El Congreso de la Nación debe actuar con urgencia para anular los decretos y resoluciones del tándem Javier Milei-Luis Caputo que determinan la venta al sector privado del 100% de las acciones de empresas constituidas para privatizar la operación y administración de centrales hidroeléctricas para cuya ejecución y financiamiento contribuimos todas y todos los argentinos.
De concretarse esta privatización, progresivamente tendremos un encarecimiento irracional e injusto del precio de la energía en nuestro país, pues la hidroelectricidad genera la energía más barata. Además, se profundizará la pérdida de la capacidad de planificación y regulación del Estado para potenciar un sistema energético eficaz, con precios razonables. Todo esto será en favor de los negocios de los grupos empresarios locales y transnacionales asociados al actual gobierno y en perjuicio de las familias, el trabajo y la producción.
En la última década del siglo pasado, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, esas centrales fueron concesionadas por decreto y por un plazo de 30 años, en el marco de la desregulación y privatización del sector energético nacional.
El vencimiento de esas concesiones comenzó el 11 de agosto de 2023 para las centrales Alicurá, Chocón-Arroyito, Planicie Banderita y Piedra del Águila. Todas deberían haber sido formalmente revertidas al Estado de puro derecho y tal como figuraba en los contratos de concesión otorgados, con una coherente participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, donde están radicadas las centrales. Lamentablemente el gobierno del Frente de Todos no actuó con la coherencia y eficacia necesarias.
Con el Presidente Javier Milei las concesiones se han ido prorrogando para licitarlas. Por los Decretos 718/2024, 895/2024 y 263/2025, el actual gobierno decidió llamar a concurso público nacional e internacional con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las empresas constituidas para administrarlas.
Ahora, la Resolución 1200/2025, publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, determina iniciar “la venta de la totalidad del paquete accionario de cada una de las siguientes sociedades: Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima”.
La medida será ejecutada por ENARSA (Energía Eléctrica S.A.) con una venta abierta y sin base tanto a oferentes locales como internacionales. Se determina expresamente que no pueden presentar ofertas entes municipales o provinciales, que sin duda tienen legítimo derecho a hacerlo. Las concesionarias serán remuneradas por la potencia “disponible” mensual y por la energía “asociada” a dicha potencia; el precio también estará acoplado a los índices de precios de producción y al consumidor estadounidenses, cuando debiera basarse totalmente en los costos reales de la Argentina.
Al considerar esta enajenación, no podemos dejar de recordar que previamente se privatizó en favor de la estadounidense ARC Energy la estratégica empresa IMPSA, con capacidad para el diseño, construcción y mantenimiento de turbinas hidroeléctricas, incluyendo un reconocido laboratorio para validarlas.
Como arriba decimos, el Congreso de la Nación tiene que asumir la responsabilidad de anular los citados decretos y resolución, para determinar que el Estado nacional, junto a las provincias donde están ubicadas las centrales, se haga cargo de su administración, operación y mantenimiento, garantizando los derechos y estabilidad laboral de todos sus actuales trabajadores.
Ese control público del sector energético es fundamental para modular el precio de la energía para todo el país, participar de la renta hidroeléctrica y crear un fondo para financiar futuras centrales, represas y embalses que contemplen también una adecuada regulación de las aguas involucradas.
El objetivo estratégico de aprovechar nuestros recursos hídricos debe ser revitalizado para poder suministrar energía limpia, confiable y sostenible a la matriz energética de nuestro país, aportando a la imprescindible transición energética, la transformación de nuestra matriz productiva y a la necesaria reconversión industrial.
Privatizar la energía es quitarnos a los argentinos la posibilidad de tener tarifas baratas.
Defendamos nuestra soberanía y nuestro patrimonio hidroeléctrico.
¡No deben venderse!
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las pymes, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. [email protected]
Sergio Arelovich, Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Pablo Manzanelli, Felisa Miceli, Juan Carlos Teso, Tomás Raffo, Andrés Repar, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva. Coordinación: Eduardo Berrozpe.
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