Economía en cuarentena

Las medidas adoptadas van en la dirección correcta pero son insuficientes

 

Dada la cada vez mayor interrelación entre los países, el virus que se conoció en China, se propagó en los lugares de mayores ingresos de Europa y en Estados Unidos, poniendo en descubierto la precariedad de sus sistemas de salud pública (falta de hospitales, de camas, de equipos respiratorios y de profesionales en el tema), provocando hasta el día 20 de marzo  4.032 muertos, con 41.035 contagiados en Italia; en España 1.094 muertos y 21.500 casos;  en Estados Unidos 18.170 casos positivos por COVID 19 y 241 fallecimentos.

Obviamente la economía se frenó, decidieron cercar ciudades enteras, para evitar el contagio. Sin embargo, se sabe que, como dijeron las autoridades de Alemania, en el transcurso del año gran parte de la población de ese país habrá contraído la enfermedad, pese a que decidieron cerrar todos los comercios, excepto los de comestibles y los de bebidas, los supermercados y mercados y las farmacias y hospitales.  Pero que se contagien no significa muerte, que depende de la carga viral y del estado de salud del receptor.

Al no poder contar con una vacuna no se puede poner límites a su propagación por lo que se hace es condicionar la movilidad de la gente.  Los países desarrollados cuentan con recursos tanto el Estado como la mayoría de las personas y pueden soportar una cuarentena.  El día lunes 16 de marzo 2020 en los EEUU por ejemplo, la Reserva Federal aumentó la emisión de dinero, ese solo día, en 700.000 millones de dólares (casi el doble de la cantidad de bienes y servicios que la Argentina produce por año, que es equivalente a un PIB de 352.300 millones de dólares) y el Banco Central  Europeo  aumentó la base monetaria en 750.000 millones de euros dos días más tarde, más otras medidas fiscales que en conjunto representan en torno al 15% del PIB de cada una de esas naciones.  Sin embargo en la Bolsa de Valores de Wall Street el martes 17 tuvieron que interrumpir la ronda porque las acciones no dejaban de depreciarse y al final de día descendieron en su valor en un 12,5% promedio y, otro tanto pasó con los mercados europeos.

 

 

Por supuesto que fue mucho más pronunciado el derrape en el precio de las acciones de las empresas argentinas (y en menor medida del resto de los países no desarrollados que cotizan en esos mercados de valores). Desde el lunes 2 hasta el martes 17 de marzo, las acciones de empresas nacionales vieron caer sus precios en promedio un 32%, pero a la que peor le fue es a YPF, cuya cotización al día miércoles 18 de marzo 2020 era de 2,57 dólares la acción, con lo que la compañía valdría menos de 1.200 millones de dólares, la cuarta parte de lo que se le pagó a la española Repsol por el 51% del paquete accionario en el año 2014, claro que acá juega además el fuerte descenso del precio del barril de petróleo que perforó el piso de los 25 dólares, cuando en  2014 era de 95 dólares el barril.

 

Un futuro incierto

La riqueza es trabajo y producción y ambas son severamente castigadas por el coronavirus.

China representa el 14% del PIB mundial, seguramente que este año si crece será a una tasa sensiblemente menor que otrora, con la consabida disminución de su demanda que en el caso del petróleo y de la soja, donde es el mayor comprador, significa menor producción mundial y fuerte descenso de su precio[1].

Ambas variables perjudican de sobremanera las aspiraciones del gobierno de Alberto Fernández, cuando se está en plena negociación con los acreedores de una deuda que creció en forma sideral durante la gestión de Cambiemos y que empoderó a grandes fondos de cobertura como BlackRock, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, entre otros.

En conferencia de prensa, el viernes 20 de marzo 2020, el Ministro Martín Guzmán presentó el “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina” contemplando el descenso del PIB de este año, agravado por la pandemia en un 1% o 1,5% y, por hacer frente a la emergencia sanitaria, un acrecentamiento del déficit fiscal del 1,1 al 1,5% del PIB (unos 5.000 millones de dólares).

En las nuevas proyecciones del Ministerio de Economía, se crecería en el año 2021 entre un 2,5 a un 3% del PIB, pero se sigue teniendo déficit fiscal, por lo que recién en 2022 y en el mejor de los casos, se logra un equilibrio de las cuentas públicas y, en 2023, un superávit primario que permitiría pagar deuda entre el 0,5 al 1% del PIB (unos 3.000 millones de dólares aproximadamente).

45 minutos antes de la conferencia de prensa del Ministro Guzmán presentando el “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina”, el FMI publicó un Informe Técnico de su Personal donde arriba a similares proyecciones y concluye que la deuda externa Argentina supera el 90% del PIB nacional y requiere una reestructuración que combine reducciones del valor nominal, extensiones de vencimientos, períodos de gracia y recortes de las tasas de interés, que signifique una quita de capital de la misma entre  55.000 a  85.000  millones de dólares. El Presidente Alberto Fernández dijo que estimbaa gratamente que el FMI avale los números presentados por su gobierno.

El mérito principal del trabajo del equipo de Martín Guzmán es que demuestra que el gobierno de Macri desfinanció al sector público por concederle exenciones impositivas a los sectores de mayores ingresos del país y, eliminar las retenciones en general (manteniendo la de la soja pero con descenso del 0,5% mensual en la alícuota).  En el cuadro respectivo dice que los ingresos de la Administración Nacional en el año 2015 eran del 25,8% del PIB y desciende año tras año para ser solo del 22,5% del PIB en 2019 (un PIB que además es menor que el del año 2015). A ese descenso de los ingresos fiscales del  3,3% del PIB, se le debe sumar que el pago de los intereses de la deuda se acrecienta, también año tras año, para ser otros 3,33% del PIB, y esos porcentajes del producto, se financiaron tomando más deuda.

Por el Decreto 250/2020 y en el marco de la Ley 27.544 de Emergencia Económica, se facultó al Ministro de Economía de la Nación a negociar con los tenedores de títulos de deuda que tienen jurisdicción extranjera y que en las filminas presentadas en el “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina” suman 83.000 millones de dólares. Tras la conferencia de prensa y  presentación del trabajo, el ministro invitó a los bonistas referidos a participar de un acuerdo, en el transcurso de la próxima semana, para reprogramar los vencimientos

Es claro que se va a producir de hecho un default con esos tenedores de deuda y ello explica el descenso de su precio, incluso por debajo del 35% de su valor nominal y que, la tasa de riesgo país que mide el banco JP Morgan se encuentre por arriba de los 4.000 puntos. Pero esta vez, el FMI da su apoyo implícito al gobierno argentino

Obviamente que el derrape de los títulos de deuda argentinos, que cotizan en torno al 35% de su valor, los hace apetecibles a los grandes fondos de inversión para asegurarse ellos, en la más amplia mayoría de los 34 títulos de deuda con jurisdicción extranjera, bloquear de esa forma la cláusula de acción colectiva que le permite a la Nación acordar con una mayoría de sus tenedores (en un caso 66% y en otros 75%) para que el resto cumplan el acuerdo.

La Argentina sin recursos, no puede hacer como la República Popular China que al declararse el problema sanitario con lo que derraparon el valor de las acciones de empresas trasnacionales en ese país, las compró el estado chino muy por debajo de su valor con lo que se convierte en el accionista mayoritario de las empresas construidas por europeos y estadounidenses en su país.

Pero el Estado argentino sí puede obligar a los tenedores de títulos de deuda nacionales a declarar cuándo compraron y a qué precio y, pagar sobre ese valor y, solamente a quienes le prestaron directamente al Tesoro de la Nación, que están registrados en el libro de la Oficina Nacional de Crédito Público, cuando ingresaron esos fondos al Tesoro de la Nación.

Planteada la situación externa se debe destinar parte de lo que no se puede vender al exterior por la pandemia, al consumo y a la actividad interna y, con ello, aumentar el PIB como históricamente se demostró cada vez que la Argentina se vio obligada a una política proteccionista, en un marco en que el gobierno nacional asegura que solo va a pagar cuando el país crezca, descartando imponer políticas de austeridad para hacer frente a las cancelaciones mientras que los niveles de pobreza se mantengan altos.

Y ante el coronavirus, utilizar esos recursos para la compra de medicamentos, camas, cámaras de oxigeno, respiradores, etc., en todo el país, con prioridad en los lugares de mayor riesgo, por un lado; la de impulsar el mercado interno con créditos subsidiados y desgravaciones impositivas, por otra parte; y asistir directamente con plata, con alimentos, con invento de trabajos públicos (pintar escuelas ahora que están sin clase) a los sectores más vulnerables de la población

 

Medidas insuficientes

No se puede en la Argentina pos Cambiemos, ante los niveles de pobreza y de trabajo informal (en negro) en que nos encontramos, salir airosos de la pandemia sin tomar fuertes medidas de subsidios, ni mandar a la gente a su casa cuando no tiene para comprar la comida y menos los medicamentos en caso de contraer la enfermedad.  No hay política de asistencia social que alcance en la Argentina de 2020 con una tasa de pobreza del 35,4% de la población. Se debe retornar lo más rápido posible al trabajo y a la producción y se debe fortalecer la red de contención que incluye desde aplicar la ley de abastecimiento y garantizar el precio de los productos, hasta subsidios directos del Estado al trabajo, a la producción y al consumo en general y de los más necesitados particularmente.

No es suficiente aumentarles a los jubilados que cobren la mínima solo $ 3.000.- por mes o darle un bono de $ 3.100.-  a los que perciben AUH, cuando la Canasta Básica Total de febrero  para no ser pobre es de $40.790.- según el INDEC.

Quienes trabajan en el sector informal (en negro que es un alto porcentaje de la población y predominante en el Gran Buenos Aires y en provincias como Tucumán o Córdoba), los trabajadores monotributistas y autónomos y quienes no pueden trabajar desde sus casas, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares. En caso contrario, necesitarán ir a trabajar, poniendo así en riesgo su propia salud, la de sus familias y la de la comunidad.

Lo mismo sucede en los barrios periféricos donde la precariedad  de la vivienda y el hacinamiento determinan que la contención y la generación de empleo y pago debe ser de todo el vecindario.

Es esencial que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos. El pago de deudas debe ser suspendido para aquellas personas que de otro modo no serían capaces de hacer frente a la crisis de salud pública.

La Argentina es un país de gran riqueza, pero severamente desigual en su distribución, es con ese marco  que nos enfrentamos a la crisis sanitaria del Covid 19, que inevitablemente se agravará conforme pasen los días y semanas si no se toman más medidas de apoyo  a los necesitados y, es por el bien común, porque el virus se contagia de persona a persona.

Se debe pensar y obrar a dónde se pueden atender las personas sin hogar. Prever cómo alimentar y cuidar en la emergencia adecuadamente a niñas y niños que lo hacían en los establecimientos hoy cerrados, así con toda la población más vulnerable, porque a pesar de apoyar las medidas de confinamiento para detener en la medida de lo posible la extensión del coronavirus, las acciones puestas en marcha por el gobierno tienen que abordar también todas estas situaciones.

Las medidas de bajar los encajes, amentar el crédito, apuntalar la producción están bien y deben ser más amplias, pero en la Argentina de la pobreza y la marginalidad, el acento y la tarea primordial es asistir a los despojados de todo.

Alimentos, vestimenta, y trabajadores hay, que los ponga en disposición el Estado,  que los pague con un bono, un vale, a cambio de aportes patronales y de impuestos, no importa, lo esencial es hacerlo ya antes de que venga el invierno.

La tarea es de una guerra contra un enemigo invisible y poderoso, que más se asienta cuando más pobreza encuentra.

La condecoración más importante del Ejército ruso es la Orden del Mariscal Mijaíl Kutúzov y es por haber logrado vencer al enemigo (La armada de Napoleón) preservando la vida de sus soldados, en esta desigual guerra se necesita jefes que lo imiten y sean digno de esa medalla.

 

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14 Comentarios
  1. Horacio Rovelli dice

    Muchas gracias a todos, nos tocan tiempos muy difíciles y entre todos debemos encontrar la solución. El coronavirus nos pone en
    evidencia que le pasa a otro ser humano nos pasa a nosotros

  2. Luis Juan dice

    Estimado Horacio:
    Excelente análisis.
    Una digresión, si me permite.
    De los movimientos especulativos en el sistema bursátil, nadie mejor que Soros para esos menesteres.
    Generalmente, las empresas que cotizan en bolsa no exponen todo su capital accionario a dichas cuestiones. Es decir, preservan el control de las empresas. Salvo, cuando con un mercado en alza convenga a sus intereses desprenderse de acciones o la empresa misma y ni qué hablar si se lo imponen sus mandantes del norte.
    Para el caso de las empresas argentinas, el congreso debería rápidamente sacar una ley para prevenir cuestiones especulativas respecto de industrias o empresas claves por razones estratégicas o de geopolítica, donde se obligue a las mismas, en su caso, dar prioridad al Estado en caso de que el paquete accionario de control se ofrezca al mejor postor.
    El Estado tendría de ese modo, la posibilidad de preservar su sustentabilidad futura como país, sin depender de la voluntad de los privados -que ya conocemos de sobra-, nada tiene que ver con los intereses del mismo y mucho menos con el concepto de patria.
    A tiempos excepcionales, medidas excepcionales. Si hiciera falta, se modifica la carta orgánica del Banco Central y éste actúa de la misma manera que la Reserva Federal (banca privada), pero con intereses claramente beneficiosos para la patria.
    Probablemente, lo que puede parecer descabellado para la lógica imperante a escala mundial, resultará el salvavidas de quienes se atrevan al desafío.
    Además, si pensamos que el mundo -que ya estaba en recesión- verá profundizada la misma y cada uno intentará sobrevivir a la catástrofe, las exportaciones no podrán salvarnos y, la cuestión se vería agravada por la necesidad de importar tecnologías que aún no poseemos. La economía de nuestro país, ante el empeoramiento de la situación, posiblemente tenga, a los fines de no caer al abismo, que “vivir con lo nuestro” -como decía Aldo Ferrer- y activar el mercado interno como único motor de sustentabilidad. Si esto no para pronto, resultará sólo cuestión de tiempo para admitirlo.
    Dicen que fue el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum el que se encontró con esa maravillosa inscripción, mezcla de sarcasmo y melancolía, una especie de retrato escrito de América Latina y del mundo: «Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas» y que se lo contó a Mario Benedetti quien la inmortalizó.
    La posibilidad de un replanteo total de la lógica de dominación imperante resulta apremiante en estos tiempos.
    La producción y distribución de recursos naturales estratégicos, así como los servicios esenciales para la actividad económica, en manos exclusivas del sector privado, impedirá que el país se pueda desarrollar y siempre estará condicionado dicho desarrollo a la voluntad de los intereses de ese sector, que nunca son coincidentes con los del país y mucho menos de la patria.
    La deuda externa, a esta altura de los acontecimientos, debería ser declarada odiosa y fraudulenta, incluida la del FMI. Lamentablemente, esto no va a ocurrir. Por tanto, una quita de al menos el 50% del capital y el 80% de los intereses, con un período de gracia para comenzar el pago de hasta diez años; cuanto menos. Eso sin dejar de perseguir a fugadores seriales que no tengan declarado su patrimonio y que, además, haya eludido tributaciones locales, con el adicional de penalidades progresivas por la evasión y/o elusión y un impuesto permanente y anual, no menor al 3% de todo el capital radicado en el exterior. Sin dejar de considerar la responsabilidad patrimonial de quienes posibilitaron el desastre económico.
    El mundo, que ya cambió, resultará ominoso para las inmensas mayorías. Si se quiere que toda la gente se encuentre dentro, las medidas no podrán resultar más de lo mismo. Deberán ser inéditas.
    Si los formadores de precio siguen especulando en medio del caos, deberán aplicarse todas las medidas legales correspondientes y, en su caso, expropiar las empresas por razones de utilidad pública y ponerlas a funcionar para beneficios de todos.
    Que el tema alimentos sea un problema en este país para inmensas mayorías, debería resultar un crimen de lesa humanidad. Una futura constitución, que hará falta más temprano que tarde, deberá contemplar estas cosas y muchas otras que vengo sosteniendo.
    Hay, en efecto, al menos para las inmensas mayorías (no estoy tan seguro si también lo es para las elites mundiales) un enemigo invisible. Pero hay otro enemigo que es por demás visible y desde hace demasiado tiempo y es tan letal o más, que el invisible.
    Los poderes económicos que siempre estuvieron de fiesta y de manera escandalosa en la era macrista siguen intactos, implacables, conspirando todo el tiempo y haciendo plata como si nada.
    Lo que dijo Juan Grabois en el destape radio del 6/3/20, relacionados con el paro sojero M, son irrefutables.
    Roberto Navarro fue uno de los periodistas económicos que, a través de un medio masivo, se anticipó a todos los acontecimientos desde antes que Macrí fuese presidente.
    Si bien es un periodista que debe ser escuchado y tomar seriamente los análisis que realiza, los correspondientes a sus editoriales de los días 18/2/20 ,20/2/20, 3/3/20, 6/3/20, 13/3/20, 23/3/20, 24/3/20, 25/3/20 y 26/3/20 respectivamente, me parece, no pueden resultar soslayados.

  3. apico dice

    Excelente su análisis, ante el cambio de «paradigma económico» que se avecina, sacar a Keynes de la biblioteca, abandonar las políticas fiscalista, crear trabajo, congelar precios de productos esenciales, congelar combustibles y servicios, y poner en funcionamiento el 50% ocioso de nuestra industria. Volver a poner cuotas de exportación para carne, trigo y maíz de manera de asegurar la alimentación de nuestra población,….todas medidas ya tomadas durante el gobierno de Cristina,y sobre todo endurecer la mano con los que mas tienen a través de impuestos mas gravosos con controles por parte del estado. El Default ya lo blanqueo el FMI, ahora resta declarar el default con los Fondos Financieros,que francamente están en bancarrota. Decir que hay que darle a la maquinita es en nuestro País es pecado, pero es precisamente tal cual dice su nota, lo que el mundo entero está haciendo. Estamos en situación símil guerra, hagamos lo que hizo Peron. Un saludo peronista.

  4. Ernesto Oscar dice

    Muy interesante tu nota Horacio. Tenemos una nación con una potencia enorme disponible. Lo que nos maniata y atrasa es la cobardía de buena parte de nuestro pueblo. Es cobardía y flojera, no es otra cosa.

  5. fernando dice

    Pregunto: No es el momento de pensar en un empréstito forzoso, «patriótico», a las grandes fortunas y empresas? Y de paso atenuar así la carga que cae sobre sectores medios para rescatar a los más desposeídos?

  6. HERNÁN DE ROSARIO dice

    Leí el artículo del economista Horacio Rovelli con suma atención. Dice tajantemente: “Se debe retornar lo más rápido posible al trabajo y a la producción y se debe fortalecer la red de contención que incluye desde aplicar la ley de abastecimiento y garantizar el precio de los productos, hasta subsidios directos del Estado al trabajo, a la producción y al consumo en general y de los más necesitados particularmente (…) La tarea es de una guerra contra un enemigo invisible y poderoso, que más se asienta cuanto más pobreza encuentra”.
    La lectura del artículo me hizo recordar la época de la depresión en los Estados Unidos, el ascenso al poder de Franklin Delano Roosvelt y la aplicación del New Deal. A continuación transcribo partes de un ensayo sobre el tema escrito por Ana Martínez Dodero (Universidad de Jaén, España, 2017) titulado “La gran depresión, el New Deal y el trabajo social”.

    Medidas del primer New Deal

    Agricultural Adjustment Act (AAA, Ley de Adaptación Agrícola) pretendió evitar la caída de precios y la sobreproducción. Por medio de esta ley se subvencionó a los granjeros por la disminución de cosechas, y el sacrificio de animales de cría; también se financió por retirar productos del mercado. Estas subvenciones se nutrieron de un nuevo impuesto que recaía sobre las industrias de productos de alimentación. Pero esta ley fue más allá y pretendió ser un instrumento de modernización de la agricultura del país gracias a una adecuada planificación (con actuaciones tales como, frenar la erosión de los campos o eliminar los cultivos en tierras escasamente productivas) y la intervención para combatir la pobreza agrícola (Bosch, 2005). Esta ley, al perseguir que se elevasen los precios de los productos agrícolas, buscó el trasvase de ingresos de las ciudades hacia el medio rural. Dentro de las medias del gobierno federal para combatir el desempleo se encontraron: La Federal Emergency Relief Act (Ley sobre el Subsidio Federal de Emergencia); su gestor fue un trabajador social, Harry Hopkins, asesor de Roosevelt en cuestiones asistenciales. Esta ley comprendió distintos programas de apoyo a los desempleados, invirtiendo 500 millones de dólares en subsidios directos canalizados a través de los estados. A los desempleados se les ofrecía trabajo en la construcción y reparación de carreteras, adecuación y mejora de colegios, jardines, juzgados u otros edificios públicos (Alcázar et al., 2007). Civilian Conservative Corps (CCC, Cuerpo Civil Conservacionista) que en sus 8 años de funcionamiento empleó a cerca de 3 millones de jóvenes entre 18 y 25 años, muchos de ellos con problemas de integración, en proyectos de conservación de la naturaleza tales como reforestación y control de inundaciones (Alcázar et al., 2007). Civil Work Adminstratións (CWA, Administración de Trabajo Civil) agencia que se creó para contratar directamente a los parados, empleó 900.000 dólares en dar trabajo a cerca de 4 millones de desempleados principalmente en la construcción de infraestructuras públicas (Bosch, 2005).

    La eficacia de esta agencia para reincorporar a estos trabajadores al sector privado o dinamizar la economía fue muy discutida, aunque no así la mejora que experimentaron las infraestructuras. The Home Owners Loan Act (THOLA, Ley Préstamo para los Propietarios de Casas) pretendió impulsar el sector de la construcción y ayudar a aquellas personas que no pudieron hacer frente a la hipoteca de su vivienda y fueron desahuciado. “En 1932 más de 250.000 personas perdieron sus casas, y durante la primera mitad de 1933, más de 1.000 personas, cada mes, perdían el derecho a redimir sus hipotecas” (Bosch, 2005: 421). Tennnessee Valley Authority Plan (TVA, Autoridad de National del Valle del Tennessee) fue una de las más célebres y que más entusiasmo despertó del New Deal. Ésta pretendió desarrollar la muy deprimida zona del Valle de Tennessee (que abarcaba siete estados) creando presas y plantas hidroeléctricas para suministrar electricidad a bajo coste, medidas para evitar las inundaciones, realojamiento, reforestación, educación y adecuación de zonas de recreo. Los bajos precios de la electricidad no lograron atraer a la industria como se esperaba, pero todas las actuaciones llevadas a cabo en el Valle sí repercutieron significativamente en elevar la calidad de vida de los habitantes de la región (Maldwyn, 1997). National Recovery Act (NRA, Ley para la Reactivación de la Industria Nacional), pretendió evitar la competencia desleal, estabilizar los precios de los productos industriales y mejorar las condiciones de trabajo de los obreros. La ley permitía a los empresarios actuar sobre los distintos sectores industriales mediante estatutos que regulasen salarios (el derecho de un salario mínimo), jornada laboral (fijando la duración máxima de la jornada), el derecho de los trabajadores a organizarse y sindicarse libremente (se recoge en artículo 7 del Título I) y en lo relativo a la negociación colectiva (Arroyo: 2001).

    El sistema económico norteamericano hasta la aprobación de la NRA se basó en la libre competencia, existiendo una regulación antitrust; con esta ley los acuerdos entre los industriales tenían valor legal y por tanto eran de cumplimiento obligado. Las grandes empresas constituían un pilar básico del capitalismo norteamericano, pero el Gobierno entendía que debía existir un control. Con la NRA se pretendía que el Gobierno y los industriales fuesen a una para lograr la recuperación económica del país. El 16 de junio de 1933, el propio Roosevelt la definió, como “probablemente la ley más importante y de más alcance promulgada por el parlamento americano” (Roosevelt, 1933 citado por Arroyo, 2001: 283). Public Works Administration (PWA, Administración de Obras Públicas) y Works Progress Adminstration (WPA, Dirección de Progreso Laboral). Desde la primera se impulsaron numerosas obras e infraestructuras; se llegó a invertir cerca de 3,3 billones de dólares en diferentes obras públicas (Bosch, 2005). La segunda creaba empleos, contratando directamente a los desempleados. Estos dos programas también fueron fundamentales en la política del New Deal, buena prueba de ello son los nombres de quienes se encontraban al frente de los mismos: Harlod Ickes en la PWA y Harry Hopkins en la WPA, ambos estrechos colaboradores de Roosevelt. Uno de los múltiples proyectos que emprendió la WPA, fue el Federal Theatre Project. Durante a Gran Depresión el sector artístico sufrió un duro revés, sus cotas de paro eran altísimas, especialmente en el mundo del teatro, que no solo se había visto afectado por la crisis económica, sino que además encontró unos fuertes competidores en la radio y el cine. Al frente del mismo estuvo Hallie Flanagan. Este proyecto permitió que millones de estadounidenses accediesen al mundo de la escena; se empezó a realizar un teatro particular en donde las minorías étnicas pudieron expresar sus inquietudes y las comunidades locales indagar en sus raíces; se fomentó el teatro infantil; se impulsaron novedosas tendencias teatrales y la escena como medio de estudiar el comportamiento social o su función rehabilitadora; se incentivó el teatro en su faceta de denuncia social y escuela cívica en la que se luchase contra la intolerancia en sus más variadas formas.

    El segundo New Deal

    A partir de 1935 el New Deal empezó a adquirir otra orientación y, si bien nunca se produjo una ruptura con respecto al primero, que estaba centrado en la recuperación económica y en la creación de empleo, en esos momentos sí confluyeron una serie de circunstancias que conviene considerar. Alcázar et al. (2007) destacan las siguientes: la fuerte oposición del Tribunal Supremo a leyes emblemáticas del New Deal; como tras las elecciones de 1934 se consolidó una mayoría progresista en el Congreso deseosa de seguir impulsando nuevas reformas; una oposición que criticó duramente las medidas sociales del Primer New Deal, tildándolo incluso de radical; y por último, la necesidad de seguir combatiendo una crisis que no se había resuelto, y que a lo sumo solo se había logrado mitigar, mientras que el Segundo New Deal tendría un carácter más social y reformista (Alcázar et al., 2007). Fue durante la primavera y el verano de 1935 cuando se iniciaba “los segundos 100 días” y lo hizo en un contexto social y político que no pudo ser más favorable. A continuación pasan a detallarse algunas de las leyes más significativas de este periodo. Social Security Act (SSA, Ley de Seguridad Social) de 1935 fue impulsada por Frances Perkins, que desempeñó el cargo de Ministra de Trabajo y permaneció en él desde 1933 a 1945. Fue también la primera mujer que formó parte del gobierno federal de los Estados Unidos. La legislación sobre asistencia social (welfare) en Estados Unidos es anterior a la Social Security Act (SSA, Ley de la Seguridad Social) de 1935. Ya desde principios del siglo XX comprendía diversos programas gestionados a nivel local y escasamente dotados económicamente. En 1935 los Mother´s Pension Programs estaban implantados en la práctica totalidad de los Estados, a excepción de Georgia y Carolina del Sur, a pesar de que el impulso de estos programas provenía del gobierno federal, éste no contribuía a su financiación, que corría a cargo de cada Estado y eran éstos los que determinaban los requisitos de los beneficiarios así como la cuantía de las ayudas.

    Durante la Gran Depresión este sistema de asistencia social era absolutamente insuficiente por la magnitud de las problemáticas sociales. La Social Security Act, que empleaba por primera vez la palabra “Seguridad Social”, pretendía ser parte de la solución que el gobierno federal articuló para proteger a los ciudadanos de la miseria tras el Crack del 29. La ley contemplaba un sistema de pensiones contributivas que al principio solo cubría la vejez y más adelante también la invalidez y supervivencia. El gobierno federal se comprometía a sufragar los programas contributivos de desempleo de los Estados y finalmente implantaba a nivel federal determinados programas no contributivos de asistencia social (a favor de “viejos y ciegos” y discapacitados dependientes) y el “Aid to Dependet Children” (los llamados anteriormente Mother´s Pension Programs) (Gómez, 1997: 17-26). La ley no contemplaba la asistencia sanitaria. La Social Security Act estableció un sistema básico de protección muy elemental y limitado, pero importante si se tenía en cuenta cual era la situación que había existido hasta el momento en el país. La legislación sobre bienestar en los Estados Unidos había ido hasta entonces a la zaga de países europeos como Alemania con Bismarck en la década de 1880, o Gran Bretaña, con Lloyd George, en las primeras décadas del siglo XX. Esta legislación, comparativamente con lo que estaba pasando en los países más desarrollados de Europa, no era nada extraordinaria o nueva. En EEUU, al igual que ocurrió en otros países, la medida creó una importante polémica. En opinión de Galbraith (2013: 103): “En realidad será difícil encontrar una medida que haya hecho más para garantizar el futuro del capitalismo. Por un lado la Seguridad Social mitiga las dos crueldades más agresivas del sistema industrial: el empobrecimiento debido al desempleo y el debido a la edad, calmando así la indignación que ello conlleva. Por otro lado, contribuye a mantener un flujo fiable de ingresos y un poder adquisitivo, a prueba de recesiones, que aumenta en tiempos menos buenos, haciendo que la economía sea más segura por lo menos de una forma marginal”. Works Progress Adminstration (Dirección de Progreso Laboral) en 1935, que después cambió su nombre por el de Works Projects Adminstration (Dirección de Proyectos Laborales), fue el organismo que continuó el programa de subsidios de emergencia de 1933.

    El subsidio directo pasó a ser gestionado por la administración local y la WPA se centró en combatir el desempleo. “Durante sus ocho años de historia empleó a 8 millones y medio de personas y gastó casi once mil millones de dólares” (Maldwyn, 1995: 426). Algunos de los proyectos más singulares fueron el Federal Theater Project (Projecto Federal de Teatro) – al que se hizo referencia en el apartado relativo a las medidas del Primer New Deal-; Federal Writer´s Project (Proyecto Federal sobre Escritores); Federal Arts Projects (Proyecto Federal sobre las Artes) o el Federal Music Project (Proyecto Federal sobre la Música). Wealth Tax Act o Revenue Act (Ley sobre el impuesto sobre la riqueza) de 1935 incrementó los impuestos a particulares y empresas con ingresos y beneficios superiores a 50.000 dólares respectivamente, pero esta ley no incrementó sustancialmente los fondos federales ni tampoco contribuyó a un reparto significativo de la riqueza (Bosch, 2005). La reacción que causó entre los más ricos fue desproporcionada en relación con el verdadero alcance que tuvo la norma, que continuó aumentando el distanciamiento de los ricos del New Deal. Para éstos, “Roosevelt era un traidor de clase” (Maldwyn, 1995: 427). National Labour Relations Act o Wagner Act de 1935 (NLRA, Ley Nacional de Relaciones Laborales o más conocida como Ley Warner, en honor a su promotor en el Congreso, Robert F. Wagner) se aprobó después de que la Corte Suprema declarase inconstitucional la NRA (por lo que se eliminaban los derechos contemplados en su sección séptima del Título I). Esta ley permitió a los trabajadores crear y desarrollar sus propias organizaciones, la libertad para sindicarse, la negociación colectiva y el derecho a la huelga, pudiendo ser defendidos estos derechos ante los tribunales (Nigra, 2007).

    La Ley Wagner contempló la creación de la National Labor Relations Board (NLRB, Junta Nacional de Relaciones Laborales) con potestad de negociar en favor de los trabajadores e impedir las malas prácticas por parte de los empresarios como los “sindicatos amarillos” o “las listas negras” (Maldwyn, 1995: 427). En este contexto se incrementó de forma llamativa tanto el número de trabajadores que se afiliaron a los sindicatos como la pujanza que estos experimentaron. Según el historiador Foster Rhea Dulles (1949, citado por Arroyo, 2001: 352) “por primera vez un gobierno nacional en Estados Unidos iba a hacer del bienestar de los trabajadores industriales una preocupación directa del gobierno y actuar bajo el principio de que sólo los obreros sindicados podían tratar en los mismos términos con el capital organizado”. Para Arroyo, la Ley Wagner es uno de los pilares básicos en los que se asienta la legislación laboral de Estados Unidos desde entonces hasta nuestros días y posiblemente la norma más progresista del New Deal. La ley Wagner y la NRA habían creado un marco propicio para que se impulsase el sindicalismo, que experimentó un crecimiento espectacular, y que fue uno de los fenómenos sociales más relevantes del periodo que comprendió el New Deal. De 1933 a 1939 el número de afiliados se incrementó de dos millones a casi 9 millones (Maldwyn, 1995). Entre 1933-1934 fueron intensas las convocatorias de huelga en las que se demandaban mejores condiciones laborales y que se cumpliese lo establecido en la NRA. Por último, recordar que en 1936 Roosevelt hizo importantes recortes alentados por las indicaciones del sector más conservador de su partido, que le instigaba a que no continuara elevando el déficit. Por otro lado, prestó menos atención a sus consejeros del ideario keynesiano, que le recomendaban que incrementase el gasto público.

  7. Tano dice

    Excelente nota Horacio. Como siempe te destacás en los datos y análisis.

  8. Ricardo Comeglio dice

    No tiene lógica mandar a una persona humilde que vive entre chapas y hacinado a pintar escuelas o reparar lo que sea, ni a construir caminos, porque a las 20 horas, cuando salga de ese trabajo comunitario volverá a su hacinamiento y mal vivir.
    Si se los quiere hacer trabajar lo primero que deben construir son sus viviendas propias, sus cloacas, sus redes sanitarias, calles y redes eléctricas, para así tener a ese grupo poblacional en condiciones de poder afrontar cualquier otro evento crítico.
    El sentido común debe primar.

    1. Carlos Scirica dice

      «.. lo primero que deben construir son sus viviendas propias, sus cloacas, sus redes sanitarias, calles y redes eléctricas..» Eso no se hace de un día para el otro

  9. tony dice

    Buena nota , pero seria mejor si le agregamos el comentario de CESAR ROMERO . Para marcar la diferencia en la vida , se debe ser mar duro y directo con algunas cosas

  10. Carlos Grassi dice

    Conocimiento y pasión para transmitir tu análisis.
    Cuánto pierde la Función Pública sin tu colaboración.
    Excelente la pincelada final.
    Abrazo

  11. Sergio Di Fonzo dice

    Muy buena nota… me emociono

  12. César Romero dice

    Te faltó decir que hay que nacionalizar todas las empresas de generación, transporte y distribución de gas y electricidad, así como los servicios de agua y saneamiento en manos de empresas de lucro, anular todas las cabinas de peaje del país y retomar las obras camineras por parte del Estado. Y un severo control sobre las de servicios de comunicaciones, rompiendo oligopolios y reduciendo las tarifas abusivas.

    Los trabajos públicos no se pueden reducir a pintar escuelas. Se necesita recuperar los ferrocarriles, las rutas, la construcción de viviendas y otras obras de infraestructura.

    Hay que dar un giro copernicano, parafraseando a HV.

  13. Roberto E. Pintos dice

    Como de costumbre Horacio, tus artículos, monolíticos impactan por la claridad de análisis. Los problemas aquí identificados son sin duda, los mas acuciantes, y las soluciones propuestas deberán llegar mas temprano que tarde para garantizar no solo la supervivencia de la gente mas humilde, «los despojados de todo», sino también la del actual gobierno. Habiendo estado como joven coronel de artillería al mando de los jacobinos, y habiendo sido testigo privilegiado de la locura parisina entre 1789 y 1794, el astuto corso acuñó entre tantas otras, una sentencia brillantísima: «Solo temo a una revolución, la de los estómagos vacíos».

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