La administración de Javier Milei, desde el comienzo de su gestión, realiza un severo ajuste de las cuentas públicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, sintetizó que, hasta mayo de 2025, redujeron el gasto en un 5,5% del PIB (era de 22,5% en el año 2023 y pasó a ser del 17% del PIB).
El ajuste sin miramiento impacta principalmente en las jubilaciones y pensiones, en las transferencias a las provincias (por ejemplo, del total de los aportes del Tesoro nacional, se les transfirió a las provincias el 7,3% de lo recaudado y, hasta mayo del 2025, solo el 10,5% de lo recaudado), en el subsidio al transporte y a la energía, y en la obra pública.
En la obra pública ni siquiera se hacen obras de mantenimiento. Al comparar la planilla de gasto de capital de mayo de 2025 con la de 2024, se observa que el gasto de capital es nominalmente un 5,1% menor en comparación con el año anterior (esto es en pesos corrientes, con una inflación interanual del 43,5% medida por el IPC del INDEC). La reducción se concentra principalmente en energía, que teóricamente constituye la base del modelo extractivista. Con la Ley 27.742, llamada ley Bases, que contiene el RIGI, a 17 meses de largo gobierno no se visualizan obras. Sí se aprobó el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), consorcio conformado por YPF S.A., Vista Energy Argentina S.A.U., Pampa Energía S.A., Pan American Sur S.A., Chevron Argentina S.R.L., Pluspetrol S.A. y Shell Argentina S.A., por 2.900 millones de dólares. Sin embargo, el proceso demora por el tipo de cambio vigente más de lo programado, razón por la cual el Estado nacional no realiza las inversiones pertinentes que apuntalen la inversión privada.
El ajuste fiscal debe aumentar porque los intereses a pagar son cada vez mayores ante una deuda que se expande y porque los ingresos tributarios dejaron de crecer al ritmo de una economía en donde cayó fuertemente el consumo de los llamados bienes salarios que conforman la “canasta salarial”. Son los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, como alimentos, ropa, vivienda, transporte, etc., y por ende resiente el ingreso del IVA y demás impuestos al consumo, que significó siempre en torno al 75% de los ingresos impositivos nacionales.
Esa imposibilidad de pago hace que la deuda bruta de la Administración nacional disminuya en mayo con respecto a abril de 2025, de 472.920 millones de dólares a 461.019 millones de dólares (la conversión la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación), porque es el BCRA quien financia deuda del Tesoro en los BOPREALES (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), que son títulos emitidos por el Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses para importadores de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago, y también permite el giro de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices. Se ajustan en pesos y se convierten en dólares a su vencimiento. Emitieron tres series por un total de 10.000 millones de dólares y para junio están preparando una cuarta serie por 3.000 millones de dólares, con la novedad de que se pueden emplear para pagar impuestos, cancelar deudas fiscales y aduaneras, incluidos intereses, multas y accesorios. Así, sus inversores tendrán un dinero que devenga interés y que pueden usar para cancelar deudas con el fisco.
Hasta mayo de 2025, la mejora contable del balance del BCRA y del conjunto del sistema financiero se debía fundamentalmente a que el BCRA transfirió la deuda que tenía con las entidades del sistema por Leliq y otros pasivos remunerados al Tesoro de la Nación (aumentando la deuda pública) en 43.366 millones de dólares y, a su vez, el BCRA le permite a las entidades del sistema fijar las tasas que quieren y les paga generosa renta por los títulos públicos en su poder, pero el Tesoro de la Nación, ante la imposibilidad de pagar la totalidad de los intereses de la deuda, debe recurrir al BCRA y este al Bopreal.
Los intereses abonados de la deuda de la Administración nacional en los primeros cinco meses del año ascienden a 4,4 billones de pesos (que es el 8,68% del gasto público base caja a esa fecha) y que supera holgadamente el 1,89% que se destinó a la obra pública. El porcentaje destinado al gasto de capital es el más bajo desde el año 2002. En el año 2009 fue del 12,35%, en el 2010 de 13,49%, en el 2011 de 10,64%, en el 2012 de 10,64%, en el 2013 de 12,75%, en el 2014 de 16,85% y en el 2015 de 11,16% del gasto presupuestario total. Un presupuesto que rondaba el 27,5% del PIB.
El superávit financiero de los primeros cinco meses del año 2025 fue de 1,78 billones de pesos. Los intereses que se capitalizaron en las letras y notas capitalizables (LECAP y NOCAP) y en las LEFI en igual período de 2024 fueron por un total de 4,76 billones de pesos, suma que, si bien es menor al superávit primario del período de 6,9 billones de pesos, está mostrando la incapacidad de poder pagar los intereses de la deuda. De allí que es el BCRA el que coloca los BOPREAL para financiar el endeudamiento global.
El ajuste en desmedro del Estado lo demuestra claramente la ARSAT, que es la empresa nacional de telecomunicaciones creada por la ley 26.092 del 22 de mayo de 2006 para la conectividad mayorista y para acortar la brecha digital entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades, que tiene un crédito internacional acordado para la construcción del tercer satélite geoestacionario. Los otros dos satélites geoestacionarios de comunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2 fueron lanzados en 2014 y 2015, respectivamente. Pero el BCRA no le autoriza a comprar divisas para la importación de insumos imprescindibles para su producción.
De paso, podemos recordar que por el DNU 70/23 se eliminó la protección a la industria satelital nacional, y posteriormente el gobierno de Javier Milei acordó con la empresa Starlink, que preside Elon Musk, su ingreso irrestricto al país.
Impacto en la economía del país
El ajuste fiscal y la política cambiaria de este gobierno impactan sobre la economía productiva. Cada vez más empresas venden mucho menos y tienen un costo financiero mayor. Por eso, aumentan los pedidos de quiebras, concursos de acreedores, moras en los cumplimientos y roturas en las cadenas de pago.
En la industria automotriz, primero fue la empresa Nissan Argentina, que anunció en marzo de 2025 el cierre de su operación industrial en la Argentina y a fin de año dejará de producir en el país. Y ahora, en junio de 2025, es el caso de Scania en Tucumán, donde se fabrican las cajas de cambio G25 y G33, especializadas en engranaje, cajas de cambio y diferenciales, que exportan a las otras plantas que tiene la firma en América Latina. Solo hay dos plantas de este tipo, una en nuestro país y la otra en Suecia, y decide suspender la línea de producción hasta nuevo aviso.
El gobierno de Javier Milei incluso propuso la importación de automóviles usados, como hacen muchos países de la región que no tienen industria automotriz, pero las normas acordadas en el Mercosur se lo impidieron.
La Secretaría de Trabajo de la Nación Argentina publicó que, entre noviembre de 2023 (gobierno de Alberto Fernández) y marzo de 2025 (gobierno de Javier Milei), el número de asalariados registrados en el sector privado pasó de 6.369.119 a 6.253.766. Esto implica una reducción de 115.353 empleos y, si bien comprende a todos los sectores de actividad, las dos ramas más perjudicadas, que explican el 80% de ese descenso, son la construcción y la industria. Y oficialmente se reconoció una tasa de desocupación abierta del 7,9% de la PEA (población económicamente activa).
Lo mismo sucede en mayor o menor medida en todos los sectores productivos. Las empresas, ante la falta de ventas internas y externas (donde incide el precio vigente del tipo de cambio) y el alto endeudamiento al que deben incurrir para financiar stock y planta, sumado a una tasa de interés positiva, ven cómo se acrecientan los incumplimientos e incluso la rotura de las cadenas de pago. Esto lleva a la convocatoria de acreedores y a los pedidos de quiebra.
En una situación harto compleja, la renta financiera se beneficia en esta primera etapa, pero el modelo extractivista impulsado deberá realizar (supuestamente después de las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025) un ajuste del tipo de cambio.
El ajuste cambiario debe contemplar, y funciona como límite, la colocación de deuda de las empresas energéticas YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Energy Argentina S.A.U., TGS, CAPEX, GENNEIA, etc. Según información de la Comisión Nacional de Valores, estas empresas colocaron obligaciones negociables en dólares por 14.728 millones al 31 de marzo de 2025.
Ensamblar la renta financiera y el modelo final mediante la conversión de la deuda en empresas públicas y en recursos naturales (petróleo, gas, litio, minerales raros, uranio, cobre, oro, plata, agua pesada, agua potable, etc.); para ello ya cuenta con el andamiaje legal, la ley 27.742, pero deben devaluar para que ingresen capitales del exterior y, a su vez, saben que con ello se le hace costoso pagar la deuda a las empresas del sector y el impacto sobre los precios en el mercado interno, provocando un nuevo descenso en la capacidad adquisitiva de salarios, jubilaciones y pensiones.
En síntesis
La política de carry trade se agota; les permitió generar una renta financiera desmedida y endeudar al Estado argentino, pero deben convertir parte de esa renta y de esa deuda en inversión, y ese tiempo se precipita porque el único ingreso genuino que se tiene es el de nuevo endeudamiento y, con ello, la posibilidad fáctica de un nuevo default se agiganta.
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