Cada causa por delitos de lesa humanidad en la Argentina –en este caso, la 8008/2008– prueba la materialización y la territorialidad del plan sistemático del terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura cívico-militar. Aunque, a 40 años del histórico Juicio a las Juntas Militares, todavía falta analizar colectivamente los alcances de la participación civil y, en particular, de ciertas prácticas al interior del campo jurídico, sobre todo en los juzgados federales en las provincias.
En el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia se desarrolla un juicio que muestra cómo un juez federal de Rawson revistió de juridicidad y legitimidad los secuestros clandestinos y detenciones forzadas de por lo menos diez personas, ocultó las torturas infligidas por parte de efectivos estatales y negó la existencia de violaciones y vejámenes a dos jóvenes en cautiverio, todos hechos cometidos durante 1976.
Desde agosto y hasta noviembre inclusive se juzgan delitos de lesa humanidad contra siete militares, prefectos, policías federales y de la provincia de Santa Cruz cometidos contra 23 personas, una de cuales continúa detenida-desaparecida. Aunque no es objeto de la causa 8008, de la prueba reunida contra los acusados surge el papel fundamental que tuvo Omar Delfor Garzonio, juez federal de Rawson entre 1975 y 1984, fallecido en 2002 sin rendir cuentas sobre su paso por el Poder Judicial. Rawson es la capital de Chubut. Por esos años, era el único juzgado federal de primera instancia con una vasta jurisdicción.
De las 23 víctimas de esta causa, al menos diez estuvieron frente a Garzonio, según sus declaraciones en la etapa de instrucción de este expediente y otros vinculados, que consultamos para este informe. Lo ratificó ante el TOF días pasados Miguel Anchordoqui; seguramente harán lo propio Edita Rubilar (el 24 de setiembre) y Mirta Silveira (el 25), tal como vienen sosteniendo desde hace décadas.
También lo confirma la causa 35/146 de 1976 caratulada “Demetrio, Jorge Armando, Finkel Olga Zulema Pérez de, Ledesma, Francisco Alberto y otros s/presunta infracción Ley 20.840”, llamada ley antisubversiva. En esa causa, Garzonio imputó, procesó y condenó, cumpliendo gran parte de la pena en la Unidad 6 de Rawson, a Edith Del Carmen Rubilar, Mirta Dolly Silveyra, Luis Antonio Porciel, Adolfo Edgardo Silveyra, Guido Adrián Ñancupel, Cesar Roberto Vivar, Miguel Ángel Anchordoqui, Hugo Luis Lorenzi, Alberto Enrique Marucco, Osvaldo Stoyanoff, José Armando Demetrio y Francisco Alberto Ledesma. En ese mismo proceso, se libró orden de detención contra Guillermo David Silveira (hoy desaparecido). Todas estas personas fueron señaladas como blancos de inteligencia, secuestradas o detenidas en operativos ilegales. La intervención judicial permitió blanquear como detenidos en la Unidad 6 a once personas, nueve de las cuales son víctimas en la causa que se juzga ahora.
Las personas, el aparato
En el fondo, nada es nuevo. Ya denunció el papel de Garzonio un sobreviviente, Hipólito Solari Yrigoyen, tan chubutense y abogado como el juez, que declaró en el Juicio a las Juntas por su complicidad sobre el secuestro, agonía y muerte de Mario Amaya en el penal de Rawson. Tanto Amaya como Solari Yrigoyen fueron abogados defensores de los presos políticos masacrados el 22 de agosto de 1972 en la base naval Almirante Zar, Trelew, y estuvieron secuestrados en agosto de 1976. En aquel momento, Garzonio era secretario del juzgado que investigaba la detención, la fuga y las ejecuciones de los dirigentes de las organizaciones guerrilleras.
Francisco Alberto Ledesma trabajaba en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, cuando Remus Tetu desembarcó como interventor en esa universidad y organizador de la Triple A, por lo que se mudó a Comodoro Rivadavia con su familia para resguardar su vida. “Llego en febrero de 1975, primera o segunda quincena. Primero yo, luego llevo a mi familia, mi compañera y tres hijos. (Ya en Comodoro) estuve trabajando en el servicio de mantenimiento en la fábrica Guilford SA. No estuve trabajando en forma clandestina, siempre me moví con mis documentos legales. Hacia septiembre u octubre de 1975 me nombran delegado gremial en Guilford. Primero detuvieron a mi compañera por entonces, Olga Zulema Pérez de Finkel; trabajaba en clínica Cruz Azul. (…) Me llevaron a la Policía Federal donde fui obligado a firmar una declaración con la que me forman la causa penal en el Juzgado Federal de Rawson. Fui obligado por la tortura a firmarla, donde refería que era subversivo y acopiaba armas. El 5 de julio de 1976 presté declaración ante el juez Garzonio en Rawson. Declaré que me habían torturado. El juez no lo quiso poner; luego de que accedió, yo recién firmé. El 7 de julio de 1975 me dictó la prisión preventiva”.
Este testimonio fue citado por la jueza de instrucción penal de Comodoro, Eva Parcio de Seleme, en su fallo de mayo de 2012, en el marco de la tramitación de este legajo 8008.
El relato de Ledesma enlaza las acciones concretas de los ahora enjuiciados con: el accionar de las tres A, la persecución a los referentes sindicales, las detenciones previas al golpe y, en este caso, la represión y persecución a la lucha obrera en la empresa textil Guilford, entre diciembre de 1975 y marzo de 1976.
Instrumento necesario
Hace 13 años ya, Parcio de Seleme dijo que de la lectura de la causa 35/146 y de la que ella instruía pero “fundamentalmente de las declaraciones testimoniales de las víctimas prestadas a lo largo de todo el proceso, surge con meridiana claridad la connivencia y complicidad del entonces Juez Federal de Rawson Omar Garzonio (hoy fallecido) con muchas de las personas aquí imputadas, y como instrumento necesario con el que se intentó en esos años no sólo justificar sino fundamentalmente ocultar bajo un halo de legalidad a partir de este proceso los delitos de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a derechos humanos de las victimas sometidas a proceso por Garzonio”.
Las detenciones de Ledesma y su compañera encabezan la causa federal que actuó como paraguas de legalidad no sólo para los secuestros, sino también para los tormentos reiterados en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 8 “General O’Higgins”, como también en la guardia de prevención y donde hoy funciona la sala histórica de la unidad, y en las dependencias de la Delegación de Policía Federal Argentina.
En 2017 argumentó en el mismo sentido Norberto Bellver, fiscal federal que elevó a juicio este expediente.
Sin sorpresas
Garzonio fue designado juez federal (en comisión) el 11 de marzo de 1975, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, y fue confirmado por el dictador Jorge Rafael Videla en julio de 1976.
Intervino en los casos de secuestro y tortura de nueve militantes políticos en Trelew y Comodoro Rivadavia perpetrados por la Federal entre noviembre y diciembre de su año debut.
También se documentó su intervención en la llamada causa 500, de 2019, por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson perpetrados contra 70 víctimas. La mayoría de los detenidos políticos que ingresaban a la U6 estaban a disposición del Poder Ejecutivo, procesados por infracción a la ley 20.840 y provenían de cárceles de otras zonas del país, como Resistencia, La Plata, Córdoba o Bahía Blanca. Otros pasaron antes por lugares que funcionaban ilegalmente como centros de represión y tortura, como el Regimiento de Infantería 8, por delegaciones de la Policía Federal o de la provincia de Chubut, y de otras provincias. Salieron de todos esos lugares habiendo sido torturados. Los detenidos que llegaban de varias partes del país a la Base Militar Almirante Zar también habían sido castigados severamente –con puñetazos, patadas y golpes con culatas de armas– durante los vuelos.
Menos discutido es el caso de la persecución judicial a una persona del colectivo LGTB+ del que participó Garzonio. En agosto de 1977 se inició una causa por infracción al Servicio Militar, decretos 29.375/44, 14.584/46 y ley 12.913, donde se indica “profesión u oficio: travesti”. Una jueza de Puerto Madryn retomó aquel caso y sostuvo que “ser del colectivo LGTB+ no es una profesión, forma parte de la identidad de la persona y este tipo de registros afecta su dignidad”, por lo que dispuso en 2016 que ese apunte en la prisión preventiva firmada por Garzonio “debe ser extirpado del Registrado de Antecedentes Penales por discriminatorio”.
Costa silencio
Entre Trelew y Rawson (la capital provincial) hay 22 kilómetros; a la vez, entre Rawson y Comodoro Rivadavia hay 383 kilómetros. Siempre hubo alta movilidad social entre esas ciudades de la costa, incluyendo la información y el debate público.
Es llamativo cómo Garzonio –o el sector social que él expresaba– logró que las críticas a su trayectoria judicial quedaran encapsuladas al interior del movimiento de defensa de los derechos humanos. Es tan así que hay un otro Garzonio, el dirigente cooperativista, presidente de la Cooperativa Eléctrica, de Consumo y Vivienda de Trelew por años, donde su nombre quedó grabado en metal.
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