Todo el gobierno de Javier Milei es sin forma y procaz, de un nivel intelectual y moral paupérrimo. Han pergeñado proyectos de leyes de dudosa constitucionalidad que, lo que es peor, han sido convertidos en legislación por el Congreso de la Nación, para beneficio de una minoría que se apropia indebidamente de lo que le pertenece al pueblo argentino.
El artículo 124 de la Constitución nacional dice textualmente: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Las provincias, a través de sus autoridades constitucionales (gobernadores y legislaturas), tienen la facultad de administrar, regular y otorgar concesiones de explotación sobre esos recursos, pero se consideran un patrimonio provincial en beneficio de sus habitantes, y esa es la razón por la que muchas constituciones provinciales lo ratifican, indicando que los recursos pertenecen al dominio público provincial.
Sin embargo, observamos que se han concesionado las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue por 30 años. Alicurá y Cerro Colorado fueron adjudicadas a Edison Energía S.A., la sociedad que los hermanos Juan y Patricio Neuss armaron junto con directivos de Newsam y accionistas de la firma Inverlat (Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Carlos Giovanelli). La central Piedra del Águila mantiene a sus actuales concesionarios, la UTE que integran Carlos Miguens, la familia Escasany, Guillermo Reca y los hermanos Ruete Aguirre. Y la represa El Chocón-Arroyito, que administraba la italiana ENEL, fue cedida a 30 años a BML Inversora, del productor agropecuario Manuel Santos Uribelarrea.
Las cuatro centrales se concesionaron por un total de 706,8 millones de dólares, que ingresaron al Tesoro de la Nación en febrero de 2026, y ese mismo mes se debió pagar al FMI solo de interés la suma de 784 millones de dólares.
En el caso de Alicurá, Edison Energía S.A. pagó 162 millones de dólares y por Cerro Colorado, 64 millones. Dos centrales que requirieron años de inversión pública contabilizada en los presupuestos (1979–1984 para la primera y 1966–1972 para la segunda).
A su vez, Edison Energía S.A., asociado a Genneia S.A. (del grupo Brito-Banco Macro), presentó la oferta ganadora por 356.174.812 dólares. Se convertirá —sujeto a confirmación oficial— en el nuevo co-controlante en reemplazo del Estado nacional. Junto a Pampa Energía (dirigida por Marcelo Mindlin), se adueñan de Transener S.A., que es la mayor transportadora eléctrica del país.
En la provincia de Tucumán el Grupo Edison Energía compró EDET (Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán) en marzo de 2025. La operación incluyó el control de empresas eléctricas en el NOA. En Tucumán, por ejemplo, se paga la tarifa más cara del país; en abril de 2026 se fijó a 147 pesos el kilowatt (kWh), cuando en la Ciudad de Buenos Aires varía significativamente según el nivel de ingresos y el consumo, con valores que rondan entre 23,60 y 75,96 pesos por kWh. Es más, la empresa EDET avisó que en junio 2026 incrementa el precio del kWh en un 18%.
No hay informe público sobre el costo de la prestación del servicio y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), que es el organismo provincial responsable de auditar la calidad del servicio, las tarifas y las inversiones, tampoco lo informa. El grado de indefensión del pueblo de la provincia refleja la pérdida de derecho.
A su vez, el 26 de julio de 2026 vence la concesión por 30 años de los complejos hidroeléctricos de la provincia, que son los diques de El Cadillal en Tafí Viejo, Escaba en Alberdi y Pueblo Viejo en Monteros, y es más que probable que Edison Energía S.A. se presente en su licitación.
Los hermanos Neuss participan como operadores en la generación de electricidad (las centrales hidroeléctricas Potrerillo en Mendoza y las dos del Comahue referidas: Alicurá y Cerro Colorado), en el transporte (LITSA - Línea de Transmisión del Litoral, y ahora en Transener) y en la distribución de la electricidad (EDERSA - Río Negro; EDET - Tucumán; y EJESA - Jujuy).
La pregunta obligada es por qué se concesiona la generación y se privatiza el transporte y la distribución a precio vil. Así, la población termina pagando una tarifa mucho mayor que su costo, lo que significa una renta extraordinaria a favor de los que prestan el servicio, que debería ser público y a precio accesible para todos los usuarios, especialmente para los de menores ingresos.
Se dicen liberales y detraen servicios del área pública para crear monopolios o cuasimonopolios privados con mercado cautivo. Todas medidas de dudosa constitucionalidad y contra el derecho de la población.
Es más, la dudosa constitucionalidad de la mayoría de las concesiones y privatizaciones es lo que se puso en duda en la llamada “semana argentina” en Nueva York, celebrada entre el 9 y 11 de marzo de 2026 por el gobierno de Milei con grandes inversores de la minería, del petróleo y del gas.
“Dudosa constitucionalidad" que se afirma cuando, a fines de ese mes de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que condenaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares (más intereses y costas) a YPF S.A., porque la Constitución de un país está por encima del acta de directorio, o de acuerdos entre partes, tengan el carácter que tengan.
Los Neuss lo saben: Jorge Neuss, padre de Juan y Patricio, en la década de los '90 estrechó una amistad con Carlos Menem y se quedó con una privatización sospechada de corrupción, la del control del espacio radioeléctrico en sociedad con la francesa Thales, a la que Kirchner le quitó la concesión no bien asumió.
Y Néstor Kirchner, cuando fue Presidente, mantenía una relación entre la recaudación por los derechos de exportación y el subsidio a la tarifa eléctrica en todo el país (sean los usuarios productores y comercios, como a las familias), de manera tal que con los recursos de las retenciones hacía política de ingreso y productiva con las distintas tarifas.
EL RIGI y el super RIGI
La ley 27.742, llamada ley de Bases, además de habilitar la privatización y/o concesión de ENARSA, NUCLEOELECTRICA ARG., YCRT, AYSA, Belgrano carga, SOFSE, corredores viales; de modificar la legislación laboral; crea el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) para proyectos mayores de 200 millones de dólares, que, según lo establecido en su decreto reglamentario n.º 749/2024, se benefician con:
1. Estabilidad normativa y fiscal: Garantía de 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria, lo que implica que las normas no cambiarán a regímenes más restrictivos durante ese periodo.
2. Incentivos cambiarios: Libre disponibilidad de divisas para la exportación. Los proyectos podrán disponer del 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercer año, facilitando la remisión de utilidades.
3. Beneficios fiscales:
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- Impuesto a las Ganancias: Reducción de la alícuota general al 25%.
- Amortización acelerada: Sistema que permite deducir los bienes de capital más rápido.
- Quebrantos: Los quebrantos impositivos no prescriben y, tras 5 años, pueden ser transferidos a terceros.
- IVA: Posibilidad de cancelar obligaciones con Certificados de Crédito Fiscal.
4. Beneficios aduaneros: Exención de derechos de importación y tasas asociadas para el 80% de la maquinaria y bienes de capital necesarios para el proyecto.
5. Seguridad jurídica: Creación de un panel para resolver disputas (arbitraje internacional).
Y si bien es cierto que en la Cámara de Diputados, el 29 de abril de 2026, el inefable jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que se habían presentado al RIGI un total de 35 proyectos, de los cuales ya estaban aprobados 13 por un total de 27.210 millones de dólares (los otros 22 proyectos se encuentran en proceso de evaluación), lo cierto es que, a esa fecha, la inversión gradualmente se realiza básicamente en:
- Vaca Muerta Sur (VMOS) – Consorcio liderado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: Oleoducto e infraestructura en Río Negro para duplicar las exportaciones de petróleo; inversión inicial de 2.900 millones de dólares.
- Southern Energy – Proyecto GNL - Propiedad de Pan American Energy y Golar LNG: Barcaza en el Golfo de San Matías para producir gas natural licuado; recién se inicia el proyecto, de una inversión total de 15.156 millones de dólares.
- Proyecto Los Azules – McEwen Copper: Explotación de cobre en San Juan; inversión total de 2.672 millones de dólares.
- Veladero – Ampliación - Consorcio Minera Andina (Barrick Mining y Shandong Gold): Ampliación de la producción en San Juan. Inversión de 436 millones de dólares.
- Diablillos – AbraSilver: Proyecto de oro y plata en Salta y Catamarca. Inversión de 764 millones.
- Rincón – Río Tinto: Ampliación a 60.000 toneladas anuales de litio en Salta; inversión total de 2.744 millones.
Obviamente, son millones de pesos y de dólares que el Estado deja de recaudar en favor de los que están detrás de los superventajosos proyectos.
Sin embargo, ahora el gobierno envía un nuevo proyecto de ley creando un “super RIGI”. Este proyecto favorecerá, según dijo el ministro Luis Caputo, a industrias estratégicas que actualmente no se desarrollan en la Argentina. Para ello, dijo que a esas empresas la tasa del impuesto a las ganancias se reduce al 15%. Además, podrán amortizar el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero.
A esto se suman exenciones arancelarias ampliadas para la importación de todo insumo vinculado a la producción, no solo de bienes de capital como ocurre actualmente, donde existen "zonas grises" en la nomenclatura que generan conflictos interpretativos. Asimismo, el régimen contempla arancel cero a las exportaciones.
Cuando los periodistas le preguntaron a Caputo cuáles son las actividades que promoverá, el ministro se refirió al refinamiento y laminado de cobre, a los paneles solares, al armado de turbinas eólicas, a la cadena de valor del uranio, a la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio, a la elaboración de fertilizantes, entre otros. El objetivo de estas condiciones es aumentar la competitividad de la Argentina frente a otros países que ya ofrecen incentivos similares a grandes conglomerados internacionales.
En síntesis
En el presente, el carry trade, la fuerte colocación de obligaciones negociables en divisas de grandes empresas locales y las exportaciones agropecuarias y de petróleo generan la oferta de divisas que permite controlar el precio del dólar en el mercado cambiario argentino.
Y en el futuro inmediato, la promesa del RIGI y del super RIGI permiten al equipo económico de Manhattan en la Argentina, conducido por Luis Caputo, llevar adelante la política económica tras 29 meses.
Pero paralelamente, la economía interna en la construcción, la industria y el comercio desciende día tras día, se cierran establecimientos y se expulsa a trabajadores. Al ser el sistema tributario ligado esencialmente al mercado interno, tanto el gobierno nacional como el resto de las administraciones públicas deben reducir sus gastos y actividad.
En la administración nacional, el ajuste fiscal se ve en los magros haberes de la mayoría de sus empleados, de los jubilados y pensionados. En la asistencia a los discapacitados, en el desfinanciamiento del PAMI, en la obra pública, en salud, en educación, en las transferencias a provincias y a las universidades.
Paradójicamente mientras la suba del precio internacional del petróleo y del gas beneficia a un puñado de empresas del país, el Estado no solo permite el aumento sistemático de las tarifas energéticas, sino que debe incrementar sus gastos para atender la brecha entre costos y tarifas de la generación eléctrica, envíos de fondos a ENARSA para solventar la compra de gas y giros al fondo fiduciario para consumos residenciales de gas.
Paralelamente a que el gobierno busca la financiación en divisas para cumplir con las obligaciones de la deuda externa (vencen capital e interés en mayo de 2026 por 1.207 millones de dólares, y en julio de 2026 por 4.507 millones de dólares), a la vez, flexibilizan las compras de divisas para las empresas:
- Las empresas extranjeras pueden girar en concepto de pago de dividendos las utilidades generadas a partir del ejercicio fiscal cerrado en diciembre de 2025. Y en marzo de 2026, según informa el BCRA, se giraron por ese concepto 869 millones de dólares (principalmente de las tres multinacionales que operan en Vaca Muerta: Chevron, Total y Shell), y esa suma fue mayor en abril (aún no publicada), periodo en el que la mayoría de las empresas presenta sus balances y liquida el impuesto a las ganancias.
- El BCRA, mediante la Comunicación “A” 8390 del 22/01/2026, establece que las empresas podrán acceder al mercado oficial de cambios para disponer de dólares con el fin de cancelar deuda, siempre y cuando consigan préstamos con una vida promedio más larga que la cancelada o emitan una nueva obligación negociable. También incluye el pago adelantado de cuotas de capital.
Pese a los grandes beneficios que obtiene, el capital extranjero exige puertas de salida del carry trade. En un contexto en el que se generan cambios, en el que hay quienes ganan y quienes pierden con el modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador, los que ganan quieren tener a mano la puerta de salida. Saben que la población ya comprendió que el sacrificio sigue y se profundiza, y que la paciencia tiene un límite.
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