Cornejo y los inodoros

De la Cárcel Casa de Piedra a la expulsión de Evo Morales

 

Tras el refugio que el gobierno nacional otorgó a Evo Morales Ayma, presidente legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, con motivo del golpe de Estado y persecución, el 14 de enero pasado Alfredo Cornejo emitió un fuerte comunicado rechazando la continuidad del refugio y proponiendo un proyecto de ley para que se le diera fin. La pretensión del presidente de la Unión Cívica Radical se basaba en las actividades y las propuestas de lucha que Evo despliega desde entonces en la Argentina, de clara campaña política, con miras a las elecciones anunciadas por los golpistas para mayo.

Rápidamente hubo repudio a la propuesta de dejar a la intemperie a quien fue víctima de un golpe sangriento, incluso de importantes dirigentes radicales. En ese contexto, Cornejo pisó el freno y dio marcha atrás con el proyecto discriminador que, en definitiva, desamparaba a un Presidente para beneficio de una inequívoca manada golpista y racista.

Esa actitud no es del todo extraña en la dirigencia radical conservadora –no hablo del pueblo que adhiere a los ideales de Alem, Yrigoyen y Alfonsín—, si tenemos en cuenta el aval público, aprovechamiento de proscripciones, que distintas conducciones de ese partido político prestaron a dictaduras argentinas. Pero, para ir al punto, lo que el virulento reclamo de Alfredo Cornejo contra Evo Morales me trajo a la memoria fue otra cosa, en la que tuve una intervención directa, ejemplo que lo muestra hombre por completo coherente.

A Cornejo lo conocí personalmente en 2006/2007 por haber sido enviado a Mendoza por la Secretaría de Derechos Humanos, gestión del ex Secretario Eduardo Luis Duhalde, con la conocida especialista en derechos de las personas privadas de libertad Claudia Cesaroni. El entonces gobernador era el inefable Julio César Cleto Cobos. La Argentina había sido denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la cárcel más importante de Mendoza, la mazmorra que se conoció como Casa de Piedra, se había convertido en una carnicería de seres humanos, allí encerrados supuestamente para ser resocializados. Los muertos y torturados se contaban por decenas, incluyendo cuerpos descuartizados, cuyas partes aparecían repartidas en el penal en bolsas de residuos. Ambos representantes de la Secretaría nos reunimos con altas autoridades de los tres poderes provinciales, y por supuesto hicimos una visita al penal Casa de Piedra, construido cien años atrás, incluyendo entrevistas con los presos.

El espanto de lo que vimos y comprobamos fue equivalente al desentendimiento y desaprensión que observamos frente a esos graves hechos por parte de jueces, legisladores oficialistas y el Poder Ejecutivo provincial.

Dejando de lado que el ex gobernador Cobos desconocía por completo de qué se trataba todo lo relacionado con la cárcel más importante y sangrienta del territorio que gobernaba (su grado de desconexión con la realidad era tal, que literalmente no entendía lo que estaba pasando; creía que el problema se reducía a que los baños necesitaban mejores inodoros), tuvimos una entrevista con el entonces diputado nacional Alfredo Cornejo. Inmediatamente se puso a la cabeza de las negociaciones, pero lo que nos quedó perfectamente claro fue que su insistencia era sobre la «necesidad de modernizar la infraestructura carcelaria mendocina y construir nuevas cárceles».

En una demostración de inadmisible discriminación, parecía que según el gobierno mendocino, y él en particular, el maltrato, torturas, desatención en la salud, alimentación inadecuada, represalias y asesinatos de los reclusos no era el problema a poner en el centro de la atención. Tampoco buscaba responsables en el sistema penitenciario y judicial mendocino, ni modificar las conductas de los funcionarios hacia sus presos, sino que la solución, el objetivo principal, se anclaba en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios mediante la obra pública, con calabozos y, por supuesto, inodoros también nuevos.

Supondrían que dejar de torturar y matar presos era cuestión de juntar ladrillos. Por supuesto, la empresa requeriría aportes del Estado Nacional. Lo informamos todo, claramente, a nuestros superiores. Lo que siguió fue que tanto Cesaroni como yo fuimos denunciados por nota oficial firmada por Julio Cobos, presentada ante el ex Presidente Néstor Kirchner, por, según se decía, «haber faltado a la verdad y presentado conclusiones sin entrevistarnos con las autoridades».

Alfredo Cornejo de manera alguna pudo haber sido ajeno o haber desconocido tal falsa denuncia. Una incipiente mentira que preanunció las que vendrían, a escala mayor. Eduardo Luis Duhalde descartó las falsas imputaciones y elevó al Presidente de la Nación un informe completo, con pruebas, demostrando la veracidad de nuestro informe. Tan veraz fue que la CorteIDH terminó disponiendo medidas provisionales de protección a los internos en la cárcel mendocina. No obstante, el desastre carcelario de la provincia del buen vino continuó. Y el gobierno, incluido Cornejo, logró efectivizar la construcción de cárceles con inodoros y celdas nuevas. Solo eso. Fueron tiempos en que el radicalismo mendocino, Cornejo incluido, empujaba un acuerdo político aliancista con Néstor Kirchner.

Tanto Cesaroni como yo llamamos muchísimo la atención sobre las características de esa dupla del establishment compuesta por Cobos y Cornejo. Lamentablemente nuestras voces eran solo de dos asesores, asistentes, de última línea. Solo nos quedó el orgullo de haber sido denunciados por el señor del voto no positivo, y la experiencia de haber conocido el estilo político de Alfredo Cornejo, que evidentemente está más lejos de Alem y más cerca de componer el perfil de un burócrata conservador, en lo que hace unos días mostró que es un hombre por completo coherente.

 

 

 

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