Ajustadores seriales

 

No casualmente, una ola de versiones, rumores, declaraciones y “operaciones de mercado” comenzó apenas el Ministerio de Economía dio a conocer el domingo 23 de julio que se había alcanzado un acuerdo provisional entre el equipo de negociadores argentinos y sus contrapartes del FMI.

La noticia del entendimiento con el Fondo fue complementada a primer hora del lunes con la difusión de medidas significativas: la fijación de un tipo de cambio especial de 340 pesos por dólar hasta el 31 de agosto para productos exportados por economías regionales para “el fortalecimiento de las reservas del Banco Central”, y el anuncio de la extensión del denominado impuesto PAIS, con una alícuota del 7,5% para todos los pagos de importaciones de productos –excepto insumos de canasta básica, medicamentos, sector energético– y del 25% para las compras externas de servicios.

Entidades como la Asociación Empresarial (AEA), la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA) y el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) se apuraron a criticar las medidas. No lo hicieron por oposición a una mayor devaluación del peso, o por criticar ajustes regresivos para la mayoría de la población, sino centralmente, por el contrario, por considerarlos “insuficientes”. Dos son las referencias argumentales reiteradas:

1. La suposición de la existencia de un “atraso cambiario”, es decir una fuerte descompensación de precios relativos por ser un país caro que impediría exportar, conllevando por ello que “la escasez de reservas internacionales permanecerá mientras no se genere confianza” con un “tipo de cambio competitivo”.
2. La repetida referencia a que la alta inflación sería debido al “déficit fiscal”, identificándola como causada “por el aumento del gasto público en todos los niveles de gobierno”, “la insoportable carga fiscal” y “el financiamiento a través de la emisión monetaria”.

 

Excusas devaluadas

Resulta evidente que la sequía de la última campaña agrícola ha sido un factor crítico inmediato para el país. Pese a ello, las exportaciones registradas alcanzaron en el primer semestre del presente año 33.509 millones de dólares, la segunda más alta para el mismo período en la última década, solo superada por las ventas en 2022. ¿Dónde se encuentra el “atraso cambiario”?

Los pro-devaluadores no refieren su análisis a una circunstancial falta de lluvias, ya que en tal caso deberían tomar en consideración condiciones y perspectivas específicas de producción y exportaciones agrícolas que justificarían restricciones temporarias a la disponibilidad de divisas por la estrechez de las reservas del Banco Central. Lo plantean como si fuera una problemática estructural de altos costos y “recalentamiento de la demanda” de la mayor parte de la población, aunque resulte evidente que no es así, tanto en comparaciones históricas del país o en relación en la actualidad a otros países de la región.

Los salarios en la Argentina han perdido en promedio una cuarte parte de su capacidad adquisitiva en los últimos cinco años. En apenas una década pasaron de ser los más altos de América Latina a ubicarse en el lugar 15º de 18 países de la región, cuyos niveles son seguidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La información del promedio, además, oculta que se ha ahondado la brecha salarial entre sectores y niveles.

Las ideas compartidas de “eliminar el cepo cambiario” vuelven a repetir la ilusión del primer ministro de Economía del gobierno de Cambiemos, Alfonso Prat Gay, quien aseguraba en el tiempo campaña en 2015 que la liberalización del mercado de cambio traería aparejada confianza, previsibilidad y estabilidad. Se evidenció muy duramente en su gestión que no fue así, pero se profundizó y fue peor aún en forma posterior, a lo largo del resto del mandato del gobierno amarillo.

Propuestas como la de “dolarizar” la economía que plantea hoy Javier Milei, o la de “terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible” con un supuesto “blindaje” del FMI de Patricia Bullrich, carecen de sustento o consideración alguna sobre el grado de desarticulación económica y social que provocarían.

Se trata de una emergencia cambiaria. Resulta evidentemente prioritario el cuidado de las divisas a través del sostenimiento de controles cambiarios para garantizar el acceso de la población a necesidades básicas que requieren –tanto en forma directa como indirecta– de esas divisas, esenciales también para el sostenimiento y la ampliación de la actividad productiva y el empleo. En forma paralela, es preciso contemplar que presiones, incertidumbre y expectativas de devaluación de nuestra moneda generan la repetición de alteraciones seriamente inflacionarias y regresivas provocadas en forma reiterada en nuestro país por liberalizaciones y/o fuertes saltos cambiarios, que han llevado a mayores desarticulaciones financieras, económicas y sociales, junto a un mayor endeudamiento público.

La Argentina afronta un dilema: la depreciación de la moneda solo como ajuste circunstancial de la balanza de pagos tiene efectos directos en las actividades económicas por la alteración de precios relativos y la caída de la demanda. En tanto, la falta de un mecanismo de administración cambiaria transparente, eficiente y recurrible puede generar la proliferación de maniobras de subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, movimientos y juegos especulativos financieros. En forma simultánea, las alteraciones cambiarias desmesuran el pago de los servicios de una enorme deuda pública en moneda extranjera, incluida la negociada con el FMI, y arrastran la nominada en pesos.

No es extraño entonces que se presenten explicaciones tautológicas. Así, a la manera de ejemplo, es como el economista Hernán Lacunza (ex-ministro de Economía de Mauricio Macri y actual asesor económico del candidato de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta), afirma: “Lo que provoca la pobreza también es el desajuste, en este caso el atraso cambiario. Ahí se incuba el problema”. La única motivación explicitada entonces no es en relación a costos relativos, sino la diferencia de la cotización del dólar oficial administrado en relación a otras paralelas. Es decir, el error de explicar consecuencias como causas para no analizar por qué se repiten los fracasos.

Se habla de grandes perspectivas exportadoras para la Argentina para el próximo período por las potencialidades de energía de Vaca Muerta, el litio y la demanda mundial de alimentos, al estar la oferta alterada por la guerra en Ucrania. Pero con precios internacionales sostenidos y precios locales no diferenciados las presiones devaluatorias retrógradas pueden producir la paradoja de que la mejoría de condiciones externas (exportaciones) continuara en paralelo a un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría del país. Sería la característica de una economía de enclave.

 

El Estado bobo

El Estado debe jugar un rol fundamental para garantizar funciones indelegables y contribuir en forma activa a afrontar los desafíos de la sociedad. La política fiscal es esencial para el logro de una sociedad democrática e inclusiva apoyada en una economía dinámica con una distribución equitativa de ingresos, con cargas impositivas de acuerdo a capacidades contributivas. Esto resulta aún más imprescindible cuando se abisman distancias económicas y sociales no basadas en el esfuerzo y el trabajo sino en una excepcional renta diferencial por recursos naturales y/o maniobras especulativas, que proliferan en momentos de crisis como el actual.

Del análisis de las cuentas públicas resulta evidente que el impulso del desequilibrio fiscal no es debido al gasto social, que ha disminuido significativamente su nivel real en el último año: entre junio de 2022 y de 2023 la inflación creció el 115,6%, mientras las prestaciones de seguridad social lo hicieron solo un 90,3%. Sí han seguido creciendo los costos financieros (pago de intereses) para el Estado: un 161,2% en el mismo período. Aquí sí está la clave de la emisión monetaria, o su esterilización a través de bonos/instrumentos del Estado o del Banco Central, cuya tenencia se encuentra extremadamente concentrada, generando súper beneficios. La crisis tiene claros ganadores y perdedores.

La muletilla repetida hasta el cansancio de que “la presión impositiva aquí es una de las mayores del mundo” no es cierta, como puede verificarse fácilmente en la base estadística de acceso público de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE). Se plantea, además, una seria distorsión de la realidad cuando se da a entender que la mayor evasión proviene de los pequeños contribuyentes, en su mayor parte en situación de emergencia.

La mayor irregularidad tributaria debe buscarse en los grandes contribuyentes. La estructura de ingresos fiscales en la Argentina tiene un carácter claramente procíclico y su perfil castiga a sectores más sensibles en períodos recesivos y beneficia particularmente a quienes cuentan con mayores prebendas, o con capacidad para realizar maniobras de elusión o evasión impositiva

El Cohete a la Luna publicó en su edición del 16 de julio un listado con los nombres y apellidos de evasores del Aporte Solidario y Extraordinario establecido en 2020 en el marco de la pandemia (ley 27.605). Muchos de ellos son activos e influyentes para el apoyo a propuestas y candidatos que exigen más sacrificios sociales para “salir de la decadencia”, pero exigen el sostenimiento y ampliación de sus propios privilegios y prebendas mientras hablan de aspirar a “un país más justo y creíble”.

A no dudar, la Argentina tiene diagnósticos, roles y perspectivas confundidos por la proliferación de ejercicios de cinismo.

 

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