Las fábricas automatizadas de bots y módems destinadas a manipular algoritmos para intervenir en procesos electorales, billeteras digitales y miles de dólares descubiertos por la policía luego de la detención del estratega digital Fernando Cerimedo en Bolivia, tras el macabro intento de femicidio contra su ex pareja, han permitido desenredar los hilos de la geopolítica que Donald Trump pretende imponer en la región. Es evidente que el gobierno estadounidense ya se ha convencido de que la OEA y las Cumbres de las Américas –foro trianual que congregaba a todo el hemisferio desde que el Presidente Clinton las instauró en Miami en 1994, con motivo del lanzamiento del ALCA– ya no le sirven. El escenario en el que Estados Unidos se erigía triunfante luego de la implosión de la Unión Soviética y los países de Europa del Este se ve actualmente ensombrecido con la creciente presencia económica y diplomática de China a nivel mundial.
Por eso Estados Unidos necesita cercar su patio trasero y controlar sus recursos naturales. La lucha contra el narcotráfico en el marco del Escudo de las Americas es la fachada moral perfecta para conseguir el objetivo real de excluir la presencia china en la región, forzando a los países a vetar la tecnología 5G de Huawei, prohibir los cables submarinos de fibra óptica y cercar proyectos estratégicos de infraestructura como el megapuerto de Chancay en Perú, por mencionar algunos. Para lograrlo, está militarizando la región bajo las órdenes del Comando Sur e incidiendo en los procesos electorales vía el trumpismo digital y, también de forma directa, tal como lo hizo el propio Trump en las elecciones presidenciales de Honduras y Colombia, así como en las de medio término en la Argentina. El objetivo es reclutar más países para su proyecto político, tal como lo señala explícitamente en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre del año pasado.
De las mesas de votación de la OEA a los cuarteles del Comando Sur
El ex asesor de Seguridad Nacional (2018-2019) John Bolton describe en La habitación donde ocurrió: una memoria de la Casa Blanca el profundo desprecio de Donald Trump hacia la OEA y hacia cualquier organismo multilateral. Bolton deja claro que Trump no solo dudaba de su utilidad, sino que consideraba a la OEA una pérdida de tiempo, un sumidero de recursos económicos y una plataforma inoperante. Para Trump, la idea de sentarse en una mesa donde el voto de Estados Unidos valía lo mismo que el de cualquier isla pequeña del Caribe o el de un país de izquierda en Sudamérica era inaceptable. En la mentalidad empresarial y transaccional de Trump, la OEA requería demasiada negociación para lograr resoluciones que, al final, eran simples declaraciones simbólicas sin “dientes” ni poder real de ejecución. Este desdén a la OEA, cuya Secretaría Técnica organizaba las Cumbres de las Américas, se expresa en el hecho que Trump se convirtió en el primer Presidente estadounidense en la historia en negarse a asistir a la Cumbre de las Américas de Lima en 2018. Y aún no tiene fecha la que debió realizarse en la República Dominicana en noviembre de 2025.
Bolton narra que el único momento en que la administración Trump le prestó atención a la OEA fue cuando intentaron utilizarla para presionar y aislar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que no lograba reunir los votos para aprobar medidas de fuerza o intervenciones drásticas, Trump se frustró. En ese contexto se crea en 2017 el Grupo de Lima, foro desde el que se insta a las Fuerzas Armadas de Venezuela a reconocer a Juan Guaidó, autonombrado Presidente interino en una plaza de Caracas, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional.
Ello explica que, durante su segundo mandato, la Casa Blanca haya ejecutado un recorte histórico a programas que financiaban Misiones de Observación Electoral, fondos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y programas de desarrollo comunitario en Centroamérica. Lejos habían quedado los años de la Guerra Fría en los que la OEA operó como un foro donde las dictaduras y democracias dóciles de la región legitimaban con su voto o su silencio cómplice invasiones, golpes de Estado, aislamientos diplomáticos y embargos draconianos a naciones soberanas que confrontaban al poder estadounidense: Guatemala (1954) Cuba (1962); República Dominicana (1965). Pero los tiempos cambian y una potencia en declive ya no tiene la paciencia para vestir un traje de diplomacia.
Narcotráfico y negocio armamentístico
El complejo militar-industrial de Estados Unidos encuentra en la militarización de la región un mercado sostenido y lucrativo. Mientras el gobierno estadounidense exige a la región blindar sus fronteras, sus propias leyes internas facilitan el armamento a los cárteles. Entre el 70 y 80% de las armas de fuego incautadas al crimen organizado en México y en el Caribe provienen directamente de armerías en estados de Estados Unidos como Texas, Arizona y Florida. Al mismo tiempo que el armamento ilegal fluye hacia el sur y empodera a los cárteles, el Pentágono presiona a los ministerios de defensa de América Latina para que compren equipo militar oficial (radares, sistemas de comunicación encriptados, aeronaves y municiones) bajo el argumento de “modernizar sus fuerzas para combatir la amenaza del narcotráfico”. Cabe señalar que Washington utiliza la condicionalidad de su inteligencia militar como una herramienta de disuasión, advirtiendo que el intercambio de datos estratégicos requiere redes “limpias” de tecnología china.
Es un círculo de negocio perfecto: las armas estadounidenses alimentan la violencia de los cárteles, y esa misma violencia sustenta la exigencia del ministro de Guerra, Pete Hegseth, para que la región gaste millones de dólares en comprar más armas oficiales a Estados Unidos para combatirlo.
La farsa ética de todo este andamiaje militarizado para luchar contra el narcotráfico se hace evidente con la escandalosa decisión de la administración Trump de indultar y liberar a Juan Orlando Hernández. El ex Presidente hondureño que convirtió a su nación en un narco-Estado y que fue condenado por narcotráfico masivo en una corte de Nueva York a 40 años de prisión, hoy camina libre y es considerado por el aparato oficial como un perseguido político de la izquierda hondureña.
El dinero en efectivo que genera la venta de drogas ingresa al circuito financiero legal a través de bancos occidentales utilizando complejas redes de empresas fantasma (shell companies), fideicomisos y prestanombres y sectores como el inmobiliario, en el que Estados Unidos ocupa de forma sostenida el primer lugar en el ranking mundial de dinero sucio. Además, el flujo masivo de armas de fuego de alta potencia que compran los cárteles se adquiere mediante contrabando y compras simuladas de armerías en Estados Unidos.
Cómplices de la operación Lanza del Sur
Resulta insólito que los 19 países de la Coalición de las Américas para la Lucha contra el Narcotráfico (ACCC), brazo operativo del Escudo de las Américas, reunidos en Panamá el 12 de agosto, formalizaran su cooperación con la operación Lanza del Sur de Estados Unidos, en el marco de la cual se han asesinado extrajudicialmente a 230 personas, varias de ellas inocentes, en 67 ataques a sus pequeñas lanchas, desde que el gobierno estadounidense iniciara el bombardeo en solitario, en septiembre del año pasado, en la costa frente a Venezuela.
Reportes de prensa y organizaciones de derechos humanos denuncian ejecuciones extrajudiciales de civiles y pescadores locales extorsionados. Pese al costo humanitario, informes de la DEA admiten que la estrategia no ha disminuido el flujo de cocaína hacia el mercado norteamericano.
Salvo Estados Unidos, Bahamas y Jamaica, que no están bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), en el resto de los países miembros de la ACCC los militares estadounidenses que cometen crímenes de guerra podrían ser capturados y juzgados por la Corte. Por eso, como señalamos en El Cohete la semana pasada, el gobierno le ha pedido a sus socios que se retiren de la CPI, ya que se prevén operaciones terrestres conjuntas. De hecho, el viernes se reunieron el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, junto al ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo y el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en la ciudad fronteriza de San Lorenzo, para activar el “Tridente de la Seguridad“, una alianza estratégica para bloquear las rutas fluviales, terrestres y marítimas que las organizaciones del narcotráfico utilizan en el Pacífico y en la frontera colombo-ecuatoriana.
Las organizaciones de derechos humanos y de las comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana consideran que una mayor presión militar desatará represalias de los cárteles dentro de las comunidades locales. Históricamente, este tipo de acciones, con un enfoque estrictamente militar, como las realizadas durante quince años en el marco del Plan Colombia, afectan directamente a la población rural, así como a los movimientos sociales, y no solucionan la producción ni el narcotráfico. Además, el principal método de entrada de drogas no son las lanchas en el Caribe o los migrantes cruzando el desierto, sino los puertos de entrada legales (Ports of Entry). Diariamente cruzan la frontera miles de camiones de carga, trenes y contenedores marítimos que sería imposible inspeccionar en su totalidad.
El trumpismo digital en América Latina
Para instrumentar este tipo de alianzas exclusivamente entre aliados, a nivel continental, se requiere reclutar el mayor número de países posible mediante el uso de granjas de bots y técnicas digitales que realicen campañas a partir del perfil de los votantes. Estas han favorecido a los candidatos de derecha y ultraderecha de la región desde Chile hasta El Salvador y Honduras, pasando por Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia y la Argentina, entre otros. No hay país que haya tenido elecciones en los últimos cinco años en el cual no se hayan utilizado.
Esas técnicas heredadas de la británica Cambridge Analytica, dedicada al corretaje de datos para procesos electorales clave, se hicieron famosas al descubrirse la aprobación ilegal de los datos personales de millones de usuarios para perfilar votantes e influir en elecciones clave como la campaña presidencial de Donald Trump y el referéndum del Brexit en 2016. Poco después, la empresa quebró y fue el estadounidense Brad Parscale –asesor digital de Trump durante su primer período, conjuntamente con Steve Bannon en la parte discursiva– quien expandió esas técnicas. Parscale creó dos empresas, Eyes Over y Campaign Nucleus, y le dio a Fernando Cerimedo su representación para ser usadas en toda la región.
Esas empresas inciden en el votante al realizar un perfil psicológico y emocional, que las granjas de bots envían con un contenido hiperpersonalizado para detonar una respuesta emocional e inducir el voto hacia el candidato de la ultraderecha. Entre sus técnicas aplican también la destrucción de la reputación moral del candidato rival y financian activamente portales que se presentan como prensa libre e independiente (La Derecha Diario) Estos portales actúan como el origen de las noticias falsas; una vez publicadas allí, los ejércitos de bots se encargan de convertirlas en tendencia de X para obligar a los medios de comunicación tradicionales a hablar de ello.
Y la pregunta clave, ¿cómo se financian estas millonarias campañas de demolición digital a los candidatos de oposición que no utilizan esos servicios? El dinero se canaliza a través de vacíos legales en los estados de Florida y Delaware. Allí, consultoras lobistas de Miami y Doral (Latin America Advisory Group, Clock Tower X o Madero Group, la de Cerimedo, más pequeña en el mundo hispano) utilizan Sociedades de Responsabilidad Limitada fantasmas que ocultan la identidad de magnates y sectores donantes en los países de la región.
A cambio de inyectar estos millones de dólares anónimos para desestabilizar gobiernos en sus propios países o candidatos rivales en elecciones presidenciales, las consultoras les consiguen el kit digital de desinformación digital y fotos oficiales con Trump y reuniones con senadores en Washington, que les da un aura de proyección política internacional.
Conclusión
El Escudo de las Américas marca el fin de la etapa de un organismo hemisférico multilateral con carácter representativo como la OEA, e inicia una nueva en la que se impone la verticalidad bajo la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos en la que participan 19 países de la región, alineados con el trumpismo. Para conseguir ampliar esta alianza hemisférica intervendrán por todos los medios en las próximas elecciones de Brasil y de México.
El Escudo de las Américas no es una propuesta novedosa; basta ver el fracaso del Plan Colombia, donde Estados Unidos siempre reprimió la oferta en el país, mientras evadía la responsabilidad del consumo interno en sus calles y el flujo masivo de armamento que sus propias armerías suministran a los cárteles.
El verdadero peligro para la región es que nos encontramos ante la ingeniería política de una potencia declinante que ha decidido subcontratar la mentira, promover el uso de perfiles psicológicos robados y financiamientos opacos que hacen que el sistema democrático sea solo un cascarón manejado por estructuras con dinámicas mafiosas.
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