisión de grandes empresas y grupos económicos que operan en el país, prevaleció sobre las disposiciones estatales. Las grandes empresas del sector agro-industrial, del acero, las automotrices, los grandes bancos, ente otras, pudieron llevar a cabo su labor porque lo planificaron en base a las ventajas comparativas (naturales y contractuales) que el Estado les garantiza.

La función del Estado [1] es regular la actividad económica, establecer las “reglas de juego”, qué es blanco y qué es negro, qué está permitido y qué no. Por la Constitución Nacional está facultado a utilizar distintas herramientas para impulsar el crecimiento económico sostenido con equidad en el esfuerzo (incorporando mayor mano de obra para producir con mayor valor agregado y, a su vez, que la remuneración de los trabajadores sea la mejor posible, siempre en el marco de que los empresarios se guían por la tasa de ganancia y su perdurabilidad en el tiempo), con los que el Estado en nombre de todos procura el bienestar general.

 

 

Dos caminos

La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Aporta la visión general y con esa vista estratégica fundamenta las decisiones de cada día bajo los objetivos proyectados. Es una herramienta imprescindible para actuar sobre la realidad. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Es la mano visible que explora posibilidades donde la mano invisible es incompetente o no existe.

“El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las demandas respaldadas con dinero, el hambre sin ingresos no vale. Es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico porque se subordina al poder concentrado, se cierra la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más ricos a los ricos a costa de los pobres, etc.”, decía el profesor Carlos Matus Romo.[2]

El gobierno ha planificado, ha llevado y lleva adelante un importante programa de salud, donde a riesgo de sus vidas y las de sus familias el personal lucha denodadamente contra el Covid-19. También fue importante la asistencia a la población y a la producción de los sectores más castigados. El Estado intervino y lo hizo en forma eficaz y eficiente.

Sin embargo, el gobierno se subordina a la planificación de las grandes empresas de la alimentación, de los bienes de uso difundidos [3] –esencialmente acero, aluminio, cemento, etc.– y del sector financiero.

Un claro ejemplo de lo que decimos: los grandes bancos del sistema tienen inmovilizados en el Banco Central –y la autoridad monetaria les reconoce un interés por ello– más de 4 billones de pesos (equivalentes a unos 40.000 millones de dólares), que no se emplean en financiar ni el trabajo ni la producción.

No bien iniciado el nuevo gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos organizó el Programa Potenciar Trabajo, que al mes de junio 2021 estaba conformado por 1.004.692 trabajadores, a los cuales se les paga por hacer tareas menores (limpieza, pintura, servicios varios como asistir en comedores barriales, etc.) la mitad del salario mínimo, vital y móvil, que para septiembre alcanza a 14.580 pesos por mes. La propuesta es que se le sumen a cada trabajador 55.420 pesos mensuales, totalizando 70.000, que es el valor aproximado de la Canasta Básica Total del INDEC para que una familia constituida por matrimonio y dos hijos no sea pobre. Eso significa un gasto de 56.000 millones de pesos mensuales, y de aquí a fin de año (cuatro meses) representa un total de 224.000 millones. Suministrándoles los materiales correspondientes pueden construir en ese tiempo 65.000 casas, y en un año 260.000 casas, con lo que se comenzaría a solucionar el grave déficit habitacional.

Esa suma es menos de la mitad de los intereses que se les reconocen por las Letras del Banco Central (LELIQs) y pases pasivos de los bancos en el Banco Central, que en los últimos cuatro meses del año sumarán 526.000 millones de pesos.

Por ende debería subirse el encaje o efectivo mínimo, que es la parte que deben retener los bancos de los depósitos que captan y que no son remunerados por el Banco Central, y con esa parte liberada, en lugar de reconocerle el interés, transferirse al Programa Potenciar Trabajo.

 

 

Las soluciones del mercado

El gobierno acepta la prédica imperante y pretende generar un mercado de capitales que siempre fue insignificante: nunca las empresas se compraron o vendieron por el mercado de capitales argentino; la prueba está, por ejemplo, en cómo se apropian de Vicentin SAIC y de Molinos Cañuelas SA.

Es más, lo denominan Programa Creadores de Mercado 2021, fue acordado con el FMI y pretende atraer al ahorro nacional que suele destinarse a la dolarización. Lo dice claramente el presidente del Banco Central, Miguel Pesce: “La Argentina tiene una fuerte capacidad de ahorro. Hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y estimamos que otros 100.000 millones de dólares en nuestro país”. Pero entre tanto, el ahorro acumulado que tiene el Banco Central en LELIQs y pases pasivos no deja de crecer, pese a que en mayo de este año, por resoluciones del Banco Central, trataron de transformar al menos una parte de esos 4 billones de pesos inmovilizados en bonos de la deuda pública. Para ello autorizaron a que los bancos destinen las Leliq que tienen “encajadas” en el Banco Central para presentarse en las licitaciones de deuda del Ministerio de Economía.

Paralelamente, el Banco Central permite vender dólares al tipo de cambio oficial (al viernes 11 de septiembre, a 103,75 pesos) a las grandes exportadoras cuyas ventas se incrementan año tras años (básicamente las empresas agro-industriales) para que realicen pagos al exterior, cancelar financiamientos y comprar bienes de capital, como efectivamente vienen haciendo. Igual procedimiento con las importaciones: es el caso de Cargill, por ejemplo, que compra soja de Paraguay y Brasil para transformarla en harina o aceite en el país.

No conformes con eso, los ministros Juan Zabaleta y Claudio Moroni proponen transformar los programas asistenciales al empleo en un subsidio a las empresas que contraten trabajadores. La prueba piloto es la demanda de peones golondrinas para las distintas cosechas, en que el empleador paga el salario mínimo vital y móvil pero la mitad de esa remuneración la abona el Estado.

Dada las características de nuestros empresarios, no es de extrañar que propongan salarios por debajo de la línea de pobreza y flexibilidad laboral, desconociendo los derechos adquiridos por la Constitución Nacional y por las vigentes leyes laborales. Sólo están dispuestos a traer capitales que fugaron sin pagar impuestos y que seguramente administran los grandes fondos de cobertura como BlackRock, PIMCO, Fidelity, Gramercy, Franklin Templeton y otros acreedores de la Argentina, si súper explotan la mano de obra local e imponen las condiciones en sus mercados cautivos.

El camino debe ser otro: partir de las necesidades de nuestra población y fortalecer la demanda interna, que es la base principal de la Demanda Agregada. Para ello debe el Estado intervenir planificadamente; distribuir el ingreso de las exportaciones fijando cupos y retenciones (derechos de exportación); perseguir la compra-venta ilegal de divisas; mantener el control cambiario e investigar la fuga de capitales; y hacer cumplir las leyes laborales, de la misma manera que el gobierno impuso el respeto a las minorías sociales y sexuales, la libertad de ideas, de expresión y demás derechos y garantías de nuestra Constitución.

Es el Estado el que debe proponer medidas y objetivos para el bien de todos. De otra manera se conformará una Argentina rica pero más injusta.

 

 

[1] Entendemos al Estado como organización civil de la Nación y su empleo como palanca de cambio para apuntalar el crecimiento económico, a la par de mejorar su distribución en la sociedad, lo que además de garantizar la reproducción mejora también el nivel de vida de la población.

[2] Planificación Estratégica Situacional, Carlos Matus Romo, Ed. Altadir.

[3] Son materias primas para la fabricación de gran parte de los bienes consumidos por la población, como electrodomésticos, autos, alimentos, bebidas, entre otros; productos que se ofrecen en comercios minoristas, supermercados, distribuidores mayoristas, corralones de materiales, etc. Por eso mismo se los denomina “insumos difundidos”.

 

 

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