¿Ceder para crecer?

El gobierno le pide dádivas al capital concentrado

 

Hay un discurso que se está imponiendo desde la derecha. La distribución del ingreso tiene que ser, en realidad, a favor de las empresas que deberían aumentar su productividad y pagar menos impuestos. “Cuando se intenta mejorar la vida de algunos no se puede evitar que otros estén peor. Si se decide mantener los salarios altos, la productividad debe subir más rápido porque de lo contrario empiezan los problemas en torno a la rentabilidad y la inflación provocando fugas de capital”, escribió la economista Marina Dal Poggetto en su libro Tiempo Perdido, escrito junto a Daniel Kerner. La frase podría ser una síntesis sobre las críticas de lxs autores a los tres gobiernos kirchneristas (el libro nació para analizar el gobierno de Macri, de quien también son muy críticos). Es una clave de lectura.

Empresas como Ledesma, Molinos, Arcor, Techint, La Anónima, por citar algunos de los ejemplos analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), no han tenido problemas de rentabilidad en el último período, al mismo tiempo que el porcentaje de lo que abonan por salarios, aportes para la jubilación de sus empleados y contribuciones patronales es cada vez menor en función de sus ventas.

Quizás no sea una regla general para el conjunto del empresariado local pero la cúpula de estas firmas, que forman parte de los distintos cónclaves del poder económico, no deja de reclamar seguridad jurídica, baja de impuestos y beneficios fiscales, al mismo tiempo que abultan sus balances (en términos reales).

Un ejemplo más de este comportamiento (definido por la derecha como racional dentro de las reglas de juego del capitalismo) puede encontrarse entre las compañías agroexportadoras. Cuando todavía no habían dejado de recibir las mieles del dólar soja, es decir la enorme transferencia de recursos desde el Estado nacional hacia un puñado de empresas exportadoras, acopios y grupos de siembra, el titular de la cámara que las nuclea, Gustavo Idígoras, le recomendó al gobierno que deberían reducirse los derechos de exportación o ir hacia una devaluación. Según el argumento de este sector, solo así se sentirían lo suficientemente incentivadas para seguir vendiendo soja y otros granos.

Tampoco parece haber un problema de rentabilidad en el sector de los neumáticos, a pesar de que los representantes de Pirelli, Bridgestone y FATE dilataron una paritaria durante cinco meses, junto a la escasa cintura política del ministro Claudio Moroni.

La italiana Pirelli informó una ganancia de 462 millones de dólares en el primer semestre del año. La japonesa Bridgestone acumula 700 millones en el mismo período. Y en el caso de FATE, que forma parte del conglomerado Aluar, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, obtuvo un saldo comercial de 904,5 millones de pesos y resultados financieros por otros 799,6 millones. El año pasado, con una inflación del 51%, las pymes industriales que se abastecen del aluminio de Aluar detallaron aumentos en sus insumos del 100%. La derecha cuestionó duramente al sindicato del neumático por su plan de lucha. El legislador José Luis Espert pidió bala para este conjunto de trabajadores. Y Massa los trató de “grupo reducido” y, en un juego de palabras, pretendió enfrentarlos con otros trabajadores.

El establishment posee un plan: hay sectores que deben ceder para crecer. Ya ni siguiera se discute crecer para distribuir o distribuir para crecer, cuando el debate político principal de la Argentina debería ser el de la distribución del ingreso. En este tópico se dirimen las visiones de país, sus objetivos, metas, desafíos y adversarios. La inequitativa distribución del ingreso (a favor del pueblo) también es violencia.

El próximo slogan del coloquio de IDEA, ese cónclave en el que todos los años se habla de seguridad jurídica, baja de impuestos, reformas estructurales, será justamente “Ceder para crecer”. ¿Cederán algo de sus ganancias las empresas beneficiadas por incentivos fiscales varios, tal como se explicó en la separata del Presupuesto? ¿Cederán algo las compañías de neumáticos, que incrementaron de manera exponencial sus ganancias en el último año? ¿O la idea del establishment es que sigan cediendo algo más las 13 millones de personas que son pobres e indigentes?

La clave radica, nuevamente, en lo que manifestó Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales: la inflación es un problema de la oferta (hay que ampliar la oferta y la productividad, punto de consenso con la derecha), y esto se explica –en parte– porque las empresas abultaron sus rentabilidades a costa de subir precios. Existió un componente especulativo que el gobierno no supo regular.

 

 

En la lona

En el último informe de coyuntura, trabajo coordinado por Roberto Feletti y un conjunto de economistas que forman parte del Frente de Todos bonaerense, se señala que “para un sector de la dirigencia empresarial, contar con precios internacionales elevados, frente a una oferta de energía abundante y salarios abaratados en dólares, conforma una oportunidad inédita en relación con períodos anteriores, que desean consolidar en términos estructurales”.

Quizás este sea un análisis acertado pero se queda corto: la idea de una Argentina barata en términos de su salario parece bastante consolidada. Entre noviembre del 2017 y julio de este año la pérdida del salario real –de los sectores formales– fue de 20,5%. El poder económico logró parte de su cometido.

La vara está muy baja. El ingreso promedio de los 9,2 millones de asalariados es de 64.755 pesos. El salario promedio de aquellos que cuentan con descuento jubilatorio llega a los 79.880 pesos y los que no lo perciben ganan 36.331 pesos. La diferencia entre ambos es del 45,5%. Por su parte, el ingreso promedio de los 3,4 millones de no asalariados es de 53.555 pesos.

La pobreza e indigencia durante el primer semestre del año afectó a 13,2 millones de personas. Esto representó un 36,5% de la población que no llega a costear una canasta básica total, una leve mejora de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el último semestre del año pasado. La indigencia tuvo un repunte de 0,7 puntos y se ubicó en el 8,8% de la población. Este último guarismo da cuenta de un empeoramiento de las condiciones sociales, incluso comparado con el último año del macrismo. Si el índice de pobreza mejoró –en términos estadísticos– fue por las dos cuotas del bono de 9.000 pesos efectivizado en mayo y junio.

De todas maneras, esta es una foto vieja. Con una inflación que en diciembre será del 100% interanual, la pobreza se ubicará en el 40%, aproximadamente. Ante estos datos y luego del señalamiento de CFK sobre el incremento de la indigencia, es probable que se vuelva implementar un bono financiado con una parte del excedente recaudado en concepto de derechos de exportación por el dólar soja.

Hoy por hoy, una política de asistencia focalizada como la que propone el Estado nacional en línea con la mirada social que tiene el FMI es una manera de sostener el status quo. Que las cosas permanezcan más o menos como hasta ahora. Contenidas. Efectivamente, la asistencia será una ayuda para las personas en situación de indigencia o los trabajadores que están colgados del sistema. Pero lo que no se come hoy –o lo que no recibieron entre julio y el momento en que se aplique la nueva contribución– no se recupera.

 

 

Dádivas

Una crisis económica y social como la actual no tiene una única solución posible. Y en política no debería existir lo inexorable. Si se mira el Presupuesto 2023, tal como descifró CIFRA–CTA, la respuesta del gobierno es un plan de ajuste en línea con el FMI. Quizás lo novedoso del momento sea que el ministro Massa reconoce en el texto enviado al Congreso –tal como advirtió la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) durante la reunión de Comisión– que los lineamientos generales de la ley de leyes fueron elaborados a gusto y piacere del FMI. Un reconocimiento –el del Ministerio de Economía– que no esconde lo perverso de la época.

Sostuvo Massa durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda: “Nos encantaría llegar a un acuerdo con los empresarios beneficiarios de los diferentes regímenes impositivos, para alcanzar un presupuesto de equilibrio. Pero obviamente en el esfuerzo, así como van a poner los ciudadanos con la tarifa (y también con los alimentos y una inflación que viaja al 100% interanual), así como van a poner las empresas con las inversiones, así como va a poner el Estado con la reducción de su inversión y su gasto, estaría bueno que aquellos que son beneficiarios de regímenes tributarios se sienten en el Congreso a contarnos qué pueden poner”.

¿Ceder para crecer? El planteo de Massa, tal como se expuso en el Congreso, es de dádiva. Ante el ajuste declarado del gobierno nacional y que pagará el pueblo, ¿la única propuesta es pedirle al sector privado que cedan algunos de sus beneficios como si fuese un favor? Si a los sectores del capital concentrado se les piden dádivas, es lógico que después el gobierno siga en la misma tesitura.

La derecha reclama cambios estructurales (reformas previsionales, laborales, reglas de juego beneficiosas para el sector privado) para romper con lo que creen que es el status quo de los gobiernos peronistas. Sin embargo, este gobierno (peronista) parece sentado sobre un status quo de inmovilidad social que ni siquiera en su discurso busca quebrar.

 

 

 

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