El presupuesto es el plan anual de un gobierno: presenta el conjunto de acciones que responden a un plan estratégico general, que fija grandes objetivos, y las medidas que se deben adoptar para alcanzarlos
El Estado debe regular (establecer las reglas de juego) la actividad económica y es el que establece que es lícito y que es ilícito. Un Estado que busca equilibrar inequidades, como lo determina nuestra Constitución Nacional, debe cobrar impuestos y tasas progresivas a los que tienen manifiesta capacidad contributiva [1] y permitir al resto de la población acceder a determinadas prestaciones que no podría pagar si fuesen provistas a través del mercado por empresas privadas, como la educación, salud, pensión para la vejez y enfermedad; debe impedir la explotación de la mano de obra mediante la reglamentación de la jornada laboral y las condiciones de trabajo en general, y de mujeres y niños en particular.
El principal recurso de un Estado es el impuesto, por el imperio de la ley, que demuestra cabalmente el nivel cultural (los países con mayor desarrollo y bienestar son los que más perciben impuestos directos al patrimonio y a la renta) y la solidaridad entre los habitantes de una sociedad. Benjamín Franklin dijo: “Debemos hacer una Nación donde haya dos cosas que no se puedan evitar: la muerte y pagar impuestos”.
Obviamente no es el caso de esta administración, que genera la mal llamada inocencia fiscal, elimina el impuesto PAIS (a la compra de dólares), permite la fuga de capitales, reduce el Impuesto a los Bienes Personales, a los derechos de exportación (retenciones) y a los aranceles a las importaciones (sobre todo de autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves, etcétera), y crea regímenes especiales como el RIGI, que no solo reduce y elimina imposiciones sino que extiende ese beneficio de estabilidad por 30 años.
Es más, la libre disponibilidad de divisas del RIGI provenientes de recursos naturales no renovables es un acto criminal de administración fraudulenta, dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio. Los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular Fondos Soberanos de Inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización destinada a las próximas generaciones.
Si es injusta y desigual la presión tributaria sobre la población (donde los que no tienen capacidad de ahorro contribuyen con no menos del 40% de su ingreso al erario público), sobre nuestro acervo patrimonial y sobre los recursos naturales, también es injusta la ejecución del gasto público, donde se prioriza el pago de los servicios de una deuda que no se investigó ni auditó, y sobre la que el tándem Caputo-Bausili acuerda y acepta tasas de interés de usura (que paga el pueblo argentino).
En 2024 y 2025 adaptaron la ley 27.701 de Presupuesto Nacional 2023 para priorizar el pago de los servicios de la deuda pública. Para 2026 institucionalizan lo realizado mediante el artículo 1º de la ley 27.798 de Presupuesto de la Administración Nacional del corriente año, que vuelve a ser el primer artículo en el proyecto para 2027, donde el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante y todo el esquema de recursos y gastos debe ser compatible con dichos pagos. Esto es, se ajusta al llamado Gasto Primario (que es todo el presupuesto en educación, salud, asistencia social, erogaciones previsionales, defensa, seguridad, etcétera) para que primero se paguen los compromisos de la deuda pública.
Sin embargo, lo hacen arteramente. Por ejemplo:
- a) Los compromisos por la deuda de la Administración Nacional para 2027 alcanzan 17.136 millones de dólares y 55.135 millones de pesos [2]; más 5.187,5 millones de dólares de bonos Bopreal del Banco Central [3]. Total en dólares oficiales: 55.800 millones; b) por el DNU 846/24 se eliminó la obligación que establecía la Ley de Administración Financiera para realizar canjes de bonos de la deuda, de exigir mejores condiciones a los bonistas en por lo menos dos de los siguientes términos: plazo, quita de capital, o intereses; y c) por el mismo decreto se extendió la capacidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos con o sin garantías, en tanto se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, con otros títulos de deuda pública en cualquier divisa. Por ende, el FGS de la ANSeS, que a diciembre de 2025 poseía títulos públicos nacionales por el 75,6% de su cartera total (aproximadamente 45.300 millones de dólares), con sus futuros ingresos va a seguir comprando títulos de deuda del Tesoro de la Nación, desnaturalizando su función.
- La decisión oficial de suspender la emisión del Bono AO29 (Bono del Tesoro Nacional en dólares con tasa fija del 6%, emitido en julio de 2026 y con vencimiento en octubre de 2029). Cuando anunciaron el Programa Financiero 2026 y 2027, el 6 de julio último, el ministro Luis Caputo y su secretario de Finanzas, Federico Furiase, dijeron que iban a colocar ese bono por 5.000 millones de dólares en 2027. Ante la imposibilidad de colocar a esa tasa del 6%, cuando los inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, bolsas de comercio, etcétera) presionan por una tasa mayor, deciden no hacerlo en octubre de 2026. Es más, habían planteado que iban a contar con 3.700 millones de dólares de saldo del programa financiero de 2026, que no va a existir, y si queda un saldo va a ser mucho menor.
- En el Presupuesto 2027, los Bonares [4] que en el Programa Financiero 2027 presentado el 6 de julio eran por 8 billones de pesos, en el proyecto de presupuesto nacional del 15 de septiembre pasan a ser de 19 billones (equivalentes a 11.000 millones de dólares).
- Fijan tasas de crecimiento del PBI inalcanzables. En los considerandos del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 plantean un crecimiento de un 3% en 2026 (el segundo y tercer trimestre son de descenso del PIB, estamos en recesión económica). Menos todavía se va a crecer en un 4% para 2027, porque la IBIF (Inversión Bruta Interna Fija) general desciende, el consumo público y privado desciende, y lo único que crece son las exportaciones, pero no arrastran una mayor actividad, fuente principal generadora de ingresos y, por ende, de pago de impuestos.
Por lo tanto, no van a cumplir con el crecimiento de la recaudación tributaria cuando el IVA presenta once meses de descenso en términos reales y la mayoría de los gravámenes y los aportes previsionales están ligados al nivel de actividad, mientras reducen las tasas de los derechos de exportación y los aranceles a las importaciones.
5. Están pagando deudas operativas con títulos de deuda financiera. Por Resolución Conjunta 59/26 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda (BO 06/10/2026) se amplía la emisión de tres títulos capitalizables en pesos —una letra con vencimiento a fines de octubre de 2026 y dos bonos a enero y abril de 2027— para pagar deudas con contratistas de obra pública en cancelación de certificados, acopio de materiales y redeterminaciones de precios adeudados entre 2022 y 2025, además de deudas de contratos rescindidos desde 2024. El tope es de 221.119,5 millones de pesos y los instrumentos se entregan a valor técnico. Por lo que el endeudamiento se expande, cuando no pueden pagar ni la mitad de los intereses que la deuda bruta devenga (la deuda bruta al 31 de agosto de 2026 es equivalente a 917 millones de dólares, con una tasa promedio de casi el 10% anual).
6. La Jurisdicción 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro del Presupuesto Nacional 2027, en que se asignan créditos para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado y, además, se atienden obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, contempla los gastos que no resulta adecuado otorgar al resto de las jurisdicciones o entidades de la Administración Pública Nacional. Esta administración contabiliza el Código 99 – Otras asistencias financieras por 7.675.543 millones de pesos (unos 4.700 millones de dólares) [5], que no tienen fin especifico y es de sospechar el gobierno se reserva para fines “políticos”.
En síntesis
Toda la gestión de este gobierno, donde el tándem Caputo-Bausili se atribuye funciones que extralimitan su designación en la administración del Estado y de sus bienes, viola la ley de ética pública y la Constitución Nacional en forma dolosa, como lo demuestra palpablemente el manejo del oro de las reservas del Banco Central y la venta y/o concesión de activos que nos pertenecen a todos.
Los lingotes de oro del Banco Central que el gobierno cargó en una aerolínea comercial con destino desconocido (se supone que a Inglaterra) fueron administrados dolosamente. En 2025 el precio de la onza troy subió fuertemente de 2.708,16 dólares a comienzos de enero a 4.086,93 a fines de noviembre de ese año. El Banco Central los vendió con compromiso de recompra, y cuando los va a comprar lo debe hacer a un precio muy superior, ocasionando una pérdida de 1.023 millones de dólares, como afirma la Auditoría General de la Nación.
El gobierno interviene en el mercado cambiario comprando dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio, el mercado oficial de compra y venta de dólares), esencialmente a los exportadores, para pagar los servicios de la deuda pública. La emisión de pesos equivalente es esterilizada con la venta de dólares en el mercado de contado con liquidación (CCL), que es el mercado de fuga de capitales: venden títulos y acciones y reciben directamente dólares en el exterior.
Por ende, con el pretexto de achicar la brecha ente ambos mercados (el oficial-MULC y el paralelo-CCL), el gobierno vende divisas en el CCL que obtuvo de empeñar y/o vender con compromiso de recompra los lingotes de oro [6]. Los que compraron títulos en pesos (y ganaron fortunas por la inflación desatada después de que devaluaron el 12 de diciembre de 2023), transforman esa renta financiera (carry trade) en dólares y fugan ese capital.
La deuda del Banco Central son divisas que se fugan.
El mecanismo de endeudamiento y fuga que propicia este gobierno, tajantemente demostrado en el Balance Cambiario del Banco Central, dice que las compras netas de divisas por “Personas Humanas” (así se llama la cuenta) asciende en 32 meses a 67.621 millones de dólares.
El gobierno nos endeuda permanentemente, por dos razones:
- para pagar los intereses de una deuda no investigada, ni auditada, incluso con maniobras como la venta del oro del Banco Central; y
- porque le reducen los impuestos al sector de mayores ingresos de la sociedad y/o a los grandes inversores.
[1] El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Significa que quienes tienen mayor capacidad económica deben aportar proporcionalmente más.
[2] Boletín Fiscal. “La deuda no puede mandar (III)”. Foro de Economía y Trabajo.
[3] Banco Central de la República Argentina.
[4] Bonares (AL): títulos de deuda soberana emitidos por el Estado argentino en dólares estadounidenses, pero regidos bajo ley argentina.
[5] En el presupuesto nacional 2027 se destina a las Universidades Nacionales la suma de 7.349.082 millones de pesos.
[6] No es que lo usaron como cobertura de un crédito, como dice el comunicado del BCRA, en que el oro cubriría (al subir su cotización) con un mayor aforo el supuesto crédito.
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