El círculo vicioso

 

Los diputados propios de Cambiemos, más los de las 18 provincias que firmaron la Adenda anexa al Consenso Fiscal (menos Chubut, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, La Pampa y Formosa) en este mes de octubre de 2018, más los puntanos que responden a Adolfo Rodríguez Saa, más algún otro fenicio, dieron quórum para que se apruebe una ley de Presupuesto que lo único que garantiza es que queden excedentes para cumplir con el pago de los intereses de la deuda.

Para ello no trepidan en prever la venta en el año 2019 de acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional por $ 73.661.475.170, mientras que la jubilación mínima mensual de octubre 2018 [1] es de $ 8.637,13 y equivale apenas al 40,5 % de la Canasta de los jubilados de $ 21.127 estimada por la Defensoría de la Tercera Edad. De igual forma, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $ 6.909,71 por mes, ya que es el 80 % de la mínima, es apenas un tercio de las necesidades de vida representadas en el valor de la Canasta de Jubilados.

Proponen seguir cobrando el IVA, impuestos internos, a los combustibles, a los débitos y créditos bancarios, como pueden. Así como incluso aumentan la cantidad de contribuyentes del Impuesto a los Bienes Personales (Patrimonio de las personas) al fijar un mínimo no imponible de $ 2.000.000 (unos U$S 52.000), fácilmente superables con una propiedad y un auto de mediano valor, pero a último momento fueron excluidos los propietarios personales de las tierras rurales. Finalmente actualizan las ventas y los costos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel nacional, con lo que se ajustan las Ganancias en el mismo terno y contribuyen al fisco.

El Tesoro de la Nación va a recibir en 2019 un aporte de $ 15.000 millones del Banco de la Nación Argentina y, a la vez, se limitan las transferencias a las provincias y municipios para transporte y energía, creando organismos supranacionales que administren un excedente de la suma que no le transfieren a las provincias y municipios. Por ejemplo, en transporte este año 2018 les giran $ 45.000 millones. Al haber tal reducción de transferencias (el subsidio a la energía y al transporte), crean un ente en el Presupuesto 2019 que depende del Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que administrará discrecionalmente recursos por $ 6.500 millones, que obviamente, favoreciendo a los gobernadores e intendentes afines, con lo que los usuarios de colectivos de las jurisdicciones beneficiadas por Dietrich pagaran un boleto mínimo de $ 30 y los otros no menos de $ 50.

Con los supuestos de una inflación medida por el IPC nivel nacional del INDEC del 34,8% para el año 2019 y un tipo de cambio promedio de $ 40.10, mientras paralelamente presentan que todos los gastos primarios (excluido los intereses de la deuda) en conjunto solo van a crecer un 24,3%, lo que hacen es asegurar el nivel del gasto pero no en qué se gasta. Esto es, no va alcanzar la plata para pagar los insumos básicos para la prestación de los servicios de salud, educación asistencia social, y ni siquiera para realizar el disminuido plan de obra pública. La Administración Nacional no va a poder pagar ni la luz, el gas, las comunicaciones, para septiembre u octubre del año que viene.

La administración nacional no cumple con las funciones básicas del Estado, al contrario, perjudica a la mayor parte de la sociedad argentina por la transferencia de ingresos de los sectores productivos a los especuladores con las altas tasas de las propias Letras del Tesoro y las que paga el BCRA (que también es Estado Nacional) [2].

El Presupuesto es un plan anual de gobierno y el acordado con el FMI es solamente la garantía de que se reduce el gasto público primario para hacer frente a los mayores intereses de la deuda externa, acrecentada sideralmente por el gobierno de Cambiemos.

Plantean seguir con el Plan de Retiro del Personal (se endeuda con el FMI para pagar esos planes de retiro) y seguir despidiendo empleados públicos como hicieron hasta agosto de este año con 10.400 personas que se quedaron sin su trabajo.

No hay plan de obra pública (al contrario, se desfinancian las programadas en el Plan Plurianual de Inversiones 2018-2020), incluso las obras viales que iban a ser suplidas por los Programas Público Privados-PPP, y que no se sabe a ciencia cierta si se van a llevar a cabo o no. De ejecutarse, no sabemos cómo y qué deuda le queda a la Nación Argentina.

Pero eso sí, el poder de lobby de los grandes medios está intacto. Sin haber estado contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2019 que remitió el 15 de septiembre de 2018 al Congreso de la Nación el  Poder Ejecutivo, sin que se discuta en la Comisión, por mail le enviaron, a las 21 horas del día martes 23 de octubre (horas antes de la sesión para tratar el tema), a los Diputados de la Nación, el Dictamen de la Mayoría que determina en su artículo 91: “Los sujetos cuya actividad sea la prestación de servicios de radiodifusión televisiva abierta o por suscripción mediante vínculo físico y/o radioeléctrico, de radiodifusión sonora, señales cerradas de televisión, las empresas editoras de diarios, revistas, publicaciones periódicas o ediciones periodísticas digitales de información en línea y los distribuidores de esas empresas editoras, podrán computar como crédito fiscal del gravamen (IVA), las contribuciones patronales sobre la nómina salarial del personal afectado a dichas actividades”.

 

Conclusión

En forma arbitraria, sin importarles ni las formas, imponen a la sociedad un sacrificio inmerecido, al solo efecto de generar recursos para pagarle a los acreedores que ellos mismos crearon. Eso sí, son generosos con los grandes medios que los apañan y callan o tergiversan lo que realmente sucede.

Pero ni aún así tienen asegurado que lo que hacen tenga posibilidad de concretarse. El paso de lo que ellos llamaban “gradualismo”, que era financiar el monstruoso déficit fiscal a razón de U$S 35.000 millones por año, a la política de “shock” en materia de ajuste fiscal, no resuelve el problema central, que es: ¿de dónde saldrán los dólares para financiar el déficit externo del sector privado? El FMI y el gobierno de Cambiemos suponen que una política de dólar flexible es suficiente para reequilibrar el balance externo del sector privado al disminuir vía contracción de la producción las importaciones y a la espera de las buenas cosechas. Pero al paralizar toda la obra pública, la administración, los servicios públicos, echar personal, etc., impactará negativamente sobre la economía nacional y el nivel de empleo general, como lo reconoce y afirma el Informe del staff del FMI a sus Directores del 12 de julio de 2018,  donde sostiene: “El riesgo de la dinámica propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que, en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá”.

 

 

[1] Resolución 12/18 de septiembre de 2018 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

[2] Es más, para el año 2019 la administración nacional prevé un déficit financiero del 3% del PIB de $ 600.285,7 millones, a lo que se le debe sumar el déficit del BCRA o déficit cuasi-fiscal que para este año 2018 rondará el 3% del PIB, por lo que de repetirse esa performance en el año 2019, debe tomarse deuda por  el equivalente al 6,3% del PIB. (Cuando el gobierno anterior tuvo en el año 2015 tuvo en déficit total de 4,8% del PIB, unos $ 240.000 millones que al tipo de cambio de $ 9,60 representaban cerca de U$S 25.000 millones y se usó todo para subsidiar la energía y el transporte. Si lo pagaba la población, cerraban las cuentas equilibradamente.)

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