Autogestión educativa

Las bases de la educación libertaria

 

El gobierno nacional disfruta de su reciente triunfo electoral del pasado 26 de octubre y presentó el 18 de noviembre un borrador de Ley de Educación que contiene las bases que definirán su gestión educativa. Mientras, en el Consejo de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, progresa la aplicación unilateral de un programa educativo, inconsulto y ajustador en lo económico. Este programa, que interviene en los diseños curriculares de los distintos niveles y en los puestos de trabajo docentes de la enseñanza secundaria, es conocido como “Buenos Aires Aprende”. 

Llama la atención que esté siendo acompañado desde distintos ámbitos del progresismo político y educativo porteño, a pesar del continuo cierre o fusión de escuelas y cursos. El sistema educativo, que se achica y desfinancia cada vez más, nunca recuperará los fondos que le son arrebatados con la simple excusa de la caída de la natalidad en CABA. 

Si bien el fenómeno de los cambios demográficos es mundial, no hemos observado ninguna preocupación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por recuperar realmente la matrícula escolar. Con sus 13,9 billones de pesos de presupuesto anual general, no hay, por ejemplo, campañas para la reinserción de aquellos alumnxs que dejaron la escuela durante la pandemia. Tampoco se han visto acciones ante la necesidad de salir a trabajar de jóvenes de entre 13 y 18 años, que son reclutados desde tempranas horas de la mañana por la profusión de los delivery u otras formas del trabajo no registrado. Estos adolescentes han dejado de asistir a la escuela en todos los turnos, especialmente en las modalidades nocturnas del secundario común para adolescentes y adultos, que están amenazadas con cerrarse.

En tanto, y suponemos que a partir de urgencias de las megacorporaciones que sostienen al gobierno de Milei, el Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina presentó en el Consejo de Mayo un borrador de proyecto de Ley de Educación Básica para el nivel inicial, primario y secundario. Se trata de una reforma premoderna, discriminadora, privatista y destructora del sistema educativo nacional, público, gratuito y laico. Además, colisiona directamente con la Ley de Educación Nacional vigente, a la que se propone derogar.

Una de las propuestas, que bajo el título de “Libertad Educativa” fueron redactadas por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo del profesor Carlos Torrendel, es, por ejemplo, la consideración de la familia como “agente natural y primario de la educación de los hijos”. Es decir, por encima del Estado. Un discurso muy parecido a la vieja idea de la familia como sociedad primera, única y necesaria, visible en algún texto de la llamada Educación Cívica de no hace mucho tiempo.

Actualmente, dichos conceptos han sido cuestionados en su amplia dimensión. Fueron utilizados, entre otras cosas, como fundamento para no impartir la Educación Sexual Integral (ESI), taxativamente eliminada por la nueva propuesta de La Libertad Avanza para ser sustituida por un espacio destinado a un “Programa de Habilidades Socioemocionales”. Así, los alumnxs entregarán sus respectivas subjetividades al adoctrinamiento de perfiles de ciudadanía individualistas, competitivos y especulativos al servicio de la educación financiera (contenido incluido en el borrador) y desprovistos completamente de conceptos tales como soberanía, justicia social e inclusión educativa. 

La sola mención de “libertad educativa” lleva, asimismo, a recordar un relato que reconoce aquellos planteos de reformulación del sistema educativo, cuyo eje debería ser la libertad en términos políticos y educativos y que remiten a finales del siglo XIX. “Libertad educativa” es ciertamente inconsistente con cualquier planteo educativo nacional obligatorio y gratuito, pero en cambio coherente con aquellas palabras del actualmente diputado Benegas Lynch, autor de la frase “libertad es que puedas no mandar a tu hijo a la escuela si lo necesitas en el taller”. 

Como para no olvidar ninguna de las exigencias que tiene el libertarismo, el proyecto de ley apela a establecer “formas alternativas de enseñanza”, como por ejemplo la “educación híbrida” o “educación en el hogar” (homeschooling) en formatos presenciales y virtuales. Estas metodologías podrían contemplarse para los últimos años del secundario o para la enseñanza de adultos que trabajan, pero no para niños y adolescentes menores de 15 años. 

La niñez y la adolescencia son momentos de la vida en los que el desarrollo de la socialización es un aspecto clave en la formación de las personas. Por lo tanto, la concurrencia diaria a las escuelas, así como un seguimiento continuo, cotidiano, personal y grupal a cargo de docentes, no puede reemplazarse. Difícilmente, madre, padres o personas a cargo de niños y jóvenes, que concurren a sus trabajos, dispongan de las condiciones necesarias como para apoyar la idea de que la educación formal de sus hijxs se realice en sus domicilios. 

La propuesta también incorpora la posibilidad de que las escuelas puedan construir planes y programas de estudio propios, de acuerdo con su “ideario” particular, que serían convalidados como oficiales. En el texto no se aclara el financiamiento de estas instituciones. Aunque se prevé que, si el gobierno libertario considera a la educación como un gasto y no como un bien público, suprime directamente la asignación de un mínimo del 6% del PBI para el presupuesto de la educación y delega la responsabilidad del financiamiento del sistema educativo público en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, como dice el proyecto, el sostenimiento de dichos planes dependerá de vales (vouchers) y de aportes realizados por las familias.

De convertirse en ley el borrador presentado, las escuelas definirían el régimen de gobierno interno, planes y programas de estudio, reglamentos, sistemas de admisión, permanencia y disciplina de las instituciones. Habría también un Consejo Escolar de Padres. Todo apunta a que las escuelas públicas progresivamente marcharían hacia un sistema de gestión autónoma, durante una transición en la que irían quedando abandonadas a su suerte por el Estado nacional y sus homónimos provinciales, no teniendo más remedio que auto privatizarse para subsistir o simplemente desaparecer. 

En definitiva, basta ver las medidas que tomó el gobierno de Javier Milei cuando asumió sus funciones, desde la eliminación del Ministerio de Educación de la Nación, del Fondo Nacional de Incentivo Docente hasta el recorte de subsidios a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para imaginar posibilidades. Es esperable que el sistema semipresencial que pregona la Ley de Libertad Educativa y el proyecto del partido del gobierno sea una herramienta para el desfinanciamiento creciente, encaminado a una privatización definitiva de la educación pública. Mucho más aún, cuando prestamistas como el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos le continúan exigiendo al gobierno, a cambio de dólares prestados y con los que mantiene el dólar bajo, el mantenimiento de un superávit fiscal, sin educación ni salud públicas, a costa del hambre, la recesión económica, la corrupción gubernamental, la ignorancia y de un “sistema productivo” solo puesto en marcha para financiar con plata prestada la fuga de capitales, la apropiación de las cajas jubilatorias y el privilegio de los sectores más acomodados de la sociedad. Una historia conocida para un pueblo que solo parecería tener memoria inmediata. 

Además, en las actuales condiciones económicas, muchos grupos familiares en el país no disponen del equipamiento ni del wi-fi necesarios para esta reforma en sus hogares, ciudades o pueblos. Esto pone en manifiesto la irresponsabilidad de un Estado que, en las vísperas de su destrucción total, al presentar en sociedad un proyecto de ley de educación semejante, deja de lado a los sectores más humildes de la población. La propuesta deja al descubierto una clara vocación racista, machista y, como acabamos de ver en las últimas elecciones, claramente colonial, a partir de un sentimiento de pertenencia al imperio, que le ofrece nada menos que la atención del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

Por supuesto que, como para que no pasara desapercibida la participación del Ministerio de Desregulación Nacional de Sturtzenegger en la elaboración del borrador que analizamos, la declaración de la esencialidad de la educación básica también está presente en el texto presentado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Esto asegura que las medidas de fuerza que pudieran realizar los sindicatos se encuentren obligadas a garantizar la continuidad del sistema educativo, ignorando el derecho constitucional a la protesta de los trabajadores de la educación.

En suma, no sería extraño que el mencionado proyecto de ley respondiera a intereses de organizaciones confesionales extremas, como podría ser, por ejemplo, el Opus Dei, y a sectores laicos enemigos del pensamiento crítico y defensores de una cultura homogénea sostenida desde el pensamiento único neoliberal. Por otra parte, de convertirse en ley el proyecto presentado, la educación se constituiría en una herramienta clave para la destrucción del Estado y la Nación, tal como lo ha anunciado en repetidas veces el Presidente Milei cuando afirma ser el “topo que destruye el Estado”. 

Nos queda para analizar todavía el destino que dicha ley u otra le reservarían a la educación técnico-profesional de la Argentina. Sobre esta, han corrido versiones acerca de su achicamiento y desfinanciamiento, en contextos del abandono absoluto de políticas de desarrollo industrial productivo para un país en recesión económica. Por último, debemos resaltar las similitudes encontradas entre el Programa “Buenos Aires Aprende” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y este borrador de Proyecto de Ley de La Libertad Avanza. Con esto, se afirma nuestra presunción de que el Ministerio de Educación porteño es un banco de pruebas del Ministerio de Capital Humano del gobierno nacional.

 

 

 

 * Raúl Moroni es docente; integra Grupo Rescate EMEM Grupo Boedo y Barrios del Sur y colabora con docentes autoconvocados para la anulación de “Buenos Aires Aprende”.

 

 

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