Después de la devaluación de más del 100% de nuestra moneda del 12 de diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei busca asegurar la renta financiera por la diferencia de precios en pesos y en divisas a los compradores de títulos y acciones. Lo hace al colocar, en la licitación del miércoles 28 de mayo de 2025, un título en 1.000 millones de dólares denominado BOTEN 30, que vence en mayo de 2030 y que se constituye en dólares, pero que se ajusta en pesos a una tasa anual de 29,5%.
Dicho título se hace con la cláusula puts, un instrumento con el que el BCRA se constituye como garante de la operación porque se les concede a los tenedores de bonos el derecho de convertir la deuda del BOTEN 30 en dólares al 28 de mayo de 2027 con la sola presentación de los títulos ante el BCRA.
De esa manera, el mensaje es que el precio del dólar en la Argentina debe crecer, al menos hasta el fin del mandato constitucional del gobierno de Milei, en torno al 1% mensual para que la renta sea de no menos del 15% o 16% anual cuando sus compradores retornen a la divisa.
Mecanismo que seguramente buscará repetir la Secretaría de Finanzas de la Nación en las tres licitaciones anteriores al 9 de julio de 2025, fecha en la que vencen 4.500 millones de dólares de intereses del FMI y de capital e interés de los tenedores de los bonistas.
La bicicleta financiera consiste en traer dólares y/o comprar títulos públicos o acciones en pesos que aumentan más que el precio del dólar.
Por ejemplo, en el año 2024, el IPC del INDEC anual fue de 117,8%; la mayor parte de los títulos públicos se ajustaban por el IPC y el precio promedio de las acciones y el precio de los productos y servicios que venden las empresas que cotizan en bolsa (mercado de valores) fueron incluso superiores a dicho índice. La evolución del precio del dólar en el año fue de 20,5% para el contado con liqui (operaciones de compra de títulos y acciones que se venden en el mercado exterior; pasó de 975 pesos a 1175) y de 37,2% el del oficial (de 847 pesos a 1162).
Esto significó una ganancia en dólares, en el peor de los casos, de no menos del 80%.
En 2025, pese a la corrida cambiaria de comienzo del año hasta el 11 de abril de 2025, cuando el ministro Luis Caputo anunció el acuerdo con el FMI, si tomamos la evolución de los mismos indicadores entre enero y el 30 de abril, el IPC acumulado da 11,6%, mientras que el dólar contado con liqui decreció un 0,025% (de 1175 pesos a 1172) y el oficial aumentó un 1,1% (de 1162 a 1175).
Esto genera una ganancia (al volver a la divisa) de no menos de 10,5% en dólares.
Obviamente, cuando se trata de títulos públicos, esa ganancia significa deuda del Tesoro de la Nación, y es la causa por la que casi se duplica la deuda en pesos que dejó el gobierno de Alberto Fernández por el déficit fiscal (en torno al 5% del PIB) y de las Leliq y demás pasivos financieros del BCRA, que en conjunto la actual Secretaría de Finanzas encabezada por Pablo Quirno estima en 60.000 millones de dólares (es en pesos, la conversión a dólares la hace dicha Secretaría). Esto explica por qué la deuda bruta de la Administración nacional pasó de 370.674 millones de dólares en diciembre de 2023 a los 472.920 millones de dólares en 30 de abril de 2025.
Régimen simplificado de ganancias
En el marco del Decreto 353/2025 del 22 de mayo de 2025, que propicia el ingreso de capitales al país sin averiguar su origen, el ARCA, mediante la Resolución General 5704/2025, fijó la modalidad simplificada de declaración jurada de impuesto a las ganancias para las personas para el período fiscal 2025, que exime al contribuyente de suministrar datos sobre el patrimonio y los consumos personales y se enfoca exclusivamente en los ingresos facturados y los gastos deducibles.
Obviamente va en desmedro del artículo 16 de la Ley 11.683 de procedimiento tributario, que le confiere a la autoridad de aplicación (ARCA) la potestad de inferir la ganancia obtenida en el ejercicio anual y, con ello, el gravamen correspondiente.
Con el pretexto de simplificar la presentación y pago del tributo, el fisco delega en el contribuyente la determinación del monto a pagar. Lo hace en un país que se caracteriza por una amplia economía no registrada, en que no son consistentes los montos recaudados y el nivel de vida de los estratos de mayores ingresos y sus declaraciones patrimoniales.
Hechos y procedimientos que implican serios riesgos de que la Argentina deje de ser miembro pleno del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y que las operaciones que realice el país sean declaradas sospechosas por lavado de dinero.
Máxime que en los Estados Unidos, no bien asumió Donald Trump, el 20 de enero de 2025, prohibió el ingreso del capital financiero de México y de Colombia, por temor a los cárteles de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana, del Atlántico, de Medellín, de Cali, etc. Esos capitales van a lavar su dinero donde puedan.
Hasta el 22 de abril de 2025, la venta de dólares al tipo de cambio oficial era mayoritariamente minorista y en torno a los 300 dólares por persona y por mes, que implicaban ventas para cubrir gastos personales. Sin embargo, no es casualidad que el gobierno coloque un título de deuda por 1.000 millones de dólares, cuando solo lo pudo hacer a principios de este año y en REPO, dando garantía de 3.000 millones de dólares en BOPREAL y a una tasa del 8,8% anual en dólares.
Como no va a ser casualidad que se cambien millones de dólares al precio oficial de 1200 al 30 de mayo de 2025 para comprar propiedades que a su vez no van a ser informadas por los escribanos ante el ARCA a causa del Decreto 353/25.
El gobierno de Milei infiere que la ley 27.742 de Bases, al declarar la “emergencia pública” en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año (fue publicado en el B.O. el 8 de julio de 2024), le permite que el Decreto 353/25 sustituya las leyes tributarias y la de lavado de activos, cuando lo que debería validar esa presunción es un dictamen de la Justicia.
Pero también es cierto que los bancos extranjeros que operan en el país, nucleados en ABA (Asociación de Bancos de Argentina), le hicieron saber al gobierno que lo propuesto en dicho decreto debe ser por ley (dado que ellos serían vistos como operadores de una Nación fuera del GAFI); por eso, mientras el gobierno avanza con la aplicación del Decreto 353/25, paralelamente presiona a diputados, senadores y gobernadores para que conviertan en ley las principales disposiciones del decreto.
En síntesis
El gobierno de Milei es un avance del capital financiero sobre el capital productivo y el trabajo.
La misma ley 27.742 modifica la ley de contrato de trabajo, de jubilaciones y hasta el artículo 14 bis de la Constitución nacional.
El economista keynesiano Luiggi Pasinetti (1930-2023) afirmaba: “Existe una necesidad institucional de evitar que el sistema económico caiga en una situación en la que el mecanismo competitivo de precios de mercado actúe sobre el salario unitario del mismo modo que actúa sobre los precios de las mercancías. La verdad es que el trabajo sólo podría ser objeto de comercio, como cualquier otra mercancía, en una sociedad de tipo esclavista”.
El crecimiento del poder adquisitivo de los salarios (que debería producirse teniendo en cuenta las ganancias de productividad obtenidas mediante la acumulación) no es en ningún caso condición suficiente para mantener el pleno empleo a lo largo del tiempo, ya que, en ausencia de nuevos bienes que mantengan en tensión la demanda efectiva, llegaríamos a problemas de saturación del mercado similares a los que contribuyeron a la crisis del fordismo. En circunstancias como estas, Pasinetti pide explícitamente que se tenga en cuenta la reducción de la jornada laboral, así como los años que cada persona debe dedicar al trabajo a lo largo de su vida.
La claridad de las teorías de Pasinetti conlleva un mensaje aún más profundo. Si queremos evitar el marchitamiento de la propia sociedad civil, debemos dotarnos de las instituciones necesarias para contrarrestar la miseria y la alienación que produce una dinámica económica estructural.
“El progreso técnico no es como un regalo, que como tal siempre puede ser rechazado. Es más bien como un torrente impetuoso, que puede aprovecharse, siempre que se encauce adecuadamente. Cualquier fallo en el proceso de canalización puede provocar el desastre de las estructuras existentes, naturales y sociales. (…) Más conocimiento significa más responsabilidad individual y social. Para que nuestra sociedad sea más madura, también debe ser más responsable. Este es en cierto modo el reto de nuestro tiempo: conseguir que el progreso técnico se convierta también en progreso social” (Luigi Pasinetti, Lecciones de teoría de la producción, Fondo de Cultura Económica).
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