El viernes 13 por la tarde, el Juzgado Federal 3 de Córdoba concluyó la notificación a las familias de doce personas cuyos restos fueron identificados entre los hallados en el predio de La Perla, el mayor centro clandestino de detención que funcionó en el interior del país durante la última dictadura.
El hallazgo había sido informado el lunes a la Justicia por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Al día siguiente, tras una reunión con las querellas y el Ministerio Público Fiscal, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja anunció la obtención de un “resultado parcial” en relación con la identificación genética de doce personas. El magistrado indicó que, una vez informadas las familias y con su autorización, se darán a conocer más detalles. Está previsto que durante la próxima semana brinde una conferencia de prensa.
La larga lucha
Uno de los apartados del Informe CONADEP-Córdoba versaba sobre los enterramientos clandestinos realizados durante el terrorismo de Estado en esa provincia. “Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo”, declaró “Tina” Meschiatti, una de las sobrevivientes de La Perla.
Antes de que terminara la dictadura, la abogada María Elba Martínez había empezado a investigar los crímenes del Tercer Cuerpo de Ejército. Luego, presentó la primera demanda junto a Adolfo Pérez Esquivel, ambos en representación del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Más tarde se sumó otra de Horacio Verbitsky. Como denunciantes, los tres solicitaron que corroboraran los enterramientos en La Perla, lo que permitió que un expediente judicial iniciado en 1998 arribe a este hallazgo del EAAF en la Loma del Torito, parte de la Guarnición Militar de La Calera.
Desde 1975
No son las primeras identificaciones logradas en la provincia. Restos de estudiantes de Medicina (Lila Gómez Granja, Alfredo Sinópoli, Ricardo Saibene y Luis Santillán Zevi) asesinados en diciembre de 1975, serían hallados en la zona de los hornos de la estancia La Ochoa, en el predio de La Perla. Ya en esa época operaba en Córdoba el Comando Libertadores de América, encabezado por el general Luciano Benjamín Menéndez, quien luego del golpe de Estado como jefe del III Cuerpo de Ejército tuvo bajo su dominio a diez provincias.
La Perla fue el epicentro genocida en la provincia mediterránea. Allí fusilaban a personas que arrojaban a pozos antes de quemarlas, según habrá de admitir hacia 2004 el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda en un escrito al Ejército en el que reclamaba un ascenso. En este centro clandestino de detención y exterminio, ubicado sobre la ruta que va de Córdoba a Carlos Paz, retuvieron a 2.500 personas aproximadamente hasta el cierre en 1978, después de lo cual el predio continuó como guarnición militar.
Según Laborda, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se removieron los cuerpos enterrados clandestinamente con máquinas del Batallón de Ingenieros 141 y fueron trasladados a una salina en La Rioja. También el peón rural José Solanille vio camiones rumbo a la Loma del Torito y enterramientos clandestinos en donde se oían explosiones; contó que en algún momento sus perros le acercaban restos humanos.
Con fotos aéreas de junio y agosto de ese 1979, aportadas por Catastro Municipal, pudieron corroborarse mediante la detección láser LiDAR (Light Detection and Ranging) aquellas alteraciones en el terreno que se correspondían con el ocultamiento de cuerpos.
Eso delimitó el área de búsqueda por parte del geólogo Guillermo Sagripanti, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde el EAAF trabajaría bajo la coordinación de Anahí Ginarte y Silvana Turner. La reducción del terreno de búsqueda fue de 14.000 a sólo 10 hectáreas, según explicaron las antropólogas.
Sobre aquel predio 1.400 veces más grande habían realizado doce campañas de excavación. En 2003 trabajaron muy cerca de donde acaban de hallar los restos, meses antes de la declaración de Laborda.
En 2014, el EAAF identificó a los cuatro estudiantes en los hornos de cal de La Ochoa.
En 2024, delimitaron 23 rasgos de interés y excavaron una hectárea, donde, aunque no recuperaron objetos de interés, quedó evidenciada la modificación del suelo.
El cruce informativo permitió focalizar la investigación, según explicó Ginarte, ex miembro del EAAF y actual directora del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial provincial. Y, facilitada la precisión, en septiembre de 2025 se hallaron fragmentos óseos a sólo cinco días de iniciadas las excavaciones.
En noviembre, tras 68 jornadas de remover toneladas de tierra, el Juzgado Federal a cargo informó la finalización de la campaña de búsqueda de 2025, la más extensa e importante, por la magnitud de la intervención más que por la cantidad de indicios.
Hallaron restos dispersos en el sedimento, no en una fosa común ni con esqueletos articulados, lo que devendrá en más trabajos. La prensa local recogió un trascendido entre los querellantes: habrían encontrado una cadenita que pertenecía a una persona desaparecida.
Este es hasta ahora el resultado del trabajo cooperativo entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la colaboración de la Municipalidad y el Gobierno Provincial. El Ejército facilitó y colaboró en las tareas.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género de la provincia, a cargo de Juan Miguel Ceballos, señalaron que la certeza de las identificaciones alcanza el 100%. También explicaron que la comunicación oficial queda en manos del juzgado: el juez y el secretario notifican personalmente a cada familia, de modo que ese encuentro sea no sólo la instancia formal donde se transmite la información judicial, sino también un espacio de contención y acompañamiento empático.
Juez y secretario son hijos de dos militantes fusilados de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Vaca Narvaja es parte de la familia del tercero al mando de la organización Montoneros, por lo que siempre ha estado bajo el ojo crítico de los sectores más reaccionarios en una provincia conservadora.
De ahí que se vea compelido a aclarar: “Se han llevado adelante juicios con pruebas, testigos y condenados a los que se les respetaron todas las garantías de defensa. El que quiera negar algo, sólo puede hacerlo en base a la ignorancia o la complicidad”.
Además del colectivo de familiares que movilizó la causa, con el patrocinio del Dr. Ramiro Fresneda, también hijo de desaparecidos, intervino en la causa la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, a cargo de Facundo Trotta, que convocó a aportar información ante la Fiscalía, el Juzgado o el EAAF. Prevén que el EAAF retome este año las tareas de prospección y excavación entre abril y septiembre. Y potenciar acciones para una campaña, para que aquellos familiares que no han dado sangre para comparar los ADN, como las utilizadas para este cotejo, lo hagan.
🇦🇷 El Juzgado Federal N°3 de Córdoba informó la identificación por parte del @EAAFoficial de 12 personas desaparecidas halladas en 2025 durante trabajos de búsqueda en la Guarnición Militar de la Calera, donde funcionó el CCD La Perla. pic.twitter.com/yy4VBr9vkZ
— Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) March 10, 2026
Pioneros
De los tres denunciantes originales, Pérez Esquivel continúa con su prédica y su labor de Premio Nobel de la Paz, en tanto el director de este Cohete acaba de reeditar su libro Rodolfo Walsh y la Prensa Clandestina, donde compila un trabajo compartido en el que dedicaron decenas de citas informativas a Córdoba, como la mención en el temprano agosto de 1976 a los centros de detención que hoy vuelven a ser noticia:
“Testimonios recientes de liberados en Córdoba, donde tiene su asiento el poderoso Cuerpo de Ejército III a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez, señalan como campos de concentración y tortura a los destacamentos militares conocidos como La Ribera y La Perla” (ANCLA, 27 de agosto de 1976).
O la que refiere al padre del actual juez (asesinado, meses después de que su abuelo fuera decapitado):
“Los escasos testimonios sobre los asesinados en aplicación de la ‘ley de fugas’ aseguran la existencia de brutales torturas, previas al fusilamiento, como se comprobó en Hugo Miguel Vaca Narvaja. Los presos asesinados en Córdoba a partir de que los militares se hicieron cargo del poder llegarían a 25” (ANCLA, 1° de septiembre de 1976).
Esos crímenes contaron con la complicidad del coronel Raúl Fierro (tío abuelo de Agustín Laje Arigoni, escriba de Javier Milei). La sobreviviente Graciela Geuna testimonió en la megacausa Menéndez III que el represor Ricardo “Fogo” Lardone les dijo que no soportaba el olor de goma quemada porque le recordaba a los fusilamientos. “Que los fusilaban así, esposados atrás, y que algunos que tenían miedo, como Raúl Fierro, les hacían atar las piernas. Que tiraban alquitrán y les prendían fuego. Dijo: ‘Tengo el olor en la nariz y la visión de los cuerpos que, cuando se queman, empiezan a moverse’”. Geuna levantó sus brazos ante el Tribunal y los movió como los de un muñeco desarticulado. Luego los bajó y quedó en silencio.
Quien no está para este corolario de la persistencia militante es la abogada María Elba Martínez, a la que Verbitsky veía “arriba de tacos altos como zancos” mientras reclamaban juntos el enjuiciamiento al arzobispo Primatesta, por el rapto de criaturas de desaparecidos en la Casa Cuna, donde un cura y cinco monjas asistieron a su apropiación y cambio de identidad. Verbitsky aportó elementos sobre ese tráfico humano, en que una monja se llevó al bebé de Silvina Parodi. Y aunque su expediente contra el ex presidente de la Conferencia Episcopal Católica fue cajoneado, en un allanamiento promovido por la Dra. Martínez se hallaron pruebas. (Ver Un festejo alegre y empecinado).
Tras su fallecimiento en agosto de 2013, el periodista Alexis Oliva escribió: “Es injusto que no pueda ver finalizado el juicio por La Perla y La Ribera, esa conquista colectiva a la que tanto contribuyó, al punto que la causa núcleo lleva su nombre: ‘María Elba Martínez, su denuncia’”.
De ella recordó el juez Gabriel Pérez Barberá que, en los ‘90, el planteo de inconstitucionalidad sobre las leyes de impunidad –avaladas por la Corte Suprema– resultaba quimérico. “María Elba insistió, tanto en la Argentina como en el plano internacional, hasta que el punto de vista estatal cambió con Néstor Kirchner”.
Había sido veedora en el Consejo Electoral Africano cuando Nelson Mandela fue elegido Presidente (1994), e integró el Tribunal Permanente de los Pueblos que investigaba violaciones a los derechos humanos en el mundo.
Oliva enumeró sus mejores antecedentes: “Osó desafiar al poder en esa Córdoba en la que el aún general Menéndez subía a los palcos oficiales, el cardenal Primatesta pisaba fuerte en política y la Fundación Mediterránea imponía su dogma privatizador. Llevó las causas del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias contra la privatización; de la Junta Gremial del Banco de Córdoba, donde participó de las denuncias de corrupción contra Eduardo Angeloz; querelló en el juicio por el crimen del ex senador Regino Maders; representó a la familia de David Moreno, el niño de 13 años asesinado por la Policía el 20 de diciembre de 2001; fue la primera abogada de las Madres de Barrio Ituzaingó en lucha contra los agrotóxicos; ayudó a la comunidad wichi del Chaco a preservar las fosas comunes donde están los restos de las víctimas de matanzas perpetradas en el siglo XX por el Ejército. Durante el juicio de 2010 por los presos fusilados en la Unidad 1, nunca se vio tan atento y preocupado al dictador Jorge Videla como cuando María Elba Martínez describía la estructura de poder que descendía desde la Junta Militar”. (Nuevo Sumario, Alta Gracia, 23 de agosto de 2013).
Enfrentó los últimos tramos de juicio ya enferma, sangraba por la nariz, forzada a alegar durante ocho horas.
Su labor descollante la hizo acreedora de un poema (Mantra mem, de Griselda Gómez); de un trabajo académico (Materiales para historiar una vida de abogada en las luchas de Córdoba) y de un libro, a cuya presentación asistieron Raúl Zaffaroni y Verbitsky:
“Cómo no enloquecer por lo perdido / Del poder de querellar y mirar / los ojos vacíos del general”, le escribió Griselda Gómez, mucho después de que Bertold Brecht se le hubiera adelantado al describir a quienes luchan toda la vida como “imprescindibles”.
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