El presidente Donald Trump informó a través de su red Truth Social que había dialogado con el gobernador de Minnesota, Tim Waltz. Fue “una llamada muy buena y, de hecho, parecíamos estar en la misma sintonía”, sugirió, y agregó que le había ordenado al “Zar de las Fronteras” Tom Homan que lo llamara. “Lo que buscamos es a todos y cada uno de los criminales que tengan bajo su custodia. El gobernador, de manera muy respetuosa, lo entendió, y hablaré con él en un futuro cercano”. Esto sucedió apenas tres días después de que lo acusara de “incitar a la insurrección”. De acuerdo con algunos medios, Greg Bovino –cara visible de las agresivas operaciones migratorias– y algunos de los agentes de Inmigration and Customs Enforcement (ICE) serían removidos por el enviado presidencial.
Estas decisiones se han tomado luego que el gobierno federal desplegó en la ciudad de Minneapolis al menos 3.000 agentes de ICE para secuestrar a supuestos inmigrantes ilegales, allanando casas sin orden judicial y deteniendo personas al azar por su color de piel, como analizamos hace 14 días. Luego del asesinato de Renné Nicole Good, otro ciudadano de Estados Unidos, Alex Jeffrey Pretti, fue ejecutado por agentes de la misma agencia el 24 de enero.
Le dan el ultimo adiós a Alex Pretti en el hospital de veteranos donde trabajaba como enfermero. https://t.co/Ef7zbivhAF
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 26, 2026
Si bien son los dos casos que más han impactado por ser las víctimas de piel blanca, “ICE ha asesinado a nueve personas en 2026, En efecto, además de las dos que hemos mencionado, esta agencia le ha quitado la vida ilegalmente a un hombre negro llamado Keith Porter, a un camboyano llamado Parady La y a cinco latinos llamados Heber Sanchaz Domínguez, Víctor Manuel Díaz, Luis Beltrán Yáñez-Cruz, Luis Gustavo Núñez Cáceres y Geraldo Lunas Campos”. Asimismo, el accionar de esta agencia ha provocado un incidente diplomático con Ecuador, ha procesado a menores de edad, afectado la actividad económica de la ciudad de Minneapolis y las actividades escolares, en tanto que, de acuerdo con una profesora de Minneapolis, “desde hace unas semanas hay muchos estudiantes que ya no vienen a clase por miedo (...) Casi todos nacieron aquí, pero tienen miedo a ser perseguidos por ser latinos o de otras minorías". Esta breve enumeración no hace justicia a la violaciones al rule of law en la potencia norteamericana.
Hace casi 50 años, Ingmar Bergman estrenaba la película El huevo de la serpiente, ambientada durante los años ‘20 en Berlín. El título de la película alude a que a través de la delgada membrana del huevo de la serpiente, ya se puede distinguir a la misma antes de que la cáscara se rompa y la tragedia sea irreversible. Es decir, el horror ya era evidente para quien quisiera verlo. Tanto en la sociología como en la ciencia política usamos esta expresión para referirnos a que el surgimiento de extremismos, de la violencia y de regímenes autoritarios o totalitarios es el resultado, entre otros factores, de una sociedad fracturada y apática.
Obviamente todas estas tragedias, que la humanidad ya ha vivido, son multicausales, pero en estas líneas nos focalizaremos en el historial de violencia estatal y societal en Estados Unidos.
Los datos
El “National Use-of-Force Data Collection del Federal Bureau of Investigation (FBI) es un esfuerzo de esta organización para recolectar datos sobre el uso ilegal de la fuerza. Pese a la aprobación de la Death in Custody Reporting Act (DCRA) en el año 2013, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha señalado que el Departamento de Justicia aún no logrado una recopilación de datos completa y precisa. Al respecto, y según algunas estimaciones privadas, únicamente el 57% aproximadamente de las agencias policiales enviaron sus datos al FBI durante el año 2024.
Por ello, recurrimos a los datos de Mapping Police Violence (MPV) y The Washington Post que muestran las siguientes cifras:
Muertos en manos de la policía en Estados Unidos cada 100.000 habitantes
El siguiente gráfico de Mapping Police Violence muestra la tasa de víctimas en manos de las policías estadounidenses, por cada millón de personas.
Dos aclaraciones: estos datos esconden que la tasa se eleva entre los afroamericanos (aproximadamente el triple que la de los ciudadanos blancos) y que la tasa es mayor entre los que tienen entre 25 y 29 años, siendo una de las principales causas de muerte en ese grupo etario.
Si intentamos compararlos con datos más antiguos, como por ejemplo con los años ‘60, las cifras del National Center for Health Statistics (NCHS) tienen un subregistro “masivo”. Durante esos años, el NCHS clasificaba estas muertes bajo el término “Intervención Legal”, que incluyen “lesiones infligidas por la policía u otros agentes encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los militares en servicio, durante el arresto o el intento de arrestar a infractores de la ley, la represión de disturbios, el mantenimiento del orden y otras acciones legales”. Hecha esta advertencia, Nancy Krieger, Mathew V. Kiang, Jarvis T. Chen y Pamela D. Waterman han reconstruido las cifras solamente para hombres y entre 1960 y 2010:
Muertes debido a “Intervención Legal” en hombres de entre 15 y 34 años cada 100.000 habitantes
Asimismo, el Center on Juvenile and Criminal Justice (CJCJ) muestra que:
- A fines de los años ‘60 se registraban cerca de 100 hombres negros menores de 25 años muertos anualmente por agentes de la ley.
- Entre 1968 y 1974, los jóvenes afroamericanos representaban una de cada cuatro muertes causadas por la policía.
- Estas cifras bajaron en la primera década del siglo XXI en un 35%, y un 79% en comparación con la era de los derechos civiles.
Pese a lo expuesto, en la actualidad los afroamericanos siguen teniendo más probabilidades de morir a manos de la policía que los hombres blancos.
Por otro lado, el accionar del ICE ha provocado no solamente las muertes señaladas durante operativos, sino también en los centros de detención que, a finales de 2025, albergaban 68.500 detenidos. En efecto, se registraron 32 muertes bajo custodia en 2025, igualando el pico de 2004 y triplicando las cifras de 2024. Asimismo, la tendencia se mantendría en 2026, dado que durante el mes de enero ya se produjeron al menos cinco muertes. Según las fuentes privadas, habrían sido provocadas por una combinación de negligencia médica, hacinamiento extremo, suicidios y, en algunos casos, homicidios.
Combinación fatal
Merin Ajith, de la Florida Atlantic University, señala que “la creciente militarización de las fuerzas policiales en Estados Unidos tiene profundas implicaciones para los derechos de los ciudadanos amparados por la Segunda Enmienda (…) A medida que las fuerzas policiales adquieren armamento de uso militar, algunos argumentan que los civiles deberían tener acceso a armas similares para mantener el equilibrio de poder entre el Estado y sus ciudadanos, como se describe en el propósito de la Segunda Enmienda”. Esta combinación —la Segunda Enmienda y la militarización de las agencias policiales— puede ser una de las causas del incremento de las muertes en manos de policías en Estados Unidos.[1]
a. Militarización
La ICE es una fuerza intermedia [2] que tiene su origen en la Ley de Seguridad Nacional de 2002. Puntualmente, es resultado de la fusión de dos agencias: el Servicio de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Customs Service) y el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). Desde entonces su función se ha centrado en hacer cumplir las leyes de inmigración y combatir delitos transnacionales a través de su oficina de investigaciones. A partir del gobierno de Donald Trump la ICE ha ampliado su presupuesto hasta alcanzar los 75,000 millones de dólares anuales y ha contratado a más de 12.000 nuevos agentes en el último año, para lo cual el entrenamiento se redujo de 13 a 6 semanas. En la actualidad, cuenta con más de 20.000 empleados y opera en más de 400 oficinas en todo el mundo, dividiendo su labor principalmente entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Detención y Deportación (ERO).
Si bien a lo largo del siglo XX las fuerzas intermedias han sido desmilitarizadas o se han atenuado sus características militares [3], aún visibles, no es el caso de las agencias federales y de las policías en Estados Unidos.
A contrario sensu, la militarización de las agencias federales y de las policías en Estados Unidos no ocurrió después del 11 de septiembre de 2001. Su origen se remonta al Programa 1033, creado en el marco de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) en 1997. Esto le permite al Pentágono transferir exceso de equipo militar a agencias locales de forma gratuita. Desde la fecha de su aprobación se estima que se transfirieron más de 7.400 millones de dólares en equipamiento.
De acuerdo con una investigación de Research & Politics, las agencias que reciben mayor cantidad de equipo militar tienden a tener tasas de muertes provocadas por la policía significativamente más altas, incluso controlando variables como el delito local. Asimismo, esta militarización fomenta lo que algunos estudios denominan una “mentalidad de guerrero” (warrior mindset); al vestir y equipar a los agentes como soldados se altera su percepción del ciudadano, pasando de ser un miembro de la comunidad a una amenaza potencial o “enemigo”.
Este proceso fue justificado a partir de dos narrativas principales. La primera es nuestra conocida Guerra contra las Drogas y la segunda es la Guerra contra el Terrorismo. Esta última facilitó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inyectara miles de millones adicionales en pueblos pequeños para que compraran equipos tácticos que eran desproporcionados con su realidad criminal.
Si bien Barack Obama (2009-2017) intento limitar la entrega de equipamiento debido a las protestas en Ferguson en 2014 luego del asesinato de Michael Brown, Donald Trump (2017-2021) las eliminó durante su primer mandato en 2017. La administración de Joseph Biden (2021-2025) no tuvo éxito en detener este proceso de militarización.
b. La segunda enmienda
Según un estudio de Small Arms Survey (SAS), “existen 120,5 armas de fuego por cada 100 estadounidenses”, una cifra impresionante: “los estadounidenses poseen 393 millones de las 857 millones de armas civiles disponibles, y esta cifra corresponde al 46% del alijo de armas civiles a nivel mundial”. Esta tenencia es defendida a partir de una interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos: sus defensores sostienen que los civiles necesitan acceso a armas similares para mantener la paridad con las fuerzas policiales y evitar una “tiranía gubernamental”.
Este derecho constitucional ha estado sometido a un debate intenso debido a los “incidentes” registrados, por ejemplo en escuelas, pero a la fecha ha logrado ser defendido con éxito en el Congreso de Estados Unidos gracias al lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). La Gun Violence Archive ha llevado un registro del impacto que ha tenido la tenencia de armas en este país.
La tendencia y la relación entre la posesión de armas en la sociedad civil y las muertes causadas son espeluznantes.
Ahora bien, la tenencia de armas en la sociedad estadounidense tiene otro impacto que se vincula con la militarización de las agencias policiales. Por un lado, los que defienden la militarización de las fuerzas policiales argumentan que la prevalencia de armas en manos civiles hace necesario que las agencias incorporen equipo militar bajo la lógica de “no quedar superados en potencia de fuego”. Por otro lado, la prevalencia de armas en la sociedad civil afecta la “psicología operativa” de los agentes. En efecto, en los Estados con mayores tasas de propiedad de armas, la tasa de disparos policiales fatales es 3,6 veces mayor que en aquellos con pocas armas. Asimismo, las policías justifican el uso de la fuerza letal en la “percepción razonable” de que un sospechoso está armado, un riesgo real en un país donde portar un arma es un derecho constitucional.
Merin Ajith concluye que “desmilitarizar las fuerzas policiales, en lugar de armar cada vez más a las fuerzas civiles, es la solución más eficiente”.
Antes de la lluvia
El nombre de este apartado hace referencia a una película de origen macedónico. En un epígrafe del guion escrito por Milcho Manchevski se puede leer: “El tiempo justo antes de la lluvia, el tiempo cuando las moscas pican como kamikaze, cuando los pájaros vuelan bajo y el cielo cuelga arriba negro, pesado y expectante, cuando todos los colores se lavan en gris, tenue e intenso, pero perforado por matices radiantes. Está a punto de estallar. Una fuerte sensación de expectativa, de descenso, de tiempo justo antes de algo grande abruma la imagen, el marco, el ritmo, los colores, la luz, la música y los caracteres. Aun así, la historia se mueve más rápido, más rápido que palabras”.
Estados Unidos se encuentra en esta situación: en el año 2021 estuvo al borde de un golpe de Estado y actualmente la violencia política se está incrementando Obviamente, a este análisis hay que agregar la patología del presidente Trump, las ideologías de las Alt-Right, la degradación de la asabiyyah (solidaridad de grupo) y la destrucción de la democracia, como supieron adelantar Steve Levitsky y Daniel Ziblatt [4].
Ahora bien, el gobierno de Javier Milei está intentando importar esta problemática a la Argentina. Por un lado, se han relajado los requisitos para la tenencia de armas en nuestro país. Por el otro, se agita la propuesta de perseguir a los inmigrantes de los países hermanos. A partir de estas iniciativas, estamos volviendo a la época de las leyes de Residencia (1902) y de Defensa Social (1910) destinadas a perseguir a nuestros abuelos inmigrantes. En estos días, algunos de sus descendientes están proponiendo expulsar a los hermanos latinoamericanos que han llegado a nuestro país y destruir el Estado que construyeron la Generación del ‘80, el peronismo y el desarrollismo. De continuar en este sendero, no tendremos ni la República Posible que pensó Juan Bautista Alberdi ni la República Verdadera, la democracia, que soñaron Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín.
En este contexto, y parafraseando a Dietrich Bonhoeffer [5], la apatía social y la estupidez humana son funcionales a los dirigentes autoritarios, en tanto que esta última se convierte en una herramienta del poder. En síntesis: “Mantener silencio ante el mal, es el mal en sí mismo. Dios no nos juzgará como inocentes. No hablar, es hablar. No actuar, es actuar”.
[1] Como hemos señalado en la introducción, en las ciencias sociales consideramos a estos hechos como multicausales. Solo nos detenemos en la combinación de dos causas que son específicas de Estados Unidos, a diferencia de los países europeos.
[2] “Son organizaciones que disponen de una formación, equipamiento y doctrina que las habilita para intervenir en aquellos fenómenos de violencia que exceden las capacidades policiales, pero que tampoco pueden ser clasificados como conflictos armados”. Battaglino, Jorge. (2016), Fuerzas intermedias y lucha contra el tráfico de drogas: el caso de la Gendarmería en Argentina. En URVIO 18, pp.: 76-89.
[3] Lutterbeck, Derek (2004), “Between Police and Military. The New Security Agenda and the Rise of Gendarmeries”. En Cooperation and Conflict 39 (1), pp.: 45-68.
[4] Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Buenos Aires: Ariel.
[5] Teólogo alemán asesinado por el nazismo el 9 de abril de 1945.
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