Bajo sospecha
Denuncia contra Macri y Dietrich por la cesión de 13 inmuebles
La administración Cambiemos –tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación– manejó al Estado como su feudo privado, donde primó el desfalco hacia las arcas públicas. Esto no es ninguna novedad. Lo nuevo, en todo caso, es la cantidad de pruebas cada vez mayor que solidifican esa hipótesis. La Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, amplió otra denuncia penal contra Mauricio Macri y Guillermo Dietrich, su ex ministro de Transporte, por la entrega de 13 inmuebles a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta como parte del negocio del Paseo del Bajo, una obra digitada a favor de IECSA (Ángelo Calcaterra) que también está bajo investigación penal.
La obra del Paseo del Bajo es uno de los casos emblemáticos de corrupción del macrismo, ya que por un lado se buscó beneficiar a un integrante de la famiglia Macri y por otro a quien por entonces era su socio político (Rodríguez Larreta) de cara al escenario electoral de 2019.
La entrega de estos inmuebles se enmascaró detrás de un esquema de endeudamiento entre Nación-CABA y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Ambas administraciones acordaron que se necesitaban más recursos para destinar a una obra cuyo principal beneficiario era el primo del por entonces Presidente de la Nación. En cuestión de horas subscribieron un préstamo por 175 millones de dólares, operación que podría enmarcase en una simulación para consolidar la entrega de dichos inmuebles.
El juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi ya investiga una suerte de megacausa (cuatro expedientes con varias ampliaciones) vinculada a la cesión fraudulenta de inmuebles que terminaron en manos de socios y amigos del ex Presidente, tal como viene publicando El Cohete.
La maniobra
La obra del Paseo del Bajo tenía un presupuesto de 700 millones de dólares, de los cuales 400 millones serían financiados con un préstamo de la CAF a Nación a pagarse en 15 años y con un período de gracia de 54 meses. Los otros 300 millones iban a ser aportados por la Ciudad de Buenos Aires.
En diciembre de 2018, cuando la Argentina ya estaba subsumida en las inclemencias del Fondo Monetario Internacional, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) firmó un dictamen en el que describió una “adjudicación indebida mediante direccionamiento, a un mayor precio del que hubiera correspondido, del tramo más oneroso de la licitación pública internacional para la Obra del Paseo del Bajo, a la empresa IECSA”.
Ese dinero se direccionó al primo de Macri y, para aprovechar la movida, el ex Presidente habría simulado otra operación de endeudamiento entre Ciudad y Nación con la excusa de cubrir parte del préstamo con la CAF. Pero lo que ocurrió en realidad fue que Nación le cedió una serie de inmuebles para que fueran capitalizados por Rodríguez Larreta.
La fecha clave del desfalco descripto por la Oficina Anticorrupción en su nueva presentación judicial ante Martínez de Giorgi es el 20 de noviembre de 2018. Ese día pasaron cosas.
Por la mañana, Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, le envió una nota a su par de Nación, Guillermo Dietrich, preguntándole cuál era el presupuesto para el Paseo el Bajo asignado en la ley de leyes de 2019.
La respuesta de Dietrich llegó a las 12.20 de ese mismo día. A través de una nota, el ex funcionario informaba que el presupuesto asignado era de 189 millones de pesos. La comunicación presentaba un error que nadie corrigió. El número escrito era 189 millones pero en letras habían dejado plasmado doscientos ochenta y nueve millones. Un pequeño error de tipeo de 100 millones.
Más allá del ¿descuido?, lo llamativo fue la respuesta de Moccia. En otra nota fechada ese mismo día a las 13.58, es decir 90 minutos después de la anterior comunicación, el funcionario de Rodríguez Larreta respondía que era “insuficiente para dar cumplimiento a la ejecución física planificada” y solicitaba una modificación presupuestaria.
La maniobra se cerró dos días después. El 23 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas de la ciudad consideró “conveniente subscribir el contrato de un préstamo subsidiario por 175 millones de dólares”. Y el mismo día, Dietrich y quien era titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón María Lanús, subscribieron el convenio de entrega de 13 inmuebles en el marco de ese préstamo.
Para la Oficina Anticorrupción debería hacerse una auditoría de esa maniobra contable para determinar, primero, si esos 175 millones de dólares formaban parte del acuerdo inicial entre Nación y la CAF o si fue un endeudamiento adicional a los 400 millones acordado con el organismo multilateral. Es decir, habría que hacer una trazabilidad de lo que ocurrió con ese dinero.
Pero hay un dato más: el valor de los 13 inmuebles entregados a la Ciudad como parte del convenio denunciado era de 186 millones de dólares, acorde al trabajo realizado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Es decir, una diferencia de 11 millones de dólares. Además, las escrituras de cesión fueron por menos metros cuadrados que los consignados en la tasación original.
“El Estado Nacional no sólo se perjudicó en beneficio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagando una suma mayor a la del crédito otorgado, sino que además lo hizo por adelantado, lo que corona un fabuloso negocio para la Ciudad”, sostuvo la OA en la ampliación de la denuncia.
La legislatura porteña aprobó el convenio para la nueva deuda el 13 de diciembre de 2018, con 34 votos afirmativos de Cambiemos contra los 16 negativos de Unidad Ciudadana, Autodeterminación y Libertad, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Izquierda Socialista y el PTS.
“Es la entrega a subasta pública para pagar deuda que financia el meganegocio del Paseo del Bajo, también entregado a empresarios amigos del oficialismo”, señaló Marta Jacqueline Martínez, de Autodeterminación y Libertad, en la sesión del 13 de diciembre de 2018. A los pocos días, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas formuló su denuncia.
“Hubo una intención oculta detrás de esto desde el primer momento en que se hizo efectiva con la aprobación del convenio del Gobierno Nacional con la CAF y el Gobierno de la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad toma la deuda del Gobierno Nacional para la construcción del Paseo del Bajo. ¿Qué se le da a cambio? La posibilidad de vender las tierras. ¿Cuáles? Las tierras de la Villa 31”, agregaba Paula Penacca (Unidad Ciudadana).
Actualmente, dos de los inmuebles cedidos tienen medidas cautelares de no innovar.
Esta maniobra es similar a la investigadas en las causas 428/20, 5845/20 y 6850/20, radicadas en el juzgado de Martínez de Giorgi (véase Paga de favores). “La única diferencia con las conductas ilícitas aquí denunciadas es que se habría favorecido al GCBA, y en aquellas a personas humanas y jurídicas que aportaron a las campañas políticas de Juntos por el Cambio y/o habrían estado vinculadas a funcionarios de la gestión encabezada por el ex Presidente Mauricio Macri, siempre en perjuicio del Estado Nacional”, agregó la Oficina Anticorrupción en su último dictamen, fechado el pasado 13 de julio.
Bolillero a lo Bonadío
Si bien son causas judiciales diferentes, tanto la maniobra financiera entre Nación y Ciudad para pagar la obra del Paseo del Bajo como el premio que se le dio al primo Ángelo podrían analizarse bajo un mismo prisma. ¿Una maniobra pagó la otra?
La licitación para la obra se había dividido en tres tramos. El mayor presupuesto correspondía al tramo C (trinchera semicubierta norte), con un presupuesto estimado de 4.480 millones de pesos. El procedimiento previsto originalmente estableció que la empresa que ganara un tramo no podía participar de los otros dos y que primero se licitaría la obra más onerosa.
A través de una serie de circulares sin consulta, que la Procuraduría pudo sistematizar, se determinó que el Estado nacional modificó el procedimiento de selección para que el tramo C le cayera directamente a la UTE IECSA-Fontana Nicastro. Algo así como un bolillero a lo Bonadío. La maniobra fue denunciada originalmente por la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cecilia Segura Rattagan.
“La parte nuclear de la maniobra radicaría en haber adjudicado este último tramo a la unión transitoria conformada por IECSA y Fontana Nicastro SA mediante la alteración de las normas previstas para el proceso de selección de la licitación, a través de circulares sin consulta libradas por funcionarios de AUSA. Esto habría permitido eliminar a otros posibles candidatos a quedarse con este tramo, beneficiando indebidamente a la UT en cuestión”, sostuvo la Procuraduría en un recurso de apelación ante la Cámara Federal, luego de dos sobreseimientos a los principales involucrados (Dietrich, Moccia, Rodríguez Larreta y funcionarixs de AUSA). Ahora le tocará resolver a la Sala II de Casación Penal.
Los fiscales Sergio Rodríguez y José Luis Agüero Iturbe criticaron la mala instrucción del juez de primera instancia. De la misma manera en que el bolillero de la licitación favoreció a IECSA, quien pretendió salvar a los funcionarios y funcionarias de Cambiemos fue el mismísimo Bonadío.
Megacausa
Las distintas denuncias de la Oficina Anticorrupción y la AABE por la malversación de fondos públicos a través de la venta de inmuebles quedaron radicadas en el juzgado federal 11, de Martínez de Giorgi.
Es una megacausa –descripta a través de cuatro expedientes– donde se investiga la manera en que diferentes empresarios y amigos de Macri se quedaron con más de 80 inmuebles. El desfalco tiene como protagonistas a Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, junto al testaferro Ignacio José María Sáenz Valiente, Nicolás Caputo, integrantes del Grupo Techint, Eduardo Costantini y empresarios cordobeses vinculados al clan Macri, entre otros (ver Desalambrar la tierra fiscal).
Sólo con las denuncias de la Oficina Anticorrupción, el desfalco investigado asciende a los 105 millones de dólares. Ahora se le sumarán los hechos que beneficiaron al por entonces socio político del ex Presidente.
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