La reciente declaración conjunta sobre el Marco para un Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones entre los Estados Unidos y la Argentina, publicada el pasado 13 de noviembre, no es solo el primer paso hacia la consumación de un pacto asimétrico, sino la cristalización de un alineamiento dogmático. El documento es consecuencia esperable del salvataje brindado por Trump al gobierno de Javier Milei para ganar los comicios legislativos del 26 de octubre. Se inscribe en una tradición histórica de claudicación que profundiza los errores del pasado a la vez que exhibe una desconexión estratégica con la actual distribución global del poder.
La política exterior argentina, dictada por Washington e instrumentada por Milei, Luis Caputo y ahora Pablo Quirno, se aferra a una visión del orden mundial anclada en una foto del poder de hace tres décadas. Este apego al pasado se da a pesar de que los Estados Unidos atraviesan un proceso gradual, aunque sostenido, de declinación hegemónica. El error de interpretación actual tiene reminiscencias de la decisión de la Argentina en la década de 1930, cuando el país ató sus destinos a una Gran Bretaña declinante. En aquel momento, el Pacto Roca-Runciman de 1933 se forjó en un contexto donde el declive británico era evidente y el ascenso de los Estados Unidos resultaba imparable.
Aquel acuerdo de 1933 constituye un paradigma de la vocación de sujeción a un poderío en retroceso. Londres se comprometía a comprar carnes argentinas a un precio inferior al de otros proveedores, mientras que Buenos Aires aceptaba liberar los impuestos que pesaban sobre los productos británicos. La expresión del Vicepresidente Julio A. Roca (hijo), quien definió a la Argentina como “una parte integrante del Imperio británico”, ilustra la vocación de subordinación que hoy se replica de la mano de Milei.
Así como en los años ‘30 la Argentina reforzó sus relaciones con Gran Bretaña a costa de malquistarse con los Estados Unidos, hoy el gobierno argentino se alinea dogmáticamente con Washington. Esto ocurre a pesar de la estructura del poder vigente, en la que China ha consolidado un formidable poderío económico. Como hemos señalado en notas previas, la peor estrategia para nuestro país, en un escenario de doble dependencia de competidores con paridad relativa de poder, es el alineamiento acrítico con los Estados Unidos.
La referida declaración conjunta constituye un ejemplo flagrante de obsecuencia a Washington y de ejercicio de la dominación en política internacional. A pesar de que el título presupone un “marco recíproco”, la realidad es que solo la Argentina asume compromisos. Nuestro país ofrece acceso preferencial para una amplia gama de productos estadounidenses, incluyendo medicamentos, químicos, maquinaria, dispositivos médicos y vehículos automotores. Buenos Aires se compromete a eliminar barreras no arancelarias, como las licencias de importación, y a aceptar importaciones que cumplan con las certificaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Automotores (FMVSS) de los Estados Unidos. Esta concesión inédita permite sortear organismos de control locales como la ANMAT y el SENASA.
El compromiso, insistimos, es solo de la Argentina. La supuesta reciprocidad estadounidense, si es que existe en algún ítem, es notablemente vaga y ambigua. Washington solo ofrece eliminar aranceles sobre "ciertos recursos naturales no disponibles" en su territorio y "artículos no patentados para uso farmacéutico", bienes que no implican competencia directa para los Estados Unidos. Quedan específicamente fuera los aranceles sobre el acero y el aluminio, sectores clave para la industria argentina.
Esta voluntad de subordinación irrestricta procura alcanzar la dependencia para-colonial teorizada hace casi medio siglo por Juan Carlos Puig [1]. Este tipo de dependencia se materializa cuando un Estado, aunque formalmente soberano, actúa como “un apéndice del aparato gubernativo y de la estructura del poder real de otro Estado”. Esta descripción distingue la para-colonialidad de la dependencia nacional. En esta última los grupos de poder aún racionalizan la dependencia buscando su propio provecho. El gobierno de Milei, en su afán hiperbólico, procura ser el “primero de la historia argentina” en depositar al país en este nivel extremo de dependencia y claudicaciones soberanas.
A la asimetría de las concesiones comprendidas en la declaración conjunta, se añade la disparidad en la comunicación y el protocolo. El texto del Marco de Comercio Recíproco e Inversión fue publicado de modo unilateral por los Estados Unidos, redactado íntegramente en inglés y sin una versión oficial en nuestro idioma. Este hecho, que no es una mera formalidad, constituye todo un mensaje político respecto de quién dicta los términos del acuerdo.
La declaración fue manejada en secreto por un puñado de funcionarios sin consultar ni al Congreso, ni a las provincias, ni a los sectores productivos, e impone el peso de la adaptación y los cambios regulatorios enteramente del lado argentino. La iniciativa coloca a nuestro país en la misma fila que El Salvador, Ecuador y Guatemala, países con economías primarias, a pesar de que la Argentina posee una extendida base industrial de la que esas naciones carecen. Se trata, como han advertido analistas y funcionarios de la oposición, de un entendimiento “peor que el ALCA”.
Ataque a un Trump en declive
La decisión argentina de atar su destino a Donald Trump es altamente problemática, no solo por los aspectos estructurales descritos previamente, sino por el declive político que atraviesa el líder republicano. Las elecciones locales del pasado 5 de noviembre en los Estados Unidos exhibieron un fuerte llamado de atención al magnate, con los demócratas arrasando en varios distritos. El propio Trump reconoció que la noche electoral “no fue buena” para los republicanos. En rigor, candidatos demócratas como la ex aviadora naval Mikie Sherrill (gobernadora electa de Nueva Jersey), la ex oficial de inteligencia Abigail Spanberger (gobernadora electa de Virginia) y el joven musulmán nacido en Uganda Zohran Mamdani (alcalde electo de la ciudad de Nueva York) ganaron los comicios enfocando sus campañas en fuertes críticas al trumpismo.
El descontento ciudadano resulta palpable: el índice de aprobación de Trump se sitúa en un 37%, el peor de su segundo mandato según CNN; mientras que su índice de desaprobación alcanza el 63%, el más alto de sus dos presidencias. Además, un 61% de los estadounidenses desaprueba su gestión ante el ya superado cierre del gobierno (government shutdown); y el 41% afirma que su voto en las próximas elecciones de medio término será para expresar su oposición al líder republicano.
A esta situación política se suma el affaire Epstein, que ensombrece la presidencia de Trump y se convierte en una distracción permanente para la ciudadanía norteamericana. La conmoción es resultado de la situación de decenas de mujeres jóvenes traficadas y abusadas por Epstein, un magnate y delincuente sexual que se suicidó en prisión en agosto de 2019. El escándalo salpica directamente a Trump, tal como informó Horacio Verbitsky el domingo pasado en El Cohete: “Una carta de Epstein a su cómplice Ghislaine Maxwell dice que Trump conocía muy bien a qué se dedicaban y que pasó varias horas con una de las chicas prostituidas”.
Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, pretenden que se publique todo el expediente sobre este caso de repercusión mundial. El FBI, a cargo de “Kash” Patel, y el Departamento de Justicia, al mando de la fiscal general Pam Bondi, anunciaron hace meses, tras una investigación interna, que no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave del juicio que condenó a Epstein. Desde luego, detrás de esta estratagema puede divisarse una maniobra dilatoria de los funcionarios del Poder Ejecutivo estadounidense para proteger a Trump.
Los coletazos del caso Epstein se han tornado incontrolables en las últimas semanas, al punto de requerir reuniones extraordinarias de altos funcionarios en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para encapsular la polémica. La Cámara de Representantes, en contra de los deseos de la Casa Blanca, votará de manera inminente una resolución que exige la divulgación de los archivos, lo que sugiere que el apoyo del Partido Republicano al Presidente en este tema está comenzando a resquebrajarse.
De justicia fiscal, ni hablar
El alineamiento del gobierno argentino con la ultraderecha global liderada por Trump se traduce, internamente, en políticas que benefician de manera desembozada a los sectores concentrados de la economía y a los grandes patrimonios, en tanto se ataca de forma descomedida cualquier propuesta alternativa que procure mayor equidad fiscal.
Mientras Milei aplica un feroz ajuste fiscal que afecta especialmente a los sectores medios y populares —con la “motosierra” desatada contra los jubilados, las personas con discapacidad y la educación y la salud públicas—, concede en paralelo beneficios y exenciones a multimillonarios como Marcos Galperín. Este exitoso empresario, dueño de un rudimentario lenguaje que despliega con tilingo sentido común en las redes sociales, es el argentino más rico, con una fortuna valuada en 8.500 millones de dólares. Como es sabido, se encuentra radicado en Uruguay para evadir los impuestos del Estado argentino, lo que a juicio del Presidente Milei lo convierte en un héroe.
Es interesante señalar que, a pesar de no tributar en el país, Mercado Libre —la nave insignia de Galperín— recibió más de 350 millones de dólares en beneficios fiscales en los últimos cinco años bajo el régimen de “Economía del Conocimiento”. Solo en 2025, la empresa se hizo de 50 millones de dólares en reducción del impuesto a las ganancias y 17 millones más en reducción de aportes a la seguridad social, lo que totaliza un 52% más de beneficios impositivos que el año anterior.
Esta protección libertaria a los grandes patrimonios se acompaña de la crítica soez y desmesurada a cualquier medida que procure mayor formalización de la economía o criterios razonables de equidad fiscal. Un ejemplo, en este sentido, fue la reacción presidencial ante la propuesta del consultor y exviceministro de Economía de Cristina Fernández, Emmanuel Álvarez Agis, quien recomendó reemplazar el impuesto al cheque (un gravamen a la economía formal) con un impuesto al efectivo (un tributo a la extracción). Según el propio Agis, el objeto de medidas de este tipo sería forjar un criterio de “palo y zanahoria” para reducir la informalidad, procurando que los comercios tiendan a formalizarse, lo cual se complementaría con una baja de impuestos a las Pymes.
La respuesta del presidente Milei fue virulenta. Calificó al economista de “ladrón” y lo denominó, con su habitual proclividad al bullying, “Álvarez, el Chorro”, aseverando que la propuesta busca “robarte el 10% de tus ingresos”. El Presidente libertario, con su clásica sofisticación conceptual, equiparó el impuesto al efectivo a “que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%”. El ex viceministro de Axel Kicillof, por su parte, y ante las consultas de la periodista Cristina Pérez, señaló —con la estoica paciencia argumental que requiere ese tipo de entrevista— que la noción de que “los impuestos son un robo” es una idea que “sostiene un solo Presidente en la faz de la tierra: el nuestro”. La andanada política y periodística contra Álvarez Agis ilustra cómo el gobierno libertario prefiere mantener un esquema que facilita la evasión de los grandes empresarios, mientras ataca cualquier medida que apunte a una distribución más equitativa de la carga fiscal.
Lula y la opción por la autonomía
Frente al camino de sumisión a los Estados Unidos y de protección genuflexa a los multimillonarios —advertida tempranamente por Myriam Bregman cuando definió a Milei como el “gatito mimoso del poder económico”—, la política exterior y económica de Brasil durante el tercer mandato presidencial de Lula da Silva ofrece un sendero alternativo basado en la autonomía y la justicia fiscal.
Lula ha adoptado políticas que contrastan abiertamente con la aspiración para-colonial del gobierno libertario, incluso ante las amenazas directas de Donald Trump por temas arancelarios. En una entrevista con The New York Times, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) resumió su postura frente al diferendo bilateral: “Tengan la seguridad de que estamos tratando esto con la mayor seriedad. Pero la seriedad no exige sumisión”. Y agregó: “Trato a todo el mundo con gran respeto. Pero quiero que se me trate con respeto”.
Lula también rechazó abiertamente los intentos de Trump de inmiscuirse en la causa penal contra Jair Bolsonaro, calificando dicha intromisión como una violación a la soberanía brasileña. Nada equiparable, por supuesto, se le escuchó decir por estas pampas a los “abanderados de la República” ante las injustificables expresiones del embajador estadounidense, Peter Lamelas, respecto de la situación judicial de la ex Presidenta Cristina Fernández.
En breve, puede afirmarse, sin equívocos, que el posicionamiento internacional de Lula se enmarca en la caracterización de “autonomía heterodoxa” formulada por Juan Carlos Puig, una postura estratégica que procura obtener la máxima capacidad de decisión propia, aceptando los condicionamientos objetivos del mundo real, pero sin ceder a la subordinación.
En el ámbito fiscal, el camino de Brasil también revela un triunfo de la equidad tributaria y el consenso político. El Congreso brasileño aprobó por unanimidad un proyecto de ley que beneficia a 25 millones de trabajadores, ampliando la exención del impuesto a la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales. Semejante movida parlamentaria demostró que Lula es capaz de alcanzar amplios consensos, incluyendo el respaldo de legisladores que habían estado previamente alineados con Jair Bolsonaro.
Para compensar la reducción de ingresos fiscales, la ley introduce un impuesto mínimo efectivo del 10% para las rentas altas, afectando solo al 0,13% de los contribuyentes. El senador Renan Calheiros aseguró que la reforma “corrige una anomalía histórica” en el sistema tributario del país, donde el 1% más rico concentra el 27,4% de la renta total. Lula, por su parte, celebró la medida como una victoria de la democracia y la justicia social.
Entre la desigualdad global y el mito de la huida
La necesidad de adoptar un camino de justicia fiscal como el brasileño se enmarca en la crisis de desigualdad global, que la connotada Oxfam —la confederación internacional formada por 19 ONG con sede en Oxford y origen en 1942— atribuye al “legado del colonialismo”. En efecto, Oxfam sostiene que la riqueza extrema no es fruto del mérito: el 60% de la riqueza conjunta de los milmillonarios es heredada, facilitada por el clientelismo o derivada del poder monopolístico. El sistema económico mundial sigue extrayendo riqueza del Sur Global con destino al Norte Global a un ritmo de 30 millones de dólares por hora, beneficiando así al 1% más rico de la población.
Frente a esta situación, el principal argumento desplegado para bloquear la imposición progresiva de impuestos a los grandes patrimonios y sectores concentrados de la economía es la amenaza de la fuga de capitales. Sin embargo, la evidencia empírica desmiente esta amenaza, que funciona como una herramienta de presión política, tal como ha afirmado recientemente el experto catalán Jaime Palomera, para quien el reiterado chantaje de los sectores concentrados de que si se los grava “se irán y el país se quedará sin inversión” se ha convertido en una argucia sin correlato en la realidad.
Palomera se respalda en la investigación del sociólogo económico Cristobal Young de la prestigiosa Cornell University (Ithaca, NY). En su libro The Myth of Millionaire Tax Flight [2], basado en el análisis de 45 millones de declaraciones de impuestos de millonarios estadounidenses, Young concluye que, si bien los millonarios podrían huir de los impuestos, “la realidad es que no lo hacen”. El académico argumenta que los individuos de altos ingresos son “élites arraigadas” y no “millonarios móviles”. Su éxito está profundamente ligado al lugar donde construyeron su fortuna, a través de contactos, reputación y conocimiento local. Mudarse en el pico de su carrera resultaría económicamente irracional, ya que perderían la “ventaja de jugar en casa”.
Hay camino alternativo
Llegados a este punto, conviene insistir en que existe un camino diferente a la pasión por ser sumisos desplegada por Milei, en la que convergen su genuflexión internacional a Washington y su sujeción reverencial a los grandes millonarios. Lula es el líder con mejor imagen de Brasil (con una aprobación que asciende al 51,2%) y se encamina a ganarle con contundencia a la derecha bolsonarista el año próximo, combinando autonomía heterodoxa en política exterior con justicia fiscal en materia económica.
Por lo visto, los insumisos con consciencia social todavía tienen destino en este mundo.
[1] Puig, Juan Carlos (1980). Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana. Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, p. 149.
[2] Young, Cristobal (2017). The Myth of Millionaire Tax Flight. How Place Still Matters for the Rich. Stanford: Stanford University Press.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
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