Con llamativo hermetismo, el Ministerio de Defensa fue allanado el martes en busca de documentación que aporte a la causa sobre denuncias de corrupción. El ministro del área acompañaba por entonces a la comitiva presidencial a las Naciones Unidas.
La orden partió el lunes 22 desde el Juzgado Criminal y Correccional 9, Secretaría 17, con relación a la causa CFP 3611/2025, “De Petri (sic), Luis y otros s/malversación de caudales públicos (art. 260) y otros”, en la que se ordenó a la Policía Federal presentarse a las 10 de la mañana del día siguiente en la sede de Defensa, detrás de la Casa Rosada, para que el personal ministerial proporcionase:
- Los expedientes de compras directas y licitaciones (semestrales, desde 2024) de armamentos y material para la salud por más de 25.000 millones de pesos.
- El convenio con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y las Direcciones de Seguridad de las FFAA con el fin de destinar el 2% de la masa salarial mensual del personal militar para afrontar la crisis financiera que afecta a la obra social.
- El préstamo de 40.000 millones que Defensa habría requerido al Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares (IAF), con el objetivo de desarrollar sistemas informáticos, adquirir equipos médicos de alta complejidad y mejorar la operatividad del Instituto.
El Poder Judicial ordenaba que los documentos fueran remitidos a la Fiscalía Federal 7, a cargo de Ramiro González. Sin embargo, según consta en el acta de allanamiento al que accedió El Cohete, los policías se fueron de la dependencia del Ejecutivo con las manos vacías.
Así lo informó el inspector Simón Omar David, del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal, quien ante dos abogadas como testigos procedió a actuar.
La respuesta del director general de Asuntos Jurídicos, Augusto Guruciaga, fue que el material solicitado se encuentra en formato digital y que, como el Juzgado no especificaba el número de expediente, deberían buscarlo a mano, lo cual podría llevarle “cuatro días”. ¿Ese tiempo demorarían en caso de que el ministro les ordenase traerle otro expediente al que llamara por su título? No fue posible saber si se lo repreguntaron.
Las testigos –quienes trabajan para el Estado e, incluso, una concursaba para el Consejo de la Magistratura– evitaron hacer comentarios ante El Cohete, y el funcionario remitió al teléfono de la oficina de prensa ministerial.
Hasta ahora, lo que se sabe es que, en la investigación sobre las coimas que el abogado del Presidente de la Nación le adjudicó a droguería Suizo Argentina, hay 105 procesos de compra durante el mandato de Javier Milei, por más de 100.000 millones de pesos. Entre ellos, el Ministerio de Defensa firmó contratos por 600 millones, como se detallara en la nota Voracidad genética.
El policía a cargo del allanamiento telefoneó a la Fiscalía 7, donde el auxiliar Santiago Schiopetto dispuso resignarse ante los cuatro días (que se cumplen en fin de semana, por lo que es de esperar que se extienda hasta el lunes), cuando la documentación sea enviada en papel, aunque antes debería llegar por correo electrónico a la casilla de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7.
Schiopetto trabaja allí desde 2007, cuando era secretario, a excepción de dos años (2016-2018), cuando pasó a ser subsecretario de Seguridad Operativa (representante político a cargo de las comisarías en la Ciudad de Buenos Aires) en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En 2014, como prosecretario de la Procuración Federal, integró la Comitiva Argentina que, junto a la jueza María Servini y el fiscal Ramiro González, tomó testimonios en España por los crímenes de la dictadura franquista. En 2021 participó de la causa contra los diputados macristas que pedían parte del salario a sus empleados. Luego concursó para integrarse a la estratégica Cámara Federal. El año pasado acompañó al fiscal González a tomarle declaración a Fabiola Yáñez en la causa contra el ex Presidente Alberto Fernández.
Desde el Ministerio de Defensa relativizaron el carácter de “allanamiento” y sugirieron que se trató de una “orden de presentación, consiste en un requerimiento formal para que un organismo entregue documentación o información”. Según la interpretación que hicieron saber a El Cohete, “un allanamiento implica el ingreso forzoso de fuerzas de seguridad a un domicilio, oficina o dependencia, con secuestro inmediato de elementos y sin necesidad de consentimiento”, en cambio “la orden de presentación no autoriza irrupción ni secuestro de bienes, establece que el organismo debe reunir los documentos y entregarlos en la fecha y forma que fija el juzgado”.
El acta que documentó el frustrado procedimiento se titula ACTA DE ALLANAMIENTO, con mayúsculas, y el facsímil de la “orden de presentación” aquí reproducida, el final de la segunda hoja, manda remitir “la documentación secuestrada”.
“Otra estafa millonaria”
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que otra estafa millonaria es motivo de demanda judicial por el uso de fondos públicos en los establecimientos educativos militares, donde –aseveran– le pagan sueldos a “militares en situación de no permanencia”, ya que cobran “horas profesor” sin dictar clases.
Un miembro de la Junta Interna de la Facultad de Ejército, Darío Cecotti, expresó: “Hemos tomado conocimiento de que los militares destinados en diversos institutos de formación, en especial los de Ejército, estarían cobrando como profesores militares no permanentes. Esto es falto de toda ética. La docencia se dignifica con el trabajo en el aula. También computan antigüedad docente; cuando se retiren, si desean trabajar como docentes en cualquier medio, esa antigüedad les sirve; doble perjuicio para el Estado”.
El sindicato contrapuso eso con la situación de miles de docentes civiles que reclaman salarios dignos y el reconocimiento de su trabajo en las aulas. Esas prácticas contribuyen a distorsionar el presupuesto, desprestigian la tarea y violan el principio de igualdad con los trabajadores civiles.
Platos suculentos
El allanamiento a Defensa, las revelaciones sobre contratos con una empresa sospechosa de corromper y las denuncias del gremio coinciden con las revelaciones que, desde hace meses, son compartidas por fuentes militares con El Cohete.
Tales uniformados sugieren que la revista en planta permanente del Ministerio de Defensa de la esposa del jefe del Estado Mayor de Ejército ha influido para que él fuera seleccionado para comisiones al extranjero. Además de esposo, el teniente general Carlos Presti es hijo de un represor sentenciado; hermano de un militante del PRO y presunto padre de un hijo al que nunca integró, “muy relegado en lo económico”, según deslizan fuentes militares. Creen que cuando el ministro Luis Petri se vaya para legislar en representación de Mendoza, Presti aspirará a conducir el Estado Mayor Conjunto al menos por dos años, “para lo cual va enviando allí a los mejores oficiales”. Tal aspiración se contrapone con “la obra social liquidada, terrenos en venta, problema de haberes no resueltos, bajas del personal y graves recortes”. Además de la disposición de personal, prioriza reunirse con empresarios proveedores de distintas fuerzas, con quienes prefiere verse en un reservado sitio de Palermo. No obstante, las comidas mensuales más habituales son con los directivos de la Sociedad Militar Seguro de Vida, generales retirados con los que gustan hablar de temas de interés a largo plazo, y de alta política, como son las cuentas offshore.
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