Disfrazado

El Estado debe intervenir para para acortar la brecha entre los ricos y el pueblo argentino

El 6 de septiembre de 1930 se produjo el golpe militar que descargó la crisis económica de ese año sobre el pueblo argentino. El gobierno de José Félix Uriburu encareció los alimentos para disminuir su consumo y así poder exportarlos. Ello fue posible porque liberó el tipo de cambio y derogó los derechos de exportación (retenciones), lo que permitió igualar el precio externo con el interno. Esa medida benefició exclusivamente a los grandes propietarios del sector agropecuario exportador[i] y perjudicó severamente al resto de la población. De este modo, se acumuló una extrema riqueza con una extrema pobreza, característica saliente de la matriz productiva de ese modelo, exacerbada por la crisis.

Agustín Magaldi, un eximio cantor popular, lo retrata en la interpretación del tema “Disfrazado” sobre el carnaval de 1940:

 

“El eco de madrugada trae el vaivén de los coches,

de seres que alegremente van vivando el carnaval.

Mientras me ha sido imposible dormir durante la noche,

pensando para los míos poder conseguir el pan…”.

 

Y no es otra cosa lo que proponen las distintas entidades empresariales cuando plantean la flexibilidad en las normativas que afectan al conjunto de sus trabajadores (lo cual, además, requiere del apoyo estatal). Por ejemplo, adelanto de jubilaciones a quienes no tienen la edad suficiente, retiros voluntarios y otras medidas laborales que permitan dar de baja a su plantel de empleados. O cuando paralelamente exigen que el gobierno suspenda todos los vencimientos impositivos, laborales y previsionales nacionales, provinciales y municipales, más la prórroga de los vencimientos bancarios, que se repongan los ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción) y se suspenda el pago de servicios. Todo para garantizarles el menor costo empresarial, pero a costa de la exclusión de los asalariados y de sus jubilaciones o pensiones al disminuir sistemáticamente las contribuciones previsionales, medida tomada con diversos sectores de la economía argentina.

La imposición de la matriz extractivista, agropecuaria-exportadora se acredita a la deuda externa y se ejecuta gracias a la extranjerización y concentración económica, que es a la vez la principal razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no se genera trabajo y no se integra la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior y el sector externo refleja claramente esa situación.

En consecuencia, nuestro país vuelve a presentar como en la llamada “Década Infame”, los problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, por ende la macroeconomía y la matriz comercial están en función de priorizar la venta de materias primas y alimentos. Los cambios macroeconómicos aún esperados (en materia de inflación, déficit fiscal, presión tributaria, tasa de interés, tipo de cambio, marco regulatorio, infraestructura, exigencias administrativas públicas) son funcionales a la matriz productivo-comercial de subordinación a los mercados externos.

En este marco, el objetivo es garantizar el superávit comercial para básicamente financiar el pago de una deuda externa con fuertes vencimientos, que obligan a reprogramar los mismos en un estado de negociación permanente. Para ello el gobierno ofrece, en primer término, que las exportaciones (a como dé lugar) superen a las importaciones y, a la vez, que el déficit fiscal primario sea el menor posible para no agravar el endeudamiento.

Esto implica un brutal ajuste de la economía nacional. Por ende, debe exportarse lo que sea, sin miramiento y sin importar como afecta al consumo interno. Un ejemplo claro es el de las exportaciones de 37 millones de toneladas de granos de maíz en 2020 y su impacto sobre los precios de la carne aviar y porcina –e incluso, sobre la bovina– en el mercado local. Asimismo, las exportaciones de la res entera declaradas por casi un millón de toneladas el año pasado y el encarecimiento en un 75% de su precio interno, según asevera el Instituto de Promoción de la Venta de Carne Vacuna que depende de la Bolsa de Comercio de Rosario, Santa Fe.

En 2020 las exportaciones declaradas fueron por 54.884 millones de dólares y superaron a las importaciones de 42.356 millones de dólares, en 12.528 millones de dólares. Sin embargo, en ese año las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) descendieron en 5.780 millones de esa moneda[ii].

Paralelamente, la recaudación de los derechos de exportación (retenciones) en 2020 fue menor en términos nominales (con una inflación según el INDEC del 36,1% y una devaluación de nuestra moneda del 42% en el año pasado) que en 2019. Esto no puede explicarse solamente porque se exportaron más productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Por un lado, porque la diferencia no es tan significativa y, por otra parte, porque han adelantado el pago de esos derechos en 2019 por temor a un fuerte incremento en la alícuota de las retenciones. En efecto, lo recaudado por la AFIP por derechos de exportación en moneda corriente en 2019 ascendió a $398.311,9 millones y en 2020 fue de $387.642,7 millones, un 2,7% menos.

Obviamente, unas de las causas que explican la menor recaudación es que se han detectado operaciones de exportación realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). De esta forma se logró desnudar la operatoria de varias organizaciones que se dedicaban a la exportación de carne y granos con la finalidad de evadir los controles del Estado nacional para su propio beneficio, en competencia desleal sobre el resto de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas.

Al gobierno le llevó un año y medio darse cuenta de que la administración anterior desmanteló todos los controles, desde los registros de exportaciones a la simplificación de constitución de sociedades anónimas. Estas medidas permitieron, por ejemplo, la creación de empresas fantasmas para subfacturar la mercadería que figuraba que iba a la República Oriental del Uruguay, para después exportarle a la República Popular China al precio completo. En el Uruguay quedaba la diferencia, que ingresaba a la Argentina mediante el CCL (contado con liqui, se compraban a sí mismos con esos dólares títulos y acciones) o en billetes. La carne a China se vende a 4.400 dólares por tonelada. Mediante el mecanismo de triangulación descripto, se la facturaba a la supuesta empresa compradora del Uruguay a 3.400 dólares la tonelada. La empresa fantasma uruguaya la facturaba a China al precio real.

En los primeros cuatro meses de 2021 las exportaciones sumaron 21.550 millones de dólares y las importaciones fueron por 17.549 millones, por lo que el superávit se redujo a 4.001 millones de la divisa estadounidense. Las reservas internacionales del BCRA sólo se acrecentaron en 950 millones de dólares[iii] por el pago de los intereses de la deuda pública y por las divisas que debe transferirle a los importadores, a las empresas y a las provincias para que paguen sus deudas externas.

 

Un modelo con números que no cierran

En 2020 y en los primeros cuatro meses de 2021 se observa una fuerte caída en las exportaciones industriales (manufacturas de origen industrial), a la par que se incrementa la venta de productos primarios. El complejo sojero representó en 2020 el 27,1% de nuestras exportaciones y, si sumamos a todo el sector oleaginoso (harina, pellet, aceite y biodiesel de soja, más los complejos de girasol, maní, y olivo), significa el 30,5% de nuestras ventas externas. El cerealero (complejo maíz, trigo, cebada y arroz) es el 17,4%; el bovino el 8%; el minero metalífero y litio (donde más del 60% es la exportación de oro) es el 6,8%; el complejo petrolero-petroquímico representa el 6,7%; el sector frutícola contribuye con el 4%; y el pesquero con el 3,2%. Sólo aparece en la faz industrial el sector automotor –por su fuerte interrelación con la región, esencialmente Brasil y México– que representó el 7,9% de nuestras exportaciones, por 4.309 millones de dólares en 2020.

En el caso de las importaciones sucede todo lo contrario: compramos productos industriales con alto valor agregado. En 2020 los productos industriales representaron el 86% de nuestras compras al exterior, unos 36.426 millones de dólares que superan holgadamente los 4.309 millones de dólares de exportación de automóviles de nuestro país. Aun si a ese total se agregan el complejo textil, farmacéutico, químico, plásticos y otros menores que conforman un total de manufacturas de origen industrial de 13.313 millones, esa cifra representa sólo el 36,5% de las importaciones industriales, que además son de mayor complejidad y de mayor valor agregado.

Ese déficit inter industrial entre las manufacturas de ese origen que se compran y las que se venden se agrava en los cuatro meses de 2021. En ese período se incrementan por encima del 45% en dólares con respecto a igual lapso de 2020, las importaciones de máquinas y herramientas del exterior, de piezas y accesorios para esos equipos y de bienes intermedios. Lo notable es que pese a la fuerte devaluación de nuestra moneda –que es del 56,5% desde el 30 de diciembre de 2019 en que el dólar determinado por el Banco de la Nación Argentina valía $62,95, al valor del 30 de abril de 2021 de $98,5– más el descenso del producto interno bruto (PIB) de 2020 y el leve repunte de 2021, las importaciones industriales y también de vehículos para pasajeros se incrementaron sideralmente, reduciendo el superávit comercial.

Tenemos una economía parada, con desocupación de trabajadores y de equipos y, sin embargo las importaciones siguen creciendo porque las grandes empresas (Tecpetrol, Ford, Molino Agro, Renova, Refinor, YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, entre otras) prefieren importar máquinas y equipos con sus respectivas piezas y accesorios y bienes intermedios, que producirlos en el país. Y se importan autos y embarcaciones de lujo por esa apropiación exagerada de la renta extractiva y agropecuaria.

La verdadera brecha entre ricos y el pueblo argentino se extiende a pasos agigantados y va a seguir así, si el Estado no interviene. Por un lado, debe defender el mercado interno y dejar de devaluar, imponer cupos de exportación y aumentar las retenciones y, paralelamente, con esos recursos apuntalar la sustitución de importaciones, premiando a los que inviertan para producir para el mercado local.

 

El Estado debe imponer cupos a la exportación y aumentar las retenciones.

 

Se debe generar un shock productivo que recupere el poder de compra de los argentinos, pero no para que vaya a los grandes grupos agroexportadores, o a las grandes empresas monopólicas, sino para que aumente el tejido económico y productivo de abajo hacia arriba. Para esto es fundamental el control de los precios y el acceso al crédito. Es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente al sector de la población que está conformado por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio, y a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello se debe transformar el stock de Leliq (letras del BCRA), por más de 2 billones de pesos en mayo de 2021 –equivalente a unos 20.000 millones de dólares– en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de Leliq se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento del crédito a la producción y al trabajo.

No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos. Sólo un Estado consciente, con un plan que asegure la participación de la población (a través de los correspondientes canales e instrumentos) puede ponerle límites y obligarla a cumplir las leyes, a fin de conformar una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria.

 

[i] El ministro de Hacienda del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, Domingo Salaberry, fue el primero que propuso en el país el impuesto a las ganancias o rédito, que el Senado de la Nación, adverso y conservador, no aprobó. Pero Marcelo Torcuato de Alvear, ni bien asumió la Presidencia de la República en octubre de 1922, presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para promover la producción industrial local, por medio de la elevación de un 25% de todos los aranceles aduaneros, incluidas las retenciones a las exportaciones. Fue aprobado pese a la férrea resistencia de los legisladores conservadores.

[ii] Las reservas internacionales del BCRA eran de 45.190 millones de dólares al 30 de diciembre de 2019 y pasaron a ser de 39.410 millones de dólares al 30 de diciembre de 2020.

[iii] Las reservas internacionales del BCRA al 30 de abril de 2021 ascendían a 40.360 millones de dólares.

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