ACUMULACIÓN, EVASIÓN Y FUGA

No es posible crecer en forma sostenida si los empresarios no invierten y amplían la capacidad productiva

 

Tras la crisis de los años 2001 y 2002 la Argentina retoma hasta el año 2015 el crecimiento del consumo como impulso y tracción del Ingreso Nacional. Esta tautología tiene una restricción que es la dependencia de insumos (bienes), de máquinas y equipos, de tecnología, de servicios, y de energía del exterior, de manera tal que cuando crece el producto, más crecen las importaciones.

En nuestro país, el problema no está en el total de las exportaciones, que superan en lo que va del siglo XXI en 270.000 millones a las importaciones, sino en su composición, dado que nuestras ventas externas cada vez son más primarias y en cambio, las importaciones son cada vez más complejas e industriales y explican la menor creación de puestos de trabajo y sobre todo de empleos de calidad.

 

 

Esa dependencia económica del extranjero es propiciada por las grandes empresas extractivistas y agropecuarias, que obtienen una renta diferencial [1], que valorizan en dólares y es el  núcleo del problema económico argentino.

Una minoría, que no representa más del 2% de la población, dolariza la renta de la que se apropia por el sagrado derecho de propiedad e impone las condiciones al 98% restante de la sociedad.

Los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, ante la incapacidad  (por no proponérselo) de sustituir las compras al exterior, proceden a reducir los salarios, con ello el consumo, de esa forma se frena la economía y, por eso, se reducen las compras al exterior (importamos menos energía al tener un crecimiento real menor al potencial por la cada vez más regresiva distribución del ingreso), a la par que aumentan los saldos exportables porque consumimos menos alimentos que son a la vez nuestro principal producto de exportación.

Para superar la restricción externa, causan un ajuste en la producción y una baja en los salarios que genera mayores márgenes de ganancia al capital, de esa manera ocultan el verdadero problema que es que los empresarios (y sobre todo los más grandes, los que tienen mercados cautivos) prefirieron y prefieren evadir impuestos y fugar capitales en lugar de invertir.

En efecto, no es posible crecer en forma sostenida si los empresarios que están en nuestro país no invierten y amplían la capacidad productiva. Esto es, se creció fuertemente en el período 2003-2007 porque se amalgamaron los trabajadores desocupados, las instalaciones cerradas y las máquinas paradas, pero cuando su empleo (capacidad instalada) se hizo cercano al máximo, en lugar de apuntalar la actividad, ante la persistente demanda, prefirieron aumentar los precios (que es la causa y origen de la inflación) en lugar de ampliar la oferta, generando una menor tasa de crecimiento de la producción.

Nuestros empresarios y sobre todo los más grandes, que están fuertemente internacionalizados, si por tal entendemos la dependencia y la interrelación que tienen con el exterior, prefieren fugar capitales en lugar de ampliar la capacidad instalada y/o diversificar en el país la inversión.

Ante la fuga de capitales y la menor inversión, el Estado Nacional debía acrecentar su rol de intervención y regulación, esencialmente sobre el tipo de cambio, camino seguido por ejemplo por la República Plurinacional de Bolivia, cuya inflación del año 2021 fue menor del 1% anual y que este año 2022, fruto del aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos de los cuales son importadores, esperan un incremento de los precios en torno al 2% anual.

En la Argentina en cambio se propicia la apertura de la cuenta capital, para lo cual se acelera la devaluación del tipo de cambio oficial que implica una brutal transferencia de recursos de los que tienen ingresos fijos, a los que pueden fijar precios. Por supuesto, cuanto mayor es esa capacidad de fijar precios, mayor es a su favor la apropiación de recursos, a la par que se posibilita la tenencia de divisas, así como los depósitos en dólares, y las operaciones denominadas contadas contra “liqui”, que no es otra cosa que permitir el arbitraje de bonos y acciones que realizan frecuentemente las sociedades de Bolsa con el objetivo de fugar divisas al exterior, dado que compran esos valores en pesos en nuestro país y los “liquidan” en mercados del exterior donde los mismos tienen autorizada su venta.

Es obvio que los que tienen acceso a las compras importantes de títulos y acciones son los mismos (dueños, gerentes, empleados jerárquicos, testaferros, etc.) que las empresas y personas que fugaron capitales persistentemente  y que forman parte de las 100 primeras sociedades que en el gobierno de Macri compraron 24.679 millones de dólares y, las 100 personas que lo hicieron por 822,6 millones de dólares en esos cuatro años  y que, si la AFIP los investigó para saber si pagaron los impuestos que les corresponde, nunca lo sabremos porque su accionar está amparado en el “secreto fiscal”.

Hay una burguesía que sólo es nacional porque tiene origen y opera en el país, pero que ha priorizado la fuga de capitales sistemáticamente, y presiona y espera una fuerte devaluación para valorizar los dólares fugados, y una burguesía extranjera que tiene claros sus negocios, con una política de exclusión que implica desintegración en la economía del país e integración internacional en los enclaves y cadenas de valor que les interesa. Juntas engendran una economía concentrada, que le deja los principales resortes de la producción y distribución a las grandes empresas que van a crecer integrándose al resto de su cadena internacional, pero que va a excluir por su propio accionar a la producción local, esencialmente las pymes y las economías regionales, dado que van a invertir en los sectores más redituables con que cuenta la Argentina.

Ese tipo de producción de enclave implica crecimiento para el sector elegido pero no hay respuesta de consideración para el resto de las actividades, más allá de un limitado multiplicador por la necesidad de trabajos e insumos locales

En ese modelo, los salarios estarán siempre compitiendo en moneda dura con los salarios de Brasil u otro país de la región que sea alternativa de inversión. Y solo pueden crecer siempre y cuando no se incurra en déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, y para ello se necesita que el precio de los granos y sus derivados, el volumen vendido sea un porcentaje mayor que el crecimiento de las importaciones, lo que genera un doble cerrojo al proceso de recuperación salarial, conformado por:

  1. que no supere el salario medio industrial de Brasil (y otro u otros países alternativos en cuanto a inversión), y
  2. que las exportaciones puedan pagar las crecientes importaciones basadas en la mayor dependencia de insumos y tecnología del exterior.

 

 

El rol del Estado

El Estado debe regular (establecer las reglas de juego) y controlar la actividad económica, fijar objetivos que promuevan el bienestar general y no garantizar la renta a un sector minoritario de la sociedad, que además evade impuestos y fuga capitales.

Que se deje operar a los cambistas que no están autorizados por el BCRA, que encima se publique el precio de compra y de venta en nuestra moneda,  (hasta lo publica en su página Standard & Poor’s) es demasiado.

Que el BCRA, tras más de 30 meses de gestión, no haya rearmado dos áreas esenciales de fiscalización como la de Inspecciones y la Gerencia de Contenciosos, explica por qué no se aplican la Ley 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto No. 480/1995 que la ordena y que afirma en su artículo 1°: «Será reprimida toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones; operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto; toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor; y todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios».

El llamado dólar blue y el dólar financiero (Dólar Bolsa y Contado con Liqui) no dejan de subir desde antes que asuma la ministra Silvina Batakis y no se toma ninguna medida para frenarlo. El mayor responsable es el BCRA, porque:

  1. Le vendió dólares al tipo de cambio oficial a empresas privadas, cuando muchas de ellas habían comprado dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos, pese a que el BCRA realizó el informe no les dijo ustedes paguen primero con los dólares que compraron y si les falta recién allí se los vende el BCRA;
  2. Le vendió dólares a los importadores al tipo de cambio oficial para que adelanten el pago antes de que ingresen las mercaderías importadas al país;
  3. Desde el año 2020 hasta mayo 2022  se matricularon 289 aviones privados en Argentina que se compraron al exterior al tipo de cambio oficial y el Banco Central de la República Argentina autorizó la venta de dólares para esas compras por 202 millones de dólares; lo mismo se podría extender a autos de lujo, yates, etc.

A ese despropósito se suma el pago de los intereses de la deuda pública de la gestión de Macri, que este gobierno no investigó, como prometió hacerlo el Presidente Alberto Fernández el 1° de marzo de 2020 cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Todo ello hizo que el superávit comercial (las exportaciones superaron desde enero 2020 a junio 2022 en 30.000 millones de dólares a las importaciones) se evaporaran  y hoy, las reservas internacionales de libre disponibilidad del BCRA son exiguas y eso lo saben los especuladores que operan en compra y venta por fuera del circuito formal, es decir, el que se comercializa en “cuevas” o “arbolitos y  en el llamado “Dólar contado con liquique consiste en comprar títulos o acciones en pesos, que a la vez cotizan en dólares en el exterior, y una vez adquiridos, el inversor los vende en el mercado extranjero y recibe a cambio un depósito en dólares.

Finalmente, la situación exige que se decrete la “Emergencia Cambiaria”, que le confiere atribuciones al BCRA al ser el “cambista” en última instancia, para preservar las reservas internacionales y venderlas bajo una estricta programación de prioridades. La principal es preservar dichas reservas y con ellas el valor de nuestro dinero, como exige el Artículo 3° de la Ley 24.144 de C.O. del BCRA  y está escrito en el frontispicio de la sede central del BCRA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 

 

 

 

[1] El concepto económico de renta es un plus valor obtenido no por el sacrificio, la eficiencia, la eficacia y/o reducir costos, sino por la ventaja natural del subsuelo y del suelo del país. A la que se suman otras rentas como la financiera, generada por leyes de la dictadura cívico-militar y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA del año 1992, que le confiere a los bancos la función de arbitrar que proyectos económicos se llevan a cabo y cuáles no, e incluso condiciona a los Estados (nacional, provincial y municipal) fuertemente endeudados, cuando se plantean tasas de interés positivas

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