Disparo al corazón

 

Los 24 de marzo de 1976 y 1980 han quedado lamentablemente entrelazados. Mientras se conmemoraba el cuarto aniversario de la feroz dictadura cívico-militar-eclesiástica en la Argentina y América Latina era sembrada de regímenes autoritarios a través del Plan Cóndor respaldado por los Estados Unidos, un disparo certero al corazón terminó con la vida del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, San Romero de América. Años atrás escribí en este medio una breve memoria de su vida y su muerte, en ese “otro” 24 de marzo. Romero fue la voz de los oprimidos y sometidos y el profeta del evangelio liberador.

Dice Romero sobre la ideología de derecha: “Derecha significa cabalmente la injusticia social. Y nunca es justo mantener una línea de derecha. ¿Izquierda? Yo no las llamo fuerzas de izquierda, sino fuerzas del pueblo. Y su violencia puede ser fruto de la cólera ante esa injusticia social. Lo que llaman izquierda es pueblo. Es organización del pueblo y son los reclamos del pueblo. Los procesos de los pueblos son muy originales. No podemos decir que hay un cliché para pasar del capitalismo al socialismo. Si se le quiere llamar socialismo, pues será una cuestión de nombre. Lo que buscamos es una justicia social, una sociedad más fraterna, un compartir los bienes. Eso es lo que se busca” (Entrevista del Diario de Caracas, 19 de marzo de 1980).

El actual gobierno autodenominado “libertario o anarcocapitalista” de la Argentina, además de enarbolar las ya conocidas y fracasadas recetas de ajuste del gasto público estatal, recesión y transferencia de ingresos, está queriendo darle un disparo al corazón del contrato social construido a lo largo del siglo XX en la Argentina, que había dejado atrás a un país sin derechos laborales y sociales, con desigualdad, y que, con la irrupción del peronismo, puso en el centro la economía de la producción y el trabajo, la distribución equitativa de la riqueza, los derechos del trabajador y la justicia social. Ese disparo pretende cerrar el círculo abierto con el último golpe militar de 1976 que quiso romper con la matriz económica productiva y de industrialización vigente en la Argentina, y erigirse como ejecutor de una nueva matriz económica y social basada en la valorización financiera, el libre mercado y el individualismo meritocrático. La mira apunta también a desmontar los derechos sociales asumidos en el sentido común democrático y a instalar una ley de la selva individualista donde, bajo pretexto de una sociedad más libre, sólo se naturalizará que el pez grande se coma al chico y que no haya sociedad protegida, sino individuos sin Estado que serán individuos libres de elegir la muerte si quedan incluidos en la categoría de peces chicos.

Las palabras de Romero, además de ser una denuncia profética, sirvieron de herramienta para dar la batalla narrativa por el sentido. Describen con toda claridad a la derecha como la ideología de la injusticia social y a la izquierda como el pueblo organizado que busca vivir en una sociedad caracterizada por el sentimiento de hermandad y destino colectivo. Los medios, las redes y el propio gobierno regenteados por las grandes corporaciones de “peces grandes” (Techint, Arcor, Starlink, Clarín, Corporación América, fondos buitre, etc.) intentan instalar una narrativa que justifique que todas las desgracias provienen de la búsqueda de justicia social. Incluso dirigentes políticos que surgieron de colegios católicos y que altri tempi deambularon por gobiernos populares, como Eduardo Amadeo, inscripto en la renovación peronista de 1983 junto a Antonio Cafiero y diputado por el Partido Justicialista en 1991, ahora sostienen que “la justicia social está en revisión” y que “ese concepto peronista sirvió como justificación intocable para acciones que produjeron grandes daños”.

La justicia social es también el corazón de la doctrina social de la Iglesia. La justicia social no está “en revisión”. La justicia social está en disputa, está en la mira telescópica a punto de ser impactada. Y si el disparo va al corazón de la vida social, la matará. O al menos la herirá de gravedad con pronóstico reservado.

Las Naciones Unidas instauraron el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social. Sin duda esta efeméride puede no cambiar un milímetro la realidad ni le hace cosquillas al capitalismo de rapiña en el que vivimos. Pero no deja de ser la reafirmación global de un valor que depende casi exclusivamente de que los Estados nacionales lo garanticen. Para la ONU, a través de su agencia específica para la infancia, insiste en que la justicia social debe ser un valor promovido desde la niñez, ayudando a que niños y niñas se den cuenta de la existencia de las injusticias en sus propias vidas y su entorno vital, la casa, la escuela, la comunidad. Y estimula a las infancias a que desarrollen un compromiso con la justicia y la igualdad a todos los niveles. La justicia social es un aprendizaje.

Vuelvo a San Oscar Romero: “Cuando ahora luchamos por los derechos humanos, la libertad, la dignidad, cuando sentimos que es un ministerio de la Iglesia preocuparse por los que tienen hambre, por los que no tienen escuela, por los que sufren marginación, no nos estamos apartando de la promesa de Dios. Viene a librarnos del pecado y la Iglesia sabe que las conclusiones del pecado son todas esas injusticias y atropellos. Por eso la Iglesia sabe que está salvando al mundo cuando se mete a hablar también de estas cosas” (La violencia del amor, pág. 24).

La Iglesia reclama ayuda para los comedores, lo cual está muy bien, pero eso no es suficiente. No se está dando la batalla por el sentido que significaría defender la justicia social como principio organizador de la sociedad y piedra fundamental de su doctrina social. No podemos permitir que un gobierno que —como nos recordó recientemente el Papa Francisco— tiene una legitimidad de origen insuficiente y una desgastada legitimidad en el ejercicio del poder, nos tenga en la mira para dispararle al corazón de la vida social. El ejercicio del poder de este gobierno está viciado de ilegitimidad porque se saltea la Constitución nacional, toma medidas impulsadas por la venganza y no por la búsqueda del bien común, despotrica contra la corrupción para las cámaras, pero tiene sus entrañas podridas por las dádivas, la contratación de amigos y familiares y toma decisiones exclusivamente ligadas a los intereses de las grandes corporaciones autoras del DNU y la Ley Bases, un elemento más que refrenda su nulidad.

La justicia social como concepto verbalizado es incluso más antigua que la misma doctrina social de la iglesia. La expresión “justicia social” (giustizia sociale) fue acuñada por el sacerdote jesuita Luigi Taparelli, en un libro publicado en 1843, en Italia. Mientras que el inicio formal de la doctrina social de la iglesia es ubicado en la publicación de la Carta Encíclica Rerum Novarum por el Papa León XIII el 5 de mayo de 1891, más allá de la reflexión previa que, como vemos, ya existía.

La Iglesia no puede permitir que una persona de dudosa idoneidad para ejercer el cargo de Presidente, por más que haya sido electo, haga consideraciones sobre la justicia social que nada tienen que ver con ella, como relacionarla con la violencia o la aberración (desviación). Décadas de vida y reflexión no solo confesional y religiosa, sino también económica y política, no pueden ser anulados por el decreto de un personaje más cercano a las historietas que a la historia. Debemos dar la pelea por el sentido de la justicia social como el aire que el cuerpo debe respirar para no morir. Y en las sociedades modernas de casi todo el mundo, es el Estado el que garantiza y amplía los derechos individuales y sociales para articular una vida justa y en paz.

Pero además de animar la disputa por el sentido de la justicia social, hemos de hacer gestos visibles de repudio y confrontación con la verdadera violencia que implica diseñar un país desde un individualismo sin derechos sociales ni Estado. La derecha es injusticia social, reza San Romero de América. En las vísperas de la marcha histórica a la Plaza de Mayo para reafirmar la memoria, la verdad y la justicia, no dejemos que nos disparen al corazón.

 

 

 

* Marcelo Ciaramella es parte del Grupo de Curas en opción por las y los pobres.

 

 

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