En nuestro país, el Estado, desde las colonias con sus permisos de vaquerías, fue un factor clave en la conformación de las grandes unidades de producción (las estancias) y, posteriormente, en la generación de tecnologías para el sector. Sin embargo, nunca avanzó en la promoción de un emprendimiento propio, pese a contar con altas capacidades y con organismos con la potencialidad adecuada para aportar la investigación necesaria, aunque toda la sociedad financió y financia la apropiación privada de la tierra y del conocimiento producido públicamente.
Ya lo afirmaba Domingo Faustino Sarmiento: “Quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra, a los Luro, a los Duggan y los Leloir y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas” [1]. Y ese estigma sigue vigente, como una condena para nosotros y, para ellos, en cambio, como si fuera una merced, un privilegio, un derecho natural, una gracia divina que les da las fuerzas del cielo.
El auge del ciclo agrícola y ganadero se acompaña en forma creciente de múltiples problemas sociales, ambientales y económicos, e impacta en distorsiones en la estructura social agraria. La desaparición de agricultores familiares y pequeños productores y la consolidación de la polarización social en el medio rural —producto del encarecimiento del paquete tecnológico básico y del alquiler de la tierra cuando no es propia— son algunas de sus consecuencias más visibles, que continúan incrementándose sin límite en el tiempo.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina, creado por la ley 26.737 del año 2011 (y derogada de hecho por este gobierno por el DNU 70/23), el 0,89% de los propietarios poseen el 33,89% de la superficie con una extensión promedio de 22.000 hectáreas. El otro 99,11% de propietarios se reparte el 66,11% restante.
El registro afirma que 26 millones de hectáreas, de las 266.707.361 hectáreas de tierras rurales que dispone el país, están en poder de 1.200 titulares, de las cuales 11.790.229,15 hectáreas corresponden a firmas extranjeras, y de ellas, 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales.
La propiedad de la tierra y su poder económico e influencia hacen que, a la vez, la recaudación del impuesto inmobiliario rural (que cobran las provincias) sea cada vez menor. En el año 2024 solamente fue del 0,4% del PIB. Se recauda más por impuesto a la patente automotor o por el impuesto inmobiliario urbano que por el gravamen a las tierras rurales. Además, la explotación de tierras rurales está exenta del impuesto a los bienes personales. En tanto, el IVA (que es el impuesto al consumo y lo pagamos todos) representó el 10,5% del PIB.
Estamos hablando de las tierras más fértiles del planeta, donde coexiste la concentración de la propiedad (y que viven de su alquiler) y una cada vez mayor migración del sector, que no puede ser retenida en el campo bajo las condiciones del actual modelo productivo de cada vez menos productores. Estos, a su vez, más concentrados y poderosos, y por tanto fuera del alcance de nuestras leyes y de nuestra Constitución nacional.
Paralelamente, las ventas internas y externas se hacen por declaración jurada y los organismos oficiales o privados (caso el IPCVA —Instituto Promotor de la Venta de la Carne Vacuna—; la Bolsa de Comercio de Rosario y su centro de difusión ROSGAN; etc.) aceptan dichas declaraciones como reales, cuando son sospechadas de fuga, de doble contabilidad, de evasión y elusión de impuestos. Para estas maniobras cuentan con los principales estudios jurídico-contables y con el sector financiero que hace coincidir sus declaraciones juradas con las letras de cambio o cartas de crédito de los bancos, que son garantizadas y aseguradas por la fuerte cartelización del sector.
En la Argentina, existen más de 350 establecimientos frigoríficos registrados que faenan bovinos. Estos frigoríficos están registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además, existen frigoríficos que procesan otras especies como porcinos, ovinos y caprinos, así como establecimientos que elaboran subproductos como cueros y chacinados.
“La Aduana denunció en abril y mayo de 2021 a 19 de esos frigoríficos ante la Justicia por evasión tributaria y menor ingreso de divisas al mercado cambiario y les impuso multas por casi seis millones de dólares. Los usuarios de servicios de faena, que carecen de una condición económica que permita explicar el movimiento de animales realizado, contratan los servicios de frigoríficos, denunció la AFIP. Una de las hipótesis de trabajo explorada por los inspectores de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios. Los frigoríficos denunciados declararon exportaciones de hueso y de carne no apta para consumo humano, mercadería que paga un 5% de derechos de exportación, pero la fiscalización detectó que se trataba de alimento apto para consumo humano, tal como lo había certificado el SENASA en los permisos de embarque. Su alícuota es casi el doble, el 9%” [2].
La fijación de los precios la pueden hacer por la fuerte concentración económica. Por ejemplo, en el precio de la carne vacuna, el Consorcio ABC de exportadores de carne realiza el 80% de esas ventas externas. Es, además, el que controla las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa y los contratos con Estados Unidos. Presidido por Mario Raventino (quien es también vicepresidente del IPCVA), está constituido por Frigorífico Rioplatense de los Costantini, La Anónima de los Braun, las brasileña SWIFT Argentina S.A. (Minerva Foods de Brasil), el Grupo Marfrig (Paty, Vienissima, Good Mark, Green Life, Patyviena, ICB, Barfy, Tres Cruces, QuickFood, La Morocha y Gaucho's Beef), el Frigorífico Gorina (Carlos Riusech, CEO del frigorífico Gorina y vicepresidente del Consorcio ABC), Arre Beef [3], Azul Natural Beef (asociada con el Frigorífico Devesa), Compañía Bernal (que preside Martín Diego Boquín), etc.
Al poder exportar, igualan el precio de la carne vacuna con el del exterior; de allí la importancia de los derechos de exportación (igualan el precio que obtienen afuera con el que venden en el país, las retenciones son ingresos para el Estado y “abaratan” el precio en el mercado local).
Los datos oficiales de faena dan cuenta de que en la Argentina se sacrificaron en el año 2024 un total de 13.924.455 bovinos; eso explica que se registren 4.300 operadores de todo tipo y tamaño, desde grandes frigoríficos exportadores que procesaron 400.000 cabezas ese año (y que conforman los 350 frigoríficos principales), hasta muy pequeños matarifes.
Un dato relevante es que en el año 2024 los diez principales frigoríficos faenaron en conjunto 2.746.388 vacunos, lo que representa casi 20% de la faena total. En tanto, la suma de las veinte principales plantas llega a 4,37 millones, más del 31% del total.
En este caso, los brasileños que controlan dos plantas de Swift sumaron un total de 494.000 cabezas y se constituyeron en el principal grupo de faena, mientras que el supermercado Coto (que vende principalmente al mercado interno, exporta un 25% de su producción y no está asociado al Consorcio ABC) quedó en segundo lugar con 470.000 vacunos faenados. Completan las primeras posiciones por operador el frigorífico Gorina, el Rioplatense, Arre Beef, La Anónima, Compañía Bernal, Quickfood (Marfrig) y Carnes Pampeanas S. A.
En la Argentina se producen 3,2 millones de toneladas de carne bovina, de las cuales en el año 2024 se declaró exportar un millón de toneladas, y se destinaron al mercado interno 2,2 millones, lo que da un promedio de 46,8 kilogramos per cápita por año, que es la cifra más baja desde que se lleva registro (menos que los 46,9 kilogramos de 1920, hace 105 años). Consumo que es sustituido parcialmente por el de carne de pollo y de cerdo, pero que demuestra la disminución del poder adquisitivo de la mayor parte de la población [4].
Milei dice: “En la Argentina está prohibido no exportar”. No bien asumió, a través del SENASA, habilitó, a partir del 1 de enero de 2024, la exportación de cortes bovinos frescos y de los denominados cortes preferidos frescos, enfriados o congelados, que son el asado con o sin hueso; falda; matambre; tapa de asado, nalga; paleta y vacío, que todos los gobiernos anteriores preservaron para el consumo interno (la medida se basa en que el 31 de diciembre de 2023 finalizaron los efectos del decreto 911/2021, por el cual estaba suspendida la exportación de esos cortes bovinos). Y a través del decreto 133/2025, publicado el 26 de febrero de 2025 en el Boletín Oficial, se eliminó la restricción de exportar ganado vacuno en pie.
Las ventas externas y el cada vez menor pago de derechos e impuestos
Según el INDEC, las exportaciones del año 2024 sumaron 79.721 millones de dólares. El complejo exportador bovino contribuyó con 3.790 millones de dólares. Solo el 4,75% del total con la extensión de tierras que se dedica a la ganadería, que torna ya de por sí poco creíble ese número. Y en la última publicación del INDEC “Complejos Exportadores”, se expone que el 88,8% del total correspondió a carne bovina (principalmente deshuesada, congelada y fresca o refrigerada); mientras que el 11,2% restante estuvo constituido por cueros (fundamentalmente curtidos).
Los principales destinos de las exportaciones de carne bovina fueron China (1.663 millones de dólares), la Unión Europea (560 millones de dólares), USMCA —México, Estados Unidos y Canadá (325 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 77,5%) y Medio Oriente (284 millones de dólares, de los cuales 267 millones fueron a Israel).
Los cueros bovinos se dirigieron fundamentalmente hacia la ASEAN —Asociación de Naciones del Sudeste Asiático— (157 millones de dólares) y China (126 millones de dólares).
En primer lugar y con datos de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), en el primer semestre ingresó por el IVA la suma de 28,7 billones de pesos, y por el total de los derechos de exportación (retenciones), 4,2 billones de pesos (el 14,8% del IVA y solo el 4,88% del total de la recaudación tributaria). El pago de las retenciones por exportación del complejo bovino fue en ese lapso de solo 0,14 billones de pesos, pese a que superaron el millón de toneladas vendidas al exterior.
Pero Javier Milei ayer en la Sociedad Rural Argentina afirmó que las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán de 6,75% a 5%; las retenciones al maíz y al sorgo, de 12% a 9,5%; al girasol, de 7% y 5% a 5,5% y 4%; a la soja, de 33% a 26%, y a los subproductos de soja, de 31% a 24,5%, e incluye las rebajas transitorias al trigo y a la cebada que serán permanentes, por lo tanto significa una disminución importante de la actividad agropecuaria en su conjunto y más por su volumen de exportación para el agro que para la ganadería.
En síntesis
Consultado sobre si los empresarios cárnicos son poco productivos o existe falta de vientres, Alberto Samid respondió que “hace 25 años se declara la misma cantidad de vacas, 55 millones de cabezas; de ese total, 20 millones que son de madres. Hay que poner cupo de exportación y darles la exportación a los frigoríficos que históricamente ya vienen trabajando. Los supermercados no deben exportar”.
La única forma de negociar con los 220.000 productores y los 4.300 matarifes e industriales es limitando las exportaciones y obligando a aumentar la oferta local a precios acordes a las posibilidades de los consumidores.
La Sociedad Rural Argentina y los grandes productores, acopiadoras y comercializadores de granos no festejan solamente la baja de retenciones y demás favores fiscales, festejan la “libertad” que tienen para declarar lo que ellos quieren, grandes extensiones de tierra, mejora de la ganadería por cruza con nuevas razas y toda una red sanitaria y de servicios a su disposición para la SRA y el manejo de los puertos y la Aduana, todos los exportadores.
El camino debe ser exactamente al revés: fiscalizar y castigar severamente las actividades monopólicas y cuasimonopólicas, detraer con impuestos parte de esa renta y luego tomar medidas que impulsen la producción y el trabajo.
El Estado debe tener empresas testigos en la producción y en la comercialización de carnes (y de todos los alimentos), para garantizar un precio acorde a la capacidad de ingresos de la mayoría de la población.
En lugar de ello, la ANSeS anuncia que para el mes de agosto de 2025 la jubilación mínima será de 314.305,37 pesos. Y es un aumento de 5.010 pesos respecto del valor de julio, cuando el kilo de carne picada está a 9.000 pesos y el kilo de asado, entre 12.000 y 14.000 pesos.
La “libertad” avanza.
[1] Periódico El Censor” del 9 de enero de 1886.
[2] En el año 2024 el derecho de exportación se redujo a 6,75%.
[3] Los dueños son la familia Borrell de Arrecifes (provincia de Buenos Aires) y uno de sus miembros, Hugo Borrel, figura como titular de una empresa offshore en Panamá.
[4] El consumo per cápita de carne vacuna habría mejorado levemente según datos de junio de 2025. Este valor representa un aumento del 5,2% en comparación con el año anterior, acercándose a los niveles de 2021. A pesar de este incremento, el consumo sigue estando por debajo de los promedios históricos, especialmente en comparación con la segunda mitad del siglo XX, cuando se consumían más de 70 kilos por persona anualmente.
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