Una campaña sistemática y persistente contra el Estado y sus funciones permite su desplazamiento como regulador de la sociedad y de la economía (el que establece las leyes y normas). Esencialmente, un corrimiento de la función de hacedor de la obra pública, de impulsor de la producción, de promotor del bienestar general y de asegurador de los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Para los que pregonan el retiro del Estado, el ejemplo es la República Popular de Bangladés, país ubicado en el sur de Asia, con 174 millones de habitantes. Es uno de los más densamente poblados del mundo, y su gasto público significa solo el 7% del PIB [1]. Además, es el segundo mayor exportador mundial de ropa.
Sin Estado, la informalidad laboral es del 84% de los trabajadores, que perciben salarios promedio mensual de 100 dólares, y la morosidad del crédito es del 35% del total. Los talleres y las personas se endeudan con bancos y prestamistas locales a tasas libres. Pero ese no es el problema de las principales compañías textiles multinacionales que están instaladas en Bangladés, ni de los grandes bancos extranjeros que están exclusivamente para financiar el comercio exterior, ni tampoco de Unocal Corporation y Chevron, que extraen gas del país, que mayoritariamente se exporta (solo una minoría rica tiene red de gas).
En la Argentina pretenden hacer lo mismo. La actual administración nacional para los años 2024 y 2025 readaptó la ley de presupuesto 27.701 del año 2023, con la premisa de priorizar el pago de los servicios de la deuda. Esta acción se plasmó en el artículo 1.º de la ley 27.798 de presupuesto nacional de 2026, que afirma: “Establécese que el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”. De esta manera, la ley obliga a todo el gasto primario (que es la función pública) a ajustarse con ese fin, llevando a cabo políticas de austeridad fiscal extremas, sin comprender el efecto multiplicador del gasto público. Así se profundiza la regresividad del sistema tributario, con consecuencias directas en una baja de la recaudación impositiva.
En lugar de fortalecer el sistema impositivo y cobrar a los sectores de manifiesta riqueza y renta, optan por financiar al Estado mediante el endeudamiento. Esta estrategia tiene como objetivo declarado la reducción de la inflación. Sin embargo, en la práctica está transformando nocivamente la estructura económica y social del país. Al capitalizar todos los meses los intereses que no puede pagar, genera una deuda pública cada vez mayor.
En diciembre de 2023 no existían títulos de deuda que capitalizaban intereses. Fueron creados por la conducción económica de esta administración y en 31 meses significaron 88.820 millones de dólares (son títulos públicos en pesos que la Secretaría de Finanzas de la Nación imputa su contabilización en dólares) a razón de 2.865 millones de dólares por mes, unos 34.380 millones de dólares por año. Y es la principal explicación del aumento en 114.049 millones de dólares de la deuda pública nacional en el período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2026, más allá de la ampliación neta del crédito del FMI en 17.129 millones de dólares y de los demás organismos internacionales en 5.585 millones de dólares.
A su vez, la recaudación tributaria de la Administración nacional en términos reales desciende mes a mes ante la caída del nivel de actividad (reflejado en los impuestos indirectos y en los ingresos previsionales). Esta situación se agrava ante la fuerte reducción de los derechos de exportación del este año 2026 (retenciones) que, con igual lapso del 2025 (primeros siete meses del año), la recaudación por retenciones es menor en términos nominales en un 20,3%.
En primer lugar, es obvio que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC no refleja la realidad. Nadie puede creer que en los primeros siete meses del año 2026 el índice haya crecido en forma acumulada un 19,3%, que en junio “Alimentos y Bebidas” se haya incrementado solamente 1,3% en el mes, y que en julio, 2%. Además de que el IPC total mensual lo haga en 1,9% y en 2,1% respectivamente. Pero esa mentira les sirve para ajustar el gasto previsional (que significa el 43,4% del presupuesto público nacional) y demás erogaciones sociales que se ajustan por ese índice con dos meses de atraso, en desmedro de la capacidad adquisitiva (efecto licuadora le llaman los ajustadores). Igual sucede con la deuda en pesos ajustada por inflación, como es el caso de los BONCER por 103.949 millones de pesos a julio 2026, y los CuasiPar y Discount por CER [2].
Recursos totales del sector público nacional
Si se observa el total de recursos de todo el sector público nacional (SPN: Administración nacional más PAMI, fondos fiduciarios y otros), se percibe, en primer lugar, la importancia de la recaudación de impuestos y los aportes a la seguridad social. En segundo lugar, las rentas de la propiedad generadas por las utilidades del BCRA (que en un proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA pretenden eliminar) y por los rendimientos del fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSeS.
En los primeros siete meses del año 2026, en ingresos de capital se suman los 706.885.298 dólares por la concesión a 25 años de las cuatro represas del Comahue (Alicurá, Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados), que en el presupuesto ejecutado se contabiliza en pesos.
Los ingresos totales del SPN en los siete meses transcurridos del año 2026, contabilizando la concesión de las cuatro represas del Comahue, alcanzaron los 97.348.309,7 millones de pesos (+26,7% interanual), porcentaje menor al IPC del INDEC (que dio 33,8% interanual), y muy menor a la verdadera realidad.
La disminución del ingreso del SPN obliga a realizar un ajuste mayor del gasto primario, máxime que, por el mecanismo de que no se puede pagar ni tan siquiera la mitad de los intereses que la deuda pública devenga y demanda, que se capitalizan en las LECAP y BONCAP y en las renovaciones de los vencimientos de los distintos títulos de deuda, la deuda pública se incrementa sin límite. La Secretaría de Finanzas disfraza y esconde esta situación transfiriendo deudas del Tesoro de la Nación al BCRA, como son los casos de los REPOS y los BOPREAL, y otros pases contables.
Gasto total acumulado del sector público nacional en siete meses de 2026
El total de las erogaciones ejecutadas base caja (esto es, contabilizando solamente lo abonado y/o cancelado, no las obligaciones a pagar, por más que se hayan realizado en el ejercicio) en el acumulado de los siete primeros meses del año 2026 del SPN fue de 95.647.218,5 millones de pesos, sin contemplar los gastos figurativos, que son transferencias internas de fondos entre distintas jurisdicciones y entidades dentro del SPN.
El presupuesto de la Administración nacional del año 2026 representa solo el 15,4% del PIB, cuando en, por ejemplo, el año 2010, fue del 25,2% del PIB (y era un PIB mayor que el actual).
La paralización de las obras públicas es el correlato de un gasto de capital total sobre el presupuesto del 1,7% del presupuesto del sector público nacional, cuando en el año 2010 fue del 13,49% del gasto total. Por ende, ni siquiera se hace el mantenimiento a las rutas nacionales y se frenan partidas para obras en general y para vialidad provincial. Se realizan muy poco y en forma deficiente las obras hidráulicas, viviendas y obras públicas en general. Así lo demuestra en un presupuesto que se reduce drásticamente el gasto de capital que decrece aún más.
El gasto previsional es ajustado por el IPC del INDEC con su efecto de licuación del poder adquisitivo de los haberes en términos reales. Sin embargo, ante un gasto público que se reduce sistemáticamente, significa el 43,4% del presupuesto.
El ajuste es también severo en los subsidios a la energía, en los salarios públicos (por reducción del personal y por licuación de salarios) y en las transferencias a las provincias. En este último caso, en siete meses solo representó el 1,4% del presupuesto nacional, suma muy baja que corrobora la malversación de fondos y la administración fraudulenta al desviar partidas del impuesto a los combustibles con asignación específica a obras viales y a obras hídricas, para “rentas generales”.
Se han dado de baja pensiones por invalidez, se han desmantelado programas de salud contra todo tipo de enfermedades. Se desfinancia al Instituto Malbrán, a la ANMAT, a la Superintendencia de Servicios de Salud. Se han reducido y se reducen las partidas para los hospitales nacionales, se ha desfinanciado al PAMI y, por falta de pago, muchos prestadores dejaron de serlo.
Igual pasa en educación y en ciencia, donde no se cumple con la ley de financiamiento universitario y se le quitan funciones a la CONEA, al INTA, al INTI, al CONICET, al Servicio Meteorológico Nacional, al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), etc.
La CONEA es otro ejemplo de desmantelamiento del Estado, con el despido de 100 trabajadores y el abandono de Atucha II. Esta fue concedida a la empresa Meitner Energy de capitales iraníes residente en Estados Unidos tras el derrocamiento del Sha de Persia en enero de 1979, para desarrollar el reactor modular compacto de mediana potencia ACR-300 con capacidad para generar 300 MW que fue creado por el INVAP en 2024. Debe sumarse el desfinanciamiento del proyecto CAREM, que consistía, justamente, en construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha II por la CONEA.
Es el caso del INTA, también. Organismo que en los últimos años perdió cerca de 2.000 trabajadores mediante retiros voluntarios y jubilaciones; además de que muchas agencias de extensión quedaron reducidas a su mínima expresión, programas destinados a la agricultura familiar y las economías regionales fueron desarticulados. Finalmente, el gobierno avanzó con una reforma que modificó la estructura de conducción del organismo, profundizando un proceso de ajuste funcional a un modelo productivo extractivista y primarizante, porque principalmente exporta materia prima. Hace diez años había 200.000 productores agropecuarios en el país. Hoy hay 3.000 grandes empresas que explican casi el 85% de la producción de soja, trigo y maíz; por ende, sobra un INTA que desarrolle economías regionales, valor agregado o muchas otras producciones que incluso hoy se están importando.
No se cumple con la ley de financiamiento universitario y el gasto en dicho organismo representó en los primeros siete meses solo el 3,2% del gasto total del SPN.
El gobierno no duda en tasar por el Banco de Inversión y Comercio Exterior y ceder en concesión las represas del Comahue ni en vender la participación del Estado en Transener. Además, el Directorio de YPF SA vende la participación en Metrogas SA. Pretenden también concesionar el tren Belgrano Carga. Todo para pagar los intereses de una deuda fraudulenta, que nunca se auditó.
El total de ingresos percibidos los primeros siete meses del año 2026 del SPN fue 97.348.309,7 millones de pesos, por ende, el forzado superávit financiero fue de solamente 1.701.091,2 millones de pesos (significa el 0,1% del PIB), superávit obtenido tras haber pagado intereses netos de la deuda en el período por 8.586.270,7 millones (equivalente a 5.724,2 millones de dólares, el 0,9% del PIB y el 9% del total del gasto del SPN), capitalizando intereses en el período, solo en LECAP y NOCAP, por 7.917 millones de dólares.
En síntesis
El Presidente Javier Milei cree que la función del Estado es pagar deuda que no se investiga ni audita y que crece por intereses y comisiones que benefician a los acreedores y a los funcionarios que determinan y acuerdan esos intereses y comisiones, y que todo lo debe determinar el capital privado.
Para ello impulsa un proyecto de ley para implementar un sistema de shutdown (cierre o "apagón" del Estado). La medida busca frenar el déficit fiscal estableciendo que, una vez agotada la partida presupuestaria anual, se produce “el cierre del Estado” para cortar el gasto no indispensable según el Poder Ejecutivo considere, que es de hecho una delegación de facultad del Congreso de la Nación prohibida por el artículo 29 de la Constitución nacional. Pero que Milei y sus funcionarios no respetan ni valoran.
[1] En el año 2025, el gasto público consolidado en Alemania fue del 50,50% del PIB, en los Estados Unidos del 37,34%, en Brasil del 45,54%, en la Argentina (Nación, provincias y municipios) del 28,41% del PIB.
[2] CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) es un índice oficial elaborado por el BCRA, que se calcula diariamente en base a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
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