DERECHOS Y NECESIDADES

La eyección de Kulfas y los costos de una Corte Suprema con jueces como Rosenkrantz

 

La eyección de Matías Kulfas del gabinete nacional, por haber difundido desde un grupo de WhatsApp administrado por el Ministerio de Desarrollo Productivo un off the record  contra la Vicepresidenta CFK, opacó otros episodios muy significativos que se encadenaron a lo largo de la semana, y forzó al Presidente Alberto Fernández a amputar el miembro enfermo de su equipo. Queda por dirimir si la nota de Kulfas que publicaron La Nación e Infoemba, fue una provocación basada en su presunta impunidad, o una mera torpeza de alguien incapaz de imaginar las consecuencias de sus actos. También si se trató de un «gesto autónomo», según la expresión de alguien que se sentó con él en el gabinete, o contó con un guiño previo de autoridades superiores, que luego no pudieron sostenerlo sin grave daño. Al cierre de esta edición, en la tarde de ayer, se mencionaba para sustituirlo al embajador en Brasil, Daniel Scioli, un especialista en supervivencia cuando arrecia el disgusto kirchnerista.

Entre los temas relegados por el kulfazo se cuenta el alboroto que armó en  la muy conservadora Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es un centro de resistencia al flamante Presidente Gabriel Boric, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz. Sin nombrar a Eva Perón, utilizó una frase que se le atribuye, para impugnar lo que llamó “fe populista”. La afirmación elegida por el abogado de grandes empresas que el ex Presidente Maurizio Macrì designó por decreto en comisión en la Corte Suprema, es que “detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho”, lo cual a su juicio revela “insensibilidad al costo”.

Para Rosenkrantz “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”. Las “proclamas populistas” ignoran que “detrás de cada derecho hay un costo” y que, si hay un derecho, otros tienen, individual o colectivamente, que “honrar obligaciones”, lo cual “es siempre costoso en términos de recursos”, ya que “no tenemos los recursos para satisfacer todas las necesidades que podemos desarrollar y sería deseable satisfacer”.

Es decir, no es que falten recursos, sino que serían un costo para quienes tuvieran la obligación de aportarlos. Bien lo sabe el actual gobierno, cuyas palabras van en la dirección de obtener tales contribuciones, aunque los hechos no siempre las confirman. Incluso su ex compañera en la Corte, Elena Highton, le respondió en un reportaje radial: «Sí, donde hay una necesidad, hay un derecho».

 

 

 

Es cualquier cosa menos casual que bajo apariencia de un debate doctrinario entre académicos, el representante del gran capital en los tribunales argentinos haya usado palabras tan provocativas, justo en este momento. El Ministro de Economía Martín Guzmán anunció hace 50 días que redactará un proyecto de ley para crear un tributo a las rentas inesperadas obtenidas como consecuencia de la guerra en Europa. Nadie ha visto el texto, pero el Presidente Alberto Fernández me dijo el sábado 29 de mayo que ingresaría al Congreso esta semana, y los tributaristas de las mayores empresas rechazaron la mera idea. Al cierre de esta edición, no había noticia del proyecto en el Congreso.

Al mismo tiempo, Alberto reabrió la discusión sobre las retenciones a cereales y oleaginosas exportados, cuyos precios internacionales son los más altos de la historia. Es decir, hay conciencia de las necesidades, de los derechos, de las obligaciones y de los costos. Sólo resta tomar una decisión y sostenerla. Como dijo Cristina en el acto por el centenario de YPF, usar la lapicera con los que tienen que darle cosas al país. Antes había recordado que la mayoría conservadora en el Congreso se negaba a votar la ley de creación de YPF, por lo que Hipólito Yrigoyen decidió crearla por decreto, una frase con transparente referencia al actual debate sobre las retenciones.

 

El pase de la lapicera.

 

 

Cristina mencionó a Techint, que pide dólares al cambio oficial para comprar la chapa a una empresa propia en Brasil, con la que fabricaría acá los tubos para el gasoducto. No hay que sentarse con ellos como amigos, sino exigirles que laminen esa chapa en la Argentina, agregó. Citó el ejemplo de la planta de laminado continuo que los italianos debieron construir por exigencia del gobierno, cuando Axel Kicillof representaba las acciones de la ANSES en su directorio. Ante un planteo tan frontal hubo dos respuestas: Kulfas puso su carota para decir que el gobierno no se sienta como amigo con ningún empresario, que mantiene reuniones para buscar que inviertan. Hasta ahí un legítimo debate. Pero además, desde el mismo ministerio partió también la puñalada del off the record. Nada menos que en Infoemba, desde una fuente tan anónima como «un sector del gobierno»,  acusaron a «funcionarios cristinistas de armar el pliego de licitación del gasoducto Kirchner a la medida de Techint». Según el vocero del gran capital estadounidense, si los funcionarios de ENARSA en lugar de especificar que la chapa debía ser de 33 mm de espesor «hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)». Cristina y Enarsa revelaron en sendos tuits que la versión surgió del mismo ministerio de Kulfas, y la empresa refutó esas afirmaciones:

 

La respuesta de Enarsa.

 

 

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti le recriminó su off a Kulfas, se lo comunicó a gente de prensa de la vicepresidencia, y expresó su deseo de que el episodio no escalara. Pero ya era tarde. Cristina tuiteó que era injusto y doloroso que funcionarios del propio gobierno ataquen sin dar la cara, mintiendo y utilizando periodistas.

 

 

 

Quienes pusieron en evidencia a Kulfas fueron algunos periodistas que recibieron su mensaje desde una cuenta de WhatsApp del Ministerio de Desarrollo Productivo. El propio Alberto comenzó con un tuit en el que dijo que confiaba en la integridad moral de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto, pero se refirió a «un supuesto off«. Enseguida agregó otro más categórico en el que compartió «el malestar expresado por Cristina». A Kulfas sólo le quedaban minutos en el gobierno. Poco después de las dos de la tarde, Cerruti confirmó su expulsión del gabinete. La versión más fuerte que circuló sobre su reemplazo mencionó al embajador en Brasil, Daniel Scioli.

 

 

 

 

 

 

El valor de un mito

Digo que esas palabras se atribuyen a Evita, porque no he encontrado una fuente documental que lo confirme. La selección de los discursos que pronunció entre 1946 y 1952, a cargo de su sobrina nieta Cristina Álvarez Rodríguez, publicada por el Congreso de la Nación al cumplirse 60 años de su muerte, no las incluye. Por las dudas, le pedí ayuda a Héctor Recalde, quien conoce como pocos la historia del peronismo. Luego de un día dedicado a la búsqueda me respondió que él tampoco la había encontrado.

Sí hay en esa selección de textos de Evita un párrafo pertinente sobre el liberalismo. El 25 de julio de 1949, ante la Asamblea del Movimiento Peronista Femenino, dijo que “la injusticia social fue la consecuencia inmediata de ese Estado que dice apoyarse en la libertad porque cada cual es libre para apropiarse del esfuerzo ajeno y las masas tienen la triste libertad de morirse de hambre, de miseria y de desolación. El capitalismo, que se fortaleció hasta lo infinito con el concepto liberal de una libertad que cada día tenía más características de libertinaje, vivió ajeno a la distribución humana de la riqueza”.

Han pasado 73 años, y un aspirante a la presidencia postula el libre tráfico de órganos humanos para trasplantes, que considera un mercado como cualquier otro. Los denominados liberales y/o libertarios argentinos atrasan no menos de dos siglos y defienden un modelo de sociedad que ya denunciaba Dickens en Inglaterra.

La haya pronunciado o no Eva Perón, esa frase es un valioso mito popular argentino que Rosenkrantz, además de rechazar, distorsiona al alegar que “detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho”. Lo que el movimiento popular recuerda e intenta ejercer es que donde haya una necesidad, nazca un derecho, lo cual tiene una validez histórica irrefutable a lo largo de la peripecia humana en el planeta.

 

 

Perón y Evita, en Junin en 1947. Foto de Alberto Haylli.

 

 

 

 

 

Los miserables

Hace dos años, Alberto Fernández citó la frase sobre las necesidades y los derechos, que otros señalaron inspirada por Jean Valjean, el personaje de Víctor Hugo, que pasó 19 años en la cárcel por robar un pan para alimentar a sus sobrinos, Los miserables del título de su novela, cuyos planteos siguen vigentes 16 décadas después de su publicación.

 

Valjean se preguntó “si ante todo no era una cosa grave que él, trabajador, careciese de trabajo; que él, diligente, careciese de pan. Si, en segundo lugar, cometida y confesada la falta, el castigo no había sido feroz y excesivo. Si no había más abuso por parte de la ley en la pena que por parte del culpable en el delito. Si no había un exceso de peso en uno de los platillos de la balanza, el de la expiación. Si el exceso de castigo no borraba el delito y no llegaba a este resultado: invertir la situación, reemplazar la culpabilidad del delincuente por la culpabilidad de la represión, hacer del culpable la víctima y del deudor el acreedor, y poner definitivamente el derecho de parte del mismo que lo había violado”.

El posicionamiento de Rosenkrantz es menos llamativo que su oportunidad. Sólo repitió lo que ya había sostenido en su artículo “Advertencias a un internacionalista”, donde sostuvo que gran parte de los derechos económicos y sociales –como salud, vivienda, educación– no son exigibles ante los tribunales, porque los jueces no tienen equipamiento institucional ni están preparados para decidir este tipo de casos. Tampoco admite para defender esos derechos el ejercicio de la protesta si incluye un corte de calle o ruta. En otro artículo, “La pobreza, la ley y la Constitución”, sostuvo que “piquetear una ruta o autopista es un delito” y que “la pobreza no es relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”. A su juicio, “la posibilidad de que los tribunales realicen decisiones que determinen grandes transferencias de riqueza terminará socavando el poder de los tribunales”.

Cuando desde el CELS impugnamos su candidatura, señalamos que desdeña los criterios de exigibilidad e interpretación de derechos económicos sociales y culturales desarrollados, sobre todo, desde la reforma constitucional de 1994, por tribunales nacionales y por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Esos derechos fueron incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1966 y que entró en vigor al alcanzarse el número necesario de ratificaciones, en enero de 1976.

También en el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969 y en su Protocolo Adicional de San Salvador en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 .

La Corte Suprema se refirió al primer pacto en un fallo de 2012 por el cual ordenó al gobierno de la Ciudad Autónoma, por entonces a cargo de Maurizio Macrì, que garantizara a una madre y su hijo discapacitado un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas, y su inclusión en algún programa de vivienda para la solución permanente de la excepcional necesidad planteada, por la cual dormían en la calle. La ministra de Desarrollo Social era María Eugenia Vidal, quien argumentó en contra de ese derecho en una audiencia pública en septiembre de 2011.

Según la Corte, “la Constitución Nacional asume el carácter de una norma jurídica y, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un derecho humano fundamental”. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “impone obligaciones a los Estados, de modo de evitar que sus previsiones se transformen en meras expresiones de deseos”. Para ello establece que los Estados Partes se comprometen a “adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

En otro fallo del 25 de noviembre de 2015, la Corte sostuvo que “el principio de progresividad o no regresividad que veda al legislador la posibilidad de adoptar injustificadamente medidas regresivas, no sólo es principio arquitectónico del Derecho Internacional de Derechos Humanos sino también una regla que emerge de nuestro propio texto constitucional en la materia”. Ese fallo remite al artículo 14 bis de la Constitución y cita a Ricardo Lavalle (de la UCRP), quien en la Convención de 1957 sostuvo que “un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá adelante». El principio de progresividad ha sido objeto de desarrollo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la labor del jurista brasileño Antonio Antônio Augusto Cançado Trindade, fallecido la semana pasada, quien integró el tribunal a partir de 1994 y lo presidió entre 1999 y 2004. En nuestro país se destacan las elaboraciones de Víctor Abramovich y Christian Courtis.

 

 

La rama Procaz

Este sinceramiento del juez Rosenkrantz coincide con el adoptado por la primera línea de la rama Procaz de la coalición cambiante, cuyos principales dirigentes compiten por ver quién muestra mayor dureza contra necesidades y derechos populares. El ex Presidente Maurizio Macrì data los problemas del país a los orígenes del peronismo y postula ir a fondo y más rápido en las reformas que comenzó durante su mandato. Pero incluso Horacio Rodríguez Larreta, quien sostiene que para ganar la presidencia basta con el 50% de los votos, pero para gobernar se necesita el 70%, dijo ante las patronales reunidas en el hotel Llao-Llao que el próximo Presidente “no va a tener 100 días, sino 100 horas para dar señales claras y contundentes que muestren cuál va a ser su impronta y el rumbo del país”. Por si alguien dudara sobre ese rumbo, agregó que estaban trabajando en el programa Carlos Melconian, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy, Martín Lousteau y Martín Tetaz. Según Melconian, contratado por la Fundación Mediterránea, ese programa debería incluir un shock inicial, reforma previsional, relaciones laborales, reforma administrativa del Estado, Coparticipación, reglas fiscales estructurales y endeudamiento.

El Poder Judicial es un reducto en el que las principales figuras del anterior gobierno han encontrado protección, al mismo tiempo que no cesa el hostigamiento contra Cristina y el kirchnerismo. Esta semana, el juez en lo penal económico Diego Amarante sobreseyó a los hermanos Gianfranco y Mariano Macrì en la causa iniciada por haber presentado como propios en el blanqueo de capitales de 2016, activos en Suiza y en Panamá por más de seis millones de dólares, a nombre de la empresa BF Co, cuyo titular era su padre, Franco Macrì.

 

El sobreseedor juez Amarante. Foto, Nicolás Stulberg.

 

La prensa comercial presentó la información como si con esto hubiera terminado toda causa sobre la famiglia y su plata negra fugada del país. No es así.

La ley de blanqueo negaba el beneficio a progenitores, cónyuges y descendientes de una serie de funcionarios públicos, pero no a sus hermanos como había reclamado el Frente para la Victoria, cuyo expositor en la Cámara de Diputados fue Axel Kicillof. Esta diferencia fue motivo de la inquina entre Maurizio Macrì y Sergio Massa, quien rechazó el pedido presidencial de incluir también a los ascendientes.

Pero en la investigación realizada por los fiscales Gabriela Ruiz Morales y Germán Bincaz, la defensa de Gianfranco sostuvo que, en 2012, cuando no existía ninguna noticia sobre una ley de blanqueo, el pater familias adelantó la herencia a sus hijos. Presentó para avalarlo informes de inteligencia (sic) y documentación bancaria recibida de Alemania, donde estaba la cuenta bancaria desde la que se transfirieron los fondos a Suiza.

Amarante, quien recibió la causa del juez federal Sebastián Casanello luego de la publicación de los Panamá Papers hizo varios intentos por cerrarla, cosa que ha logrado ahora respecto de Papá Macrì. Pero sigue abierta la investigación respecto de Mamá Blanco Villegas. En el caso del fideicomiso del que es beneficiaria a través de una serie de cajas chinas (Reata Pacific Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, controlada a su vez por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000), la AFIP emitió tres órdenes de información distintas, sobre

  • las declaraciones juradas de Gianfranco y Mariano Macrì, ambas iniciadas el 21 de mayo de 2021, y
  • la información financiera sobre Alicia Blanco Villegas recibida del exterior, por un Acuerdo Multilateral con países de la OCDE, mediante una Orden de Información del 9 de septiembre de 2021.

Como narramos la semana pasada de la información del exterior, que el gobierno anterior cajoneó durante años, surgió “la supuesta falta de declaración de una cuenta informada por el Principado de Liechtenstein a nombre de Financiera Quiñel Trust por un total de 24.935.494,34 dólares, dando lugar a la apertura de la Orden de Intervención 1920340 en la cual se analiza el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, ambos por período Fiscal 2017 y 2020 de la contribuyente mencionada (cfr. documentación acompañada el día 2 de marzo de 2022 en CD)”.

La beneficiaria principal era Alicia Blanco Villegas, quien no podía presentarse al blanqueo porque su hijo Maurizio era el Presidente. En su lugar lo hizo Gianfranco, como si fueran activos propios. Gianfranco, Mariano y Maurizio Macrì figuran como segundos beneficiarios, por el 70% de los fondos pero sólo cuando ella fallezca, repartiéndose el 30% restante entre sus nietos. Gianfranco sí podía blanquear, pero sólo activos propios.

Según Amarante “no se evidencia ningún punto de conexión entre los bienes exteriorizados por Alicia Beatriz Blanco Villegas y los activos depositados en la cuenta de titularidad de BF Corporation S.A.”, que es lo que él investiga. Como los elementos reunidos respecto a Blanco Villegas exceden ese objeto procesal, dispuso enviar esa información al juzgado federal 4, donde Ariel Lijo instruye la causa “Macri, Mauricio y otros s/incumplimiento de los deberes de funcionario público”, iniciada por denuncia del diputado nacional Rodolfo Tailhade contra la madre y los hermanos por “lavado de activos y evasión tributaria agravada”. Es decir que el sobreseimiento en la causa paterna no paraliza la investigación en el expediente materno. Una discusión menor es si esta matufia hará caer sólo los 25 millones de dólares de Mamá Blanco Villegas, o el total de los 35 que blanqueó Gianfranco.

 

 

 

Valores y favores

El jueves, Alberto recibió a los gobernadores o vices de todas las provincias gobernadas por el oficialismo, salvo Córdoba y Santa Fe, que juegan a la diferenciación con el kirchnerismo y con el centralismo porteño. La semana anterior, esos mandatarios que se reúnen cada vez con mayor regularidad en la sede en Retiro del Consejo Federal de Inversiones, habían acordado propiciar una reforma de la Corte Suprema de Justicia, que pasaría a tener 25 miembros, uno por distrito. Con un rol destacado del chaqueño Coqui Capitanich y del santiagueño Gerardo Zamora, decidieron tomar la iniciativa dada la indefinición del Poder Ejecutivo. Nadie entiende mejor que ellos las consecuencias que tendría el regreso al poder del demoledor revanchismo cambiante con una Corte Suprema decidida a usurpar atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo en defensa de las grandes patronales con las que tienen negocios y amistades. Enterado de la novedad, el Presidente los convocó a la Casa Rosada y los sorprendió afirmando que él mismo había redactado el proyecto de ampliación, con el auxilio del Secretario de Justicia Juan Martín Mena y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Agregó que lo había hecho en consulta con Cristina. Kicillof y Capitanich, que habían hablado con Cristina sobre el proyecto de los gobernadores. Resolvieron no discutir la afirmación presidencial, pero informaron que volverían a reunirse a última hora del viernes en el CFI para revisar la letra del texto propio y tratar de compatibilizarlo con el regalo que venían de recibir. Por lo pronto, el proyecto de Alberto divide la Corte Suprema en salas, cosa que los gobernadores no comparten, porque podría justificar un pedido de inconstitucionalidad que la Corte acogería con entusiasmo.

Aquí podés leer la declaración firmada por 18 gobernadores y vices: «Por una justicia federal, con paridad de género para garantizar unidad nacional y calidad institucional».

La Coalición Cívica Libertadora, la rama Procaz de la segunda alianza y el UCeReísmo vociferan que no darán los votos para un proyecto que, en su lectura de la realidad, acabaría con la independencia judicial. Pero para sancionar la ley basta con mayoría absoluta de ambas cámaras, difícil pero no imposible de obtener, sobre todo cuando después hay cargos de sobra para negociar con correntinos, mendocinos y jujeños, que durante las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Menem ejercitaron esas habilidades.

Tal vez por eso Roberto Lavagna, quien considera a la transnacional ítalo-luxemburguesa de los Rocca como parte de la burguesía nacional, fue más duro que nadie: dijo que “provincializar la Justicia”, abre la puerta “a un mercado de favores y contraprestaciones y al juego de votaciones basadas en la política”. La semana pasada, la justicia de Milán absolvió a los hermanos Paolo y Gianfelice Rocca y a su primo Roberto Bonatti, en la causa por el pago de sobornos para asegurarse la provisión de tubos a Petrobras, no porque fueran inocentes sino porque no correspondía juzgarlos en Milán. Y una semana después, la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, por la misma causa le impuso un pago de 78 millones de dólares a Techint, que no negó ni admitió los pagos.

Así se hace cuando la justicia no ha sido provincializada y los organismos de control se rigen por valores y no por favores.

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

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