Asalto al trabajo

Diseño e implementación de una política laboral

 

El cuadro general de las políticas laborales del gobierno da cuenta de la inmensa hostilidad que deben enfrentar a diario los trabajadores. Se trata de una embestida en distintas dimensiones vinculadas a la vida de los laburantes.

El incremento del desempleo y la disminución del poder adquisitivo tuvieron como consecuencias el empobrecimiento de una parte sustantiva de la población del país. La pobreza alcanza a casi 16 millones de argentinos, con un aumento de 4 millones en este último año. Hablamos de un 35% de la población y un 56% de menores de 15 años.

Nos encontramos con una destrucción neta de puestos de trabajo. Al comparar la propia gestión macrista entre 2016 y 2019 (II trimestre), más de 250.000 personas se sumaron a la filas de la desocupación y más de 500.000 se convirtieron en subocupados demandantes de empleo. En total son unos 4 millones de personas que buscan trabajo.

Por otra parte, la inflación resultó una de las herramientas más poderosas en las que se valió el gobierno para licuar el poder adquisitivo de los asalariados. Se calcula una pérdida del 20% del salario real desde el 2015, en el que los empleados públicos por lo menos duplican esta merma.

A continuación presentaremos algunos de los frentes en los que se manifiesta este brutal ataque.

 

 

Industricidio

La industria resultó uno de los principales blancos del ataque de la actual gestión. Es sabido que, en términos estratégicos, es el sector manufacturero el espacio clave en el que el movimiento obrero constituye su poder. Allí donde se generaron más de 500.000 puestos de trabajo entre 2003 y 2015, en estos últimos 4 años se verifica una destrucción de 120.000 empleos industriales.

Importaciones generalizadas y falta de estimulo a la demanda generaron una subutilización de la capacidad instalada. El último dato publicado por el INDEC es de agosto de este año que registra un 60,5%. Los datos del organismo de estadísticas son alarmantes, con en una caída estrepitosa que alcanza al 8,1% si se analiza la variación acumulada interanual.

Fábricas que producían con tres turnos, tal es el caso de la farmacéutica Abbot, se quedaron con uno. De igual modo, diferentes empresas fueron cerrando líneas de producción. En Envases del Plata pasaron de 7 líneas a 2. Una planta que se había instalado al calor del crecimiento del mercado interno, Newsan de Campana —dedicada a la fabricación de electrodomésticos Atma—, quedó con menos del 10% del plantel de fines de 2015. La reconversión de la planta al ensamble de molinos eólicos implicó la pérdida de más de 500 puestos de trabajo. De igual modo, disminuyó sustantivamente la demanda de mantenimiento industrial. Así lo manifiestan trabajadores de la actividad, que advierten que tan sólo se interviene ante situaciones de deterioro extremo, dejándose de hacer las acciones preventivas.

Lo peor de los ’90 volvió a instalarse en los diferentes establecimientos fabriles. Los “retiros voluntarios”, las suspensiones y los cierres de fábrica emergieron con fuerza, minando de esta forma cualquier expectativa de estabilidad para las y los obreros. Se trata de una política deliberada, que puso en jaque los reclamos de mejoras que se habían instalado para fines de la gestión anterior. En el caso de las pymes, se quedaron sin resto para afrontar la situación. Según un informe del CEPA en el período 2015-2019 cerraron más de 23.000 empresas.

El desprecio patronal minimiza la disminución salarial del 25% que implican las suspensiones. “No es tan grave, es la lógica de la producción”, afirmó el presidente de la Fiat Cristiano Rattazzi, sin tener en cuenta que los gastos fijos que deben afrontar los asalariados no pueden reducirse.

En una de las principales ramas, la industria automotriz, se observa un desplome de la producción. De los 550.000 vehículos producidos en 2015, la proyección para este año es de 320.000 (implica un retorno a lo establecido en 2005). A los retiros “voluntarios” y suspensiones que priman en las principales fábricas (VW, Ford, Fiat, Scania, Renault) se suma el cierre de plantas, como son los casos de Honda (Florencio Varela) y Zanella (Caseros y Cruz del Eje).

En lo cotidiano los obreros de la actividad cuentan que “se labura mal”. Los ritmos de trabajo no disminuyeron, los accidentes y las enfermedades profesionales están a la orden del día. En este contexto, demandas vinculadas a la prevención y la salud laboral pasaron al olvido en la agenda empresaria.

 

 

Un modelo sin trabajadores ganadores

En un modelo en el que la industria se derrumba día a día, dos sectores de la economía aparecen como los beneficiados: energía y el sistema financiero.

Las distribuidoras se colocaron en una situación avasallante, con controles y sanciones continuas que alcanzan la persecución. Los trabajadores aseguran que ambas empresas redujeron 1.500 puestos de trabajo a partir de los “retiros voluntarios” y hay mucha preocupación, ante la disminución de las tareas operativas por falta de consumo eléctrico. Al mismo tiempo las contratistas quedaron en el camino, lo que muestra la eficaz estrategia de tercerización para las empresas, que al caer la demanda de energía dejaron sin trabajo a centenares de operarios sin despedirlos directamente.

En este contexto de ganancias extraordinarias para las empresas, los trabajadores de Edenor perdieron la jornada de seis horas, vinculada a los riesgos eléctricos que deben enfrentar a diario. A cambio tuvieron un aumento proporcional en los francos. En el reagrupamiento horario, la empresa se benefició al necesitar menos cuadrillas. Aunque este sector de trabajadores pudo mantener el poder adquisitivo, también se vio afectado con la modificación en la forma de pago del bono extraordinario de fin de año que se diluyó al mensualizarse.

La situación en el sector energético es dispar. Fuentes gremiales advierten que mientras los trabajadores de YPF pudieron mantener sus condiciones de trabajo, en el sector privado la adenda firmada al convenio colectivo por Vaca Muerta lleva a la realización de trabajos que antes eran inaceptables, como son las tareas en altura con vientos de más de 40 km/h. Es importante advertir, que desde la firma de estas cláusulas, se han  multiplicado los “accidentes” de trabajo, que implicaron la muerte de 8 obreros. Este convenio fue exhibido por la actual gestión como modelo de “modernización” de las relaciones laborales para la Argentina, en el que las empresas petroleras disminuyen sustantivamente sus costos operativos.

En el sector bancario los trabajadores con un gran esfuerzo de organización y lucha lograron mantener el poder adquisitivo. Tienen claro que la especulación benefició enormemente al sector, con lo cual resultó posible presionar a las cámaras empresarias para recomponer el salario.

De igual manera, a diario desde la asociación sindical enfrentan la falta de cumplimiento del convenio colectivo por parte de las entidades financieras, a partir de modalidades de trabajo que no contemplan la carrera bancaria, ni las posiciones necesarias para el funcionamiento de cada sucursal. Interpretan que se trata de un toyotismo “refritado” en el que se presiona constantemente a los trabajadores en el cumplimiento de objetivos a partir de la creación de equipos de trabajo polivalentes.

Desde la Bancaria también se ha señalado que les corresponde el encuadramiento de uno de los grandes ganadores del último tiempo: Mercado Libre. Su dueño, Marcos Galperín, se ha caracterizado por el pago de bajos salarios a buena parte de sus empleados y una clara política antisindical, que impide la representación de delegados gremiales en los lugares de trabajo. Aunque ha sido promotor de la reforma laboral, desde la mayor empresa de la Argentina no se necesitó de una nueva ley para imponer las cláusulas de flexibilización de las condiciones de trabajo. El Ministerio de Producción homologó el convenio colectivo que firmó junto a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (CCT 1591/2019 E) para su centro de almacenamiento y distribución. Allí se establece el fin de la jornada laboral de 8 horas, ya que esta puede variar según las necesidades operativas de la empresa, hasta alcanzar las 12 sin cobrar horas extras. Además, se pierden las categorías laborales a partir de la polifuncionalidad de tareas, se eliminan los delegados por turno y se limita el derecho a huelga, a partir de un intrincado mecanismo de «conciliación voluntaria» obligando a mantener guardias mínimas para garantizar el funcionamiento de la planta.

 

 

La ciudad también

Hace poco más de un mes dos agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires fueron atropellados mientras hacían un control vehicular. La agente Cinthia Choque de 28 años perdió la vida, y Santiago Siciliano sigue internado luego de haber sufrido graves lesiones. El hecho destapó el modelo de relaciones laborales de la actual gestión de la ciudad de Buenos Aires.

Es posible advertir cómo desde la Jefatura de Gobierno se niegan abiertamente los derechos laborales. Unos 1.500 agentes de tránsito, muchos de ellos con más de 5 años de antigüedad, son contratados de forma fraudulenta a partir de la figura del monotributo. Con sueldos de $22.000, tienen que realizar los aportes a la seguridad social por su propia cuenta. La desprotección es tal, que incluso carecen de protección frente a riesgos del trabajo.

En una situación similar se encuentran la gran mayoría de los 850 agentes de prevención, cuerpo que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se los identifica por su chaleco celeste, con lo cual se los puede confundir con los uniformes que lleva la policía. A estos trabajadores de la Ciudad también se les niegan los mínimos derechos al encontrarse bajo el régimen de monotributo y al igual que los agentes de tránsito tienen un sueldo por debajo de la línea de pobreza.

En el área educativa, luego de años de importantes logros por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) que implicaron la regularización de más de 30 programas educativos con el que se había precarizado las condiciones laborales de alrededor de 3200 docentes, se destaca que nuevamente el Gobierno a la Ciudad volvió a implementar modalidades de flexibilización laboral. Así está planteado el programa de “jornada extendida” en el que la mayoría de los 1.200 educadores tienen contratos sin estabilidad, aportes, obra social, y con un sueldo que no alcanza al 50% del establecido por el estatuto.

Como se observa, no se trata de una situación aislada, sino de una deliberada política laboral. La ciudad tiene un presupuesto mayor por habitante que el de las capitales europeas, y únicamente un 25% de los trabajadores se encuentra en una situación regular, tan sólo 46.000 de los 182.000 que integran la nómina total, según un análisis que realiza la UTE.

 

 

La disputa en lo simbólico

Los trabajadores durante el actual gobierno perdieron su Ministerio. Lo que parecía inimaginable sucedió. El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social se degradó a Secretaría de Estado y decenas y decenas de programas por decisión política pasaron a subejecutarse, con una intención clara de vaciar las políticas públicas que se venían desarrollando.

El centro de la escena del mundo laboral la tomó la figura del microemprendedor, siendo  aquel que con poco, o casi nada, puede alcanzar su subsistencia, y en el mejor de los casos, crecer. Desde el comienzo de la actual gestión, y así lo transmitieron una y otra vez desde el newsletter del ministerio, se buscó un constante fortalecimiento de los “emprendedores”. Desde la difusión de cómo “Romina produce y comercializa bijouterie” al testimonio de un matrimonio que creó un emprendimiento destinado a la confección de ropa hospitalaria en Neuquén. El ex Ministerio de trabajo se pobló con imágenes de cuentapropistas que lograron generar su “negocio”.

Si durante la anterior gestión se habían creado 3.500.000 de puestos de trabajo formales en el sector privado, el acento en el “emprendedurismo” daba cuenta que el eje de la política laboral no iba a estar en la creación de empleo registrado.

En el caso de los asalariados se buscó instalar la necesidad del mercado de contratar y despedir a un trabajador sin ningún tipo de regulación y restricción. Según el Secretario de Empleo debía asimilarse a la acción de “comer y descomer”. Con tanta “licencia poética” el funcionario proveniente del grupo Techint mostraba todo su desprecio hacia al trabajo.

Aunque la reforma laboral no prosperó, la falta de estabilidad se hizo efectiva, ante la emergencia de los trabajadores de las aplicaciones. Los centenares de ciclistas y motoqueros de Rappi y Glovo cobraron rápidamente visibilidad en las calles de Buenos Aires, aunque sin el reconocimiento de la relación laboral por su empleador, cuestión evidente que diferentes países exigen para operar.

Es en el campo sindical en el que la actual gestión llevó adelante un ataque frontal. Las organizaciones y los dirigentes que resistían al ajuste fueron el blanco de la inmensa hostilidad que se puede generar desde los distintos organismos del Estado. Difamación y amenazas familiares recibió Roberto Baradel (Secretario General de SUTEBA) en reiteradas oportunidades durante los distintos conflictos docentes ante la provincia de Buenos Aires. Otro tipo de hostigamiento, debieron soportar los Moyano con el allanamiento a la sede sindical o el caso de los canillitas que debieron sufrir la intervención de la obra social luego que su Secretario General actuara políticamente dando las primeras señales de unidad en el peronismo. Los metrodelegados también resultaron duramente reprimidos en el conflicto salarial de mayo del 2018, al no ser reconocidos como interlocutores de la negociación salarial. Una investigación especial debería desarrollarse sobre las persecuciones hacia los delegados sindicales de base, que recibieron continuas amenazas e intimidaciones.

El desprestigio hacia lo sindical supone varias implicancias, que lo sitúan en un espacio social diametralmente opuesto al del emprendedurismo. Se trata de una ofensiva que busca posicionar lo individual sobre lo colectivo, en el que las organizaciones de los trabajadores tan sólo persiguen intereses espurios o corporativos que responden a dirigentes corruptos.

Por último resulta importante señalar cómo el Presidente ha utilizado en forma reiterada a los trabajadores al disponerlos a su flanco en cada anuncio que realizaba en una obra o planta fabril. Este formato que buscaba mostrar el aval a sus políticas empezó a resquebrajarse cuando los propios operarios comenzaron a plantearle que «haga algo» o a modo de resistencia reivindicaban al peronismo al hacer la «v» con los dedos de la mano.

 

 

Desafíos futuros

Es posible plantear que el ataque bestial sufrido por los trabajadores deja huellas profundas que van a resultar difíciles de revertir en el corto plazo, dado –entre otros aspectos— por los condicionamientos macroeconómicos que deja la actual gestión.

El desarrollo de una política industrial que priorice la generación de valor implicará volver a dinamizar las cadenas de valor que se encuentran resquebrajadas, retomando la creación del empleo productivo.

En este sentido se abren desafíos profundos que implican enfrentar una política de precarización y flexibilización laboral que junto a  la tercerización resultan modalidades que siguen avanzando en la organización de los procesos productivos.

De igual forma, aparece central llevar adelante una política que priorice la producción social bajo condiciones de trabajo saludables. Es desde esta perspectiva que también se podrá dar una disputa en el terreno subjetivo.

Quedan así esbozados algunos de los desafíos para poder revertir este trágico periodo de 4 años.

 

 

 

  • Lic. en Sociología, especializado en estudios del trabajo y formación sindical.
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1 comentario
  1. Laura Saavedra dice

    Excelente Nota

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