Conocimos por primera vez la bicicleta financiera o carry trade con la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y las tasas de interés positivas (porcentaje mayor que la inflación, incluso las pasivas, las que la entidad financiera abona a sus depositantes) con sus resultados negativos en la producción y en la distribución del ingreso. En esa oportunidad se generó una deuda que pasó de menos de 8.000 millones de dólares con Isabel Martínez de Perón a 43.650 millones de esa divisa al 10 de diciembre de 1983.
Persistió en gran parte del plan Austral (hasta la disparada del precio del dólar a fines de 1987) cuando, pese a utilizar para pagar los intereses de la deuda todo el superávit comercial acumulado en cinco años y medio de Alfonsín (unos 8.500 millones de dólares corrientes), la deuda fue de 61.530 millones de dólares al 9 de julio de 1989. Continuó con el plan de convertibilidad de Cavallo hasta diciembre de 2001, alcanzando 88.259 millones de dólares. Según informa el INDEC, el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior pasó de 54.936 millones de dólares a 137.806 millones en el mismo período, y la participación de los asalariados en el ingreso fue una de las más bajas de toda nuestra historia, del 29,6%.
También se aplicó a rajatabla en el gobierno de Cambiemos, que, no bien asumió, devaluó nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creció más que las tasas de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando en primera instancia transferencias de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrados y de los exportadores. En una segunda etapa, se aseguraron de que las tasas de interés del país fueran mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de José Alfredo Martínez de Hoz y de Domingo Felipe Cavallo.
Fue propiciada y expandida por el BCRA de Alberto Fernández, que generó la bomba de las Leliq y otros pasivos financieros por un monto de 22,7 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 57.000 millones de dólares corrientes), que era el subsidio que le pagaba el BCRA presidido por Miguel Pesce a las entidades financieras por tener bonitas sucursales y captar depósitos del público, y que nunca se empleó para nada.
El plan económico llevado adelante por la gestión de Alberto Fernández fue condicionado e incluso refrendado por la Ley 27.668 que aprobó "el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del acuerdo stand by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario", que se promulgó el 17 de marzo de 2022. Y las medidas anunciadas cuando asumió el ministro Sergio Massa se insertaron en el plan para definir como ventajas del país sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimientos. En ese marco definió principios y motores; los primeros, del orden fiscal: superávit comercial y el fortalecimiento de las reservas internacionales que, obviamente, no fueron logrados por la misma y permisiva inercia del propio gobierno en general y del BCRA en particular, que apuntalaron la “bicicleta financiera” y posibilitaron la fuga de capitales. Por ejemplo, el BCRA le vendió 28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas, para que pagaran sus supuestas deudas (balance cambiario del BCRA diciembre 2019 - noviembre 2023).
Tras el desgobierno del Frente de Todos, asumió Javier Milei para profundizar y extender el carry trade, la fuga de capitales y el mayor endeudamiento de toda nuestra historia, que es impulsado por el gran capital local, pero ahora socio menor del capital financiero de Manhattan, que son los principales acreedores del país y financian al capital local e incluso participan en sus negocios.
El carry trade genera la anestesia social de una menor inflación al frenar el crecimiento del tipo de cambio, pero lo hace a costa de un endeudamiento tal, que devenga intereses que implican casi la mitad de todo el gasto público de la Administración nacional. Como no se puede pagar, se colocan títulos públicos capitalizables que pagan el interés al final y hacen que la deuda crezca exponencialmente.
A abril de 2025, el gasto acumulado de esos cuatro meses de la Administración nacional fue de 34,4 billones de pesos, de los cuales se pagaron intereses por 3,2 billones de pesos. Pero la deuda pública devengó en el período intereses por 16,8 billones de pesos; por ende, se sumaron al capital adeudado intereses por 13,6 billones de pesos (el 39,53% del gasto total). Es en pesos, pero equivalente a 12.363 millones de dólares que se suman a la deuda en pesos (convertida en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación).
Y es la principal razón por la que el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, dijo el miércoles 14 de mayo de 2025 que la entidad saldrá a buscar en el corto plazo un préstamo de tipo REPO con un conjunto "más amplio de bancos privados internacionales" en relación con el suscripto a comienzos de año por 1.000 millones de dólares. Y también explica las distintas versiones de un nuevo “blanqueo” para que “los argentinos saquen los dólares del colchón”, que permitiría declarar efectivo sin necesidad de bancarización previa para montos de hasta 100.000 dólares y habilitar al Tesoro a captar parte de esos fondos mediante colocaciones de nuevos títulos de deuda.
Esto es a pesar de que que la ley 27.743, llamada “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" (que establece un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, buscando incentivar el pago voluntario de deudas y la declaración de activos no registrados, conocido como “blanqueo de capitales”) dice expresamente que no se producirá otro “blanqueo” hasta el año 2038. De que existen las leyes de procedimiento tributario y penal tributario que lo impiden. De que la Argentina firmó el acuerdo y se incorporó al Grupo de Acción Financiera (GAFI), que a través de sus recomendaciones establece las normas internacionales para prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De la ley 25.246 de la Argentina, promulgada el 10 de mayo de 2000, y sus modificaciones posteriores que han ampliado su alcance y competencias. Haciendo caso omiso y ante la imperiosa necesidad de juntar divisas para pagar los vencimientos de la deuda hasta octubre de 2025, proponen violar las leyes que el Presidente juró respetar y hacer respetar.
Es cierto que el FMI el martes 15 de abril de 2025 giró al país 12.000 millones de dólares y el Banco Mundial sumó 1.300 millones de dólares más (amplían las reservas con deuda), pero si bien las reservas internacionales brutas al 12 de mayo de 2025 suman 38.079 millones de dólares, deben deducirse los swaps de la República Popular China por aproximadamente unos 18.000 millones de dólares, el encaje de los depósitos captados en divisas por las entidades financieras (Cuenta Corriente en divisas del BCRA) por 13.475 millones de dólares, y también deben contemplares los BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), de los cuales se emitieron bonos en tres series por un total de 10.000 millones de dólares (es deuda con los importadores, más bopreal por 1500 millones de dólares que se destinaron al giro de dividendos de las empresas trasnacionales).
A esa frágil situación se suma que el miércoles 9 de julio de 2025 vencen 4.500 millones de dólares de capital e intereses de deuda con el FMI y los bonistas. Y que en la ampliación del acuerdo con el FMI se acordó que las reservas internacionales del BCRA se incrementaban en 4.700 millones de dólares antes del 13 de junio de 2025.
La reducción desde el 14 de abril de 2025 a seis meses del plazo mínimo de permanencia para fondos extranjeros, junto con cierta estabilidad de los distintos tipos de dólar, refuerzan el interés por los bonos en pesos (también plazos fijos y acciones), recreando la brecha entre las tasas en pesos, que asegura el BCRA al intervenir en el precio en los mercados futuros del dólar que, en el ROFEX (mercado a término de Rosario donde se negocian derivados, principalmente futuros y opciones sobre diversos activos como commodities, monedas y activos financieros) es prácticamente el único vendedor hasta el 31 de octubre de 2025 (cuando las elecciones de medio término son el 26 de ese mes), de esa forma incentiva a ingresar y/o vender dólares y posicionarse en pesos.
El riesgo lo asume el BCRA (en nuestro nombre), dado que si las expectativas de devaluación resurgen, el BCRA debe enfrentar pérdidas al liquidar contratos (siempre es en pesos) al precio de un dólar que a esa fecha es mayor que el acordado.
La Secretaría de Finanzas de la Nación, que licita títulos de deuda en pesos dos veces al mes, en la realizada el 14 de mayo de 2025 logró colocar 5,4 billones de pesos con tasas más altas, que sube el rendimiento de referencia y podría empujar al mercado a ajustar los precios (hacia abajo) de los bonos que ya están en circulación. Particularmente, el título público LECAP (letras capitalizables que pagan el interés cuando se amortiza totalmente el bono, dado que no pueden pagar los intereses de la deuda) que vence el 30 de junio de 2025, denominado S30J5, que fue adjudicado a una tasa del 2,6% efectivo mensual, superando el rendimiento al que venía operando en ruedas previas.
Igualmente, como viene sucediendo en forma creciente desde febrero de este año, los plazos son mayoritariamente cortos. En la licitación del 14 de mayo, las LECAPs con vencimiento 30 de junio y 31 de julio de 2025 se llevaron la mayor parte de los fondos, prácticamente dos tercios del total de títulos colocados, demostrando claramente que en el mercado local confían en que el Tesoro va a poder hacer frente a los pagos de vencimientos de junio y julio de 2025, pero dudan después, tanto en las tasas y la inflación esperada (que infieren mayor), como en la cancelación de los vencimientos (temen el llamado reperfilamiento de la deuda en pesos).
En síntesis
La renta financiera confisca el capital productivo; con esos fondos en pesos lo reconvierten en divisas y fugan. Pero esta vez la fuga será parcial, dado que saben de las reservas hidrocarburíferas, de litio y minerales raros, de cobre, oro y plata, de uranio, de agua pesada y de agua potable que tiene nuestro país en abundancia, y van a convertir la deuda mayormente en nuestros recursos naturales. Recursos que no pertenecen a este gobierno y ni tan siquiera a esta generación, sino a generaciones de argentinos; para ello tiene la Ley 27.742, mal llamada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que contiene el RIGI para forjar un modelo extractivista, creando enclaves económicos extranjeros dentro del país que estarán bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la Justicia nacional. Tendrán estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del quinto año, podrán disponer libremente de todas las divisas que obtengan, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin obligación de abastecer al mercado interno.
Por eso nos endeudan y pagan los vencimientos con nueva deuda; todo el excedente de dólares no lo usan para fortalecer las reservas del BCRA, sino para financiar el carry trade, y cuando no se pueda pagar más, ejecutarán los títulos por las empresas públicas (cuyo listado está en dicha ley) y por los recursos naturales.
La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables, es un acto criminal de administración fraudulenta. Dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio.
Los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular fondos soberanos de inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinada a las próximas generaciones.
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