DE DÓNDE VENIMOS Y DÓNDE VAMOS

 

El INDEC dio a conocer que el Producto Bruto Interno cayó en el año 2019 en un 2,1% y en los cuatro años de la administración de Cambiemos suma casi un 10% del PIB, que descendió aún más la Inversión Bruta fija y que aumentó la tasa de desocupación, el cierre de empresas, la pobreza y la inseguridad.

Sumado a que en los cuatro años del gobierno de Macri se endeudó a la Nación por unos 129.000 millones de dólares, de los cuales unos 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el FMI y, paralelamente, se fueron del país 88.300 millones de dólares que contabiliza el Balance Cambiario del BCRA como FAE – Formación de Activos Externos.

Pero la realidad también nos dice que en los primeros dos meses largos de gobierno de la alianza Frente de Todos, la economía no muestra signos vitales de recuperación, que los salarios, jubilaciones y pensiones pierden contra la inflación y que la inversión sigue descendiendo, que no se han tomado medidas profundas y necesarias para revertir la situación heredada, que se pagaron los vencimientos que hubo desde que asumió el nuevo gobierno con reservas internacionales del BCRA y que se “reperfiló” el vencimiento de los Bonos Dual (que es en pesos pero se ajusta por el precio del dólar), todo ello a la espera de acordar con el conjunto de los acreedores de una deuda pública que, es más del 90% del PIB y que, tiene una escala de vencimientos que supera holgadamente la capacidad de pago del país.

La propuesta original y tal como la reafirmó en su presentación el jueves 13 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados el Ministro de Economía Martín Guzmán, es que se obtenga un período de gracia y no pagar capital e interés de la deuda externa hasta el año 2023, en que recién se contaría con un superávit primario (los ingresos que superan a los gastos antes de intereses) que a lo sumo podría llegar a ser del 1,2% del PIB (unos 4.000 millones de dólares) con lo que el plan de pago se ata a esa capacidad.

Y en ese plano sabemos por los medios y por los periodistas estrellas de esos grandes medios, que son cinco fondos, Templeton, Fidelity, Ashmore, Blackrock y Pimco, los que poseen varios y diversos de los 34 títulos de deuda emitidos por la Argentina (títulos que en conjunto suman 105.402 millones de dólares), en los que cuentan con más del 25% de las acreencias, con lo que anulan la cláusula de acción colectiva que le permite al Estado acordar con el 75% de los poseedores de cada título y de esa manera obligar al resto a aceptar

En la administración nacional existe una Oficina Nacional de Crédito Público que depende del Secretario de Finanzas, Diego Bastourre, que por el artículo 69 de la ley 24.156 de administración financiera y control de gestión del sector público tiene como principales funciones, por su Inciso “d”:Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público; y en su Inciso “h”:Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental. De ambos incisos se desprende que se conoce quiénes fueron los que compraron el título de deuda no bien se emitió.

Como ese trabajo debe actualizarse, la tarea que le encomienda el Ministerio de Economía de la Nación a los bancos y otras entidades financieras que contrata como agentes intermediarios es ayudar al gobierno a saber quiénes son los actuales poseedores de los títulos y a la vez, reunir a la mayor cantidad de acreedores para proceder a su reestructuración.

Por otra parte, distinguimos fehacientemente que no bien el 25 de abril de 2018 decidieron irse del país varios de los fondos y bancos que eran los principales colocadores de títulos de deuda argentina en los mercados internacionales, mientras ellos se desprendían de esas acreencias, hubo fuertes órdenes de compra de esos mismos títulos por parte de los grandes fondos mencionados en el quinto párrafo de la nota, por ende debe realizarse un tratamiento diferencial entre los títulos que colocó la administración nacional (y que percibió directamente las divisas), de aquellos que fueron comprados a terceros con el objetivo de tener más del 25% del capital de los mismos.

También debería prohibirse que el BCRA venda oro y divisas de las reservas internacionales que tienen como origen el endeudamiento público. Esto es, el Tesoro de la Nación (que depende de la Secretaría de Hacienda) se endeuda (y endeuda al pueblo argentino) en divisas, pero como paga a sus trabajadores, jubilados y pensionados nacionales, obra pública, contrataciones, etc. en pesos, debe vender esas divisas al tipo de cambio oficial al BCRA y este le da los pesos. Pero la ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA le permite a la autoridad monetaria ser banco de bancos y les vende a esos dólares, de los cuales en el gobierno de Macri se fugaron 88.300 millones de dólares.

Tomando estas medidas precautorias, el problema sigue siendo de qué sector social se extraen los recursos para poder cumplir con las obligaciones que formarán parte del plan de pago de la deuda pública, porque si no se obra en ese sentido, la deuda o lo que se pueda pagar de ella, lo hace el pueblo argentino, cuando se tiene un millón y medio de jóvenes en la Argentina actual que no trabajan ni estudian, cuando los niveles de pobreza son francamente insoportables y muchos tienen trabajo y con lo que perciben no dejan de ser pobres.

Desde la dictadura militar de 1976 el país tiene serios problemas económicos y sociales y, según la revista Forbes, 50 familias radicadas en la Argentina se encuentran entre las 2.000 familias más ricas del mundo. ¿Son compatibles los niveles de pobreza extrema alcanzado en la Argentina con los niveles de riqueza de una minoría, en un país que es solo el 0,3% del PIB mundial? ¿Cómo es posible que se pueda convivir con una cada vez más desigual distribución de los recursos? ¿Se está esperando un estallido social para tomar debida cuenta del real estado de situación?

 

 

La crisis de 1890

Debemos aprender de nuestra historia, de otra forma estamos condenados a arrastrar la hipoteca de la deuda por años y paralelamente subordinar la economía real y la población al capital financiero.

En primer lugar, debe estudiarse detenidamente qué bancos le compraron los dólares al BCRA y cuál fue el destino de los mismos. Los adquirieron por sí y por sus clientes, bien identificar en que se emplearon esas divisas, cual es la situación tributaria, etc.

En segundo término, identificar los sectores fuertemente beneficiados por el macrismo (bancos, energéticos, servicios públicos privatizados, Ternium y Tenaris, telefónicas y comunicaciones y, los grandes productores, acopiadores y comercializadores del campo) y en lo inmediato colocarles un Bono de Ahorro Forzoso, a cinco años con la opción que si el Estado lo decide se renueve por otros cinco años más.

La crisis financiera de 1890 se produce también por fuerte endeudamiento. La gran diferencia es que la República Argentina había tomado crédito principalmente para la construcción de ferrocarriles y para la modernización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires. Pero a fines de la década de 1880 ya no se podía pagar los servicios de esa deuda, más el hecho que el precio de nuestros productos de exportación (carne y trigo) lo fijaba el comprador (básicamente Inglaterra). En 1888 las acciones del “Banco Constructor de La Plata” cayeron de 235 puntos a 160, desencadenando el derrape del valor de las empresas locales y de los títulos de deuda nacional.

La rotura de las cadenas de pago e incumplimientos de contratos de todo tipo (incluido la devolución de los créditos a los bancos interno y externos) ocasionó la quiebra del Banco Nacional que derivó en crisis política reflejada en la “Revolución del Parque” encabezada por el radicalismo de Leandro N. Alem. Es allí donde se ponen de acuerdo Julio Roca y Bartolomé Mitre por mandato de los comerciante y banqueros ingleses y la oligarquía terrateniente, para desplazar a la incipiente Unión Cívica Radical y hacer renunciar al inútil de Juárez Celman (que era concuñado de Roca) y que lo suceda su Vicepresidente, Carlos Pellegrini.

Pellegrini era rico e hijo de ricos, pertenecía a la elite porteña, pero tenía una clara convicción de Nación que lo llevó a crear el Banco de la Nación Argentina en base al quebrado Banco Nacional y logró financiar la deuda de los estancieros a la vez que los sectores más ricos de la sociedad compraron un Bono Patriótico, con lo que pudo normalizar el pago de la deuda y el país retoma al modelo agro exportador hasta la crisis de 1930.

Murió en 1906 a los 59 años de edad. Con una salud muy precaria había asumido ese año su cargo de Diputado y en su asunción dijo: “Llego con menos ilusiones, con menos entusiasmos, con más experiencia. Traigo la máquina fatigada porque la jornada ha sido larga y el camino muchas veces accidentado y espinoso. Pero vengo con la misma fe ciega en el porvenir de mi país y la misma resolución de servirlo hasta donde mis fuerzas alcancen”.

De eso se trata.

 

 

 

 

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