CAPITALISMO FINANCIERO

Como lo hicieron San Martín y Güemes, el Estado debe detraer recursos a los sectores pudientes

 

La Argentina no es un país pobre sino terriblemente injusto, con una población de unos 45 millones de habitantes y una tasa de Actividad que ronda el 47%, quiere decir que aproximadamente 21.150.000 personas forman la Población Económicamente Activa (que está en condiciones de trabajar), por ende si al mes de mayo de 2020 el total de personal público (nacional, provincial y municipal) es de 3.194.700 personas y los trabajadores registrados del sector privado suman 7.595.704 —sumados a asalariados de casas particulares, independientes autónomos y monotributistas, lo que conforma un total de 12.076.810 trabajadores formales—, se deducen dos cosas:

  1. Que un país que tiene recursos naturales y capital para generar trabajo para todos, cuenta con 9.000.000 de desocupados y/o con precariedad laboral (hecho que además merma nuestra capacidad de producir bienes y servicios).
  2. Que esto explica y fundamenta el programa IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que a su vez debería ser la base de datos para un plan de Renta Mínima de Inserción [1].

El IFE y los demás planes sociales, incluidos los gastos ocasionados en salud por Covid-19, implican una inyección de recursos estatales fuerte, que debería contar con una fuente de financiamiento genuino, que pasara por cobrar impuestos a los sectores de manifiesta capacidad adquisitiva y redireccionar el crédito y la liquidez, en un país en el que en cuatro años se detrajo ahorro por 86.200 millones de dólares que no se convirtieron en inversión. Además, una parte del mismo es administrado por los fondos de cobertura que son acreedores del Estado Nacional.

Lo demuestra BlackRock, que se reconoce en la Argentina accionista del Grupo Financiero Galicia (de Braun, Ayerza y Escasany), del Banco Macro (Brito y Carballo) y del Santander (grupo Botín, que en la Argentina son dueños del Banco Santander-Río), pero también es accionista de YPF y del grupo Mindlin (Edenor, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía), en Central Puerto, en Loma Negra, en IRSA, en Telefónica, en Procter & Gamble, en Bayer-Monsanto, en Tenaris, en Mercado Libre, en Transportadora Gas del Norte, en Arcos Dorados y en Adecoagro, más su participación en Glencore y de esta con Vicentin en Renova SA. Paralelamente posee títulos públicos nacionales, estimándose en unos 3.000 millones de dólares, de los cuales unos 2.000 millones son los títulos de deuda argentina bajo jurisdicción extranjera y que hace que lidere el grupo Ad Hoc que rechazó el plan de pagos que el Ministro Martín Guzmán presentara el 6 de julio 2020 a la SEC (Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos). Otros 1.000 millones son bonos bajo leyes locales, especialmente los Bonos del Tesoro (BOTE 2023 y 2026), emitidos el 14 de mayo de 2018, cuando el Secretario de Finanzas de la Nación era Luis “Toto” Caputo.

Si combinamos la fuga de capitales con la fuerte extranjerización de la economía argentina y la lógica financiera que las direcciona, podremos explicarnos por qué se demora hasta el cansancio el planteo de extender el Impuesto a los Bienes Personales a unas 12.000 a 14.000 personas cuyo patrimonio supera los 3.000.000 de dólares, que implicaría de realizarse, a una alícuota del 2,25% una recaudación de $ 300.000 millones [2], cuando mensualmente el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) es de unos $ 90.000 millones  (unas nueve millones de personas a razón de $ 10.000 cada una).

 

 

Los bancos

Es obvio que se necesita de otros ingresos y de allí que se vuelva la mirada hacia el sistema financiero que al 8 de julio de 2020 inmoviliza por Letras de liquidez del BCRA (LELIQs) $ 1.709.442 millones, que devengan un interés nominal anual del 38% y efectivo del 46%.  Esto significa unos $ 60.000 millones de pesos por mes que paga el BCRA y que equivalen a las dos terceras partes de lo que se abona por IFE a 9 millones de personas. No tenemos el desagregado por banco, pero podemos inferir sin temor a equivocarnos que la mayor parte de esos intereses los perciben los 10 primeros bancos por volumen de depósitos, de los cuales dos que creíamos privados nacionales (Galicia y Macro) tienen participación de BlackRock. Esas diez entidades financieras privadas ganaron el año pasado el equivalente a unos 6.000 millones de dólares, mientras la cantidad de bienes y servicios que se produjeron en 2019 descendía en una suma similar (Caída del 2,2% del PIB).

Es inconcebible que por mes se les pague a los bancos no menos de $ 60.000 millones por inmovilizar recursos y que, a la vez, el Estado deba abonar por IFE una suma de $ 90.000 millones.

El problema reside en que el sistema financiero argentino no genera ni liquidez ni crédito suficiente:

  • La tasa de liquidez medida por la Base Monetaria es menos del 11% del PIB y,
  • El total del crédito (en pesos y en divisas) al sector privado es del 11,35% del PIB[3] .

Estos son los indicadores más bajos de toda la región y de nuestra historia, lo cual explica la rotura de las cadenas de pago, el cúmulo de cheques rechazados y la falta de dinero en la mayoría de la población, mientras hay una minoría que utiliza el excedente para comprar divisas por cualquier alternativa que consiga (dólar blue o ilegal, CCL, dólar Bolsa, etc., etc.)

 

 

El conjunto de bancos privados en los primeros cuatro meses de 2020 incrementó su Patrimonio Neto en un 35,5% (muy por encima de la inflación), con una ganancia  acumulada de $ 65.388 millones. Mientras paralelamente en el sector privado cerraron unas 18.000 empresas (a mayo 2020 quedaron 520.507 empresas registradas) y se perdieron 285.000 empleos (quedan 7.595.704 de trabajadores formales) y el descenso de la masa salarial fue del 10%. La masa total abonada fue de $ 446.852 millones, lo que significa un salario promedio bruto de $ 58.000 y un salario mensual neto en torno a los $ 48.000. La Canasta Básica Total para un matrimonio y dos hijos (siempre al mes de mayo 2020) es de $ 43.080 por mes. Muchos trabajan y son pobres, esa es la Argentina post-Cambiemos, desocupación y bajas remuneraciones, a lo que se suma la flexibilidad laboral tipo Mercado Libre que desconoce que sus transportistas son camioneros y que sus empleados no son de comercio sino bancarios, para hacerlos trabajar más horas, en peores condiciones y pagarles mucho menos.

 

 

Así pensaban seguir

Según informa la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, los planes sociales del gobierno evitan que entre 2,2 y 2,8 millones de personas caigan en la pobreza y entre 1,8 y 3,1 millones en la indigencia. Sumados a la tarjeta Alimentar más la Asignación Universal por Hijo, «evitan que entre 2,7 y 3,4 millones caigan en la pobreza y que entre 2,9 y 4,5 millones caigan en la indigencia”.

Por ende, es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que, principalmente está conformados por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio y, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello, el profesor Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), propone transformar el stock de LELIQs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privado y estatal. Finalmente, en lo inmediato, suspender el cómputo máximo de asistencia del BCRA al Estado impuesto por la Ley 24.144 de su Carta Orgánica de 1992 por Domingo Felipe Cavallo, mientras dure la pandemia. (Lo que dejara de pagar el BCRA a los bancos todos los meses, se emplearía para cubrir parte del gasto público.)

Igual con el sector externo, repetimos hasta el cansancio, la crisis castiga a todas las poblaciones que requieren alimentarse y la Argentina es el décimo exportador mundial de alimentos. Por un lado, se deben anular las concesiones realizadas por el gobierno de Cambiemos en su gestión a los exportadores para que ingresen los dólares de las ventas realizadas cuando ellos quieren y, por otra parte, que  se aceleren los plazos de liquidación de las ventas externas de la excelente cosecha 2019/2020.

En una situación como nos encontramos el Estado debe intervenir, como lo hicieron San Martín y Güemes ,detrayendo recursos a los sectores pudientes para pertrechar su ejército. El sacrificio debe ser de toda la población y no de los que menos tienen.

De no hacerlo, imperará una vez más la lógica del capitalismo financiero al que lo que menos le importa es el país y sus habitantes y, en ese caso, nos encontraremos una vez más con lo que definiera Antonio Gramsci: “La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo, sin que pueda nacer lo nuevo. Estas etapas generan un ambiente propicio para que surjan ideas para reorganizar y reestructurar la vida del Estado. En estas ocasiones la clase dirigente tradicional que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y reasume el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor de cuanto ocurre en las clases subalternas; si es necesario hace sacrificios, se expone a un porvenir oscuro cargado de promesas demagógicas, pero se mantiene en el poder, lo refuerza por el momento y se sirve de él para destruir al adversario y dispersar a su personal directivo que no puede ser muy numeroso y adiestrado”.

 

 

 

[1] La Renta Mínima de Inserción es una prestación de carácter subsidiario para las personas que no dispongan de un mínimo de ingresos necesarios para acceder a bienes y servicios indispensables. Es una medida de protección social que garantiza que la población cuente con los recursos e ingresos suficientes para tener una vida digna,  tal como lo plantea nuestra Constitución Nacional, por el solo hecho de vivir en suelo argentino
[2] El ingreso por Bienes Personales de todo el año 2019 fue de $ 31.183,8 millones que convertido al dólar promedio del BCRA de $ 51,55  significan unos 604,9 millones de dólares (solo el 0,18% del PIB)
[3] Similar al total del monto inmovilizado por LELIQs y por pases pasivos de los bancos en el BCRA. Se esteriliza más dinero de lo que se emite, es mayor la esterilización que la Base Monetaria.

 

 

 

12 Comentarios
  1. ANIBAL dice

    oodisciascio comando de la fusiladora interfiere mails en favor de fondos buitres,reside en georgia su telefono es (678)445-7322,denunciar a interpol,por favor.

  2. ANIBAL dice

    se debe separar con una nueva carta organica del bc y ley de ef,la banca de credito de la de especulaciom.
    los bancos de credito no pueden intervenir en bolsas y mercados per se o a traves de s.de b.

Dejá tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.