La realidad de la Defensa Nacional en la Argentina ha alcanzado un estado de postración tan evidente que incluso sectores del periodismo tradicional, habitualmente distantes de una mirada crítica sobre la gestión de Javier Milei, se han visto compelidos a denunciar el colapso. El diario La Nación, en un reciente editorial, ha retratado una escena dantesca: unidades del Ejército convocando a licitaciones para canjear una tonelada de membrillos por repuestos para camionetas viejas, un símbolo inequívoco de un sistema que ya ha incorporado a su lógica de funcionamiento el trueque de supervivencia. Este diagnóstico del diario fundado por Bartolomé Mitre hace más de 150 años no hace más que confirmar la pauperización extrema de un sector donde el almuerzo en las unidades militares se suspende por falta de fondos, y los salarios militares se encuentran un 30% por debajo de los de las fuerzas de seguridad.
En lo referente específicamente al plano salarial, debe recordarse que el gobierno de Milei, durante la gestión de Luis Petri como ministro de Defensa, suspendió el proceso de jerarquización y equiparación salarial para las Fuerzas Armadas que había sido implementado desde marzo de 2023 por el gobierno de Alberto Fernández. Se habían liquidado durante el mandato anterior tres de las cinco cuotas previstas, que representaban un 40% de aumento para los uniformados, restando solamente dos tramos de 10% cada uno. Estos últimos son los que la administración Milei decidió incumplir por razones de restricción fiscal.
La decisión del gobierno libertario sirvió para reforzar, en definitiva, el desfasaje con los ingresos de las fuerzas de seguridad y dar lugar a una notoria caída del poder adquisitivo del sector castrense. En la actualidad, se estima que dos tercios del personal militar en actividad tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo que ha empujado a muchísimos oficiales y suboficiales a buscar un segundo o tercer trabajo —en una suerte de uberización de las fuerzas— para llegar a fin de mes.
Esta degradación socioeconómica ha provocado una sangría de personal calificado, con cerca de 20.000 bajas voluntarias registradas entre diciembre de 2023 y fines de 2025, afectando a cuadros técnicos de difícil reemplazo como pilotos, ingenieros o expertos en comunicaciones. Mientras esto ocurre, asistimos a un loteo del patrimonio inmobiliario de la jurisdicción bajo la supuesta premisa de recuperar capacidades. Terrenos estratégicos y edificios históricos son enajenados por sumas millonarias, pero la mayor parte de esos fondos quedan atrapados en las arcas del Tesoro Nacional, dejando a la Defensa en una situación de menesterosidad absoluta.
Planeamiento a la deriva
Este sombrío panorama no debería sorprender a ningún atento lector de los temas militares, pues lo hemos pronosticado apenas se inició la actual gestión. Ya en diciembre de 2023, en una entrevista concedida a la revista DEF (que fue titulada “El principal problema es la existencia de una base militar británica en las Islas Malvinas”), advertíamos que una lógica centrada exclusivamente en el ajuste fiscal llevaría al sector a un retroceso similar o peor al experimentado entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Señalamos en aquel momento que la recuperación de capacidades militares era indisociable de un compromiso real del Estado y de una economía con perfil industrializador, algo que el modelo liberal-libertario desprecia por definición.
Debe recordarse que se encontraba vigente y operativo desde 2020 el FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), creado por la Ley 27.565, que permitió durante la gestión de Agustín Rossi iniciar un proceso de reequipamiento y modernización para las Fuerzas Armadas. El objetivo central era revertir décadas de desinversión, recuperando capacidades estratégicas para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. También en enero de 2024, en el amanecer del gobierno mileísta, denunciamos en este mismo portal que la denominada Ley Ómnibus iniciaba un proceso de desnacionalización estratégica.
En este punto, y a los fines de garantizar el pluralismo de miradas, es necesario recordar los pronósticos del analista Juan Erardo Battaleme, quien días antes de convertirse en funcionario del área a cargo de los asuntos anglo-norteamericanos en el Ministerio de Defensa, aseguraba con ligereza que “no había por donde ajustar en las Fuerzas Armadas”.
Vale la pena reproducir textualmente el fragmento de la entrevista que le realizó la periodista Patricia Fernández Mainardi:
PFM: Algo logrado, y positivo, fue el blanqueo y el avance concretado en materia de equiparación salarial. ¿Considerás que, en este contexto, se puede continuar con el camino recorrido?
JEB: En principio, el tema salarial no debería ser un problema porque hay una idea de reparación. Además de que a las Fuerzas Armadas se les dará un rol más activo, no necesariamente en el combate contra el narcotráfico, pero sí en futuras misiones de paz, algún engagement internacional como el que se tuvo en los años '90. El tema salarial es algo importante, además porque las Fuerzas Armadas votaron masivamente a este gobierno; entonces es muy difícil que sean una variable de ajuste.
La realidad se encargó de demoler este análisis color violeta. El gobierno de Milei no solo ajustó, sino que llevó el gasto en Defensa al piso histórico más bajo desde el retorno de la democracia (0,56% del PBI). Su gestión, lejos de proteger al sector, detonó el financiamiento del FONDEF mediante la derogación en el presupuesto 2026 de la asignación del 0,8% de los gastos corrientes del Estado que la Ley 27.565 garantizaba anualmente para el reequipamiento militar. En el siguiente posteo podés apreciar la larguísima lista de logros que conllevó el FONDEF antes de que el Topo, el Toto y el Coloso le aplicaran su implacable motosierra.
Saluden al FONDEF que se vaaaa!!!!!!! AJUSTE FISCAL sin precedentes en Defensa en el Presupuesto 2026. Derogan de hecho el FONDEF. ¡Te lo advertí en diciembre de 2023! Sale HILO
👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/S9cTBaLc0R— Luciano Anzelini (@LucianoAnzelini) December 17, 2025
La claudicación en materia de recuperación de capacidades se agrava por la parálisis total del planeamiento estratégico. El gobierno de Milei ha incurrido en un inédito incumplimiento del Decreto 1.729/2007, que obliga al Presidente a emitir la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) en septiembre del primer año de mandato. Han transcurrido ya 32 meses y la ausencia de este documento rector constituye un agujero negro estratégico. Sin DPDN no hay Apreciación y Resolución Estratégica Militar (AREMIL), ni Directiva Estratégica Militar (DEMIL), ni planes de corto, mediano o largo plazo. Incluso el Decreto 1.112/2024, emitido por esta gestión para reemplazar la reglamentación anterior de la Ley de Defensa 23.554, se ha convertido en letra muerta en materia de planeamiento, ya que el artículo 20 de dicha norma establecía que se elaboraría una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que hasta hoy no existe.
Todo indica que la gestión de Carlos Presti espera, de un momento a otro, el visto bueno para adaptar sus borradores a lo que el Pentágono ya ha dictaminado en su propia Estrategia de Defensa Nacional (EDN 2026), renunciando a cualquier capacidad soberana de definir intereses nacionales propios. Sin embargo, ni siquiera con ayuda de la IA los remolones escribas del Edificio Libertador han podido completar su tarea.
Malvinas, Atlántico Sur y cooperación subordinada
Esta falta de una directiva estratégica de nivel nacional es determinante en el modo en que el gobierno aborda la cuestión Malvinas, lo que evidencia un marcado contraste con las posturas soberanistas de los gobiernos peronistas precedentes. En este marco, resulta útil recordar la Directiva de Política de Defensa Nacional 2021 (Decreto 457/2021), que caracterizó con rigor la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes como un “enclave colonial” británico que, mediante su significativo despliegue militar, afecta severamente los intereses vitales de la soberanía argentina.
Aquella instrucción presidencial definía con precisión al Escenario Sur como un sistema geoestratégico integrado que comprende a la Patagonia argentina, al Sector Antártico Nacional, al Atlántico Sur y a los archipiélagos usurpados, entendiéndolos como partes de un mismo conjunto vital para la Nación. La Directiva de Política de Defensa Nacional 2021 era taxativa al señalar que la persistente presencia militar británica obligaba —sin poner en discusión lo que establece la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional respecto del imperativo de resolver pacíficamente el conflicto con el Reino Unido mediante negociaciones bilaterales— a “tomar los recaudos de planificación de capacidades, despliegue y organización acordes por parte de nuestro sistema de Defensa”.
Por el contrario, la gestión actual retoma la deriva iniciada durante el macrismo. En efecto, es imposible entender la Directiva de Política de Defensa Nacional 2018 (Decreto 703/2018) sin mencionar el espíritu del escandaloso acuerdo Foradori-Duncan de 2016, que, bajo el ropaje de una mejora en la relación con el Reino Unido, buscaba remover obstáculos para el crecimiento económico de las islas y favorecer una supuesta “cooperación bilateral”. Esa postura, que abordaba Malvinas y el Atlántico Sur como un “espacio de oportunidad” y no como un territorio ocupado, es la que hoy Milei radicaliza. Como señala con lucidez Ezequiel Magnani, lo que estamos presenciando no es mala praxis geopolítica, sino un “desinterés nacional” y una “subordinación consciente y planificada”.
Milei ha llegado al extremo de afirmar el 2 de abril de 2025, durante la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de la Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos”. Difícil encontrar una forma más elocuente de validar el argumento británico de la autodeterminación de los isleños y de contradecir todas las resoluciones de las Naciones Unidas en la materia.
En este contexto, la información de coyuntura sobre la cuestión Malvinas es muy preocupante. Tal como ha reflejado Alejo Sánchez Piccat, el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas, prevé triplicar la economía isleña y concederle un sustento fiscal propio para consolidar infraestructura estratégica frente a un gobierno argentino que se limita —cuando esporádicamente logra superar la culpa— a expresar rechazos declarativos estériles. A este avance unilateral sobre nuestros recursos se suma un despliegue militar británico cada vez más asertivo. Mientras la Real Fuerza Aérea realizó el pasado 20 de junio misiones de vigilancia y reconocimiento sobre las islas Sándwich del Sur (Operación Coldstare) con aviones Airbus A400M Atlas, el patrullero HMS Medway de la Royal Navy atravesó, entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio, aguas de jurisdicción argentina —a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego— sin comunicación alguna, violando flagrantemente los protocolos de confianza militar del Acuerdo Madrid II. Posteriormente, el navío británico utilizó, entre el 5 y el 8 de julio, el puerto chileno de Punta Arenas para realizar tareas de reaprovisionamiento y asegurar, de este modo, su continuidad operacional en el Atlántico Sur. Ello vuelve a poner de manifiesto el papel clave de Punta Arenas como nodo regional para el despliegue operacional británico en torno a Malvinas y su proyección antártica.
Ante este conjunto de transgresiones, la administración de Milei exhibe una pasividad que roza la negligencia, priorizando un alineamiento dogmático con el eje Washington-Londres que permite al Reino Unido administrar, incluso, la capacidad disuasoria de los F-16 recientemente adquiridos a Dinamarca. En un texto escrito —sobre las bondades de los F-16 y las malignidades de los JF-17 chinos— para el think tank británico RUSI (Royal United Services Institute), fundado en 1831 por el primer duque de Wellington y que tiene, según informa su sitio oficial, por patrón a “Su Majestad el Rey” y por Presidente a “Su Alteza Real el Duque de Kent”, el ya citado Lord Battaleme afirmaba:
“Esto [la compra de los F-16] sería una mejora sensata para la Fuerza Aérea Argentina, pero no supondría una amenaza para la Royal Air Force. Representaría una entrega controlada de armas específicas que la Fuerza Aérea Argentina necesita (…) y (…) la posibilidad de compartir el control del espacio aéreo sobre el océano con el Reino Unido”.
Según se aprecia, la premisa que orienta el pensamiento subordinado del ex funcionario de Defensa es que los sistemas de armas en el Atlántico Sur deben ser considerados —como advierte el ya citado Magnani— para “compartir la vigilancia” con el ocupante en lugar de disuadirlo.
Un militar en Defensa, kukas
A siete meses del inicio de la gestión del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, aquel famoso posteo libertario que expresaba “un médico en Salud, un militar en Defensa... no era tan difícil Kukas” ha quedado expuesto como una falacia.
La designación de Presti, un militar que ni siquiera pasó a situación de retiro para asumir el cargo, no solo rompió un consenso democrático de más de cuarenta años de ministros civiles, sino que demostró que la supuesta “expertise técnica” resulta nula si no existe capacidad de conducción política del sector. Como hemos sostenido reiteradamente en este espacio, la inconveniencia de un militar al frente de la cartera de Defensa incluye el riesgo de transformar al ministro en un representante corporativo de las fuerzas ante el Presidente, en lugar de ser el representante del poder político ante los militares. O, peor aún, caer en la lógica exactamente opuesta: la de una politización extrema de la institución, con un ministro que llama “líder” al Presidente ante autoridades extranjeras, degradando a niveles desconocidos la profesionalidad institucional necesaria.
Desde el punto de vista estratégico, la gestión de Presti ha profundizado la subordinación a los lineamientos de defensa y seguridad fijados por Washington en la Estrategia de Defensa Nacional (EDN 2026), que procura que las Américas sean su “retaguardia segura”, convirtiendo a los instrumentos militares latinoamericanos en meras correas de transmisión de sus intereses. Esta sujeción al Pentágono se cristalizó en la adhesión sin ambages a la iniciativa Escudo de las Américas, que bajo la égida de la denominada Doctrina Donroe impulsa la policialización de nuestras Fuerzas Armadas.
Al convertir a los militares en “combatientes del crimen” para tareas de seguridad interior y narcotráfico —temas que en nuestro ordenamiento normativo competen a los organismos de seguridad pública—, se desvían recursos y atención de la misión primaria fundamental: la protección de la soberanía en el Atlántico Sur. Esta policialización ignora las lecciones del Informe Rattenbach, que ya en 1983 advertía que el enfoque en la conflictividad interna condujo al fracaso profesional en el núcleo duro de la actividad militar durante la guerra de Malvinas de 1982.
El contraste con Gran Bretaña es notable. Mientras la Argentina desnaturaliza su instrumento militar, el Reino Unido, en su Revisión Estratégica de Defensa 2025, refuerza su visión soberana fijando como objetivo central la “preparación para la guerra” y aumentando su gasto militar al 2,5% del PBI para construir nuevos submarinos nucleares. Mientras Londres enfoca la mirada en la defensa de sus bases en el extranjero como elemento fundamental de su soberanía, los funcionarios del Edificio Libertador se ufanan de convertir a sus uniformados en “policías de frontera”.
Reflexión final en tiempos mundialistas
La defensa nacional argentina ha ingresado en una dimensión de vulnerabilidad extrema. El alineamiento irrestricto con el eje Washington-Londres, la policialización del Instrumento Militar y la parálisis del planeamiento defensivo-militar nos sitúan en lo que hemos definido como una fase de indefensión crítica. Renunciar a la autonomía estratégica y a la defensa activa del Atlántico Sur es una irresponsabilidad histórica que deja a la Nación a merced de un mundo cada vez más arbitrario y propenso a la conflictividad interestatal.
En tiempos mundialistas, cabe preguntarse —este artículo fue enviado al editor dos días después de la inolvidable victoria contra Egipto en octavos de final— cómo entonarán el Presidente y su banda el nuevo hit “La Cuarta Estrella”, que los muchachos de la selección adoptaron como canción de cabecera. En particular, genera intriga la interpretación de la parte que reza: “Quiero ver la cuarta estrella / Brillar en la camiseta / Soy argento de la cuna hasta el cajón / Por Malvinas, por el Diego / Por la última de Leo”.
De Diego, el país entero sabe lo que piensa este gobierno porque el 13 de agosto de 2024, Día Internacional del Zurdo, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni —en sus días de gloria y soberbia ilimitada— recordó a “grandes zurdos” que fueron destacados deportistas y músicos argentinos, pero omitió deliberadamente a Diego Maradona, burlándose ante la pregunta de un periodista que lo consultó por esa omisión.
¿Y cantará este gobierno la parte de Malvinas?
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex Director Nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa).
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