Bolivia y el desarrollo económico

 

El problema de cómo financiar el desarrollo ha sido una cuestión de innumerables debates en los países periféricos, tanto en aquéllos que alcanzaron un nivel medio del mismo como en otros más atrasados. El neoliberalismo, en cambio, constituye un proyecto político que en su larga hegemonía se basa en un cuerpo teórico y en políticas que presumen, impulsan e instrumentan la inserción financiera internacional sin restricciones. Lo hace con un discurso que pregona la obtención de financiamiento para crecer sobre la base de mercantilizar sin escollos las decisiones económicas y las de los agentes financieros, para localizar y deslocalizar discrecionalmente sus inversiones y flujos de capital, sin restricciones de plazos ni destinos prefijados, con rentabilidades determinadas por el acontecer en los mercados. La promesa es que así sobrevendrán el desarrollo, la confianza y la estabilidad. Los neoliberales agregan que las políticas de privatizaciones y reconversiones estructurales recomendadas por los organismos multilaterales de crédito, y valoradas por las agencias calificadoras de riesgo, constituyen herramientas fundamentales para la consecución de las condiciones para fondear el desarrollo.

La experiencia argentina ha demostrado la falsedad de la promesa neoliberal. El reciente turno macrista repitió con agudeza el derrotero de las experiencias previas en las que también fuera formulada. Pero no sólo en el caso de nuestro país se encuentran antecedentes de esa falsía. En el artículo de Natalya Naqvi “Renationalizing finance for development: policy space and public economic control in Bolivia” (Taylor and Francis group, 2019), se analiza la experiencia del gobierno del MAS, sosteniendo que en un momento internacional con un incremento de holgura financiera y la presencia en el país de una gran movilización popular, se crearon condiciones favorables para una reforma financiera pro-desarrollo, al hacerse posible reducir las condicionalidades externas y superar la resistencia interna de los sectores financieros a reformas institucionales.

 

 

 

 

 

 

Un contrapeso al poder estructural

La hegemonía del MAS en la política boliviana y su predominio electoral fue un elemento efectivo en contrapesar el poder estructural del poder económico, y también generó un apoyo y presión para que los formuladores de política asumieran un proyecto de reformas radicales. Los sectores tradicionales de las finanzas bolivianas –con el mismo rumbo que en otras latitudes— han sido reacios a la aceptación de nuevas formas de financiamiento externo menos condicionadas y prefieren los flujos provenientes de los centros del poder financiero mundial, avenidos al dispositivo de los organismos multilaterales de crédito.

Durante las dos décadas previas al gobierno de Morales, en Bolivia se aplicaron políticas de liberalización financiera extrema, que devinieron en un fuerte endeudamiento externo, agudizando el carácter de un país con un nivel de ingresos medios-bajos, de características periféricas en la economía mundial. En síntesis, las políticas que adhirieron al neoliberalismo condujeron a la pobreza y al atraso.

El gobierno del MAS, con la fuerte oposición de los bancos privados y transnacionales, restableció la banca pública e implementó una Ley de Servicios Financieros en 2013, lo que significó una drástica modificación de la institucionalidad que había sostenido décadas de políticas de liberalización. Señala Natalia Naqvi que la legislación sancionada por el MAS dispuso la intervención pública en la asignación de recursos de la banca privada, mediante regulaciones cuantitativas de los préstamos para los sectores productivos, como también a través de regulaciones de la tasa de interés. Fue una política sin compensaciones que redujo la tasa de beneficios de la banca privada. Tuvo una fuerte impronta intervencionista, tal vez la más intensa de los últimos tiempos en economías de la región.

Los primeros tiempos del gobierno del MAS contó con un momento de alta liquidez internacional, que fue utilizada por la política gubernamental. Posteriormente hubo un segundo período en el que predominó un cambio en la correlación de fuerzas políticas que acompañó la reducción del poder estructural de las finanzas mientras crecía el rol de la movilización popular. Además, la marcha de la economía y los intereses objetivos condujeron a la división de las élites del poder económico. En 2013 se acometió la reforma financiera que redujo las ganancias de los bancos y se adoptó una política financiera cuyo objetivo central era el direccionamiento del crédito. La conducción económica no estaba interesada en atraer flujos de capital hacia el sector financiero sino en conseguir inversiones directas en sectores clave, como los hidrocarburos. Además, el gobierno del MAS estaba interesado en diversificar sus fuentes internacionales de préstamos privados y de otros de carácter institucional, convocando a inversiones de orígenes que no tuvieran las fuertes condicionalidades de los clásicos organismos multilaterales.

El boom de los precios de los commodities fue aprovechado para acumular reservas, canalizando las rentas de los recursos naturales hacia el Banco Central. La economía entró en un período de alto crecimiento, solidificación del sistema bancario y decrecimiento del riesgo de default, con el descenso de los ratios de la deuda externa en relación a otras variables de la economía. Su conducción por parte de Luis Arce logró una exitosa participación de la banca pública, que alcanzó a superar la ausencia de la banca privada en el otorgamiento de créditos productivos. No solamente se direccionó el crédito y se regularon las tasas de interés sino, como bien se señala en el texto de Natalia Naqvi que glosamos en este artículo, se crearon el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Unión, de propiedad pública y función comercial.

Un sustento de estas políticas fue la modificación de las condiciones de la producción hidrocarburífera, en la que el Estado comenzó a capturar una parte fundamental de las rentas, modificando el régimen anterior en que las empresas privadas se llevaban la mayor parte. Es lo que colaboró decisivamente en la política de acumulación de reservas.

 

 

 

 

 

Tanto el FMI como las calificadoras de riesgo privadas se opusieron a estas políticas, esas críticas fueron resistidas por el Ministro de Finanzas, hoy candidato del MAS a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Dos de los logros fundamentales de la reforma financiera y la estrategia económica fueron la desdolarización de la economía y el crecimiento del ahorro en moneda nacional.

 

 

 

Kalecki y el poder

Pero el crecimiento económico, la estabilidad con una baja inflación, el fortalecimiento de la moneda propia, el impulso a la diversificación de la economía, etc., no desactivaron la oposición de las élites económicas. A pesar de la división del poder económico logrado por las políticas en extendidos períodos, el sustantivo crecimiento de los salarios y de los impuestos progresivos generaron la resistencia del poder tradicional frente a una estrategia que se consolidaba como de largo plazo, construida con legitimidad electoral. Debe reiterarse lo que ya es una clásica referencia a los escritos del economista polaco Michal Kalecki, quien sostenía que la clase propietaria, en las sociedades capitalistas, adoptaba como comportamiento central el control del poder. Eso explicaba su oposición, aun en el caso en que sus negocios y ganancias fueran notables, cuando el gobierno era ejercido por sectores, clases o alianzas que se esmeraban en construir la autonomía de la política frente al poder económico. Bolivia es un ejemplo paradigmático de esta disputa democrática, ya que el desarrollo nacional logrado por los gobiernos de Morales se ha extendido a la mayoría de los aspectos económicos y sociales.

 

 

 

 

Las expuestas son líneas de reflexión en torno a la capacidad del MAS por leer las coyunturas económicas internacionales y nacionales para construir un proyecto sustentable, con distintas estrategias en las diferentes etapas, articulando la política de Estado con la valoración e impulso de la movilización social. Pero también para advertir los límites a la tolerancia de la democracia por parte del capitalismo neoliberal de la financiarización, que reiteró en ese país una forma golpista clásica que parecía haber sido un recurso de la derecha del pasado.

Varias líneas de la reforma financiera boliviana parecen poder leerse en la política financiera que en la Argentina fuera emprendida con posterioridad a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont: el direccionamiento del crédito y la regulación de tasas de interés. Como consecuencia de esa reforma se lanzó la “línea de crédito para la inversión productiva (LCIP)” frente a la cual Pablo Mareso en su tesis para FLACSO apunta que “desde el segundo semestre de 2012, momento donde se establece el primer cupo de la LCIP, hay un notorio cambio de tendencia en la participación de los créditos para empresas y fundamentalmente, en el segmento que no incluye a las grandes firmas. Desde el punto de vista de los objetivos planteados por las autoridades, la medida se mostró exitosa para alcanzarlos. Una mayor cantidad de empresas tuvieron acceso al financiamiento en mejores condiciones de tasa y de plazos”. Por otra parte, los comportamientos de la banca pública y cooperativa respecto de la privada fueron claramente diferentes, en el marco de un proyecto político que apuntaba a un desarrollo nacional autónomo.

 

 

 

 

Las experiencias donde el proyecto nacional de desarrollo dio batalla para desplegar sus potencialidades articularon reformas financieras que habilitaron la intervención pública en la asignación crediticia, gobiernos que autonomizaron la conducción política del poder económico, una intensa movilización social y el alejamiento de la opción de tomar deuda con condicionalidades. La posición del gobierno argentino actual de no aceptar condicionalidades para el refinanciamiento de sus deudas merece ser destacada como alineada en ese rumbo. También constituye una política clave la captura de importantes rentas sobre sus recursos naturales llevada a cabo por el gobierno del MAS en Bolivia. En cambio, los intentos por fortalecer las economías con la apertura financiera acudiendo a los flujos de capital de las finanzas de los centros de poder, concluyeron reiteradamente en pobreza, reprimarización económica y polarización social. Chile es un ejemplo dramático de ese paradigma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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